Predial: ya no hay excusas
25 de julio de 2012

A más tardar el 10 de agosto, antes quizá, el Concejo de Cúcuta discutirá un proyecto de acuerdo presentado por el alcalde, mediante el cual se establecen las tasas de liquidación del impuesto predial que regirán a partir de 2013. Lo que se decida dependerá exclusivamente de la voluntad del alcalde y de las mayorías del Concejo municipal. Si la decisión afecta a la ciudad, como es posible que ocurra, no será culpa del Instituto Geográfico Agustín Codazzi,  ni del Gobierno nacional. La responsabilidad recaerá sólo sobre el alcalde y el Concejo.

La reducción de las tasas no es suficiente para compensar el incremento de los avalúos catastrales, cuya actualización supuso su triplicación. Si los avalúos se triplicaron, lo correspondiente sería que las tasas se dividieran por una cifra inferior a tres, para incrementar razonablemente el recaudo. La propuesta del alcalde es reducirlas apenas un poco, lo que supondrá que en 2013 los contribuyentes pagaremos aun más que en 2012.

Si se aprueba el proyecto del alcalde, una vivienda cucuteña avaluada en $80 millones y ubicada en el estrato tres, quedará gravada con una tasa de 6.2 por mil ($496.000), cifra a la que se suma la contribución por valorización. Si esa misma casa estuviera en Bucaramanga, pagaría 4.6 por mil ($368.000). Si estuviera en Bogotá, pagaría 6.0 por mil, menos un alivio permanente de $66.000 ($414.000).

Las tasas propuestas son injustas no solo a la luz del ejemplo anterior. También son absurdas, porque 40% de los contribuyentes nunca pagan, y abultan año tras año una cartera muy difícil de recuperar. Si el impuesto se incrementa injustamente, el porcentaje de morosos crecerá y el esfuerzo tributario recaerá cada vez en menos personas, como ocurrió este año gracias a la terquedad del alcalde. En otras palabras, hay que invitar a pagar y no a evadir. A formalizarse y no a continuar en la informalidad. Sobra hablar de lo injusto que resulta pagar más en Cúcuta que en Bogotá o Bucaramanga y las consecuencias de esa situación en las decisiones de posibles inversionistas.

La semana pasada discutimos este tema en la Comisión de Presupuesto del Concejo Municipal, contando con la presencia de representantes de Fenalco y Camacol, quienes le sugirieron al alcalde, a través del secretario de Hacienda, que redujera una unidad porcentual las tasas aplicadas a todos los usos y rangos de avalúos, permitiendo aun así, el crecimiento de 12% con relación a lo facturado en 2012. En este año, la facturación del impuesto ya ha crecido casi 40% con relación a 2011. El alcalde no aceptó la propuesta. No admite modificar el proyecto de acuerdo. En cambio quiere su aprobación inmediata.

Un asunto tan importante como este no puede despacharse sin discutirlo amplia y cuidadosamente. Ojalá el Concejo municipal entienda la gravedad del asunto y no obre con la misma irresponsabilidad del alcalde, quien en este caso parece darle la razón a los que aseguran que solo le interesa recaudar y gastar toda la plata que pueda, porque en pocos meses un fallo de la justicia quizá lo separe de su cargo.

Documentos Anexos

Propuesta de Camacol N.S.: https://dl.dropbox.com/u/91606681/Actualizaci%C3%B3n%20Catastral/Estudio%20Propuesta%20Alcaldia%20Modificaci%C3%B3n%20Tasas%20Predial.%20Calculos%20de%20Camacol%20NS.xls

Estatuto Tributario de Cúcuta: https://dl.dropbox.com/u/91606681/Actualizaci%C3%B3n%20Catastral/ESTATUTO%20TRIBUTARIO%20CUCUTA.doc

Estatuto Tributario de Bucaramanga: https://dl.dropbox.com/u/91606681/Actualizaci%C3%B3n%20Catastral/Estatuto_Tributario_Bucaramanga.pdf

