LAS ZRC NO SON EL COCO

La actual crisis social y económica de Cúcuta data de principios de los años ochenta y la explican dos factores. Uno, la crisis de la deuda que afectó las economías en desarrollo y que en 1983 provocó la primera gran devaluación en Venezuela, iniciando el declive de ese país. El otro factor es el conflicto que se adueñó de Tibú y aisló a Cúcuta del Catatumbo, su entorno rural más importante.

Fueron dos golpes certeros. El primero, frustró la ancestral vocación comercial de la economía cucuteña. El segundo, imposibilitó el desarrollo agroindustrial del departamento, lo cual era la puerta de escape al primero. Ambos factores se juntaron para provocar la situación de estancamiento a la que todavía no le encontramos salida.

La mayor parte de los esfuerzos de nuestra dirigencia política y gremial por superar la crisis, han asumido que su factor explicativo es el problema de la economía venezolana y las relaciones binacionales. Poco ha sido en cambio lo que se ha hecho asumiendo que el problema es el conflicto del Catatumbo, porque quienes alguna vez estuvieron dispuestos a llevar esa vocería ante el Gobierno Nacional, desaparecieron asesinados uno por uno. Hace diez años, en junio de 2003, cayó Tirso Vélez, el más importante de ellos y quien seguramente habría sido gobernador de Norte de Santander si el paramilitarismo no hubiera determinado su muerte.

Por eso yo no me cuento entre quienes critican que los dirigentes de la movilización del Catatumbo no sean de Norte de Santander. Esa crítica entraña el indolente olvido del genocidio de diez mil personas entre las que se cuentan dirigentes raizales como Tirso Vélez, de quien dijeron también faltando a la verdad que era guerrillero. Si él viviera, seguramente Norte de Santander hubiera tenido un líder del Catatumbo llevando la vocería de quienes hoy son manifestantes, y reivindicando su principal solicitud: la creación de la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo al amparo de la Ley 160 de 1994 y al margen de cualquier interés de la subversión, que en esta protesta cívica, una vez más, obra con un sentido oportunista que se convierte en el más grave obstáculo de los campesinos.

Además de la tranca al desarrollo de las cadenas agroindustriales que podrían haberse generado entre Cúcuta y Tibú, el problema del Catatumbo ha originado cien mil desplazados, de los que por lo menos la mitad han llegado a Cúcuta, agravando los problemas más angustiosos de esta ciudad: la pobreza, el 70% de informalidad y la urbanización desbordada e ilegal sin ninguna planificación.

Si los cucuteños representados en su dirigencia política, sus universidades y su dirigencia gremial se detuvieran un momento a estudiar lo que son las Zonas de Reserva Campesina, y la forma en que esa figura creada por la Ley pudiera ayudar a estabilizar la economía y la demografía de los municipios del Catatumbo, sirviendo de barrera para la contención del conflicto, advertirían que Cúcuta sería la primera beneficiada con su creación.

No acompañar la propuesta de la Zona de Reserva Campesina y dejar las cosas como están, permitiendo que la erradicación de los cultivos ilícitos y los proyectos de minería a cielo abierto se lleven a cabo sin concertación con los campesinos y sin que las inversiones nacionales del Conpes y el Plan de Consolidación del Catatumbo tengan primordialmente en cuenta a los pequeños propietarios rurales, es auto condenarnos a sufrir una segunda ola de cincuenta mil desplazados que no tenemos cómo recibir sin que se acreciente la informalidad, el desempleo y la inseguridad de Cúcuta.

24/7/13

EL CATATUMBO EN LLAMAS

Cúcuta será próspera cuando su entorno rural también lo sea. Salvo el improbable retorno de los días en que fuimos vitrina comercial para venezolanos y colombianos del interior, la posibilidad de una prosperidad futura se cifra en la prosperidad del campo nortesantandereano.

De lo anterior se convierte en prueba la industria de la palma africana, único empeño exitoso por establecer un modelo empresarial de desarrollo agroindustrial en el campo tibuyano. Pese a los inconvenientes sociales propios de los monocultivos de plantación en grandes extensiones agrícolas, en este momento es una de las pocas barreras que ayudan a contener el problema social del Catatumbo. Si no fuera por las decenas de miles de hectáreas que hoy están sembradas, la situación sería aún peor. Al hacer esta afirmación no puedo dejar de mencionar a Jorge García Herreros, de cuyos esfuerzos durante su período de gobernador y Representante a la Cámara se benefició en gran medida la palmicultura de Tibú.

La palma funcionó y permitió canalizar cuantiosa inversión privada. Fue posible porque había tierras baratas en la zona rural de Tibú y porque la cooperación internacional norteamericana junto con el Ministerio de Agricultura apoyaron resueltamente a quienes se embarcaron en esa aventura, entre quienes no se contaba ninguno que tuviera la condición de pequeño campesino del Catatumbo. Las tierras eran baratas porque sus antiguos dueños migraron a Cúcuta después que la situación de guerra en la región hizo que muchos perdieran la esperanza de ver crecer en ellas a sus familias.

Llegó la hora de hacer justicia mediante el diseño de un modelo de desarrollo que a diferencia del proyecto palmicultor, se oriente a quienes sí tienen la condición de pequeños agricultores. No dudo en afirmar que el pliego petitorio de los campesinos representados por Ascamcat contiene los elementos del modelo de desarrollo necesario para que el Catatumbo abandone su condición de región generadora de desplazados, por cuenta de la cual Cúcuta ha desbordado su perímetro urbano varias veces en las últimas tres décadas.

