Gasolina y bandas criminales
2/1/13


Dijo el alcalde hace un par de días que quienes le compran gasolina a los pimpineros apoyan las bandas criminales. Si eso es cierto, no habrá más remedio que seguir apoyándolas, porque aun quienes intentamos comprar gasolina en estaciones de servicio legales, muchas veces nos hemos visto obligados a “pimpinear”. El que diga lo contrario, no vive en Cúcuta.

Si bien es cierto que en los últimos días los daños en la vía entre El Vigía y Ureña interrumpieron el suministro de la gasolina venezolana que llega a las estaciones de servicio cucuteñas gracias al convenio entre Ecopetrol y Pdvsa, el desabastecimiento de combustible legal es un mal crónico en Norte de Santander desde que el convenio de importación comenzó a funcionar.

El 20 de diciembre pasado, este diario publicó una carta suscrita por los representantes del transporte público colectivo cucuteño, en donde afirman lo que todo el mundo sospecha: “el suministro de combustibles  (ACPM – gasolina), por su precio importado y preferencial en la zona de frontera, se está fugando hacia otras regiones del país desde hace mucho tiempo”. Entonces no es una casualidad que la prensa de Bucaramanga publique noticias sobre la crisis de las estaciones de servicio de esa ciudad. Según el presidente de Fendipetróleos Santander, en ese departamento se comercializa un millón doscientos mil galones mensuales de gasolina de contrabando provenientes de Venezuela, lo que tiene casi a punto de cerrar a sesenta estaciones de servicio instaladas en la vía entre Bucaramanga y Aguachica, ruta principal de la gasolina que llega por Ocaña desde la frontera. (Vanguardia, noviembre 8 de 2012). ¿De dónde saldrá tanta gasolina?

Aunque el cupo del convenio entre Ecopetrol y Pdvsa es insuficiente y es preciso aumentarlo, tambièn es cierto que las autoridades municipales y departamentales no están prestando la atención debida a la comercialización de la gasolina venezolana legal. Si los pimpineros existen, es porque las estaciones de servicio no ofrecen suficiente combustible para abastecer la ciudad. Aunque no hay pruebas para afirmarlo con certeza, muchos creemos que buena parte de la gasolina que entrega Pdvsa se está comercializando como contrabando fuera de Norte de Santander.

En lugar de hacer incriminaciones injustas que afectan el eslabón más débil de la cadena del contrabando, afirmando que quien le compra a los pimpineros apoya a las bacrim, lo cual es un afrentoso señalamiento a los pimpineros y a los cucuteños, lo que debe hacer el alcalde, en el legítimo ejercicio de las facultades policivas que la Ley le otorga, es establecer una severa auditoría a la comercialización de la gasolina importada, labor en la cual debe recibir el apoyo del Resguardo de Rentas Departamental. Así protegerá el bolsillo de los cucuteños y de paso, quizá multiplique el recaudo por sobretasa a la gasolina.

No hay que buscar el ahogado aguas arriba. El problema no son los pimpineros ni los cucuteños que les compran gasolina. El problema es la administración pública que no hace su trabajo.


El aseo en Bogotá y en Cúcuta
20 de diciembre de 2012

Tenemos mucho que aprender sobre lo que está pasando en Bogotá con el servicio público domiciliario de aseo. Allá, igual que en Cúcuta, el Distrito creó Áreas de Servicio Exclusivo y las concesionó a cada una de las empresas privadas responsables de prestar el servicio. En Cúcuta se crearon dos. Una al occidente del Canal Bogotá, para Proactiva, y otra al oriente, para Aseo Urbano. En ambas ciudades expiró el término de las concesiones -en nuestro caso en 2008- y las empresas continuaron operando en condiciones de libre competencia, aunque ceñidas a las antiguas ASE, en parte por sanas razones prácticas, pero también en medio de un tácito acuerdo oligopólico para repartirse el mercado e interpretar las normas de la Comisión de Regulación de Agua y Saneamiento para fijar las tarifas. 

El Alcalde de Bogotá decidió barajar de nuevo el negocio de las basuras estableciendo nuevas Áreas de Servicio Exclusivo para entregarlas mediante licitación pública, para lo cual desde hace meses solicitó el visto bueno de las entidades reguladoras. Según afirma el Distrito, las condiciones de los nuevos pliegos supondrían una reducción en la tarifa mayor a 20%, entre otras cosas, porque una sentencia de la Corte Constitucional obliga a que empresas creadas por recicladores que hoy trabajan en la informalidad, deben ser llamadas a participar del negocio, y la reutilización de los desechos atenuará el costo del servicio.

Como la luz verde que esperaba el gobierno distrital no llegó, al parecer debido a estrategias dilatorias de los abogados de las poderosas empresas actuales, el Alcalde decidió que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá asumiera la prestación del servicio a partir del día de ayer. De ahora en adelante, y a pesar de la posición adversa de la Superintendencia de Servicios Públicos, solamente los carros recolectores de la EAAB podrán entrar al relleno sanitario. Es una apuesta llena de temeridad, en la que Petro se juega el todo por el todo. Si la EAAB fracasa, va a ser más difícil rescatar la popularidad del Alcalde de Bogotá que la del Alcalde de Cúcuta.

