OTRA VEZ SE HABLA DE PAZ

Otra vez se habla de alcanzar la paz mediante la negociación. La prensa ha informado de contactos preliminares entre voceros del gobierno y la guerrilla que quizá conduzcan a la mesa de diálogo si todo sale bien.

Más que en otras partes, en Norte de Santander necesitamos ver pronto el fin de la ruina que trae consigo el conflicto militar y social colombiano, porque nos ha tocado soportar por años todo su peso. Como desde la década de los cuarenta hasta hoy nuestra región ha escenificado todas las facetas de la violencia nacional -la violencia entre liberales y conservadores, la fuerte presencia de la guerrilla en el Catatumbo, el narcotráfico, el paramilitarismo y ahora las bandas criminales-, hablar entre nosotros de negociar la paz o de insistir en la guerra, es tan sensible y por ello tan complicado, que debemos estar prevenidos ante quienes querrán aprovechar esa sensibilidad para convertirnos en idiotas útiles del intento por hacer de ese tema una bandera de campaña política.

Ahora que podemos mirar el gobierno de Álvaro Uribe con la serenidad y los mayores elementos de juicio que permite el paso del tiempo, es posible entender mejor cómo funcionó, y cómo pudo ser exitosa a su manera la estrategia de seguridad democrática. Si somos sinceros con nosotros mismos, no podemos explicarnos la tranquilidad y la seguridad que reinó en nuestro departamento sin tener en cuenta que esa paz paramilitar fue pagada con la vida y el desplazamiento forzado de miles de campesinos nortesantandereanos. Los que no murieron, viven las desdichas de la pobreza en los anillos de miseria de Cúcuta. Esa paz, que no atribuyo a Álvaro Uribe porque no me cuento entre quienes lo ven como un paramilitar, si fue en buena medida el soporte oculto de su exitosa estrategia de seguridad.

Ese éxito se afincó en la indolencia y la exclusión que ejercen la clase media y las élites urbanas de Colombia en contra del otro medio país que sufre toda la carga de la pobreza y la violencia. Fue un éxito atribuido por la opinión pública casi exclusivamente al Ejercito Nacional, de veras hoy más fuerte y respetuoso del Estado de Derecho, pero que se obtuvo con la ayuda, quizá no buscada salvo excepciones hoy famosas, del trabajo sucio del paramilitarismo.

Ahora que el paramilitarismo se desmovilizó en medio de un proceso brusco, improvisado e irresponsable, ahora que muchos antiguos paramilitares se convirtieron en bandas criminales, la Fuerza Pública y las instituciones del Estado tienen que demostrar que pueden solas, y ese es el mayor desafío de Santos. Por eso como ciudadano lo respaldo a todo trance en esa empresa.

Hoy el Presidente de la República, el mismo que fue Ministro de Defensa del entonces presidente Álvaro Uribe, habla de paz y de la negociación del conflicto. Muchos de los que se sienten todavía uribistas, sin reparar en la historia reciente del país, salen a decir que debemos volver a la estrategia de represión militar que tantos trofeos cosechó en la última década, dando crédito a las meras apariencias y evitando ver lo que tan precariamente se esconde detrás de ese éxito ilusorio. Por fortuna, si bien hay quienes pretenden volver a hacer campaña en favor de la guerra, hoy el país está mejor informado.

29/8/12

PICO Y PLACA PARA MOTOS

Siento tener que controvertir la posición editorial sentada por este diario el pasado 10 de agosto en una columna titulada “El privilegio de la moto”, que recoge pareceres muy arraigados entre los conductores de automóviles y entre las autoridades de tránsito sobre los problemas que suponen las motos para la movilidad de Cúcuta. Sé que al hacerlo disgustaré a la mayor parte de los lectores habituales de esta columna, casi todos conductores de automóviles, pero me siento obligado a expresar mi punto de vista, así entre muchos no caiga bien, porque siento que los motociclistas son objeto de una injusta estigmatización.

Es cierto que muchos motociclistas zigzaguean entre los carros, se montan en los andenes y causan accidentes de tránsito en los que regularmente ellos mismos son los principales afectados. Es cierto que hay muchos más accidentes entre los motociclistas que entre los automovilistas y es cierto también que las motos se usan para cometer algunos tipos de delitos. Pero les aseguro que si revisáramos con el mismo rasero crítico la utilidad de los carros para la comisión de otro tipo de delitos y la frecuencia con que transgreden otras normas del Código de Tránsito, tendríamos razones para ser tan severos en el juicio a los unos como a los otros, y para someter a los automovilistas a restricciones parecidas a las que pesan sobre los motociclistas.

Aquí hay, sin duda, un desequilibrio de posiciones de poder. Como es obvio, quienes ejercen poder dentro del gobierno o en cualquier otra instancia social, están más familiarizados con los problemas que suponen las motos para los carros que con los problemas que suponen los carros para las motos. La carga y el enfoque de los estigmas sociales tienen mucho que ver con eso, y a la hora de tomar decisiones de gobierno, la injusta estigmatización de los motorizados como irresponsables y criminales, pesa más de lo que se cree.

Siendo Concejal durante el período pasado, Alejandro Canal proponía la creación de un parque-escuela para la capacitación de motociclistas en normas de tránsito y principios de cultura ciudadana, que se financiaría con dineros recaudados por el municipio a motociclistas infractores -rubro bastante cuantioso - y aportes de las empresas comercializadoras de motos.

Madurar ese tipo de ideas es mucho mejor, y más consonante con aquello de que esta alcaldía está para “grandes cosas”, que inventarse restricciones a las motos en avenidas principales desde las 7PM, dizque porque están llenas de motociclistas ebrios disputando carreras de velocidad.

