BIENVENIDAS LAS CONCESIONES, SÍ SON BUENAS

No hay quien discuta que apremia hacer funcionar los semáforos. No me disgusta que lo haga una empresa privada si la evidencia me obliga a admitir que la Secretaría de Tránsito está llena de politiqueros incompetentes para asumir esa responsabilidad. No me disgusta que la solución consista en otorgar una concesión sobre alguna renta municipal, si ese es el precio de la prestación eficiente del servicio de semáforos.

Lo malo del proceso de concesión de la red de semáforos y de las videocámaras que serán instaladas para librar comparendos a infractores, es que de no haber sido por mi reciente insistencia en el asunto, insistencia no debida a ninguna propensión a incomodar al Señor Alcalde y sus secretarios, sino a mi obligación constitucional de seguirles los pasos, nada se estaría diciendo en la ciudad sobre un proceso que avanza más rápido de lo que pensaba.

Creo que se está utilizando caprichosamente la Ley 1508 de 2012 o Ley de Asociaciones Público Privadas, para menoscabar la obligatoria publicidad que debe darse a los procesos de contratación estatal. Les daré un crudo ejemplo que me lleva a pensar así: hasta hace muy poco, si bien podía saberse que un negocio de concesión estaba “amarrado” con un proponente, no dejaba de ser completamente pública la convocatoria, sus pliegos y los términos generales del contrato en lo tocante a su cuantía, duración y funciones o servicios concesionados. Ahora parece que sirviéndose de la Ley de Asociaciones Público Privadas, se intentan disimular concesiones que maduran a la sombra, y cuando aparecen a la luz pública, están apenas a unas pocas semanas de su firma.

El alcalde dijo anteayer que está por concesionar la instalación de semáforos y cámaras. Dijo que el proceso está muy adelantado. Que desde hace nueve meses está avanzando. El Secretario de Tránsito se aventuró hace dos meses a afirmar que terminándose el año estaría lista esa APP. Aquella vez habló de 9.500 millones. Según se les entiende, ellos saben muy bien de qué están hablando. Sin embargo, la ciudadanía, los medios de comunicación, y todos quienes somos ajenos al círculo íntimo del alcalde, nada conocemos de un proceso que ya va tan adelantado y que seguramente compromete rentas públicas.

Los cucuteños no nos opondríamos a una APP de servicios o funciones de la Secretaría de Tránsito con una firma seria, responsable y solvente. Pero eso no nos obliga a aceptar que se convenga casi a escondidas un contrato de concesión multimillonario que podría extenderse hasta por veinte años, sin que sepamos qué se va a hacer, qué se va a entregar, a cambio de qué, y a quiénes.

Le exijo a la Administración Municipal dar a conocer inmediatamente todos los detalles de la propuesta de APP de la que habla el Acalde y su Secretario de Tránsito. A eso los obliga la Ley y el decreto reglamentario de las APP.

¿De qué tratará la APP? ¿Será solo para semaforización? ¿Cómo se recuperará la inversión privada?, ¿Acaso con tarifas de parqueaderos? ¿Acaso con multas o derechos de licencias o matrículas? Nadie hasta ahora lo sabe. El Alcalde y el Secretario de Tránsito están obligados a explicarlo y a darle transparencia a este proceso que parece estar desarrollarse a escondidas.

30/10/13

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