RASPANDO LA OLLA (II): EL ALUMBRADO PÚBLICO

Corrían los años noventa y los contratos de concesión de servicios públicos estaban de moda. El alumbrado público, servicio bastante más fácil de prestar que el acueducto y sobre todo muy fácil de cobrar, fue el primero que entregamos en concesión los cucuteños.

En 1998 el Municipio de Cúcuta firmó un contrato por veinte años con Diselecsa Ltda., firma a la que también tocaron en suerte las concesiones de alumbrado público en Barranquilla (1996) y Neiva (1998). Para esas dos ciudades, el contrato con Diselecsa ha sido una pesadilla. Fuad Char, alcalde de Barranquilla, declaró la caducidad unilateral del negocio con Diselecsa en 2008 por considerarlo sumamente oneroso para el Distrito. Neiva, por razones parecidas, casó un litigio multimillonario con Diselecsa ante el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá, que condenó a esa empresa mediante un laudo, cuya anulación en la Sección Tercera del Consejo de Estado, junto con el caso de Barranquilla, dio mucho de qué hablar a la prensa nacional sobre la presunta corrupción de la Rama Judicial a la hora de fallar negocios entre empresarios de las concesiones y las entidades territoriales.

En Cúcuta el contrato con Diselecsa no ha sido revisado con la profundidad suficiente, ni tampoco cuestionado como sí en las ciudades mencionadas. Suscrito hace dieciséis años y a cuatro de caducar, la sola sospecha que despierta su similitud con el de Neiva y Barranquilla debería por sí sola ser argumento suficiente para emprender su cuidadosa revisión, y liquidarlo a su término en 2017 sin que el Municipio pierda más dinero del que ya el contrato le ha podido costar.

En lugar de eso, mediante el Proyecto de Acuerdo 047 presentado en este mes por la Administración Municipal, lo que se quiere es darle diez años más de vida, con el cuestionable argumento de que solo así se puede compensar el costo de instalar en Cúcuta la tecnología de iluminación LED, de la que existen pocas experiencias en el país.

El Impuesto de Alumbrado Público que pagamos todos los usuarios de CENS o de cualquier otra empresa que venda energía eléctrica, es según nuestro Estatuto Tributario el 13% del valor del servicio, bastante más que el promedio nacional. Suma más o menos 25 mil millones de pesos anuales y permite al concesionario una utilidad de 8%. Multipliquen por diez años.

No me opondría a la idea de permitirle a Cúcuta cambiar su sistema de alumbrado de lámparas de sodio por tecnología LED, si no fuera porque esa posibilidad, tal como nos la plantea el alcalde, está sujeta a la prórroga de una concesión a la que sería mejor permitirle caducar en 2017 para evaluarla a la luz de las críticas que el desempeño de esa misma empresa concesionaria ha tenido en otras ciudades colombianas. Tampoco es sensato negarnos a la posibilidad de que al cabo de cuatro años, oigamos otras ofertas de empresas prestadoras del servicio de alumbrado público que quizá mejoren las condiciones de Diselecsa.

Parece que a estas alturas, el Concejo Municipal ha descubierto ya muchas razones que muestran la inconveniencia prorrogar por otra década la concesión de alumbrado público. Sin embargo, la fallida iniciativa del alcalde es otro indicio del apremio por raspar la olla, si acaso el Consejo de Estado decide su pronta salida.

25/9/13

RASPANDO LA OLLA: IMSALUD

Le he oído decir al Ministro de Salud que entre todas las ciudades del país ninguna tiene mejor red hospitalaria pública ni presta mejores servicios de salud que Barranquilla, al punto que muchos alcaldes la han visitado para conocer de primera mano un caso que ya se presenta como modelo.


La infraestructura de atención en salud del Distrito de Barranquilla se entregó en concesión durante la administración del alcalde Char, primero a Caprecom que no dio buenos resultados, y desde enero de 2012 a la IPS Universitaria de la Universidad de Antioquia, que ha lo ha operado muy bien. Del dinero que recibe la IPS por cada paciente del régimen subsidiado, buena parte se invierte en una densa red de puestos de salud que hacen fuerte énfasis en programas de promoción y prevención mediante visitadores domiciliarios. Como en Cuba, se ha procurado llevar los programas de prevención a los hogares, lo que ha disminuido sensiblemente el número de enfermos dándole rentabilidad el sistema. Desde 2007 se han cuadruplicado las consultas de medicina general y casi se han reducido a la mitad los pacientes hospitalizados. El operador y el Distrito han invertido mucho dinero en la red de puestos de salud y hospitales, y en los procedimientos administrativos de asignación de citas, facturación y almacenamiento de las historias clínicas.

