INFORMALIDAD Y PROPIEDAD DE LA TIERRA

Las cifras que hablan de informalidad miden la población empleada que no hace aportes al sistema de seguridad social. En nuestro caso, el desempleo es 18%, el segundo más alto después de Quibdó. Eso significa que 82% de la población económicamente activa está empleada. 72% de esos empleados no hacen aportes al sistema de seguridad social, luego se clasifican como trabajadores informales y son el grupo de mayor tamaño porcentual entre las principales ciudades colombianas.

Intentemos explicarnos el origen de esa cifra en Cúcuta. Para un planificador urbano la informalidad que el Dane asume como una variable macroeconómica, más parece una consecuencia de las condiciones de vida que imponen las ciudades y de la capacidad que tiene el Estado en su nivel municipal para ofrecer servicios esenciales. A tal punto es eso cierto, que hace un par de décadas un famoso economista peruano, Fernando de Soto, planteaba que una causa esencial de la pobreza y la informalidad era la incapacidad del Estado para reconocer la condición de propietarios a quienes se bastan con ser meros poseedores. Como en Cúcuta eso sí que es cierto, examinemos esa hipótesis, sin descartar otras que veremos luego, referidas a la provisión de servicios esenciales como educación y movilidad.

Casi la mitad de los predios de Cúcuta no tienen título de propiedad. Sus habitantes son a lo sumo dueños de las mejoras y están por esa razón marginados del mercado inmobiliario y del acceso al crédito formal, lo que es reconocido por todos los expertos en desarrollo local como uno de los principales obstáculos de la iniciativa empresarial que permite superar la informalidad. El crédito bancario es costoso, pero nunca tanto como el “paga-diario”.

Una cantidad inimaginable de cucuteños, especialmente de las comunas 6, 7 y 8, no tienen títulos. Aunque reconozco el esfuerzo del Municipio a través de Metrovivienda por titular los baldíos municipales hoy urbanizados, debo denunciar su cómplice omisión frente a unas cuantas mafias dedicadas al negocio de la titulación de tierras sobre las cuales sus ocupantes hace mucho que tienen derecho a la propiedad por prescripción adquisitiva, derecho que han debido reclamar judicialmente con el apoyo del Municipio de Cúcuta. Extrañamente pasa un alcalde tras otro sin dejar de tolerar un negocio que es tal vez de los más rentables de la ciudad, merced al cual muy pocos se hacen ricos a costa de miles que pagan hasta veinte mil pesos el metro cuadrado por tierras que llevan ocupando a veces hasta por cuarenta años.

Si algo es importante hacer para combatir la informalidad en Cúcuta es crear una dependencia dentro de Metrovivienda dedicada a otorgar asistencia jurídica a las Juntas de Acción Comunal para que inicien masivamente procesos de pertenencia en favor de los miles de poseedores de viviendas que tienen ganado ese derecho por prescripción adquisitiva de dominio, respecto a los cuales el Municipio de Cúcuta ha sido infinitamente indolente.

Lo primero que hay que hacer para informalizar a una persona es negarle un título de propiedad al que tiene derecho, y que el sistema judicial le reconocería si supiera cómo reclamarlo. Esa es una responsabilidad que dentro de poco el Municipio de Cúcuta tendrá que asumir para librarse de la sospecha de ser cómplice por omisión de un negocio basado en aprovechar la incapacidad de defensa judicial de los más pobres.

09/10/13

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