OTRA VEZ LA PUBLICIDAD ENGAÑOSA

Me dejó asombrado el aviso que ocupó entera la página 3B de este periódico el pasado domingo, porque hace pensar que esta administración municipal, o es muy falaz o tiene una gran capacidad para autoengañarse. Me gustaría pensar lo segundo para otorgarle la gracia de la buena fe, pero los hechos me obligan a aceptar que de lo primero también hay mucho.

Dice el aviso: “Casi $800 mil millones se están invirtiendo en Cúcuta por gestión del alcalde”, y enumera millonarias inversiones a las que les hace falta espacio en la página, y que al ojear desprevenidamente a cualquiera hacen pensar que nunca habíamos tenido tanta plata en Cúcuta.

En mi condición de concejal tengo una idea muy clara de las limitaciones fiscales de este municipio y de la necesidad de adelantar diligencias ante entidades nacionales para conseguir el dinero que aquí no hay. Esa es quizá la parte más importante de la gerencia municipal en este país cautivo del centralismo en donde lo habitual, en todos los municipios, con excepciones muy contadas, es que los recursos de inversión nacionales superen con creces los municipales.

Siempre habrá dineros fluyendo de la Nación, bien sea transferidos al presupuesto municipal, o ejecutados directamente por entidades nacionales. Por esos resulta engañoso mostrar como fruto de una gestión, en este caso la del alcalde de Cúcuta, inversiones nacionales que de todas maneras van a llegar, o cuya llegada es una mera expectativa que no puede presentarse como un hecho cumplido, máxime cuando la alcaldía apenas es espectadora de su desarrollo.

Vayamos a lo que dice el aviso. Se presenta como gestión del alcalde sin que en verdad lo sea: a) 170.000 millones del programa de vivienda gratuita del Ministerio de Vivienda. b) 22.000 para la terminación del anillo vial occidental, que corren por cuenta de San Simón con aportes del Ministerio de Vías. c) 36.000 millones de transferencias del Ministerio de Educación para recuperar instalaciones educativas. d) 15.000 millones de inversión de Aguas Kpital en virtud de su contrato de concesión que data de hace seis años. e) 4.000 millones que invertirá la compañía concesionaria del alumbrado público. f) La probable inversión de 49.000 por parte de la empresa Gases del Oriente, lo que está lejos de ser un hecho. ¡Ahora resulta que inversiones de particulares deben imputarse a la gestión del alcalde! g) La promesa de Ecopetrol de invertir 188.000 millones en la conducción de agua desde el Zulia, que data de diciembre de 2011 cuando se produjo el derrame de petróleo en el Pamplonita. h) 5.000 millones de la Presidencia de la República para el Centro de Atención de Víctimas, que se deben a diligencias del senador Cristo. i) 10.000 del Ministerio de Transporte para la Vía Panamericana que se deben a diligencias del senador Corzo. j) 85.000 millones de Subsidios de Familias en Acción que en buena medida se deben al crecimiento la pobreza y del estrato uno en Cúcuta y a las ampliaciones de cobertura previstas por el programa. k) 12.000 millones en programas de vacunación del Ministerio de Salud que desarrollan una política de salud pública nacional, etc., etc. En pocas palabras, este aviso es un especimen de publicidad engañosa idéntico al de las 20.000 casas.

Le reconozco a nuestro alcalde capacidad de trabajo y ganas de ver mejorar a la ciudad, como cualquier cucuteño lo desea. Para que lo logre, lo primero que debe hacer es evitar que lo sigan considerando una persona enredadora y locuaz. Como quienes lo rodean son incapaces de decirle que debe hacerse respetar dejando de decir cosas que no son ciertas, a otros nos corresponde pasar por la pena de hacerlo.

23/4/13

LOS TAXISTAS DE CÚCUTA

Las medidas de regulación del transporte público, y en general de los servicios públicos, son buenas siempre que sean equilibradas y hagan justicia para todas las partes. En eso consiste la promoción del interés público. Por eso el taxímetro es bueno y hay que apoyarlo si sirve para cobrar lo justo y beneficia equitativamente a todas las partes involucradas en el negocio.

El editorial de éste periódico del lunes pasado, que toma partido en favor de las decisiones de la administración de tránsito municipal a partir de la merca comparación de las tarifas dictadas para Cúcuta, con las de otras ciudades del país, deja por fuera la consideración de otros factores que me permito recordar.

El primer lugar, el transporte público formal, individual y colectivo de la ciudad, ha sido castigado duramente por la corrupción de varias alcaldías que han promovido la sobreoferta de taxis y buses, en beneficio de empresas interesadas en el negocio de la afiliación de vehículos. Eso se ha hecho en claro perjuicio de los propietarios de los carros, de los conductores y de los usuarios, a quienes finalmente se trasladan los sobrecostos de un sistema que soporta más carros de los que son necesarios, y que circulan polucionando y creando congestión en las vías. Además, el desorden administrativo de nuestras autoridades de tránsito no ha permitido armonizar el funcionamiento de las secretarías de tránsito metropolitanas, lo que ha propiciado la llegada a Cúcuta de cientos de carros matriculados en municipios vecinos. Mal contados, en Cúcuta debe haber 8.000 taxis o quizá más, a los que deben sumarse cerca de 1.600 carros de transporte informal sin contar los mototaxis.

Tener buses y taxis circulando en exceso, y por consiguiente vacíos la mayor parte del tiempo, es el principal factor de encarecimiento del servicio, en lo que el Municipio debe asumir su responsabilidad como socio encubierto del negocio de los cupos. Por esa razón no justifico que el Alcalde Municipal y su Secretario de Tránsito se nieguen a entablar un diálogo con los conductores, que son la parte más débil en esta controversia, y quienes menos oportunidad han tenido de expresar sus puntos de vista.

Todos quienes somos usuarios cotidianos del servicio de taxi, sabemos que un taxista trabaja al menos doce horas diarias, mayoritariamente no son propietarios del carro que conducen, deben entregar por su aprovechamiento una cuota fija de 45.000 pesos cada día al propietario del vehículo a lo que se suma el costo del combustible, y en las condiciones actuales generan utilidades inferiores a 25.000 pesos diarios, algo así como 2000 pesos por hora.