Estatuto Tributario de Bogotá: https://dl.dropbox.com/u/91606681/Actualizaci%C3%B3n%20Catastral/Estatuto_Tributario_Bogota_2011.pdf

Comparación Recaudo Predial x Ciudades: https://dl.dropbox.com/u/91606681/Actualizaci%C3%B3n%20Catastral/Comparaci%C3%B3n%20Impuesto%20Predial%20x%20Ciudades.xls

Proposición P. Durán Aplazamiento Catastro: https://dl.dropbox.com/u/91606681/Actualizaci%C3%B3n%20Catastral/Proposici%C3%B3n%20Pedro%20Dur%C3%A1n%20Aplazamiento%20Actualizaci%C3%B3n%20Catastral.doc

Plan Maestro de Parqueaderos
18 de julio de 2012

Antes de decidir que la grúa debe cargar con cuanto carro encuentre estacionado en el Centro “dando papaya”, el alcalde debería pensar en una política pública para la construcción de zonas de estacionamiento y para la regulación de las existentes.

Quien va al Centro, bien sea de compras o a hacer alguna diligencia, lo piensa varias veces. No es fácil encontrar parqueaderos. Unas veces están llenos, otras son muy incómodos, y casi siempre hay que dejar las llaves del carro en manos del acomodador. Cuando no hay más remedio que estacionar en la calle, el paso de la grúa es una expectativa que convierte la visita al Centro en una experiencia angustiosa y breve.

La veda del estacionamiento en las calles del Centro sería una buena decisión si acaso fuera complementaria de un plan de construcción de zonas de estacionamiento en altura, como se hizo en Bogotá, Medellín y Cali. En Medellín, desde 2008, quienes construyen edificios de parqueo en altura quedan exonerados durante varios años del pago de impuestos municipales (Predial, Industria y Comercio, Delineación Urbana, Avisos y Tableros) y gozan de mercado asegurado por la restricción de parqueo, cuyas zonas de veda aumentan progresivamente a medida que entran en funcionamiento nuevos edificios de estacionamiento en altura.

En Cúcuta, donde la administración municipal improvisa medidas policivas de un día para otro, ahora le dio al alcalde por hacer valer las zonas de estacionamiento prohibido, sumando más grúas a las ya existentes. Esa medida no está articulada con ningún plan para desarrollar el Centro, ni ha sido concertada con los gremios de comerciantes. Es una medida aislada e inconveniente que exige socializarse mejor, y solo sería buena si se enmarcara dentro de un plan maestro para la recuperación del Centro.

Hace poco, cuando el Secretario de Tránsito visitó el Concejo Municipal y tuve ocasión de expresarle mis reservas sobre las restricciones al estacionamiento y la llegada de nuevas grúas, coincidimos en la necesidad crear más espacios de estacionamiento. Si no los hay, la medida resulta muy inconveniente para el comercio y la ciudadanía, por lo que me parece oportuno que los gremios de empresarios y comerciantes se manifiesten cuanto antes en contra de esta decisión necia. 

El pronunciamiento de Fenalco y la Cámara de Comercio sobre este tema podría ser el comienzo de un diálogo entre ellos, la Secretaría de Planeación y la Secretaría de Tránsito, sobre una estrategia para recuperar el Centro de Cúcuta mediante una política pública de movilidad que incluya estímulos a la construcción de parqueaderos en altura. Eso supone otorgar beneficios tributarios a quienes se arriesguen a invertir en ese negocio, y supone también la obligación de garantizarles el mercado mediante la restricción progresiva del estacionamiento en las calles, incluso considerando la posibilidad de peatonalizar algunas.

Solamente así, teniendo presente en primer término el interés público y el desarrollo de la ciudad, se pueden tomar decisiones policivas que impongan mayores restricciones a la ciudadanía. Si los cucuteños perciben que detrás de esas decisiones se esconden razones de otra especie, no habrá quien cumpla la norma, y cada vez que la grúa se lleva un carro, el ciudadano afectado no sentirá que el alcalde está haciendo cumplir la Ley, sino que lo está atropellando para quitarle plata.

