CÚCUTA V/S MAGDALENA

De lo que voy a hablarles no es de un partido de fútbol, sino de una lección y de una advertencia que nos están dando.

Empecemos con la lección. Avanza un proceso de Asociación Público Privada, sin duda el más importante de cuantos ha iniciado el Gobierno Nacional desde que se promulgó la Ley 1508 de 2012, para optimizar la navegabilidad del Río Magdalena, convirtiéndolo en una ruta de transporte fluvial estable con ocho pies de profundidad desde Puerto Salgar y La Dorada hasta Puerto Colombia en el Mar Caribe. A estas alturas se mantienen en la puja por esa concesión cinco consorcios de capital internacional que involucran a varias de las firmas con mayor experiencia mundial en dragado y adecuación de ríos. La cosa va muy en serio y muy adelantada. Según los cálculos de la ANDI, dentro de una década se habrá reducido 40% el flete promedio de los departamentos adyacentes al Río.

Los invito a visitar la página de Cormagdalena para que revisen el estado del proceso licitatorio de la APP de Navegabilidad del Río Magdalena. Esta invitación la dirijo de manera muy especial a los funcionarios del Municipio de Cúcuta que gestionan la APP de semaforización, para que aprendan cómo debe llevarse a cabo de manera legal y responsable un proceso de este tipo, del cual el Municipio y sus posibles socios han hecho gala de una improvisación delatora de su condición de primíparos. Afortunadamente, esta improvisada APP quedó en el congelador cuando iniciaron las restricciones de la Ley de Garantías Electorales, por cuanto no es un proceso de licitación pública, como debería, sino que lo han planteado como de contratación directa (a dedo).

La APP del Magdalena es tal vez la obra de infraestructura más importante del país en muchos años, y uno de los mayores aciertos del Presidente Santos. Norte de Santander puede ser un beneficiario o un damnificado de esa obra, según seamos capaces de construir de una vez por todas la vía entre Cúcuta y Ocaña, que debería ser una doble calzada. Aquí viene la advertencia. Al cabo de una década, según los pronósticos de la ANDI, se habrá reducido sustancialmente el flete de exportación de las zonas industriales o agrícolas adyacentes al Río Magdalena. Si Norte de Santander logra un acceso óptimo a través de la vía Cúcuta-Ocaña-Puerto Capulco, coronamos. Sería mucho mejor y más seguro que la salida al mar por Puerto La Ceiba en el Lago de Maracaibo. Si no lo logramos rápido, seremos damnificados.

Para aterrizar más la advertencia, hay que darle un vistazo al Documento Conpes 3760 de agosto de 2013, que prioriza las “Concesiones de Cuarta Generación”, todas ellas Asociaciones Público Privadas de Iniciativa Pública, tales como la concesión del Río Magdalena. El Documento Conpes establece las cuatro primeras y plantea otras, entre ellas la vía Cúcuta-Aguachica, a la que clasifica como proyecto de largo plazo, sin fecha específica de inicio.

He ahí el problema. Si se posterga por muchos años la doble calzada Cúcuta – Ocaña – Aguachica – Capulco, corremos el grave riesgo de ampliar aún más la brecha de competitividad que nos separa ya por bastante de Santander, Cundinamarca, Bogotá, Antioquia y Atlántico, todos ellos departamentos ribereños. Acortar los tiempos que otorga el Conpes 3760 a este proyecto, debe ser una de las principales tareas de los congresistas que elijamos en marzo.

12/11/13

ATENCIÓN A LA LEY ANTI CONTRABANDO

Se tramita en el Congreso un proyecto de ley que castiga severamente el contrabando. La prensa nacional, y en mayor medida los medios especializados en temas económicos, le han dado gran importancia al caso. Comparto la intención de la Ley, pero como cucuteño no puede dejar de expresar mis preocupaciones y mis reservas sobre algunos de sus artículos. También sobre varias frases consignadas en su exposición de motivos, en las que advierto una parcialidad en la apreciación del problema del contrabando que puede causar mucho daño en Cúcuta.

Esa parcialidad de la Dian, entidad redactora del proyecto de ley, la expresó el Director de esa entidad cuando estuvo visitando los puentes internacionales en febrero de este año y anunció el endurecimiento de las medidas para combatir el problema, que el proyecto en su exposición de motivos llama “hormigueo” o “pitufeo”, es decir, el contrabando en pequeña escala que vemos cotidianamente en Cúcuta, y que no supone entre quienes lo practican la conciencia de cometer un delito, sino un modo de subsistencia habitual en Cúcuta desde que la ciudad existe.

Dice el proyecto de ley en su artículo 6º: “El que en cuantía superior a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes posea, tenga, transporte, embarque o desembarque, almacene, oculte, distribuya, comercialice o enajene bienes, los cuales hayan ingresado al país ilegalmente (…) incurrirá en pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años (…)” Habrá que hacer una cárcel nueva para los tenderos y comerciantes de Cúcuta. ¿Cuántos no tendrán en sus almacenes mercancías venezolanas valoradas en precios nacionales por seis millones de pesos? Podría empezar la lista con el nombre de algunos de los supermercados más tradicionales de la ciudad. Dice también el proyecto en su exposición de motivos, refiriéndose a la necesidad de reducir de 50 a 10 salarios mínimos el umbral de penalización del contrabando con cárcel: “El umbral de 50 smlmv para la configuración del delito deja de lado modalidades de contrabando como el pitufeo, o incluso los casos de aprovechamiento de beneficios fronterizos”. 

Varias veces se insiste en “la existencia de reglas especiales para el comercio transfronterizo mal diseñadas y la existencia de un régimen aduanero especial” para las zonas de frontera. Lo anterior no es el caso de Cúcuta salvo en lo tocante a los acuerdos de importación de gasolina venezolana, pero hace evidente una prevención centralista que le hace mucho daño a futuros procesos locales y metropolitanos de integración binacional, como las Zonas de Integración Fronteriza, hoy en el congelador, sobre los cuales no debemos dejar de seguir insistiendo, dada nuestra condición de habitantes de una ciudad binacional, conurbada con Ureña y San Antonio. No debemos desanimarnos por el hecho de que mucha de nuestra dirigencia haya perdido la fe en ellas.

Ojalá nuestros congresistas le den una cuidadosa lectura a este proyecto de ley que criminaliza muchas formas obvias de la vida en una ciudad binacional como la nuestra. Ojalá ellos le recuerden al Gobierno Nacional que 40% el contrabando viene de Asia y 30% de Europa. Ese contrabando entra por los puertos marítimos. Ojalá ellos ayuden a concentrar el esfuerzo legislativo en combatir formas de defraudación aduanera, contrabando técnico y toda suerte de carruseles con sus técnicas conexas de lavado de activos. Sería muy lamentable legislar para los de ruana que el Director de la Dian se encontró en el puente trayendo harina PAN de San Antonio.

5/11/13