Por esa razón me parece injusto que, tanto las autoridades municipales como la opinión pública, expresen y acaben imponiendo criterios muy unilaterales a la hora de asumir esta discusión, excluyendo la posibilidad de la concertación tarifaria solicitada por los voceros de los conductores, y refrendando un principio de autoridad muy distinto del que debe caracterizar a los gobiernos elegidos popularmente.

Encontrar un punto de entendimiento no es solo cuestión de ponerle un precio a la carrera igual que en Bogotá o en Bucaramanga. El entendimiento también debe pasar por compromisos administrativos asumidos por el Municipio a partir de una discusión franca sobre los problemas del transporte público en Cúcuta, muchos de los cuales son el resultado de años y años de irresponsabilidad de nuestras autoridades de tránsito.

16/4/13

MONITOREAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Los 37 mil millones de utilidades netas de CENS en 2012, que nunca vimos antes que fuera vendida, se explican porque el Municipio de Medellín, dueño de EPM y por consiguiente dueño también de CENS, depende de EPM para generar la cuarta parte de su presupuesto anual. 

Ese presupuesto suma 4 billones, de los cuales casi un billón son transferencias de EPM, mayores que la suma del impuesto de industria y comercio y el impuesto predial del Municipio de Medellín. Esa enorme cantidad de rentas propias invertidas anualmente por Medellín en infraestructura, educación y salud, dependen tanto EPM que esa ciudad, en su condición de dueña del grupo empresarial, le exige a sus gerentes incrementar las utilidades cueste lo que cueste.

Envidiable ser dueño de una empresa así y lamentable no serlo, no solo por privarse de semejantes utilidades sino por quedar sometido a criterios administrativos que obran en favor de los dueños más que de nosotros los clientes. Además, los ministerios, las superintendencias y las comisiones de regulación en servicios públicos desde hace años regulan el mercado en favor de las empresas. 

Es el modelo de nuestra economía heredado de los años 90. Por ejemplo, el caso de CENS y sus enormes utilidades que paran en Medellín, en buena parte se explica por los incrementos tarifarios autorizados por el Ministerio de Minas y Energía. También por las decisiones de las CRE que cargan a los municipios y a la Nación el costo de los programas de electrificación rural y extensión de redes en zonas subnormales que antes asumía CENS, cuyas utilidades crecen al amparo de decisiones regulatorias buenas para las E.S.P. (Empresas de Servicios Públicos) pero malas para quienes no somos dueños de ellas.

Los gobiernos locales que como los nuestros, no son dueños de E.S.P., tienen el deber, no obligado por la Ley sino por un obvio sentido de responsabilidad social, de monitorear los costos tarifarios y la calidad de los servicios públicos prestados en sus jurisdicciones. No podemos estar a merced de grandes conglomerados empresariales como EPM que solo piensan en Medellín, así por lo pronto CENS ofrezca tarifas y servicios a precios todavía razonables.No sobra que el Departamento establezca una dependencia que podría bautizarse “Unidad de Monitoreo Tarifario de Empresas de Servicios Públicos”, en donde además de vigilar las tarifas, se ofrezca asesoría y apoyo a usuarios no regulados como condominios y grandes empresas en la negociación de energía en bloque a costos inferiores a los cobrados por CENS. 

También es importante capacitar a los vocales de control y líderes comunitarios que canalizan las quejas y los reclamos de la ciudadanía ante las E.S.P.Muchas veces he oído decir a los gerentes de las E.S.P. locales de agua y energía que sus tarifas se encuentran entre las más bajas del país, pero son muchas más las veces que he visto a los cucuteños, sobre todo últimamente, trabajar para pagar, en primer término, los recibos de agua, energía e impuesto predial. Estoy casi seguro que más de la mitad de las familias de estrato uno que cobran subsidios del programa Familias en Acción los utilizan para pagar el agua y la luz. 

En otras palabras: si hay algo que nuestros gobernantes locales deben hacer, aquí que no tenemos la condición de dueños sino de clientes de E.S.P., es protegernos de los posibles abusos de nuestros poderosos proveedores de servicios públicos que pueden abusar al amparo unas políticas regulatorias propicias para ellos y lesivas para nosotros.

10/4/13
Ojo con el Acueducto Metropolitano

Cada vez está más cerca la posibilidad de tener un nuevo acueducto que traiga agua desde el río Zulia hasta el Área Metropolitana de Cúcuta. El Gobierno Nacional tiene claro ese compromiso con la ciudad ratificado por el Presidente en su pasada visita, de lo cual están advertidos Ecopetrol y el Ministro de Hacienda. Una entrevista que este último concedió el pasado lunes por la mañana a RCN, deja claro que nuestro acueducto hace parte de las cuentas del gobierno.



Ahora el problema es saber qué tipo de obra se va a construir, y de qué manera se pueden aprovechar mejor los dineros comprometidos, que según dice el Ministro en la entrevista citada, suman 230.000 millones de pesos, a los que deben adicionarse 40.000 millones que aportará Norte de Santander a través del Plan Departamental de Aguas.



Hace un par de meses se conocieron los resultados del informe de consultoría contratado por Ecopetrol para establecer la mejor alternativa para el acueducto (pueden conocerlo en mi blog). Entre las cuatro opciones principales, la más barata consiste en llevar agua del Zulia por bombeo, desde un punto cercano a Termotasajero hasta la planta de El Pórtico que potabiliza parte del agua de Cúcuta, y de allí también por bombeo hasta Villa del Rosario y Los Patios. Es la alternativa más barata y por consiguiente la preferida por Ecopetrol, pero la más cara para los usuarios, que tendrán que pagar el costo del bombeo incorporado en la tarifa. Cuesta cerca de 320.000 millones. La solución ideal, consistente en traer agua por gravedad desde río arriba hasta los acueductos de Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios costaría cerca de 400.000 millones.