Podrá haber imprudencia y oportunismo en la decisión de Petro. Le está dando papaya al Procurador y a los abogados de William Velez y Alberto Ríos, cacaos del negocio de las basuras en Colombia. Pero debe abonársele que asumió de frente una situación que en Cúcuta ni siquiera hemos comenzado a discutir.

Llevamos cuatro años sin contrato ni reglas de juego claras entre Aseo Urbano, Proactiva y el Municipio, lo que les otorga a estas empresas una posición de ventaja aun mayor ante la ciudadanía. No hay interventoría ni veedurías serias que vigilen su funcionamiento y extraña mucho que a estas alturas, ni la administración municipal pasada ni la actual hayan dicho nada sobre el tema. ¿Por qué será?

Sería bueno que se asumiera juiciosamente la tarea de revisar los costos de operación del servicio de aseo en Cúcuta y el rigor con que se cumplen las normas de la Comisión de Regulación de Agua y Saneamiento, para poder pronunciarse sobre si conviene replantear el negocio del servicio público de aseo en la ciudad o es mejor dejarlo seguir como está. Quien debe pronunciarse sobre este asunto es la E.I.S., porque ese tipo de estudios son costosos y requieren conocimientos especializados. Pero si el Municipio no dice nada, la ciudadanía debe asumir la obligación de tomar la palabra.


¿Qué es una APP?
12 de diciembre de 2012

A los colombianos que no somos concesionarios de nada no nos ha ido bien con esa modalidad de contrato estatal que le ha hecho perder al país mucho dinero al pactar contratos desventajosos con firmas especializadas en demandar. No es falso, como lo dicen muchos, que en las grandes empresas contratistas de obras públicas y concesionarias de servicios públicos no se encuentren los mejores ingenieros del país pero sí los mejores abogados, dedicados a mejorar la posición de ventaja de sus clientes frente al Estado concedente, apoderado en cambio por abogados mal pagados y fácilmente corruptibles.

Además, ciudades como Cúcuta están plagadas de micro concesiones. Hasta los parques y los andenes tienen dueño y muchos vendedores informales le pagan a alguien que puede ser concesionario de un parque dizque para cuidarlo. Todo está concesionado, el alumbrado público, la recolección de basuras, el acueducto, el relleno sanitario, los peajes y la construcción de vías, el aeropuerto, los megacolegios y a veces hasta las casetas de los colegios.

Muchos dueños de concesiones eran personas sin dinero que ahora son millonarias. Es lo que popularmente se llama “hacer negocios con la cédula”. La pura administración de los derechos de concesión, sea el cobro de un peaje o la facturación de un bien público, da para invertir algo y embolsillarse el resto, haciéndose rico en un santiamén. Y cualquier pretexto para demandar al Estado fructifica porque la Justicia, por razones fáciles de imaginar, tiende a ser benévola frente a los que ya han hecho dinero.

Ante esa situación, el Estado colombiano decidió cambiar las reglas de juego. En enero de este año expidió la Ley 1508 que rebautizó las concesiones con el nombre de Alianzas Público Privadas. El espíritu que anima esta Ley es que no sigan llegando personas “con la cédula” a concesionar derechos de explotación sobre bienes públicos ya existentes, sino grandes capitales y fondos de inversión. En otras palabras, ya nadie puede llegar a cobrar peaje sobre vías viejas, como hizo San Simón S.A. Ahora, primero hay que construir la vía con dinero propio y después sí se puede instalar la caseta de cobro. Las APP pretenden que los grandes capitales nacionales y foráneos se reinviertan en la construcción de infraestructura y servicios públicos. Pero repito, dice la Ley 1508 de 2012 que antes de cobrar el peaje se tiene que hacer una carretera nueva.

Por estos días se está hablando en Cúcuta de una APP para concesionar la Secretaría de Tránsito. Ojalá que los abogados del Municipio puedan entender que las APP se idearon para dotar a Colombia y sus ciudades de infraestructura, y solo quienes puedan construirla tienen derecho a explotarla. Aquí en cambio, en la alcaldía andan diciendo que las APP permiten entregar en concesión la operación de la Secretaría de Tránsito junto con sus funciones administrativas y sus rentas producto de multas, tasas y sanciones, como en el tiempo de las viejas concesiones. Además, piensan que pueden englobar en un solo contrato todas las demás concesiones que tiene y podría tener la Secretaría, como parqueaderos, grúas, zonas azules, expedición de licencias y comparendos girados por cámaras de video. Y todo por veinte años.

Quizá hoy, a las carreras, el alcalde pretenda que el Concejo Municipal apruebe una autorización in abstracto que le permita hacer semejante negocio. Si lo logra, el Parque Bavaria será un juego de niños al lado de este nuevo negocio.