MONITOREAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Los 37 mil millones de utilidades netas de CENS en 2012, que nunca vimos antes que fuera vendida, se explican porque el Municipio de Medellín, dueño de EPM y por consiguiente dueño también de CENS, depende de EPM para generar la cuarta parte de su presupuesto anual. 

Ese presupuesto suma 4 billones, de los cuales casi un billón son transferencias de EPM, mayores que la suma del impuesto de industria y comercio y el impuesto predial del Municipio de Medellín. Esa enorme cantidad de rentas propias invertidas anualmente por Medellín en infraestructura, educación y salud, dependen tanto EPM que esa ciudad, en su condición de dueña del grupo empresarial, le exige a sus gerentes incrementar las utilidades cueste lo que cueste.

Envidiable ser dueño de una empresa así y lamentable no serlo, no solo por privarse de semejantes utilidades sino por quedar sometido a criterios administrativos que obran en favor de los dueños más que de nosotros los clientes. Además, los ministerios, las superintendencias y las comisiones de regulación en servicios públicos desde hace años regulan el mercado en favor de las empresas. 

Es el modelo de nuestra economía heredado de los años 90. Por ejemplo, el caso de CENS y sus enormes utilidades que paran en Medellín, en buena parte se explica por los incrementos tarifarios autorizados por el Ministerio de Minas y Energía. También por las decisiones de las CRE que cargan a los municipios y a la Nación el costo de los programas de electrificación rural y extensión de redes en zonas subnormales que antes asumía CENS, cuyas utilidades crecen al amparo de decisiones regulatorias buenas para las E.S.P. (Empresas de Servicios Públicos) pero malas para quienes no somos dueños de ellas.

Los gobiernos locales que como los nuestros, no son dueños de E.S.P., tienen el deber, no obligado por la Ley sino por un obvio sentido de responsabilidad social, de monitorear los costos tarifarios y la calidad de los servicios públicos prestados en sus jurisdicciones. No podemos estar a merced de grandes conglomerados empresariales como EPM que solo piensan en Medellín, así por lo pronto CENS ofrezca tarifas y servicios a precios todavía razonables.No sobra que el Departamento establezca una dependencia que podría bautizarse “Unidad de Monitoreo Tarifario de Empresas de Servicios Públicos”, en donde además de vigilar las tarifas, se ofrezca asesoría y apoyo a usuarios no regulados como condominios y grandes empresas en la negociación de energía en bloque a costos inferiores a los cobrados por CENS. 

También es importante capacitar a los vocales de control y líderes comunitarios que canalizan las quejas y los reclamos de la ciudadanía ante las E.S.P.Muchas veces he oído decir a los gerentes de las E.S.P. locales de agua y energía que sus tarifas se encuentran entre las más bajas del país, pero son muchas más las veces que he visto a los cucuteños, sobre todo últimamente, trabajar para pagar, en primer término, los recibos de agua, energía e impuesto predial. Estoy casi seguro que más de la mitad de las familias de estrato uno que cobran subsidios del programa Familias en Acción los utilizan para pagar el agua y la luz. 

En otras palabras: si hay algo que nuestros gobernantes locales deben hacer, aquí que no tenemos la condición de dueños sino de clientes de E.S.P., es protegernos de los posibles abusos de nuestros poderosos proveedores de servicios públicos que pueden abusar al amparo unas políticas regulatorias propicias para ellos y lesivas para nosotros.

10/4/13

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