Según el gerente de Imsalud, varios medios de comunicación y dirigentes sindicales de los trabajadores de la salud, el Alcalde está pensando en entregar Imsalud a un operador privado y con ese fin adelanta conversaciones con posibles concesionarios, teniendo a Barranquilla como modelo del negocio. Hasta ahí está bien. Lo que está muy mal es que eso tenga como motivo el reciente distanciamiento entre el alcalde y el gerente de Imsalud, quien finalmente decidió hacer los cambios que la entidad necesitaba para que no la siguieran saqueando. Hasta hace un mes, cualquier compra en Imsalud costaba más que en cualquier otro hospital público o privado. Si no me creen, revisen las conclusiones de la auditoría practicada por la Contraloría Municipal, que se dieron a conocer hace un par de semanas.

Felicito al doctor Hernando Mora porque al fin decidió librarse de unas ataduras que tanto daño le hacían a él y a la entidad que dirige. Confío en su integridad moral y su capacidad administrativa, por lo que me atrevo a asegurar que Imsalud mejorará. Espero verlo en el Concejo al cabo de unos meses, mostrando una reducción sustancial del costo de los insumos médicos y una regularización de la contratación de personal, que afiance mi convicción en que el control ejercido desde las corporaciones públicas de veras contribuye a que la corrupción se modere, y que si sigue habiendo serrucho, lo que a veces parece desgraciadamente inevitable, que por lo menos no sea mucho.

Al alcalde le recomiendo que si piensa entregar en concesión Imsalud a un operador privado lo haga de manera transparente y pensando en los cucuteños afiliados a las EPS del régimen subsidiado, y no por raspar la olla con un negocio hecho a las carreras ante su posible salida del cargo, ni por el despecho de no poder continuar ejerciendo el control de esa entidad, saltándose al gerente, que al fin decidió posesionarse y agarrar el toro por los cachos para evitar que el saqueo continuara.

18/9/13

UNA IDEA PARA EL PRÓXIMO ALCALDE

Ningún urbanista contemporáneo comulga con la expansión de las ciudades. En cambio todos están de acuerdo en la conveniencia de densificarlas y limitar su crecimiento. Una ciudad pequeña y densa pero rica en espacios públicos y vías amplias, se integra mejor, se recorre más rápido y ahorra dinero en la construcción y mantenimiento de vías y redes de servicios públicos.



A nosotros los cucuteños, como le pasa a la mayor parte de quienes habitamos las ciudades intermedias colombianas, nos parece muy normal ver crecer todos los días la extensión de Cúcuta. Nos parece natural que los anillos viales acrecienten la tierra destinada a la construcción de vivienda, como si su finalidad fuera hacer crecer la ciudad. Es al revés. Los anillos viales se hacen para que el transporte de carga y pasajeros circunvale Cúcuta y no congestione sus vías internas.

Hace un año, por ejemplo, se amplió el perímetro urbano para incorporar terrenos colindantes con la zona rural, en donde hoy se inician proyectos de vivienda de interés social. Por supuesto que se necesitan más viviendas y ojalá sigan llegando subsidios nacionales para construirlas, pero sería mucho mejor si esas nuevas zonas residenciales estuvieran integradas al equipamiento urbano céntrico, donde están las universidades, hospitales, bibliotecas e instalaciones deportivas, y no al borde de los anillos viales en los confines de la ciudad. A largo plazo el Municipio tendrá que asumir un costo enorme por integrar mediante vías, servicios públicos y equipamiento a quienes sean adjudicatarios gratuitos de los apartamentos entregados por el Gobierno Nacional en Los Estoraques, El Rodeo y Escalabrini, distantes una hora en buseta del centro. Si no me creen, hagan la prueba cualquier día de lunes a viernes.

La administración municipal venidera debe cifrar sus esfuerzos de planeación en un proyecto de densificación y renovación urbana del centro de Cúcuta próximo a la Central de Transporte, el Centro Comercial Las Mercedes y el Canal Bogotá, donde hay varias manzanas muy degradadas pero con excelente ubicación y acceso a vías y redes de servicios públicos. Comprarlas y edificar en ellas bloques multifamiliares es una empresa difícil y supone una inversión inicial mayor que edificar al borde de la zona rural como lo estamos haciendo hoy, pero a largo plazo es mucho más barato.

Muchas ciudades del tamaño de Cúcuta en Brasil y México están ejecutando proyectos de renovación urbana promovidos por empresas inmobiliarias municipales, como Metrovivienda en nuestro caso, que trabajan de la mano con las empresas constructoras locales e inversionistas privados. Si se conjuga el esfuerzo del Municipio mediante instrumentos de gestión urbana como los planes parciales y la expropiación por motivos de utilidad pública, con indemnizaciones a cargo de una bolsa de dinero pública y privada debidamente avalada por un fondo de garantías estatal, el centro de Cúcuta podría recuperarse, como lo están haciendo muchas ciudades con problemas de degradación del centro idénticos al nuestro.

El Centro de Cúcuta, especialmente las inmediaciones de la Central de Transporte, tiene que recuperarse mediante un programa de renovación urbana que lo convierta en una zona residencial moderna. No es fácil, pero hay que hacerlo. Para eso se necesita una administración municipal que trabaje con seriedad y cabeza fría en un proyecto de vivienda de interés social serio y realista, y no una dedicada a la gritería y el show de medios.

11/9/2013