La consultoría presenta once opciones distintas. Oscilan entre las que solo ofrecen una solución transitoria en caso de derrame de petróleo o turbidez excesiva provocada por el invierno, hasta la que daría una solución definitiva del problema, dejando de paso tendida la línea de conducción por gravedad desde el Zulia que reduciría los costos del proyecto del Cínera, haciéndolo cobrar viabilidad.



Siendo tan importante la decisión que está por tomarse, debe discutirse tan ampliamente como se pueda. Máxime cuando se trata de una compensación que Ecopetrol otorgó a la ciudad ante la exigencia de la ciudadanía durante noviembre de 2011, cuando Cúcuta estuvo una semana sin agua por cuenta de un derrame de petróleo en el Pamplonita. Esa compensación no fue fruto de una exigencia de la alcaldía o de la gobernación ni de los congresistas, sino de los gremios y los ciudadanos que en ese momento reclamaron la presencia inmediata del Presidente de Ecopetrol y del Ministro de Hacienda, quienes cedieron ante la evidente responsabilidad del Estado en el desabastecimiento y el desastre ecológico. Ellos entendieron que era indispensable entregarle a Cúcuta una compensación que solucionara definitivamente un problema que ocurría ya por segunda vez.



Por eso es inaceptable que la sociedad civil cucuteña no participe en la discusión sobre el proyecto, cuando fue ella y no los gobiernos locales los que consiguieron el acueducto como reparación a la ciudad. Ahora Carlos Luna Romero, quien durante noviembre de 2011 jugó un papel crucial para lograr el acuerdo, en su condición de presidente de la Veeduría Ciudadana al Acueducto Metropolitano ni siquiera es invitado a las reuniones en que se discute el proyecto.



La decisión está por tomarse, y personalmente no tendría ninguna objeción en que se adoptara a puerta cerrada si eso garantizara escoger lo mejor para Cúcuta. En cambio, parece que a puerta cerrada se escogerá lo mejor, pero para Ecopetrol.


3/4/2013


Post Data: He aquí la presentación de la consultoría contratada por Ecopetrol:



Dizque la Zona Franca

27 de marzo de 2013


Hace una década reinaba una percepción emocionante sobre el avance inevitable de los procesos de integración subregionales. La ilusión de ver llegar el día en que la Comunidad Andina funcionara según el modelo comunitario europeo entusiasmaba tanto como pensar que Mercosur ya casi lo lograba. De repente todo cambió. A la CAN le quedan pocos creyentes desde las discrepancias entre Uribe y Chávez. Mercosur, aunque llegó más lejos, frenó su ímpetu.


Estando de moda hace diez años hablar del Arancel Externo Común Andino y los acuerdos de la OMC, se anunciaba la desaparición de los regímenes francos. Hoy, contrariando esa percepción, se constata la proliferación de Zonas Francas en Colombia y el mundo. Fuera de las viejas como la de Cúcuta, hay por lo menos cincuenta regímenes francos nuevos cuyas condiciones de operación es importante estudiar para saber qué vamos a hacer ahora que, fruto de la decisión del Presidente en su reciente visita, nuestra Zona Franca que parecía morir seguirá existiendo bajo la tutela de las autoridades locales y de la Cámara de Comercio.


El asunto debería interesar a todos los empresarios y políticos cucuteños porque es muy probable que se convierta en el eje del discurso desarrollista local, lo cual tiene el peligro de dejar por fuera del debate otras condiciones que según mi modesta opinión, son mucho más importantes para Cúcuta.


Los regímenes francos en todo el mundo están asociados al desarrollo de la infraestructura portuaria y vial. El primer caso es el de Cartagena, Candelaria (Refinería de Cartagena), Barranquilla, Santa Marta y la Zona Franca del Pacífico. El segundo el de Bogotá, Palmaseca, Rionegro y el Eje Cafetero. Prosperan también al amparo de condiciones de competitividad asociadas a la alta calificación de mano de obra regional, como los regímenes francos de empresas de salud y alta tecnología, la mayor parte de los cuales están en Bogotá y Cundinamarca.


Se conocen algunos pocos casos, y habrá que estudiarlos bien si queremos que nuestra Zona Franca sirva para algo, en los que se producen bienes y servicios exportables cuya comercialización no depende de la infraestructura ni de la competitividad que otorga la alta calificación de la fuerza laboral. El ejemplo se consigue en el Valle y Antioquia, donde empresas de generación de energía exportan amparadas por el régimen franco.


Confío en que la Cámara de Comercio sabrá administrar una entidad promotora de inversiones que sea capaz de traer empresas productoras de bienes y servicios exportables que no requieran carreteras o conocimiento científico y tecnológico en mayor grado. Como esa tarea es harto difícil, no podemos perder la fe en otro tipo de medidas cuya pretensión sigue estando sobradamente justificada.


Si inicié contándoles que hace diez años nadie le apostaba a las zonas francas y resulta que hoy tenemos 50 más, es porque un ilustre personaje de Cúcuta me dijo que el modelo económico y político reinante hoy en Colombia hace casi imposible la existencia de incentivos tributarios regionales como mecanismo de compensación de las desventajas comparativas que trae a una región el precario desarrollo de su infraestructura vial. Ejemplos hay muchos para demostrar que sí se puede.


Finalizo con una frase del Presidente Santos pronunciada el 7 de marzo en Cúcuta, a ver si hay alguna entidad capaz de recogerla y no dejarla en el aire como ya una vez pasó: “Si alguien me define a mí exactamente qué es un puerto libre que no sea una isla como San Andrés, entonces yo lo consideraría”.





Lo que dije al Procurador

13 de marzo de 2013


Por ser la queja contra el Alcalde de Cúcuta, que instauré el pasado mes de septiembre, un tema de interés general que compromete la suerte del Municipio, les haré un breve resumen de mi alegato de apelación ante la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, a quien le compete decidir en segunda instancia la suerte de un proceso cuyo interés primordial no es político, pese a lo que sostienen los afectados y contradictores de la queja, sino moralizador, así queden muy pocos cucuteños dispuestos a creer en la utilidad de ese tipo de empresas, y en cambio son mayoría los que aceptan como válida la gestión administrativa de aquellos que “roban pero hacen”. A ellos les digo que aquí, para colmo de males, cada vez se ve más de lo primero y menos de lo segundo.