¿Cómo no estar de acuerdo con la creación de la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo? No se trata de ningún proyecto traído de los cabellos, sino que se funda en la Ley 160 de 1994, con la que el gobierno de César Gaviria intentó sin éxito paliar el desastre de la economía agrícola nacional, resultado inevitable del brusco modelo de apertura comercial, gracias al cual hoy más de la mitad de los productos de la canasta básica colombiana son importados. La ZRC resulta además indispensable en una región cuyas condiciones tan especiales hacen inútiles los esfuerzos de las autoridades regionales para hacer presencia en ella. La ZRC en la práctica, como ha ocurrido en otras partes, resulta ser una especie de entidad territorial en cuyo seno pueden concertarse estrategias de desarrollo y ordenamiento territorial que al departamento le resulta imposible coordinar.

¿Cómo no estar de acuerdo con el ruego de los campesinos de concertar con ellos la erradicación de la coca? En una región condenada al aislamiento y sin posibilidades de competir con los precios que se tranzan en los mercados nacionales e internacionales que surten nuestras centrales de abastos, no puede sembrarse nada distinto a la coca, y resulta absurdo desconocer esa realidad. No concertar la erradicación, significaría para Cúcuta tener que absorber una ola migratoria que acrecentaría la informalidad y la pobreza que ya campea en esta ciudad.

¿Cómo no acompañar la propuesta de Ascamcat, avalada por el Gobernador Edgar Díaz, de otorgar un subsidio de $1.500.000 a cada familia afectada por la erradicación forzosa de la coca, cuando ante otras crisis agrícolas el Gobierno Nacional ha sido mucho más generoso y a los mismos palmicultores se les dio muchísimo más que eso?

Los cucuteños no hemos sido solidarios con los campesinos del Catatumbo, nuestro entorno rural más importante y el que más nos afecta. En cambio, aquí se da crédito fácil a las descalificaciones del movimiento campesino, que atribuyen su existencia a la subversión, como si el problema social y económico del Catatumbo fuera un invento de las Farc. Es una realidad, y no apoyar su solución efectiva recogida en el pliego de los huelguistas agravará sensiblemente los problemas de Cúcuta en materia de informalidad y pobreza.

10/7/13

LAS VENTAJAS DE TENER UN PARQUE

Qué mejor que sentarse en un restaurante o en un café situado en medio de una alameda o un parque. Grato para el cliente y más grato aún para el dueño del negocio, especialmente si por establecerse en medio de tan ventajoso paisaje, a la sombra de la arboleda y de la amistad de un alcalde, paga apenas unos derechos ridículamente bajos.

Es el caso del Parque Amelia, zona de cesión que lleva el nombre de la esposa de Rudesindo Soto, único filántropo que de veras ha conocido Cúcuta por cuenta de quien la ciudad tuvo Hospital, Ancianato y Asilo; dueño de muchos predios que a título de donación entregó a la ciudad y sobre los cuales se edificó el Centro Comercial Ventura. En la condición original de la donación, subsiste el Parque Amelia y el que por costumbre se ha llamado Parque de Telecóm, ambos situados frente al Hotel Tonchalá y el Centro Comercial Ventura.

Del legado del filántropo quiere echar mano una empresa que no conoce la filantropía. Dándole un vistazo a los proyectos que el Hotel Tonchalá tiene para el Parque Amelia, hoy cerrado y en plena “remodelación”, se ve con claridad que lo van a usar íntegro para convertirlo en plazoleta de cafés y comidas. Espléndido proyecto digno de elogio si implicara la inversión de dineros privados en la compra y construcción de un lugar generoso en la cesión de espacios verdes, pero censurable por aprovechar abusivamente el espacio público, puesto casi gratis al servicio del lucro privado. ¡Cómo no va a ser agradable un restaurante en medio de las gratuitas ventajas de un parque cedido por un alcalde agradecido! Así es fácil tener éxito. O que lo digan los propietarios de varios amplios y excelentes restaurantes de la ciudad construidos en terrenos propios que han necesitado toda una vida de trabajo para poder adquirirlos.

Puede llegar a ser bueno para una ciudad firmar un convenio que permita el aprovechamiento privado de un espacio público a cambio de garantizar su cuidado y embellecimiento. La Ley lo permite y el Municipio está facultado por el Concejo para hacerlo, pero a esa posibilidad debe recurrirse guardando las proporciones que señale el sentido común puesto al servicio del interés público, sin menoscabar el derecho colectivo al uso y disfrute del espacio público por parte de cada ciudadano. Una cosa es poder darle temporalmente nombre corporativo a un parque, instalar publicidad o servirse de un pequeño lugar del mismo para instalar un local, y otra cosa es echarle mano a un parque para ponerlo todo al servicio de un negocio.

222 millones “invertirá” el Hotel Tonchalá durante cinco años en el Parque Amelia. Son tres millones setecientos mil pesos mensuales por varios centenares de metros cuadrados de la mejor tierra de Cúcuta en la mejor ubicación posible. Queda así revelada la inexistencia en la Alcaldía de criterios urbanísticos y de una política pública para administrar el espacio público. 

¿Con qué autoridad moral se esgrime el bolillo contra los pequeños vendedores ambulantes si el espacio público se les entrega casi gratis a los grandes usurpadores? 

Esperen una Acción Popular para proteger el derecho colectivo a usar y disfrutar el espacio público. Cuando se dio vía libre al Plan de Apadrinamiento de Parques presentado por el Alcalde, se supuso la cordura y buen sentido de su idea. El Parque Amelia, puesto en manos del Hotel Tonchalá, está mostrando todo lo contrario.

02/7/13

PLANOS, MAQUETAS Y CONVENIO DEL PARQUE AMELIA

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