BIENVENIDAS LAS CONCESIONES, SÍ SON BUENAS

No hay quien discuta que apremia hacer funcionar los semáforos. No me disgusta que lo haga una empresa privada si la evidencia me obliga a admitir que la Secretaría de Tránsito está llena de politiqueros incompetentes para asumir esa responsabilidad. No me disgusta que la solución consista en otorgar una concesión sobre alguna renta municipal, si ese es el precio de la prestación eficiente del servicio de semáforos.

Lo malo del proceso de concesión de la red de semáforos y de las videocámaras que serán instaladas para librar comparendos a infractores, es que de no haber sido por mi reciente insistencia en el asunto, insistencia no debida a ninguna propensión a incomodar al Señor Alcalde y sus secretarios, sino a mi obligación constitucional de seguirles los pasos, nada se estaría diciendo en la ciudad sobre un proceso que avanza más rápido de lo que pensaba.

Creo que se está utilizando caprichosamente la Ley 1508 de 2012 o Ley de Asociaciones Público Privadas, para menoscabar la obligatoria publicidad que debe darse a los procesos de contratación estatal. Les daré un crudo ejemplo que me lleva a pensar así: hasta hace muy poco, si bien podía saberse que un negocio de concesión estaba “amarrado” con un proponente, no dejaba de ser completamente pública la convocatoria, sus pliegos y los términos generales del contrato en lo tocante a su cuantía, duración y funciones o servicios concesionados. Ahora parece que sirviéndose de la Ley de Asociaciones Público Privadas, se intentan disimular concesiones que maduran a la sombra, y cuando aparecen a la luz pública, están apenas a unas pocas semanas de su firma.

El alcalde dijo anteayer que está por concesionar la instalación de semáforos y cámaras. Dijo que el proceso está muy adelantado. Que desde hace nueve meses está avanzando. El Secretario de Tránsito se aventuró hace dos meses a afirmar que terminándose el año estaría lista esa APP. Aquella vez habló de 9.500 millones. Según se les entiende, ellos saben muy bien de qué están hablando. Sin embargo, la ciudadanía, los medios de comunicación, y todos quienes somos ajenos al círculo íntimo del alcalde, nada conocemos de un proceso que ya va tan adelantado y que seguramente compromete rentas públicas.

Los cucuteños no nos opondríamos a una APP de servicios o funciones de la Secretaría de Tránsito con una firma seria, responsable y solvente. Pero eso no nos obliga a aceptar que se convenga casi a escondidas un contrato de concesión multimillonario que podría extenderse hasta por veinte años, sin que sepamos qué se va a hacer, qué se va a entregar, a cambio de qué, y a quiénes.

Le exijo a la Administración Municipal dar a conocer inmediatamente todos los detalles de la propuesta de APP de la que habla el Acalde y su Secretario de Tránsito. A eso los obliga la Ley y el decreto reglamentario de las APP.

¿De qué tratará la APP? ¿Será solo para semaforización? ¿Cómo se recuperará la inversión privada?, ¿Acaso con tarifas de parqueaderos? ¿Acaso con multas o derechos de licencias o matrículas? Nadie hasta ahora lo sabe. El Alcalde y el Secretario de Tránsito están obligados a explicarlo y a darle transparencia a este proceso que parece estar desarrollarse a escondidas.

30/10/13

INFORMALIDAD (III): CONCERTACIÓN Y AUTORIDAD

El Decreto 0179 del 3 de septiembre de 2012 expedido por el Alcalde de Bucaramanga le sirve a Cúcuta como modelo de política pública para la recuperación de los andenes y parques ocupados por vendedores informales. Su diseño obedece al mero sentido común, precisamente lo que más escasea en nuestra Administración Municipal. Dispone, en primer lugar, que los vendedores informales se inscriban en un censo. En segundo lugar, les plantea un menú de alternativas de capacitación, reubicación en edificios del Municipio y subsidios temporales una vez se retiren de los andenes. En tercer lugar, les concede un plazo para cumplir con el decreto mientras un equipo de funcionarios municipales se ocupa de que cada vendedor inscrito en el censo se acoja a alguno de sus beneficios. Por último, y solo al cabo del vencimiento del plazo concedido para desalojar, se contempla recurrir al uso de la fuerza pública.

Bucaramanga, que pese a su desarrollo muy superior al nuestro tiene un índice de informalidad cercano a 60%, como todas las ciudades colombianas sufre el problema de la ocupación del espacio público por comerciantes informales. En el curso de este año, la estrategia contenida en el citado Decreto 0179 ha contribuido a solucionar el problema, para lo cual ha sido muy valiosa la capacidad de concertación del Municipio, tanto con otras entidades públicas, especialmente el SENA, como con los mismos vendedores ambulantes.