Improvisación e intereses ocultos
11 de julio de 2012

Como no soy ajeno a la política y a la administración de los asuntos de la ciudad, no puedo evitar sospechar sobre los motivos que se esconden tras las decisiones de la alcaldía. Hoy quiero compartirles algunas de mis intuiciones.

Cuando apenas comenzaba su mandato, el alcalde solicitó autorización al Concejo Municipal para crear zonas de estacionamiento en vías importantes del Centro y entregarlas a título de concesión. En ese momento, consultada la opinión de los comerciantes, la intención del alcalde parecía buena, y a estas alturas sigo creyendo que las “zonas azules” deberían existir.

Pasaron apenas un par de meses cuando me sorprendió la noticia de la prohibición del estacionamiento de carros en el Centro, medida discordante con las “zonas azules”, amén de la suma de quince grúas a las tres que ya funcionan, y la extensión por cuatro años del negocio de concesión con la firma que las opera, para que en el Centro no haya ni un solo carro mal estacionado.

Se preguntarán Ustedes cómo el gobierno de este municipio, en cuestión de dos meses, pasa de imaginar que la solución del problema de movilidad consiste en permitir el estacionamiento en zonas azules concesionadas, a pensar exactamente lo contrario, es decir, que la solución es prohibir el estacionamiento, y esto al amparo de otro negocio de concesión.

La conclusión, por desgracia, es que las políticas públicas municipales no surgen del estudio objetivo de las mejores soluciones posibles, sino de las conveniencias más censurables.

Todo se maneja así en esta alcaldía, de la que estoy seguro que es peor que la anterior. Quizá el tiempo me dé la razón. Además, la percibo asentada sobre un concierto de intereses deplorables que son la justificación de cada una de sus erráticas decisiones: permitir estacionar, no permitir estacionar, ampliar los cupos de taxis, reducirlos, poner más grúas, quitarlas, combatir el transporte informal, no combatirlo, firmar o no firmar los ya famosos contratos de pavimentación que adjudicó la anterior alcaldesa, y una larguísima cuenta de medidas que obedecen, no a la conveniencia pública sino a la conveniencia del concierto de intereses que rondan el municipio, y muy seguramente, a la satisfacción de los onerosos compromisos que dejó la campaña pasada.

Para colmo de males, la apremiante necesidad que tiene nuestro alcalde de relumbrar y ser famoso, hace que sus acciones mejor encaminadas, como la recuperación del espacio público, no se hayan diseñado con la prudencia y la responsabilidad suficientes para que funcionen bien, sean duraderas y se respeten no solo porque la autoridad las haga valer, sino porque se consideren legítimas y convenientes para la ciudad. A esto, precisamente, se debe el comentario editorial del día de ayer en este periódico: los ciudadanos no respetan las decisiones del alcalde. A pesar de la prohibición de estacionar, lo siguen haciendo; a pesar de la prohibición de vender mercancías en los andenes, las cosas siguen igual.

Ojalá algún día los cucuteños sepan evitar ser presa fácil de palabreros que les confunden el interés público con el privado, y el civismo con el cinismo.

El Alcalde y el Concejo
27 de junio de 2012

Leí con mucho interés la columna de Jorge Enrique Arenas publicada el pasado domingo en este periódico. Se titula “El embolate de los cuarenta mil millones”. Trata sobre la decisión del Concejo Municipal, tomada hace una semana, de no autorizar al Alcalde para contratar un crédito bancario por esa suma. La decisión, según el columnista, halla su justificación en la baja calificación de riesgo financiero del Municipio y en la necesidad de contar con el visto bueno del Ministerio de Hacienda, puesto que el “plan de desempeño” al que están sometidas las finanzas cucuteñas nos pone bajo la tutela de esa entidad.

Comparto las razones de Jorge Arenas, pero me permito exponer otra de mayor incidencia: detrás de la decisión de no autorizar el endeudamiento hay razones políticas, por cierto legales y legítimas. Según el artículo 312 de la Constitución, los concejos municipales son corporaciones administrativas de elección popular y de carácter político, por lo que sus decisiones deben ser el fruto del diálogo y de los consensos entre los sectores políticos y sociales que los integran, y el Alcalde Municipal, con quien comparten la coadministración del Municipio.

Como por desgracia la noción de la política se ha echado a perder por culpa de la corrupción y el clientelismo, cuando se habla de concertación política la opinión pública piensa en negocios y repartijas, cuando lo que debe entenderse es, en nuestro caso, el debate sobre las políticas públicas municipales y sobre el destino de los recursos públicos. En el caso de los cuarentas mil millones, la discusión debería darse sobre el plan de obras en el que se gastará ese dinero, cuestión que el alcalde todavía no ha planteado al Concejo. Pretender la aprobación de semejante cupo de endeudamiento sin discutir en qué se gastará la plata es una muestra de autoritarismo muy propia del estilo administrativo de Donamaris.

El Concejo Municipal, por su naturaleza corporativa, representa intereses sociales y políticos muy plurales. En el tienen asiento las comunas de la ciudad y las bancadas de los Partidos. Cada concejal tiene legítimas afinidades que determinan su parecer sobre la administración de la ciudad y la ejecución del presupuesto público, por lo que el diálogo democrático en el seno de los municipios consiste, en buena medida, en forjar un acuerdo entre los concejales y el alcalde. En eso consiste el oficio que Donamaris no ha sabido ejercer. Él considera que su condición de alcalde le otorga la autoridad suficiente para imponerse sobre el Concejo Municipal, cuando en verdad su autoridad y su éxito como gerente del Municipio se afinca en su capacidad de generar consensos y acuerdos políticos, entendidos según el espíritu de nuestra Constitución.

Donamaris tiene que superar su dificultad personal para consensuar y dialogar, no solo con el Concejo Municipal, sino con todos los actores sociales y políticos de Cúcuta, que se quejan de su talante autoritario y soberbio, porque en las democracias, el poder esta muy disperso, y el que más manda no es el que más levanta la voz, sino el que más persuade y más capacidad tiene para poner de acuerdo a la gente. Ojalá Donamaris lo entienda. De lo contrario, la ciudad seguirá perdiendo, no por culpa de los concejales, sino por culpa del Alcalde que no los oye.

Tapar huecos sin abrir otros
20 de junio de 2012

Me duele ver tantos huecos y me duele ver que quieren taparlos, no solo para embellecer la ciudad y hacerla transitable, sino también para contratar con amaño y lucrarse. No hablo del legítimo lucro razonable del contratista privado, sino del lucro ilícito de los servidores públicos que ordenan el gasto público. Dicen que tienen muchas deudas y que las campañas dejaron muchos compromisos. Nada raro en Colombia. De esos compromisos, dicen que hay algunos cuantiosos con personas extrañas. En fin, comentarios de los cafés en donde los cucuteños locuaces a veces exageran y no todo lo que dicen es cierto. Pero tampoco digamos que todo lo que dicen es falso.

Hace unas semanas, cuando aun no se había aprobado el Plan de Desarrollo 2012-2015, el Concejo no pudo otorgarle al alcalde, por esa razón, una autorización para endeudar el Municipio hasta en cuarenta mil millones de pesos con la banca. Hoy ya tenemos Plan de Desarrollo. Sin embargo, antes de conceder esa autorización me gustaría que en este Municipio, aprovechando que tenemos un alcalde “cívico” según él dice, intentáramos innovar procedimientos de contratación pública que permitan a la ciudadanía tener mayor control sobre el gasto de sus propios recursos públicos, o al menos sobre una parte de ellos.

Supongamos que el Municipio destinara cuarenta mil millones de pesos a un programa de recuperación de calles en barrios residenciales y comerciales, y que después de decidir cuáles barrios se beneficiarían, se fijara la cantidad de dinero correspondiente a cada uno. Supongamos también que un equipo técnico de la Secretaría de Infraestructura orientara a la Junta de Acción Comunal de cada barrio para que, una vez conocida la plata que le toca, la Junta decidiera cuáles vías serían reparadas.

Los vecinos agrupados en la Junta de Acción Comunal, cada una de las cuales tiene, por cierto, un comité de obras públicas, no solo sabrían cuánto dinero le corresponde al barrio, sino cuánto valdría cada una de las obras ejecutadas con esos escasos recursos. Cada vecino de cada cuadra sabría cuánto vale tapar el hueco o reparar la vía que tienen frente a su casa. Los ingenieros y tecnólogos civiles cucuteños y todos quienes sepan del tema, serían interventores espontáneos de la calidad y el costo de la obra, y los vecinos sabrían que tan bien o que tan mal se gasta el dinero público. Si acaso se gasta bien, sería la mejor manera de desvirtuar la sospecha generalizada de que las obras públicas están llenas de sobre-costos para pagar coimas a los funcionarios municipales, comenzando por el mismísimo alcalde. Y no hablo en términos particulares del actual, porque dizque es cívico.

En muchos municipios colombianos hay felices experiencias de elaboración y ejecución de “presupuestos participativos”, nombre que se da a esta manera de ordenar el gasto en las entidades territoriales. No son adecuados para grandes obras de infraestructura, pero sí para obras pequeñas y medianas que afectan con inmediatez la vida y el entorno de un barrio. Además, es la mejor forma de restituir entre la ciudadanía la confianza en el Estado y en las entidades públicas, confianza que, en el caso del Municipio de Cúcuta, es casi inexistente, y es deber de nuestro alcalde “cívico” recuperarla.

Contratos de pan y leche
6 de junio de 2012

Entre los contratos codiciados por los alcaldes y sus amigos en casi todos los municipios de Colombia, hay uno conocido popularmente como “el contrato de pan y leche”, mediante el cual se ejecutan dineros que la nación gira a los municipios a través del Sistema General de Participaciones.

En el caso de Cúcuta esos dineros se encuentran consignados en el rubro “Alimentación Escolar” del presupuesto municipal de 2012 y suman 1.220 millones de pesos, cifra sumamente baja, que no alcanza ni siquiera a paliar los efectos de la desnutrición en muchísimos niños de estrato uno que asisten al colegio sin desayunar. Si sirve, en cambio, para patentizar la irresponsabilidad de un alcalde y un secretario de despacho (el de Bienestar Social) de cuyas diferencias sobre el mencionado contrato se habla mucho últimamente en los pasillos de la alcaldía. Las diferencias no versan sobre temas de la política pública de nutrición infantil, asunto que es letra muerta en el plan de desarrollo recién aprobado y que poco les importa a ellos dos. Tienen disgustos por asuntos de otro orden, según dicen.

Si entran al portal único de contratación del Estado colombiano (www.contratos.gov.co), verán el desarrollo del proceso licitatorio para adjudicar el contrato de “pan y leche” en Cúcuta. Los términos que se solapan, propios de las licitaciones hechas a las carreras, y el silencio de quienes apenas parecen proponentes de relleno, no disgustan tanto porque son habituales en las licitaciones públicas. Disgusta más que el contrato no obedezca a una política pública transparente, eficaz, con metas e indicadores claros y conocidos.

Para colmo de las sorpresas, el tiempo de ejecución del contrato son cincuenta y cinco (55) días del calendario escolar, lo que significa que los niños beneficiarios, que no es claro quienes sean ni dónde estén, comerán cincuenta y cinco días. Los restantes deberán aguantar hambre.

