HABLAR DE ATALAYA SIN DEMAGOGIA

Como respeto y admiro tanto a Cicerón Flórez y a Luís Arturo Melo, ambos columnistas de este diario, me habría resultado muy difícil controvertir sus opiniones sobre la inconveniencia crear en Atalaya un nuevo municipio del Área Metropolitana de Cúcuta, si no fuera porque sus argumentos se basan en lugares comunes y en suposiciones no probadas.

El principal argumento que esgrimen asocia burocracia pública con corrupción, según lo cual crear un nuevo municipio sería tanto como servirle un banquete a los corruptos. La corrupción, desafortunadamente, se sienta en cualquier mesa servida con dineros públicos: en el Municipio de Cúcuta, en el de Atalaya o en cualquier otro. Eso es tristemente cierto, pero no es un argumento para acabar entonces con todos los municipios del país o para dejar de crearlos cuando sea necesario.

La creación del Municipio de Juan Atalaya no implica dispersión administrativa. Las grandes conurbaciones tienden a integrarse, y para eso se crearon en Colombia las Áreas Metropolitanas, a las que partir de este año la Ley 1625 de 2013 les permite adoptar un régimen idéntico al del Estatuto Orgánico de Bogotá y convertir sus municipios en alcaldías menores. En Cúcuta se necesita un Área Metropolitana fuerte, como la de Medellín, que de verdad integre sus municipios en materia de transporte y servicios públicos, y no apenas una personería jurídica para ejecutar contratos, que es lo que tenemos hoy.

La creación del Municipio de Juan Atalaya no supondría la aparición de un municipio pobre al lado de otro rico. Quienes dicen eso no han estudiado su viabilidad fiscal. A vuelo de pájaro, les recuerdo que el presupuesto municipal tiene dos componentes básicos que tienden a equilibrarse: los recursos propios y las transferencias de la Nación. Si se examina el caso de Atalaya, se verá cómo los recursos propios debidos al Impuesto Predial y de Industria y Comercio, ingresos que en Atalaya no son tan bajos como sus críticos piensan, se compensan con las transferencias del gobierno central, cuyos criterios de asignación toman en cuenta la pobreza relativa y la población por atender en salud y educación. Expresado per cápita, el actual presupuesto de Cúcuta y el del nuevo municipio son muy parecidos. Los invito a visitar mi blog y ojear mis cálculos estimativos del presupuesto de Atalaya frente al de los restantes municipios metropolitanos. Ese trabajo le corresponde hacerlo con mayor cuidado a la Secretaría de Planeación Departamental y exige un debate entre quienes estén dispuestos a estudiar juiciosamente el caso, y no solo a pontificar.

En Atalaya existe un grave problema de representación política. En buena medida, en las comunas 7 y 8 se eligen los gobernadores, los alcaldes y los concejales de Cúcuta, pero poquísimos de quienes son elegidos con votos de Atalaya viven en sus barrios y se relacionan cotidianamente con su electorado. Eso genera un déficit de representación política que ha sido ampliamente estudiado en Colombia por el actual senador John Sudarsky. Él propone como remedio la elección de cuerpos colegiados mediante el sistema de circuitos electorales, lo que en este caso sería muy parecido a crear una nueva circunscripción municipal en Atalaya donde se elijan alcaldes y concejales que de veras sean dolientes y solidarios con su nuevo Municipio.

Claro que estamos frente a una propuesta política y por eso junto con el representante Chacón la planteamos en época electoral. No lo hacemos en términos demagógicos ni politiqueros, sino en los que corresponden a una propuesta sobre ordenamiento territorial y sobre cómo administrar mejor los dineros que gira la Nación a los municipios del Área Metropolitana. De eso precisamente, es que debe hablarse en las campañas.

28/8/13

https://dl.dropboxusercontent.com/u/91606681/OTROS/Presentaci%C3%B3n%20Municipio%20Atalaya%20Agosto%202013.pdf

APOYAR EL REFORMISMO SANTISTA

Antonio Navarro dijo ayer que el gobierno no es capaz de controlar los paros. Esa afirmación debe leerse con cuidado porque entraña una lectura muy parcializada de la administración de Santos y una ambivalencia que la iguala a las críticas provenientes del uribismo.

Lo que dice Navarro se sustenta en algo cierto: este gobierno ha favorecido una cadena de reformas económicas iniciada en los años noventa, que han conducido al decrecimiento del sector productivo industrial y agropecuario, y al aumento de las importaciones que se financian con las mayores exportaciones del sector petrolero y la minero. Eso es cosa harto probada con la intención de firmar TLC´s con todos los países posibles. 

Pero Navarro, que solamente se fija en aspectos de este gobierno que a muchos nos disgustan, desconoce otros muy positivos que personas como él deberían ser los primeros en reconocer y apoyar: los colombianos afectados por esas reformas económicas, o los tradicionalmente excluidos de los procesos de modernización y relegados a la pobreza en el campo y las ciudades, sienten que hoy existen mejores condiciones para protestar pacíficamente sin correr el grave riesgo de ser violentamente reprimidos, o de sufrir el asesinato selectivo de sus líderes. En este momento el país vive un momento de apertura democrática y por eso la gente sale a protestar.