Puedo asegurarles que salvo casos excepcionales, las motocicletas son utilizadas por personas que se transportan para trabajar, y cuyos ingresos familiares no se invertirían en su adquisición si fueran suficientes para comprar un carro, o si la ciudad ofreciera un sistema de transporte público barato y eficiente.

También puedo asegurarles que si las mismas personas que compran motos tomaran la decisión de comprar carro, la ciudad sería del todo intransitable, porque una moto nueva con motor de cuatro tiempos consume y poluciona la décima parte que un carro pequeño y ocupa tres veces menos espacio en la vía pública.

Lo que necesita la ciudad es capacidad para diseñar políticas integrales e inteligentes de movilidad, lo cual es más difícil, por supuesto, que aparecer de la noche a la mañana con medidas justificadas en prejuicios y en lugares comunes.

15/8/12

SANTOS A MITAD DE CAMINO

Como no voté por Santos en 2010, y en 2014 espero votar por alguien mejor si llega a haberlo, no defendería su gobierno si no fuera porque las críticas que hoy menguan su popularidad, reprochan, no lo que tiene de malo, sino lo poco que tiene de bueno.

La apreciación crítica más común sobre Santos sostiene que atenuó el esfuerzo de Uribe por darle seguridad al campo, permitiéndole a la subversión recuperar terreno perdido. Eso es parcialmente cierto, pero veamos cómo.


Por ejemplo, se oye la queja entre los agricultores tibuyanos por la falta de la seguridad que disfrutaron durante los años de Uribe, y que ahora reclaman sin recordar la tragedia que escondía, como si hubiera sido solamente la presencia de la fuerza pública la que pacificó esa región y no las autodefensas, cometiendo miles de delitos de lesa humanidad y provocando desplazamientos forzados que constan en declaraciones judiciales.


Nuestra opinión pública no ha esclarecido todavía el vínculo profundo entre la base social del paramilitarismo y la base social del uribismo temprano y rural, ese movimiento político que promovía una candidatura marginal y hasta vergonzante cuando aun faltando pocos meses para las elecciones de 2002 era todavía una fuerza minúscula en las encuestas. Esa identidad, favorecida por la generalizada complacencia con que la sociedad colombiana veía a los paramilitares como un mal necesario ante la incapacidad del Estado para someter a la subversión, y sumada al viejo descrédito de las instituciones públicas, convirtieron a Uribe en un nocivo prodigio de la política colombiana que se sigue sostenido en la incomprensión, todavía generalizada, de su origen.


Cuando el mismísimo Uribe forzó la desmovilización de los ejércitos paramilitares sin poder concertar con la Rama Judicial la estrategia para llevar a cabo semejante proceso tan difícil, le entregó a Santos la Caja de Pandora recién abierta. Deshizo de un tajo el consenso de esfuerzos ilegales y soterrados entre la fuerza pública, el paramilitarismo y los grandes propietarios rurales para contener la subversión, y envió a las ciudades, entre ellas y de manera principal a Cúcuta, los peligrosos vestigios de los ejércitos paramilitares convertidos en bandas criminales incontrolables.


Ahora que Santos tiene la tarea, extraordinariamente dura, de darle seguridad al campo y a las ciudades reconstruyendo un orden institucional y legal que reemplace al oscuro concierto de intereses anterior, le salen al paso reprochándole debilidad, sin reparar en qué consistía la fortaleza de la “seguridad democrática”, efectiva para algunos, pero nada “democrática”.


Ayer, leyendo en este periódico las declaraciones de insatisfacción de muchos dirigentes cucuteños ante la primera mitad del mandato de Santos, amén de la referida incomprensión o de la insensibilidad ante el dolor que para tantos miles de campesinos nortesantandereanos significó todo lo que se escondía detrás del Uribismo, recordaba el carameleo y las promesas vacías de más de veinte “Consejos Comunitarios” en Cúcuta. Ninguno suscitó críticas tan severas como las que le hacen al Presidente Santos, que distensionó las relaciones con Venezuela, promovió una Ley de Reparación de Víctimas que traerá mayores beneficios a Cúcuta que a casi cualquier otra ciudad capital de departamento, hizo posible que nuestra participación en las regalías mineras se multiplicara hasta donde lo permita nuestra capacidad para estructurar proyectos; que a través de Ecopetrol se comprometió a financiar la construcción del Acueducto Metropolitano, y además, por cuenta de la política nacional de vivienda hará realidad al menos en una pequeña parte la falaz promesa de campaña de nuestro actual alcalde. Vaya injusticia con Santos.


8/8/12

LAS NUEVAS TASAS DEL IMPUESTO PREDIAL EN CÚCUTA

El enlace siguiente contiene el texto del Acuerdo que establece las nuevas tasas de liquidación del Impuesto Predial Unificado de Cúcuta. Las nuevas tasas son inferiores en 35% a las contenidas en el Acuerdo 040 de 2010 (Estatuto Tributario), que encontrarán en otro enlace más abajo. Voté en contra de este descuento porque lo considero muy inconveniente a la luz de las razones que expuse en la columna inmediatamente anterior. La reducción ha debido ser más generosa -al menos 50%- para que compensara el crecimiento de los avalúos catastrales, cercano a 300%. En 2013, por obra del Alcalde y del Concejo de Cúcuta, salvedad hecha de mi voto, el esfuerzo tributario predial al que serán sometidos los cucuteños, será el más alto de Colombia si lo comparamos con el Producto Interno Bruto de nuestro municipio.

Reforma del Art. 9 del Estatuto Tributario de Cúcuta: