INFORMALIDAD Y PODER MUNICIPAL

Hay cifras que de tanto en tanto oímos no sin escalofriarnos cada vez, y en mi caso, no sin preguntarme de nuevo qué estrategias administrativas debería usar un alcalde para enfrentar la realidad que muestran.


Me refiero a los datos que hace algunas semanas nos hicieron campeones de la informalidad en Colombia. Nada menos que 72%. El problema no es solamente nuestro. Los dos principales centros industriales del país, Bogotá y Medellín, tienen 44% y 48% de empleo informal. Por eso la reflexión sobre la manera de gobernar en medio de esa circunstancia se convierte en una reflexión sobre la administración pública colombiana.

En aspectos claves de la vida social, la informalidad nos pone a todos “al margen de la Ley”, y los cucuteños sí que sabemos de eso. Una parte tan grande de la economía en condiciones de informalidad supone la apertura de escenarios enormes a muchas clases de actores para-estatales. Si en nuestra ciudad pululan las “bacrim”, en buena medida se debe a que el Derecho Civil no regula las transacciones entre los actores económicos locales, puesto que son mayoritariamente informales. Donde el Estado no llega con sus jueces, y los abogados no tienen clientes para defender sus derechos de propiedad y hacer exigibles las obligaciones, alguien aparece para reemplazarlos.

Imagínense ustedes a un alcalde de Cúcuta tratando de imponer la Ley y el orden en una ciudad donde solo están estrictamente sometidos al orden legal 28% de sus habitantes. ¿Será que no es indispensable para desempeñar esa tarea tan compleja, un liderazgo que descanse también en la capacidad de generar consenso y poner de acuerdo a las personas sin necesidad de exhibir esa altanería que solo sirve para menoscabar la legitimidad indispensable para de veras ser respetado?

Si bien el hecho de ser informal, y por consiguiente estar al margen de obligaciones legales en materia laboral, impositiva y mercantil, a nadie pone a resguardo de la autoridad policiva del Municipio, ni impide involucrarse en trámites, obligaciones y beneficios de la administración pública, sí establece una condición especial que altera la relación con el Estado. Si no, que lo digan los funcionarios que lidian cotidianamente con parte de ese 72% de nuestra economía, expresada por sus actores emblemáticos: transportadores piratas, vendedores ambulantes y pimpineros. Aquí la pura autoridad legal se queda corta y se necesita liderazgo social y político, cuya carencia no se disimula con soberbia y gritería. Prueba de que eso no funciona, son los andenes llenos de vendedores ambulantes, a pesar de todo el bolillo repartido.

La solución existe y se ha probado en muchas otras partes. Se necesita apenas un poco de garrote, pero mucho más se necesita la zanahoria y mucho más aun la capacidad de diálogo y concertación con ese 72% de trabajadores que además de ser informales, mayoritariamente hacen parte de la población pobre, respecto a la cual el Estado tiene compromisos de garante y providente.

Y lo más importante, se necesita poner de acuerdo a los actores económicos formales, a las universidades, al Sena, a la Gobernación y al Municipio, en torno al desarrollo de las cadenas productivas sobre-diagnosticadas por decenas de estudios y consultorías, respecto a las cuales ninguna administración municipal ha asumido seriamente una política pública de generación de empleo y solo se ven esfuerzos aislados de entidades como la Cámara de Comercio y el Sena.

En cuentas resumidas, mucha zanahoria, un garrote grande no para usar sino para mostrar, y liderazgo medido en capacidad de concertación y no en gritería.

Post Data: Mi solicitud a la Corte Constitucional de decretar provisionalmente la suspensión del acuerdo de pago que ésta administración municipal firmó con Proactiva, y por cuenta del cual ya el Municipio le entregó a esa empresa más de nueve mil millones de pesos cuando aún está pendiente una instancia judicial que podría anular el laudo, fue respondida por el Alcalde descalificándome, dizque por no denunciar el caso durante la administración pasada. Pura bulla. Hasta debate en el Concejo se hizo, y de la denuncia que en su momento se produjo dan cuenta dos columnas que publiqué en este mismo espacio en diciembre de 2010, que encuentran consignadas en mi blog.

13/8/13

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