Santos abandera un proyecto de reformas democráticas, a veces desesperante por su lentitud y su limitada profundidad, pero de cuyas intenciones no dudo, y si personas como Antonio Navarro no reconocen que esa vocación aperturista del gobierno es uno de los ingredientes más obvios de las numerosas protestas sociales que vivimos, no le ayudan en nada al país ni a las posibilidades de alcanzar un acuerdo de paz que siente las bases del desarrollo social de los campesinos y los desposeídos de Colombia.

Me pregunto si personas como Navarro piensan que si durante el gobierno de Álvaro Uribe no hubo protestas como las de hoy, fue porque en ese entonces todos estaban conformes y las necesidades de los agricultores estaban resueltas. Él debe tener muy claro que si durante el gobierno anterior los pequeños productores agropecuarios no protestaban ni marchaban, era en buena medida porque temían la represión.

Claro que tienen razón voces de la izquierda como las del senador Robledo cuando critican la insuficiencia de las reformas propuestas por Santos y las comparan con intenciones reformistas frustradas de otros gobiernos progresistas como los de Alfonzo López Pumarejo o Carlos Lleras Restrepo. Pero una cosa es plantear críticas que concienticen a la opinión pública de la necesidad de exigir y aceptar cambios más profundos, y otra cosa atravesarse a los planes de un gobierno que no es precisamente de izquierda, pero si tiene rasgos progresistas muy claros que deben respaldarse. De lo contrario, la izquierda resultaría aliada al uribismo, al interpretar las intenciones del gobierno actual desde una orilla opuesta, pero con la misma pasión irreflexiva que acaba por unir los extremos en contra de Santos y sus planes limitados, pero al menos basados en un ánimo de concertación que permite plantearle exigencias mayores.

Creo que así lo han entendido los líderes de la protesta del Catatumbo cuyos reclamos comparto. Ellos le han otorgado al Gobierno Nacional un voto de confianza que no implica renunciar a sus aspiraciones. Así también lo entendemos quienes no por apoyar los planes de paz y de reparación que Santos propone, dejamos de ambicionar cambios mucho pero mucho más profundos.

21/8/13

INFORMALIDAD Y PODER MUNICIPAL

Hay cifras que de tanto en tanto oímos no sin escalofriarnos cada vez, y en mi caso, no sin preguntarme de nuevo qué estrategias administrativas debería usar un alcalde para enfrentar la realidad que muestran.


Me refiero a los datos que hace algunas semanas nos hicieron campeones de la informalidad en Colombia. Nada menos que 72%. El problema no es solamente nuestro. Los dos principales centros industriales del país, Bogotá y Medellín, tienen 44% y 48% de empleo informal. Por eso la reflexión sobre la manera de gobernar en medio de esa circunstancia se convierte en una reflexión sobre la administración pública colombiana.

En aspectos claves de la vida social, la informalidad nos pone a todos “al margen de la Ley”, y los cucuteños sí que sabemos de eso. Una parte tan grande de la economía en condiciones de informalidad supone la apertura de escenarios enormes a muchas clases de actores para-estatales. Si en nuestra ciudad pululan las “bacrim”, en buena medida se debe a que el Derecho Civil no regula las transacciones entre los actores económicos locales, puesto que son mayoritariamente informales. Donde el Estado no llega con sus jueces, y los abogados no tienen clientes para defender sus derechos de propiedad y hacer exigibles las obligaciones, alguien aparece para reemplazarlos.

Imagínense ustedes a un alcalde de Cúcuta tratando de imponer la Ley y el orden en una ciudad donde solo están estrictamente sometidos al orden legal 28% de sus habitantes. ¿Será que no es indispensable para desempeñar esa tarea tan compleja, un liderazgo que descanse también en la capacidad de generar consenso y poner de acuerdo a las personas sin necesidad de exhibir esa altanería que solo sirve para menoscabar la legitimidad indispensable para de veras ser respetado?

Si bien el hecho de ser informal, y por consiguiente estar al margen de obligaciones legales en materia laboral, impositiva y mercantil, a nadie pone a resguardo de la autoridad policiva del Municipio, ni impide involucrarse en trámites, obligaciones y beneficios de la administración pública, sí establece una condición especial que altera la relación con el Estado. Si no, que lo digan los funcionarios que lidian cotidianamente con parte de ese 72% de nuestra economía, expresada por sus actores emblemáticos: transportadores piratas, vendedores ambulantes y pimpineros. Aquí la pura autoridad legal se queda corta y se necesita liderazgo social y político, cuya carencia no se disimula con soberbia y gritería. Prueba de que eso no funciona, son los andenes llenos de vendedores ambulantes, a pesar de todo el bolillo repartido.