Así le dije al Procurador Segundo Delegado para la Vigilancia Administrativa, cuyo fallo se conoció en la edición de ayer de éste periódico: Impugno la ineficacia probatoria que le atribuye Usted al audio en el que claramente se escucha la voz del Alcalde de Cúcuta incurriendo en el presunto delito de concusión, y no estoy dispuesto a aceptar su argumento, según el cual el origen de la grabación viola el derecho fundamental a la intimidad, cuando precisamente se trata de una circunstancia en la que esa consideración se obvia por tratarse de un gravísimo hecho de corrupción que ofende la moral pública y afecta el interés general. De ese hecho, miles de cucuteños tuvieron noticia a través de los medios de comunicación locales y nacionales, siendo claro para quienes la oyeron, que se trata de la voz del Acalde solicitando dinero a cambio de una decisión administrativa consistente en la modificación del perímetro urbano de la ciudad, lo que comporta la valorización de los predios incluidos.


Sus actuaciones como Procurador deben, como ocurre con la justicia penal, orientarse por el Principio Inquisitivo. No entiendo como una prueba que goza de tan buena calidad no fue objeto de los exámenes técnicos que establecieran su incontestable autenticidad, que sí resulta clara a la luz de la sana crítica y del sentido común. En cambio, fue desestimada por Usted, recurriendo al dudoso argumento de haber sido ilegalmente aportada al proceso, cuando muchos precedentes judiciales y disciplinarios dan cuenta de la validez de pruebas con procedencia semejante. Su fallo viola Jurisprudencia de la Corte Constitucional a tal punto que queda abierta la puerta para una acción de tutela por desconocer precedentes constitucionales con fuerza legal.


Su fallo afecta la precaria confianza que muchos colombianos aun conservamos en la capacidad que tiene el Poder Judicial y los Organismos de Vigilancia y Control para hacer justicia y hacer cumplir la Ley. Le recuerdo que asumir la obligación de elevar esta queja me hizo objeto de graves amenazas puestas en conocimiento de las autoridades y por las cuales soy objeto de medidas especiales de protección. El hecho de ser mi queja desestimada por Su Señoría, hace sentir vano el esfuerzo y el riesgo que implica asumir el deber legal de denunciar hechos ostensiblemente violatorios de la Ley, y siendo éste un caso en torno al cual se centra la atención de la opinión pública cucuteña, hace partícipes de esa misma sensación, poco edificante para la democracia, a muchos de mis conciudadanos.


Dejo en manos de la Sala Disciplinaria de la Procuraduría la esperanza de que obre la Justicia y se impongan las sanciones disciplinarias a los implicados en los escandalosos y conocidos hechos que he denunciado. Ojalá esa decisión no confirme su fallo que controvierte lo obvio y confirma sospechas que ya son secretos a voces.





Propuesta de un manifiesto a Santos

6 de marzo de 2013


Si el funeral de Hugo Chávez no lo impide, mañana visitará Cúcuta el Presidente Santos. El Alcalde, el Gobernador y los gremios se preparan para recibirlo mientras sufrimos la recaída más grave de nuestra recesión crónica que data de hace treinta años, cuando se produjo la primera gran devaluación en Venezuela. Ojala tuviéramos para enseñarle al Presidente un proyecto de gran envergadura que las Unidades Gestoras de Proyectos del Departamento y el Municipio hubieran ya registrado en el Banco de Proyectos de Inversión Nacional del DNP, pero la verdad sea dicha, fuera de los viejos lloriqueos no hay nada concreto que pedirle, y le servimos en bandeja la excusa para no entregar mayor cosa. El candidato Santos ofreció Puerto Libre y a pesar de eso ni Departamento, ni el Municipio, ni el Área Metropolitana ni la Cámara de Comercio ni entidad alguna han desarrollado esa compleja propuesta. Nadie se ha tomado el trabajo de definir los términos tributarios, aduaneros y arancelarios en los que podría hacerse efectiva la promesa presidencial para tener cómo reclamar su implementación al Gobierno. Pero nunca será tarde para empezar, y mientras tanto no sobra levantar la voz y pedirle a Santos qué cumpla.


Cúcuta, marzo 6 de 2013.

Nosotros los ciudadanos de Cúcuta, representados por nuestras organizaciones gremiales, contando con el respaldo unánime de nuestra dirigencia cívica y política, obrando motivados por la urgente necesidad de encontrarle salida a la gravísima emergencia económica y social que atraviesa la ciudad, y amparados por la promesa solemne de convertir a Cúcuta en Puerto Libre, promesa que Usted, Doctor Juan Manuel Santos, hizo en esta ciudad durante su campaña a la Presidencia de la República, le reclamamos de manera apremiante el cumplimiento de este compromiso que a través suyo tiene con nosotros el Gobierno Nacional, convencidos de que solo así tendrá remedio nuestra crisis y sólo así veremos la recuperación de nuestra ancestral vocación de ciudad comercial binacional.


Le instamos entonces, a que al amparo de la declaratoria de la emergencia económica y social, plenamente justificada por las gravísimas cifras de desempleo, pobreza, informalidad y decrecimiento del comercio binacional que han hecho tocar fondo a la economía de la ciudad, disponga crear, como nos lo prometió, la Zona Libre de Cúcuta, conformada por la zona conurbada de Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios, y que lo haga con base en la adopción por parte del Gobierno Nacional de dos medidas permanentes complementadas por otra más que deberá ser adoptada como contrapartida de los tres municipios integrantes de la Zona.


Exoneración total y permanente del Impuesto a las Ventas a todos los bienes y servicios comercializados o producidos dentro de la Zona Libre de Cúcuta.


Exoneración total y permanente de aranceles a todas las mercancías que ingresen a la Zona Libre de Cúcuta. Si estas mercancías son adquiridas por compradores del interior del país, podrán salir sin restricciones de la Zona Libre, como no sea que se trate de cantidades superiores al consumo doméstico o familiar, caso en el cual deberán cumplir los requisitos propios de las importaciones regulares.