La concertación y la zanahoria, expresada en posibilidades de capacitación, reubicación y subsidios, así estén muy limitadas por la capacidad económica del Municipio, le otorgan a sus autoridades una dosis de legitimidad suficiente para que vencido el término que contempla el Decreto, los vendedores informales desocupen por su propia iniciativa los andenes sin que sea preciso sacarlos con la policía. Eso es indispensable que lo entienda nuestro Alcalde para que sus decisiones tengan éxito: el poder de un gobernante no reside en su capacidad de imponerse por el mero hecho de serlo, sino en su talento para concertar y persuadir a los ciudadanos de que sus decisiones son convenientes y que tienen en cuenta los intereses de todas las partes involucradas en el problema.

En este momento, las calles de Cúcuta están atestadas de vendedores ambulantes, a pesar de los esfuerzos del Municipio que insistentemente recurre a la policía. Ante su notorio fracaso en este frente, le recomiendo al Alcalde que se sirva de sus propios recursos de capacitación como el Centro Tecnológico de Atalaya, para que éste junto con el SENA diseñen un conjunto de opciones de capacitación técnica para los vendedores informales. Que revise cuántas edificaciones públicas o privadas podrían habilitarse para ofrecerles alternativas de reubicación, y que contemple la posibilidad de utilizar recursos del presupuesto de 2014, bastante mayor que el del año en curso, para crear algún subsidio que se otorgue a quienes desalojen los andenes. Solo así, pasados algunos meses mientras se pone en marcha una estrategia como esta, sería posible que la multitud de comerciantes informales acataran su autoridad, que por lo pronto ha sido claramente insuficiente para enfrentar este problema. Está más que comprobado que el garrote no funciona sin la zanahoria.

16/10/13

INFORMALIDAD Y PROPIEDAD DE LA TIERRA

Las cifras que hablan de informalidad miden la población empleada que no hace aportes al sistema de seguridad social. En nuestro caso, el desempleo es 18%, el segundo más alto después de Quibdó. Eso significa que 82% de la población económicamente activa está empleada. 72% de esos empleados no hacen aportes al sistema de seguridad social, luego se clasifican como trabajadores informales y son el grupo de mayor tamaño porcentual entre las principales ciudades colombianas.

Intentemos explicarnos el origen de esa cifra en Cúcuta. Para un planificador urbano la informalidad que el Dane asume como una variable macroeconómica, más parece una consecuencia de las condiciones de vida que imponen las ciudades y de la capacidad que tiene el Estado en su nivel municipal para ofrecer servicios esenciales. A tal punto es eso cierto, que hace un par de décadas un famoso economista peruano, Fernando de Soto, planteaba que una causa esencial de la pobreza y la informalidad era la incapacidad del Estado para reconocer la condición de propietarios a quienes se bastan con ser meros poseedores. Como en Cúcuta eso sí que es cierto, examinemos esa hipótesis, sin descartar otras que veremos luego, referidas a la provisión de servicios esenciales como educación y movilidad.

Casi la mitad de los predios de Cúcuta no tienen título de propiedad. Sus habitantes son a lo sumo dueños de las mejoras y están por esa razón marginados del mercado inmobiliario y del acceso al crédito formal, lo que es reconocido por todos los expertos en desarrollo local como uno de los principales obstáculos de la iniciativa empresarial que permite superar la informalidad. El crédito bancario es costoso, pero nunca tanto como el “paga-diario”.

Una cantidad inimaginable de cucuteños, especialmente de las comunas 6, 7 y 8, no tienen títulos. Aunque reconozco el esfuerzo del Municipio a través de Metrovivienda por titular los baldíos municipales hoy urbanizados, debo denunciar su cómplice omisión frente a unas cuantas mafias dedicadas al negocio de la titulación de tierras sobre las cuales sus ocupantes hace mucho que tienen derecho a la propiedad por prescripción adquisitiva, derecho que han debido reclamar judicialmente con el apoyo del Municipio de Cúcuta. Extrañamente pasa un alcalde tras otro sin dejar de tolerar un negocio que es tal vez de los más rentables de la ciudad, merced al cual muy pocos se hacen ricos a costa de miles que pagan hasta veinte mil pesos el metro cuadrado por tierras que llevan ocupando a veces hasta por cuarenta años.