La solución existe y se ha probado en muchas otras partes. Se necesita apenas un poco de garrote, pero mucho más se necesita la zanahoria y mucho más aun la capacidad de diálogo y concertación con ese 72% de trabajadores que además de ser informales, mayoritariamente hacen parte de la población pobre, respecto a la cual el Estado tiene compromisos de garante y providente.

Y lo más importante, se necesita poner de acuerdo a los actores económicos formales, a las universidades, al Sena, a la Gobernación y al Municipio, en torno al desarrollo de las cadenas productivas sobre-diagnosticadas por decenas de estudios y consultorías, respecto a las cuales ninguna administración municipal ha asumido seriamente una política pública de generación de empleo y solo se ven esfuerzos aislados de entidades como la Cámara de Comercio y el Sena.

En cuentas resumidas, mucha zanahoria, un garrote grande no para usar sino para mostrar, y liderazgo medido en capacidad de concertación y no en gritería.

Post Data: Mi solicitud a la Corte Constitucional de decretar provisionalmente la suspensión del acuerdo de pago que ésta administración municipal firmó con Proactiva, y por cuenta del cual ya el Municipio le entregó a esa empresa más de nueve mil millones de pesos cuando aún está pendiente una instancia judicial que podría anular el laudo, fue respondida por el Alcalde descalificándome, dizque por no denunciar el caso durante la administración pasada. Pura bulla. Hasta debate en el Concejo se hizo, y de la denuncia que en su momento se produjo dan cuenta dos columnas que publiqué en este mismo espacio en diciembre de 2010, que encuentran consignadas en mi blog.

13/8/13

ESPACIO PÚBLICO: LA LEY ES PARA TODOS

Cúcuta necesita con urgencia que su Administración Municipal diseñe una política integral para la preservación del espacio público. Una política pública que sirva tanto para administrar bien el poco espacio público que queda, como para recuperar el que ya ha sido usurpado por grandes y chicos. En aras de la equidad, hay que garantizar que el bolillo de la fuerza pública se esgrima también contra los primeros y no solo contra los últimos.

Voy a hablar “in abstracto” para que a quienes les caiga el guante, sepan plantárselo, y para que dándose por aludidos reencausen sus intenciones y se libren de los jueces, que como en el caso del Parque Bavaria, mostraron que la Justicia si funciona siempre que haya quien sepa invocarla. Si no hubiera sido por los jueces, donde hoy tenemos un hueco que al menos sigue siendo patrimonio público y donde el Municipio está obligado a construir un parque, tendríamos en cambio un hotel, seguramente hermoso, pero de propiedad privada.

El año pasado el Concejo Municipal expidió el acuerdo 09 de 2012, que autoriza al Alcalde para suscribir convenios con particulares que se comprometan a administrar y mantener el espacio público. Es el famoso “Plan Padrino” del que habla el Alcalde como mecanismo para recuperar los parques de la ciudad. En ningún caso pueden esos particulares aprovechar el espacio público en beneficio propio. No pueden tampoco lucrarse mediante el aprovechamiento económico del espacio público que se les confía. Si así fuera, entonces no se trataría de convenios, que es lo que el acuerdo 09 de 2012 autoriza, sino de concesiones.

En otras palabras, si alguien instala un restaurante en un parque, cualquier persona natural o jurídica que tenga por objeto ese mismo negocio, puede considerar que la posibilidad de explotar económicamente el parque ha debido ser otorgada mediante una licitación pública y no a dedo. Es decir, el Municipio debería haber celebrado un contrato de concesión y no un convenio como los que permite el acuerdo 09 de 2012.

Hago estas afirmaciones “in abstracto” porque puede que haya suscriptores de convenios amparados en el mencionado acuerdo, que estén pensando en lucrarse “apadrinando” un parque. Quiero prevenirlos para evitar que pierdan dinero, como le ocurrió a los que invirtieron plata en el proyecto del Hotel del Parque Bavaria.

No debe permitirse que en este Municipio, por muchos problemas económicos que tenga, cale la idea de que los parques deben ser mantenidos por particulares que los exploten comercialmente. No debe permitirse que en cada esquina de cada parque de Cúcuta haya una caseta que mantenga el parque, porque para eso existe un Municipio que sostenemos con nuestros impuestos. Sería tanto como admitir que cada vía principal de la ciudad fuera administrada por unos fulanos que cobraran peaje a cambio de mantenerla.

Los signatarios de los convenios a que me refiero son empresarios conocidos y no vendedores ambulantes anónimos. Cuando sus intenciones se materialicen y establezcan su restaurante o lo que les plazca hacer en los parques que van a “apadrinar”, su condición de ocupantes ilegales del espacio público les pondrá en la misma situación de los pequeños vendedores ambulantes. En ese momento, cualquier ciudadano podrá reclamar que el Estado les esgrima el bolillo y los corretee.

31/6/13