Los maestros, organizados a través de su sindicato, deben ser los primeros en ejercer control social sobre los escasos recursos destinados a la alimentación escolar para mostrarle a la ciudadanía que los sindicatos tienen una labor social que no se limita al amparo de intereses propios. La Secretaría de Educación, que debería estar a cargo de estos recursos que hoy administra la Secretaría de Bienestar Social, tiene que establecer los criterios para focalizarlos y permitir que lleguen durante la totalidad del año escolar a quienes de veras los necesitan. Y el alcalde, de quien dicen que está muy disgustado porque el negocio casi lo entregan a la empresa de un tal señor Miranda, de quien no es amigo, debería preocuparse no por esos asuntos, digamos que oscuros, sino por poner en marcha una verdadera política pública de nutrición infantil que le permita desayunar a los miles de niños pobres que desertan de la escuela porque no aguantan una jornada escolar fatigados por el hambre.

Como este mes el Concejo Municipal inicia las sesiones que tradicionalmente se han destinado al control político de los secretarios de despacho, espero ver pronto al Secretario de Bienestar Social despejando estas inquietudes, compartidas por los profesores y los rectores de muchos colegios del municipio, que atienden a miles de niños pobres. Esos niños merecen que sus recursos no se disipen en contratos donde ellos resultan ser la parte menos importante del negocio.

La lógica del centralismo
30 de mayo de 2012

“Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales (…)” Art. 1º. Constitución de 1991.

El primer artículo de la Constitución de 1991 no ha hecho variar la esperanza que las regiones colombianas tienen puesta en el centro político del país, de donde siguen aguardando la solución providencial a sus problemas más urgentes.

Las administraciones municipales aguardan los giros de la Nación para operar la educación y la salud, y salvo excepciones muy contadas, viven esperando que el gobierno nacional ponga sus ojos en ellos para salvarlos de la marginación y la pobreza.

Esperan que el gobierno nacional construya las vías, acueductos y hospitales que las saquen del atraso. Los municipios más grandes confían que la Nación invierta en aeropuertos y anillos viales. Pasa el tiempo, y la esperanza en las soluciones que vienen de algún despacho nacional acaban por ahogar la inventiva regional mientras revierte en beneficios para el centro, que consolida el poder y el prestigio de sus oficinas y funcionarios. Allá van en peregrinación los funcionarios municipales y departamentales, en los que a veces, por desgracia, se nota una metamorfosis del sentido de inferioridad que de suyo tiene su condición ante sus colegas del centro, cuando los pasajes y los viáticos a Bogotá se convierten en un motivo de orgullo muy provinciano que hace honor a la importancia local de su cargo. “Voy Bogotá a gestionar unos proyectos”, dicen presuntuosos.

La Constitución de 1991, que quiso remediar la tara del centralismo, no pudo más que recoger las opiniones encontradas sobre el debate de la descentralización. Su primer artículo intentó conciliar en términos ambiguos una discusión que no pudo zanjarse. Somos una República unitaria, pero a la vez descentralizada y con una imprecisa autonomía territorial.

La nación recauda el IVA en cada pueblo, impuesto a la vez regresivo, jugoso e inadvertido, que los pobres lo pagan a veces sin notarlo. Recauda el impuesto de renta, que los ricos entregan con más tranquilidad que el impuesto predial, confiados en que la Nación es menos corrupta. El mismo dinero retorna disfrazado de recursos providenciales y generosos de la Nación, las transferencias, que son como maná llegado de Bogotá. Los alcaldes y gobernadores de casi todo el país, que tienen en sus manos la que usualmente es la mayor bolsa de recursos de su comarca, pelean con ardor las elecciones que le otorgan al ganador el mejor de los negocios: gastar el dinero que la Nación, confundida con la imagen providencial de Bogotá, les entrega para que cobren por su ejecución las gratificaciones ilegales que la vieja práctica consagra como botín de guerra.

A los municipios más pobres, que son la gran mayoría, las transferencias les llegan además vestidas de subsidios, acrecentadas por la compensación de las regiones ricas, en un país de ciegos donde las regiones pobres jamás se han preocupado por estimar la riqueza que el centralismo les arrebata a manera de transferencia soterrada que fluye hacia Bogotá desde el sector público y privado de cada rincón de la provincia colombiana, como cuando el centro se apropia de capitales y recursos humanos calificados que deberían permanecer en las regiones para ayudar a desarrollarlas.

