FALLO JUSTO

No me refiero al fallo del que más se habla en Cúcuta en las últimas semanas, donde el Tribunal Administrativo de Norte de Santander dirime en primera instancia una Acción de Nulidad Electoral con razones rebuscadas, sino al fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya sobre la delimitación marítima con Nicaragua.

La justicia del fallo no significa que deba agradarnos, ni que como colombianos nos convenga, pero sí nos obliga moralmente a aceptarlo. Por eso será que los países poderosos prefieren no acatar jurisdicciones supranacionales como las de la Corte Internacional de Justicia. Precisamente para hacer valer su condición de potencias e imponer un derecho más favorable a su conveniencia particular, así sea injusto. Colombia, mucho más fuerte que Nicaragua, hubiera podido rechazar la jurisdicción de la CIJ apuntalándose en el tratado firmado con ese país en 1928. Venezuela hizo lo mismo ante nuestra propuesta de dirimir en la CIJ el diferendo sobre las aguas del Golfo, y esgrimió como título, ni siquiera un tratado, sino una simple nota de la Cancillería colombiana reconociendo la soberanía venezolana sobre Los Monjes, unas piedras que no llegan a ser islas y no generan mar territorial.

Venezuela solo acepta una negociación bilateral porque considera que tiene como ganar, y que en su favor está el ejercicio continuo de soberanía sobre aguas del Golfo de Venezuela transitadas diariamente por los barcos que entran y salen de Maracaibo. Colombia ha debido plantear lo mismo a Nicaragua. En cambio, Pastrana aceptó la jurisdicción de la CIJ para no asumir el costo político de una negociación bilateral en la que había que ceder un poco.

La delimitación por el meridiano 82 es tan próxima a las costas nicaragüenses y tan distante de las costas continentales colombianas, que la presencia de la isla de San Andrés y su archipiélago no son suficientes para que, en los términos del derecho internacional, se alcance a extender la soberanía sobre esas aguas tanto como para justificar el meridiano 82 como frontera marítima. En otras palabras, si Colombia aceptaba negociar bilateralmente, de todas maneras perdía un poco. Y aunque nuestra capacidad negociadora hubiera conseguido que la pérdida no fuera tan grande como la que nos impuso la CIJ, Pastrana no tuvo el coraje de asumir el costo político de ceder algo. Prefirió lavarse las manos y entregarle la decisión a una entidad como la CIJ, a sabiendas de que el fallo sería más costoso, pero llegaría mucho tiempo después y lo tendría que asumir otro gobierno, tal como pasó. Se produjo entonces un fallo justo pero costoso e inconveniente, lo cual en su momento no le importó a Pastrana con tal que fuera otro gobierno el que llevara del bulto.

La posición del gobierno actual no puede ser sino acatar una decisión supranacional que vincula al país mediante un tratado. Desconocerlo sería tanto como desconocer un Tratado de Libre Comercio o cualquier otro que establezca obligaciones legales entre países. En cambio, retirarse del tratado sin desconocer el fallo, lo que surte efectos futuros, sienta un precedente útil para las negociaciones de paz entre el Gobierno, las Farc y el Eln. No tardará en plantearse en esa mesa algún recurso para poner a salvo de la Corte Penal Internacional a guerrilleros perpetradores de crímenes de lesa humanidad. Si podemos renunciar a la jurisdicción de la CIJ, también se podrá de la CPI, lo cual vale la pena si favorece la paz entre los colombianos.

Sentencia CIJ de noviembre 19 de 2012 sobre el Diferendo Territorial y Marítimo entre Colombia y Nicaragua