Exoneración total y permanente del Impuesto de Industria y Comercio a todas las empresas instaladas dentro de la Zona Libre de Cúcuta, lo que será la contrapartida al proyecto por parte de los tres municipios integrantes de la Zona.


Estas tres medidas, que en lo sucesivo se convertirán en nuestra principal agenda petitoria al Estado colombiano, las exigimos convencidos de que su ejecución será soporte de la generación de empleo, la recuperación de nuestra economía tradicionalmente basada en el comercio y los servicios, y el sustento de la confianza que desde el inicio de la campaña presidencial depositamos en Usted y en su promesa del Puerto Libre de Cúcuta, y que todavía mantenemos en el Gobierno que preside.


Atentamente, los ciudadanos cucuteños.



¿Sumarnos al paro?

27 de febrero de 2013


Pobre Presidente Santos. El paro cafetero lo desenmascaró como un líder tibio estrujado por la izquierda y la derecha. Está doblemente jaqueado por Jorge Enrique Robledo y los amigos de Álvaro Uribe, y parece incapaz de huir hacia adelante como se lo recomendó ayer Rudolf Hommes en su columna. Creo que no podrá solucionar el problema en provecho de su imagen alicaída, porque llamar a los huelguistas a regresar a sus casas y reconocer como sus voceros a los elegantes señores de la Federación de Cafeteros en quienes ya los productores campesinos no creen, dejará vivo un poderoso vector de opinión pública adverso que le seguirá haciendo mucho daño, sea cuales sean los acuerdos a que lleguen.


Allá él con sus resbalones. Mientras tanto, tratemos de aprender del paro cafetero. Entre quienes lo lideran, se mezclan humildes líderes campesinos con notables dirigentes gremiales y políticos paisas, caldenses y quindianos, que no se ruborizan ni se sienten menos que nadie a la hora de convocar una protesta civil, como si pasa entre la dirigencia gremial y política nortesantandereana, que ha recibido del gobierno nacional muchísimo menos que ellos. ¿Y no será que estamos en el instante preciso, ahora que la debilidad política de Santos y su afán de remontarla lo ablandan ante las exigencias de cafeteros, transportadores y todos quienes se sumen a una lista de demandantes que puede llegar a ser larga? ¿No será que estamos en el instante preciso para convocar una protesta cívica en Norte de Santander que le exija al Presidente cumplirnos su principal promesa de campaña: la creación del Puerto Libre de Cúcuta?


¿Seremos capaces de dejar pasar el momento preciso para hacerle saber a un Presidente que aspira a la reelección, que los cucuteños nos sentimos afrentados porque prometió algo que hasta el sol de hoy se mantiene como un engaño? En la última reforma tributaria, que data de hace pocos meses, no hizo el gobierno siquiera mención de la posibilidad del Puerto Libre de Cúcuta, para que al menos nos presentara como excusa de su incumplimiento una iniciativa derrotada durante su trámite en el Congreso.


¿Será que nuestra posición en la geografía nacional como punto de paso obligado no nos permite ejercer presión sobre el Gobierno, como antes lo hicimos para lograr que se corrieran los peajes?


Cúcuta atraviesa una crisis que tenderá a agravarse y que no tiene solución a la vista. Transformar su vocación productiva para crear industria que abastezca mercados distantes tomará muchos años, los mismos que tome construir dos autopistas que nos conecten con el interior del país. Entre tanto, la depresión arreciará y nuestras débiles instituciones locales no tienen como contenerla. Ni el departamento ni el municipio tienen como compensar la revaluación del Peso, ni la devaluación del Bolívar. El futuro de la pequeña minería del carbón, de industria de la arcilla, de la ganadería y de la agricultura del arroz no es nada claro. Ante ese panorama, la ciudad vera afianzar la informalidad, el contrabando y el narcotráfico. Esa es la dura y descarnada realidad, que en este momento solo es posible revertir mediante el cumplimiento de la fallida promesa presidencial.


Necesitamos un puerto libre para volver a ser lo que alguna vez fuimos. Que venga Santos y cumpla lo prometido. Los cucuteños tenemos la obligación de exigírselo.





Carta abierta

20 de febrero de 2013


Señores Ministro de Hacienda y Director Nacional de la Dian: Cuando el miércoles de la semana pasada los cucuteños fuimos informados de su honrosa y sorpresiva visita durante unas pocas horas del día martes, muchos recordamos con indignación y tristeza, mientras mirábamos las fotografías que los mostraban a Ustedes sorprendidos ante la magnitud del tráfico por los puentes de Ureña y San Antonio, que durante las pasadas elecciones presidenciales, ante una multitud reunida frente al palacio de gobierno departamental, Juan Manuel Santos, candidato en ese entonces a la Presidencia de la República, prometió hacer de Cúcuta un puerto libre abierto al comercio internacional.


La promesa de Santos no fue caprichosa. La hizo porque en ese momento quizá algún asesor le dijo que Cúcuta, junto con Los Patios, Villa del Rosario, Ureña y San Antonio, son municipios que hacen parte de una misma ciudad cruzada por la frontera entre Colombia y Venezuela, y que por consiguiente, el comercio entre uno y otro lado de la frontera ha sido cosa de toda la vida entre nosotros. Le dijeron también que aquí la vida se dificulta por la incomprensión de las condiciones propias del carácter binacional de nuestra ciudad, que han mostrado los gobiernos centrales de Colombia y Venezuela. Por eso para muchos de nosotros fue afrentoso verlos hablar de la necesidad de frenar el contrabando mientras presenciaban la romería de cucuteños y rosarienses cruzando los puentes, yendo y viniendo del trabajo, y llevando como es natural entre nosotros, artículos de un lado a otro de la frontera, mientras Ustedes los miraban como contrabandistas.