El círculo vicioso del centralismo atesora dinero de los municipios y lo devuelve apenas en parte, convirtiendo su ejecución en el gran negocio de los alcaldes y las clientelas regionales. Acto seguido, acusa a las regiones. Las sindica de corrupción y las condena a la reglamentación nacional del uso local de las transferencias, afianzando su poder sobre recursos que son nacionales cuando se distribuyen, pero no cuando se recaudan en cada región.

Nuestro modelo de descentralización acabará extinguiéndose cuando lleve al país al fondo del callejón sin salida. Entonces habrá que plantear otra forma de distribución de competencias administrativas y políticas, con entidades territoriales que recauden ellas mismas todo lo que puedan gastarse. Si para ese entonces el sentido de nacionalidad lo permite, habrá que crear un fondo de compensación que otorgue subsidios verdaderos que fluyan con condiciones claras desde los territorios ricos hacia los territorios pobres, y no subsidios falaces con reglas administrativas que desatan la corrupción para después usarla como pretexto dorado del centralismo.

Educación para producir y vías para competir
23 de mayo de 2012

Cúcuta tiene dos problemas básicos: la competitividad y la productividad. Detrás del problema de competitividad está, antes que nada, la falta de vías que nos conecten con los grandes corredores nacionales. Detrás del problema de productividad está, ocupando el primer lugar, la falta de educación tecnológica.

Leyendo en estos días el Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015, lo que, para que se hagan a una idea, es como sentarse a leer el directorio telefónico, me preguntaba cómo podrían orientarse mejor los esfuerzos de un alcalde para que no se dispersen en la hojarasca de programas y proyectos que disgregan la inversión pública. Creo que esos dos frentes básicos de trabajo son, (1) el cabildeo ante la nación para conseguir un par de buenas carreteras, y (2) la coordinación del esfuerzo de nuestras dos universidades públicas y el Sena en la formación de técnicos y tecnólogos.

Para tener buenas vías hacia la troncal del Magdalena y el interior del país, es indispensable un alcalde capaz de forjar entre los parlamentarios nortesantandereanos el consenso político que supone el cabildeo ante la Nación de proyectos tan costosos. De eso hasta hoy no ha habido nada.

Viendo las cifras que presenta el Plan de Desarrollo, asusta ver que en Cúcuta hay más profesionales (6.7% de la población), que tecnólogos (2.4%). Es decir, hay más abogados, contadores, fisioterapeutas, bacteriólogos y licenciados, la mayor parte desempleados, que personas con capacitación específica en actividades industriales o administrativas.

¿Qué tan difícil y tan costoso será para la administración municipal acordar con las universidades públicas regionales los programas prioritarios de formación tecnológica? Todavía sorprende ver cientos de jóvenes estudiando Derecho con becas del Municipio de Cúcuta. No tengo nada contra los abogados, a quienes por cierto consulto mucho, pero los recursos públicos se aprovecharían mejor subsidiando y a la vez fomentando la demanda de capacitación tecnológica en electrónica y electromecánica, por ejemplo.

Se ha constatado que la deserción escolar en los últimos grados de los colegios públicos se explica porque los jóvenes no ven posible ingresar a la universidad pública, y por lo tanto pierden el interés por obtener el título de bachiller. Una estrategia para reducir esa enorme cantidad de jóvenes cucuteños entre los 15 y los 16 años marginados del sistema educativo (35%), podría ser la adjudicación de becas o subsidios parciales de matrícula para programas universitarios tecnológicos a los mejores puntajes de cada promoción de bachilleres en todos los colegios oficiales.

Para lo anterior es preciso que el alcalde persuada a los rectores de las universidades públicas y al director del Sena hasta convencerlos de la urgente necesidad de una política pública municipal de educación técnica y tecnológica que comprometa a sus instituciones, la cual hoy es casi inexistente.