Si algo es importante hacer para combatir la informalidad en Cúcuta es crear una dependencia dentro de Metrovivienda dedicada a otorgar asistencia jurídica a las Juntas de Acción Comunal para que inicien masivamente procesos de pertenencia en favor de los miles de poseedores de viviendas que tienen ganado ese derecho por prescripción adquisitiva de dominio, respecto a los cuales el Municipio de Cúcuta ha sido infinitamente indolente.

Lo primero que hay que hacer para informalizar a una persona es negarle un título de propiedad al que tiene derecho, y que el sistema judicial le reconocería si supiera cómo reclamarlo. Esa es una responsabilidad que dentro de poco el Municipio de Cúcuta tendrá que asumir para librarse de la sospecha de ser cómplice por omisión de un negocio basado en aprovechar la incapacidad de defensa judicial de los más pobres.

09/10/13

LA INFORMALIDAD EN CÚCUTA

El principal problema de Cúcuta, y el primero en requerir esfuerzos coordinados del Estado y los ciudadanos para hallarle solución, es la informalidad. Dice el Dane que la nuestra es la más informalizada de las trece principales ciudades colombianas. 72% de nuestros trabajadores no tienen cobertura del sistema de seguridad social contributivo. Llevemos a la práctica esa cifra a través de una historia cotidiana de un cucuteño común y corriente, cualquiera de los 550.000 que integran ese 72%.

El hombre -o la mujer- se levanta muy temprano. Habita en una casa, propia o alquilada, asentada en un lote cuyos títulos de propiedad no le pertenecen, porque fue ocupada en algún momento de las últimas cuatro décadas sin que hasta hoy se haya clarificado la propiedad de su terreno. Esa es la situación de la mitad de las casas de Cúcuta.

Muy de madrugada aborda un carro “pirata” que lo lleva a algún punto del centro de Cúcuta después de un viaje que dura media hora. En una esquina cualquiera alguien que pasa en un triciclo le vende una empanada. La acompaña con un café servido por un amigo “tintero”, y queda desayunado. Entra en un pequeño local donde trabaja haciendo de todo un poco. En el local venden artículos traídos de la China. Es un negocio familiar, propiedad de un señor pereirano. La mercancía la comercializan unos muchachos en los andenes del Centro. El cucuteño de la historia, tal vez graduado de bachiller, no fue a la universidad porque no pudo o porque ni siquiera consideró la idea. Quiso estudiar mecánica en el Sena. No fue admitido y piensa que tal vez le faltó “palanca”. Tiene veinte años. Gana 20 mil pesos diarios y tiene un hijo.

Llega el mediodía. Pide un almuerzo corriente a “domicilio” que le entrega en una caja de icopor un sujeto que conduce una moto y se gana 500 pesos por cada viaje. La historia del almuerzo encierra otro relato de informalidad. Ese paréntesis lo obviamos. Finaliza la jornada laboral. El cucuteño camina varias cuadras, entra en un establecimiento donde venden artículos muy baratos traídos de Venezuela y hace rendir los 20 mil que acaba de devengar. Aborda otro “pirata”. El tráfico está sumamente congestionado y tarda una hora en llegar a su destino. En la tienda del barrio juega billar y le queda algo de dinero para tomarse tres “Regional Ligth”. Se marcha a las nueve de la noche. Camina hacia su casa que dista cuatro cuadras. Como en esa parte del barrio no hay andenes, va a pie por la mitad de una vía que pavimentaron los vecinos “comunidad-gobierno”. Llega a la casa. La niña tiene fiebre. Mañana su compañera tendrá que dejar de ganarse los 15 mil del día en el taller de confección de bluyines, para llevar la 
criatura al puesto de salud con la EPS subsidiada. Se acuesta a ver televisión y se queda dormido.

El 72% del que nos habla el Dane quiere decir que hay muchos miles de cucuteños que viven en condiciones semejantes al personaje de la historia. No saben lo que es el impuesto predial, ni el impuesto de industria y comercio ni la seguridad social contributiva. Tampoco el Estado tiene muchas razones para exigirles que lo sepan. Del recuento de uno cualquiera de sus días se desprenden conclusiones obvias sobre los frentes de trabajo que debe asumir el Municipio de Cúcuta para enfrentar la informalidad: La propiedad del suelo urbano, la educación técnica y universitaria, el problema de la movilidad y el sistema de transporte y el espacio público. Esa estrategia para enfrentarse al problema de la informalidad será el tema de las dos próximas columnas.

02/10/13