Suponemos que ya tomaron decisiones que harán aún más estrictos los controles de la DIAN y la Policía Nacional sobre el comercio fronterizo. Además, según Ustedes mismos nos advirtieron durante su visita a Cúcuta, el cuatro de marzo se reunirán en Caracas con las autoridades policivas y aduaneras de Venezuela para tratar de establecer “medidas del lado venezolano que nos ayuden a contener este tsunami de productos de Venezuela que está generando un efecto negativo sobre sectores empresariales en nuestro país”. Nosotros, los habitantes del área metropolitana binacional de Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios, San Antonio y Ureña, municipios que conformamos una misma ciudad, esperamos que esas medidas no hagan aún más gravosa y complicada la vida de esta urbe. Esperamos que el resultado de su visita en Caracas no sean medidas policivas que hagan más largas las filas para cruzar los puentes. Esperamos que los habitantes pobres de esta ciudad que cruzan la frontera para mitigar la pobreza, la escasez o la falta de trabajo, no sean esquilmados por la Guardia Nacional o la Policía Nacional con el pretexto de reprimir el contrabando, señalándolos de paso como delincuentes.


El contrabando entre Colombia y Venezuela sin duda representa un problema para la industria y la producción agropecuaria nacional, y si los gobiernos transcurridos desde 1990 la hubieran protegido con el mismo celo que Ustedes muestran hoy, nuestro país se habría ahorrado las consecuencias de la inequidad y la pobreza de tres décadas de apertura comercial llevada a cabo sin buen criterio. Pero el comercio binacional de pancoger, sea de gasolina o de cualquier otro género, que hacemos los cucuteños por los pasos fronterizos no debe ser controlado ni reprimido, ni debe tampoco preocuparles. Contrólenlo en las dos únicas vías que conectan a Cúcuta con Bucaramanga y el Cesar, por las que se movilizan miles de toneladas de comercio ilegal, fenómeno que Ustedes no presenciaron porque no estuvieron a medianoche ni de madrugada en las vías que salen hacia el interior de Colombia.


Ya el Presidente Santos nos incumplió una promesa y no le hemos enrostrado esa falta. Ojalá no sean Ustedes quienes nos obliguen a hacerlo.





Cómo tapar el hueco de Bavaria

13 de febrero de 2013


Hace una semana me referí a la buena nueva que nos trae el cumplimiento del fallo proferido por el Juzgado Tercero Administrativo y del Tribunal Superior de Norte de Santander sobre la Acción Popular desencadenante del sonado proceso del Parque Bavaria. El fallo ordenó reintegrar al Municipio el lote de la antigua fábrica para destinarlo al uso público, junto con dos mil millones embargados, ya depositados en las cuentas municipales.


Ahora la cuestión es cómo tapar el hueco, entregando a la ciudad un parque y equipamiento urbano del que acusamos sentida necesidad. Por lo que a mí respecta como cucuteño usuario del Centro y como ciudadano informado sobre el caso, nada mejor que retomar el proyecto original, que para la fecha de los hechos lamentables y dolosos que dieron lugar a la Acción Popular, ya tenía licencia de la Curaduría Urbana.


El proyecto fue fruto de una convocatoria nacional de diseño, ganada por la firma Blanco Arquitectos de Medellín en un concurso transparente y por esa razón muy excepcional en nuestro medio. Hacía parte del Plan Parcial del Centro, estrategia que supuso inversiones históricas de recuperación urbanística como el Centro Comercial a Cielo Abierto, el Parque Lineal, el Centro Comercial Las Mercedes y el Puente Atirantado, éste último generador de un nuevo eje vial a lo largo de la Avenida del Canal. El Parque Bavaria, según mi modesto criterio, cumplía no solo la función de dotar a Cúcuta de mobiliario urbano consistente en parque, auditorio, museo y sede de instituciones públicas, sino de gran lugar de estacionamiento (once mil metros cuadrados) para un futuro proyecto de peatonalización de la Calle 10 y su entorno, en lo que radica su estratégica importancia. Un lugar de estacionamiento distante apenas una cuadra de la Calle 10, sería el indispensable complemento del Centro Comercial a Cielo Abierto rematado con la peatonalización de esa Avenida hasta el Parque Santander.


El proyecto está disponible en los archivos municipales y en manos de quienes lo concibieron. Tiene la fortuna, ante los ojos de esta administración tan devota de los negocios, de ser susceptible de llevarse a cabo mediante una Alianza Público Privada con alguna respetable empresa constructora local o nacional, que invierta contra el usufructo del parqueadero y de la venta de los locales destinados a las instituciones públicas (Personería, Registraduría, Cámara de Comercio), vinculadas al proyecto inicial en la condición de compradores. A cambio del estacionamiento y los clientes institucionales, el constructor entregaría al Municipio un piso para el Museo, un auditorio y un parque, además de las oficinas públicas de las entidades clientes.


El encargo del alcalde a partir de este momento debería ser comprometer el presupuesto de 2014 de los antiguos clientes institucionales, misión que debería añadirse a la lista de tareas encomendadas a los congresistas reunidos el pasado sábado por la Cámara de Comercio.


A los educadores y artistas de la ciudad que necesitan el auditorio, a los promotores del Museo de Cúcuta que necesitan sede y a los vecinos del Centro que quieren el parque para la recuperación de sus alrededores y a la ciudadanía cucuteña le corresponde la misión de estar atentos al pronto desarrollo de lo que sería una valiosa contribución al progreso de Cúcuta.


Post Data: Aquí van algunas imágenes del proyecto inicial:












Al fin recuperamos el Parque

6 de febrero de 2013


La ciudadanía cucuteña, y de manera muy especial los habitantes del centro de la ciudad, estamos a punto de cantar victoria ante el inminente desenlace del caso del Parque Bavaria.


El Juez Tercero Administrativo y el Tribunal Administrativo de Norte de Santander ya habían dado la razón a Jorge Heriberto Moreno, el honorable y enérgico ciudadano que instauró la acción popular mediante la cual se impidió que el predio se utilizara para la construcción de un hotel, preservándolo para el uso público y logrando su reincorporación al patrimonio del Municipio después de haber caído en manos de la fracasada Corporación Parques de Cúcuta. Pero el fallo no se había cumplido porque un embargo pesaba sobre el lote, por cuenta de esa desafortunada Corporación cuyo único legado son deudas resultantes de su pésima gerencia. El Municipio tuvo que salir al rescate. Pagó la deuda que dio lugar al proceso ejecutivo, y ya por fortuna los demandantes solicitaron la finalización del mismo ante el Juzgado 5º Civil Municipal.


