RASPANDO LA OLLA (II): EL ALUMBRADO PÚBLICO

Corrían los años noventa y los contratos de concesión de servicios públicos estaban de moda. El alumbrado público, servicio bastante más fácil de prestar que el acueducto y sobre todo muy fácil de cobrar, fue el primero que entregamos en concesión los cucuteños.

En 1998 el Municipio de Cúcuta firmó un contrato por veinte años con Diselecsa Ltda., firma a la que también tocaron en suerte las concesiones de alumbrado público en Barranquilla (1996) y Neiva (1998). Para esas dos ciudades, el contrato con Diselecsa ha sido una pesadilla. Fuad Char, alcalde de Barranquilla, declaró la caducidad unilateral del negocio con Diselecsa en 2008 por considerarlo sumamente oneroso para el Distrito. Neiva, por razones parecidas, casó un litigio multimillonario con Diselecsa ante el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá, que condenó a esa empresa mediante un laudo, cuya anulación en la Sección Tercera del Consejo de Estado, junto con el caso de Barranquilla, dio mucho de qué hablar a la prensa nacional sobre la presunta corrupción de la Rama Judicial a la hora de fallar negocios entre empresarios de las concesiones y las entidades territoriales.

En Cúcuta el contrato con Diselecsa no ha sido revisado con la profundidad suficiente, ni tampoco cuestionado como sí en las ciudades mencionadas. Suscrito hace dieciséis años y a cuatro de caducar, la sola sospecha que despierta su similitud con el de Neiva y Barranquilla debería por sí sola ser argumento suficiente para emprender su cuidadosa revisión, y liquidarlo a su término en 2017 sin que el Municipio pierda más dinero del que ya el contrato le ha podido costar.

En lugar de eso, mediante el Proyecto de Acuerdo 047 presentado en este mes por la Administración Municipal, lo que se quiere es darle diez años más de vida, con el cuestionable argumento de que solo así se puede compensar el costo de instalar en Cúcuta la tecnología de iluminación LED, de la que existen pocas experiencias en el país.

El Impuesto de Alumbrado Público que pagamos todos los usuarios de CENS o de cualquier otra empresa que venda energía eléctrica, es según nuestro Estatuto Tributario el 13% del valor del servicio, bastante más que el promedio nacional. Suma más o menos 25 mil millones de pesos anuales y permite al concesionario una utilidad de 8%. Multipliquen por diez años.

No me opondría a la idea de permitirle a Cúcuta cambiar su sistema de alumbrado de lámparas de sodio por tecnología LED, si no fuera porque esa posibilidad, tal como nos la plantea el alcalde, está sujeta a la prórroga de una concesión a la que sería mejor permitirle caducar en 2017 para evaluarla a la luz de las críticas que el desempeño de esa misma empresa concesionaria ha tenido en otras ciudades colombianas. Tampoco es sensato negarnos a la posibilidad de que al cabo de cuatro años, oigamos otras ofertas de empresas prestadoras del servicio de alumbrado público que quizá mejoren las condiciones de Diselecsa.

Parece que a estas alturas, el Concejo Municipal ha descubierto ya muchas razones que muestran la inconveniencia prorrogar por otra década la concesión de alumbrado público. Sin embargo, la fallida iniciativa del alcalde es otro indicio del apremio por raspar la olla, si acaso el Consejo de Estado decide su pronta salida.

25/9/13

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