No desconozco otros importantes asuntos que hacen parte de la gestión administrativa del alcalde, pero para atenderlos hay muchos secretarios de despacho, de quienes según se dice, en esta administración tienen prohibido hablar en público para evitar que compitan con el Alcalde por los valiosos minutos de pantalla.

Pasan y pasan los años y los alcaldes uno tras otro están en todas partes. No se pierden ni una corrida de catre. Están en los barrios “haciendo presencia”, deliberando con las asociaciones de abuelos y de madres comunitarias. Reciban a todo el mundo. Inauguran callecitas y andenes con la solemnidad que merecería la inauguración de un aeropuerto o una autopista. Mientras tanto la competitividad y la productividad, esos dos problemas básicos escondidos detrás de otros menos importantes, siguen olvidados.

Imsalud: contraticos mes a mes
9 de mayo de 2012

Desde que Rafael Pardo tomó posesión del Ministerio del Trabajo, más de una vez le he oído advertir a los jefes de las entidades públicas que deben evitar firmar órdenes de prestación de servicios (OPS) para enmascarar relaciones laborales. El Ministro ha prometido informar a la Procuraduría sobre los casos en que esa mala usanza sobrepase las justas proporciones que señaló un célebre Presidente.

Las Órdenes de Prestación de Servicios, las populares OPS`s, son el instrumento legal que vincula a más personas con el Estado, sobre todo en los departamentos y municipios que recurren con asiduidad a este tipo de contratos, dizque excepcionales, según la Ley y la jurisprudencia.

“Estos contratos solo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades (los cometidos del contrato) no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.” Así dice la Ley 80 de 1993. La Corte Constitucional ha expresado incontables veces lo mismo, aclarando que una OPS “es una modalidad de vinculación con el Estado de tipo excepcional, que se justifica constitucionalmente si es concebida como un instrumento para atender funciones ocasionales, que son aquellas que no hacen parte del `giro ordinario´ de las labores encomendadas a la entidad, o que, siendo parte de ellas, no pueden ejecutarse con empleados de planta o requieren de conocimientos especializados; vinculación que en ningún caso debe conllevar subordinación.” (Sentencia C-614 de 2009).

Entre nosotros el anterior párrafo es letra muerta. No obstante, faculta a miles de “contratistas” para demandar laboralmente a las entidades públicas habituadas a suscribir estos contratos con quienes en la práctica no son “contratistas” sino “trabajadores”, por lo que deberían reclamar ante los Tribunales el reconocimiento de dicha condición legal.

La saca del estadio IMSALUD, que no solamente vincula mediante OPS`s a auxiliares administrativos, facturadores, auxiliares de enfermería, bacteriólogos y toda suerte de personas cuyos servicios no tienen nada de excepcionales como lo exige la Ley y la jurisprudencia, sino que además los contrata mes a mes, quizá para que sus padrinos políticos se obliguen de tanto en tanto a renovar sus votos de fidelidad a la administración municipal. Lo digo porque no encuentro ninguna otra explicación, por lo menos entre las legales, que justifique el sometimiento de estos trabajadores a la zozobra que causa no tener certeza de la renovación de su contrato.

Sobra decir que Imsalud presta un servicio público esencial. Atiende los usuarios del régimen subsidiado de salud, que son la gran mayoría de los cucuteños. También sobra decir que esa entidad no puede prestar un buen servicio si vincula a su personal profesional y administrativo mediante contraticos de porvenir incierto, cuya renovación mes a mes está sujeta a la marcha de la relación política entre su padrino político y el señor Alcalde o el Director de Imsalud, conjetura que me gustaría ver explorada por la Procuraduría.

No entiendo por qué el Personero del Municipio y los Señores Procuradores no han intervenido para contener la irresponsabilidad del Alcalde y del Director de Imsalud en este caso de notoria violación del Estatuto General de la Contratación Pública, de las garantías laborales de los servidores de Imsalud, y del derecho al acceso al servicio de salud de miles y miles de cucuteños que cuando se enferman no tienen más a donde ir sino a los puestos del Instituto Municipal de Salud.