Ahora solo falta correr las escrituras de traspaso al Municipio -lo que no tardará en ocurrir según los compromisos acordados el pasado 29 de enero durante la reunión del comité de seguimiento de la sentencia- una vez se levanten las medidas cautelares de embargo y de registro de la acción popular en los folios de matrícula inmobiliaria. El Municipio recuperará dos predios, divididos por la calle 8ª, cuya área suma más de 11.000 metros cuadrados. Como además el 9 de enero recibió 2.040 millones que el Juzgado 3º Administrativo había embargado a la Corporación Parques de Cúcuta y que provienen del Impuesto de Valorización, el valor total de lo recuperado es superior a 20 mil millones.


Según la decisión del Juez, los lotes y el dinero solo podrán utilizarse para la construcción de un parque y de un edificio de uso público. También durante la reunión del 29 de enero se estableció un término de 6 meses para que el Municipio presente el proyecto que se ejecutará en el lote, y otro un poco más largo para dar apertura a la calle 8A entre avenidas 1ª y 2ª.


Queda visto cómo vale la pena acudir a la justicia cuando se constatan hechos de corrupción y se vulnera el interés público. Queda claro también que el ejercicio del control político desde corporaciones públicas como el Concejo Municipal puede rendir valiosos frutos a la ciudad.


Resta esperar que el Alcalde proceda con la mayor responsabilidad frente al encargo que las decisiones judiciales le encomendaron. Ahora que los lotes y el dinero están en sus manos, debe usarlos para llevar a cabo el proyecto original, resultado de un concurso nacional de diseño en el que la ciudad ya invirtió mucha plata. Ese diseño, que comprende un parque y un edificio de uso institucional con auditorio y sede para el Museo de Cúcuta, deben convertirse en una bandera de lucha para quienes reivindican la necesidad de espacios destinados a la cultura y la educación.


¿Y qué pasará con la Corporación Parques de Cúcuta? Habrá que liquidarla, y eso será otra discusión que se anuncia difícil, al punto que su gerente, a quien no conozco y nunca he visto cumpliendo con sus funciones, sostiene que el Municipio le adeuda cerca de 300 millones de salarios y cesantías. ¿Qué tal?





La Nueva Sexta en su decadencia

30 de enero de 2013


Cúcuta, pese a sumar casi un millón de habitantes, no ha tenido el primer alcalde que la dote de una política pública de abastos minoristas, un grave contrariedad de la que se desprenden otras, como el comercio minorista informal de artículos perecederos en la calle. ¿Si una ciudad tolera que se venda pescado en la calle, qué otra cosa no permitirá hacer o vender en la vía pública?


Apostándole a solucionar el problema por la vía fácil, que es usar la policía y nada más, Cúcuta ha afianzado el carácter informal del abastecimiento minorista. Hace siete años la alcaldía desalojó el antiguo Mercado de la Sexta para hacer un parque. En cuestión de pocos meses instaló en un punto situado al extremo norte de la ciudad, colindante con la central mayorista, a cientos de comerciantes minoristas que por décadas ejercían ese oficio. Cuando llegaron a lo que hoy es la Nueva Sexta, se encontraron botados en unas instalaciones todavía en obra negra, sin las adecuaciones necesarias para funcionar como plaza de mercado.


El Municipio se desentendió del problema. Le pasó el balón a Cenabastos S.A., una empresa constructora de economía mixta que debió hacer a toda prisa galpones para vendérselos a los antiguos inquilinos del viejo mercado, que suman más de mil pequeños establecimientos de comercio.

¿Qué pasó después? No es lo mismo ir al centro de la ciudad, antiguo lugar del mercado minorista, que a un sitio distante como la Nueva Sexta, cuyo emplazamiento habría sido bueno para la ciudad y los vendedores, si tuviéramos un Plan de Ordenamiento Territorial que se hiciera respetar. Como eso no ocurre, surgieron por doquier mercados minoristas de frutas y verduras con sus propios patios para descargar camiones, como si se tratara de bodegas mayoristas con punto de distribución al detal, pero ubicadas en el centro de la ciudad y en sus barrios residenciales.


Los comerciantes de la Nueva Sexta, lugar hoy semivacío, se quedaron con la deuda contraída con Cenabastos S.A., con un local en un galpón que nadie visita y que por consiguiente tiene insuficiente transporte público, con la amenaza de un desalojo por incumplimiento del crédito y con la necesidad de rebuscarse en la informalidad. ¡Vaya problema social al que el Municipio le dio la espalda! Y si vamos al Parque Lineal, construido en el antiguo mercado, veremos que tiene poca cara de parque. No conozco al primero que visite con la sana intención de dar un paseo. ¡Tanto esfuerzo para nada!


Así es como funcionan las ciudades donde no hay autoridad. No me refiero a la autoridad policiva, que sola no funciona, sino a la autoridad administrativa sustentada en el consenso ciudadano sobre las estrategias para solucionar sus principales problemas. El actual alcalde, que durante su campaña anduvo por la Nueva Sexta prometiendo hacer cumplir el POT y clausurar los puntos de expendio minorista en el centro, compromiso que firmó como era su práctica habitual en ese entonces, no ha hecho casi nada.


Quien haya visitado otra ciudad, y no es necesario ir tan lejos, sabe lo mucho que se gana teniendo una central de abastos minorista bien organizada. Las hay en ciudades muy pequeñas y muy grandes. Si aquí no la tenemos, no es por el contrabando, ni por culpa de los comerciantes minoristas, sino por culpa de nuestra administración municipal indiferente y sin brújula.


Post Data: Aquí encontrarán algunos interesantes documentos sobre política de abastos minoristas de otras ciudades, que pueden servirle de referencia a Cúcuta.


Informe del BID sobre políticas de mercados minoristas:



Reglamento de un mercado minorista en una pequeña ciudad española:






El oro letal del páramo

23 de enero de 2013


La semana antepasada, la Corporación Autónoma Regional de Santander, llamada en ese departamento Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), decidió crear el Parque Natural Regional del Páramo de Santurbán en 11 mil 700  hectáreas (una superficie muy inferior a las 42 mil que el Instituto Alexander von Humboldt recomendó proteger) colindantes con las 12 mil hectáreas del Parque de Sisavita en Norte de Santander, creado por Corponor en 2008. La decisión de ambas corporaciones autónomas ayuda a proteger la integridad del páramo por consiguiente, la provisión de agua no contaminada para Cúcuta y Bucaramanga.


Pero no nos confiemos. En este momento el Ministerio de Minas discute con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y la CDMB sobre la validez de los títulos mineros preexistentes a la declaratoria de la reserva natural, y ya los abogados de Eco Oro, nueva fachada de la empresa minera canadiense Greystar, dicen refiriéndose a sus títulos en las nuevas zonas de reserva, que “en la medida en que la compañía no pueda hacer uso de estos activos, buscará la debida y razonable forma de compensación”. En otras palabras, con la aparente anuencia del Ministerio de Minas, amenazan al Estado con una multimillonaria demanda si no les dejan explotar el oro letal del páramo.


El problema de la protección del agua y los bosques no acaba en el litigio con los dueños de títulos mineros. En el municipio de Arboledas, en las inmediaciones del Parque Natural de Sisavita, existen decenas de explotaciones auríferas ilegales que vierten cianuro y mercurio a las aguas del río La Ventana, que desemboca en el río Arboledas, y este a su vez en el Zulia. Las minas, ubicadas en socavones a las laderas del río, lavadas con agua a presión, ya provocaron el primer desastre en 2011, cuando un deslizamiento causado por una explosión de dinamita, represó varios kilómetros en la cuenca y provocó una avalancha devastadora. Es una historia difícil de creer, pero de ella dan cuenta los habitantes de Arboledas, y se constata muy bien a través del documental  “Arboledas en el Ojo del Huracán Minero”, disponible en Youtube.


Hay que reconocer los esfuerzos de Corponor y la Policía para controlar este problema gravísimo. Pero a estas alturas, además de los problemas de deforestación, la contaminación del Río Zulia con mercurio y cianuro es un asunto del que todavía no se discute mucho en Cúcuta, pese a que estamos a punto de construir un Acueducto Metropolitano abastecido por esas aguas.


Debemos hacer todo lo posible por evitar la explotación legal o ilegal de oro en Norte de Santander, porque ninguna regalía es capaz de mitigar el daño ambiental que causa ese tipo de minería. El caso es especialmente grave con la minería ilegal, por lo que las autoridades deben combatirla con todo el empeño posible. Detrás de ella están no solo los desastres ambientales que comenzamos a registrar, sino la criminalidad organizada. Ese oro ilegal es comprado por lavadores de activos, dueños de minas improductivas que le otorgan legalidad al producto ante Ingeominas y el Banco de la República, que lo compra y lo deja instantáneamente blanqueado. Un negocio que no me preocuparía tanto si no envenenara el agua de Cúcuta y deforestara nuestros bosques.





La revocatoria

9 de enero de 2013


Los partidarios de revocar al alcalde Gustavo Petro están en suspenso ante la decisión que muy pronto tomará la Corte Constitucional sobre el Proyecto de Ley 133 de 2011, que por tener el carácter de Ley Estatutaria solo entrará en vigencia después de superar el control de constitucionalidad, a pesar de haber sido aprobada ya por ambas cámaras del Congreso.


Esta Ley busca reforzar los mecanismos de participación democrática, y en lo tocante a la revocatoria del mandato a quienes ocupen cargos de elección popular uninominales, atenúa las exigencias que hoy hacen imposible aplicar este instrumento legal. En otras palabras, aunque hoy la Ley 132 de 1994 dice que un alcalde puede ser revocado si defrauda las expectativas de sus electores, la realidad es que ni uno solo en el país se ha ido por cuenta de este mecanismo de control ciudadano, que es pura letra muerta.


Si la Corte Constitucional no objeta los artículos de la nueva Ley 133 de 2011 que versan sobre la revocatoria del mandato, más de un alcalde malo va a temblar, y no solo en Bogotá. Puede que también en nuestra comarca, en donde este recurso podría aplicarse con mucha más justicia.


Dice la nueva Ley que estudia la Corte: “Para presentar una revocatoria de mandato, se requiere del apoyo de un número de ciudadanos que haga parte del censo electoral departamental, municipal o distrital de no menos del treinta por ciento (30%) de los votos obtenidos por el elegido”. Eso es es diez por ciento menos que lo exigido en la Ley 132 de 1994, hoy vigente. Además, “en la revocatoria del mandato el pronunciamiento popular deberá ser por la mitad más uno de los votos ciudadanos que participen en la convocatoria, siempre que el número de sufragios no sea inferior al cuarenta por ciento de la votación total válida registrada el día en que se eligió al respectivo mandatario”, lo cual es quince por ciento menos que lo requerido por la citada norma vigente.


La ciudad ya vivió una frustrante experiencia con el intento de revocar la administración anterior, un empeño que no se justificó ante la ciudadanía de la manera adecuada y que se enfrentó al adverso escenario de la improvisación común a todos los primeros intentos. Además ¡quién los creyera!, vista desde la distancia y contrastada con la presente, la alcaldía pasada no luce como la peor.


Lo importante, si acaso un proceso de revocatoria del mandato llegara a iniciarse en Cúcuta al amparo de una legislación nueva, es que surja como lo que la Ley manda, es decir, como un mecanismo de participación ciudadana y de control social sobre el ejercicio administrativo de un alcalde. Si acaso se invitara a los cucuteños a revocar a su mandatario, previamente debería darse una discusión seria, tranquila y realista sobre lo que la ciudad realmente es capaz de hacer en materia de vivienda, transporte y espacio público, que son los ámbitos en los que la Ley de veras faculta a los municipios para obrar con alguna autonomía. Esa discusión debe darse teniendo en una mano el presupuesto y en la otra la voluntad de los actores políticos y sociales de la ciudad. Mejor dicho, el Plan de Desarrollo que nunca hemos tenido.


Esperemos a ver que dice la Corte. Mientras tanto, no está demás hacer cuentas y poner a secar la pólvora.