El valor de la tierra en Cúcuta
2 de mayo de 2012

Mañana finaliza el debate sobre la actualización catastral de Cúcuta promovido por el Representante Chacón. El aplazamiento del catastro que tantos hemos solicitado, seguramente no será concedido por el Gobierno Nacional, que apoya a los alcaldes con apetito de recaudo, sino por la Justicia, cuando resuelva una acción de nulidad contra el IGAC en la cual también se solicitará, como medida cautelar, la suspensión provisional de los nuevos avalúos.

No habría vuelto sobre este asunto del que ya he dicho bastante, habiendo tantos otros por tratar, si no fuera porque una nota publicada el pasado jueves en este diario, referida a mi breve intervención en el citado debate, me obliga a clarificar mi opinión sobre las causas del alza de los avalúos.

En la mayoría de los casos, los avalúos establecidos por el IGAC coinciden con la expectativa de los propietarios respecto al valor de sus predios. Creo, sin embargo, que esa expectativa es consecuencia de una burbuja inmobiliaria que no se ha desinflado por completo y cuyo esplendor vivimos durante el auge de los dólares de Cadivi.

El Índice de Valoración Predial (IVP) de Cúcuta medido por el DANE, fue el segundo mayor (7.5%) entre las ciudades capitales del país durante 2011, cifra desconcertante por su incongruencia con las variables fundamentales de nuestra empobrecida economía. ¿Cómo explicamos que nuestro IVP sea el segundo mayor del país cuando en 2010 el PIB per cápita decreció 0.5% y el crecimiento del PIB en 2011 fue 0,4%, y ambas cifras son las segundas peores de las mismas trece ciudades?

Lo normal es que el IVP crezca proporcionalmente con el PIB local. En Cúcuta ocurre lo contrario. Por ejemplo, Villavicencio, la primera ciudad del país en IVP durante 2011 y la única que nos supera en esa variable, también es la primera ciudad en crecimiento del PIB per cápita en Colombia.

Lo mismo ocurre con la inflación. Nuestro IPC, curiosamente es el tercero más alto del país (4,64%) cuando lo normal es que junto con el IVP fuera de los menores. Eso muestra lo que todos sabemos: que la economía informal y los negocios ilegales suman la mayor parte de nuestro producto interno, lo cual coincidente con la tasa de informalidad (66%), la segunda mayor de Colombia según el DANE.

Hacen falta explicaciones sobre los precios en Cúcuta, especialmente los del mercado inmobiliario, y como ningún estudio las ofrece, me atrevo a presentar algunas ideas.

La población de Cúcuta no ha parado de crecer en una proporción mayor que la de su área urbanizada. La ciudad se ha densificado y el suelo se ha encarecido. El colapso industrial de la ciudad, debido a la falta de vías y al modelo económico colombiano desde 1990, ha hecho que la especulación inmobiliaria se convierta en el mejor negocio. Los bancos de tierras ociosos en manos de capitalistas informales e ilegales son mayores que los bancos de tierras en manos de empresarios constructores, lo que ha ahogado el crecimiento de la ciudad y encarecido la vivienda.

Para colmo de males, la gestión de las tierras para la vivienda de interés social quedó en manos de las entidades territoriales, facultadas legalmente para expropiar tierras ociosas y elevar sus tarifas prediales, pero sin capacidad institucional para hacerlo. Por eso, casi todas las viviendas son para estratos altos y medios. Esta debilidad institucional permite que surjan grandes extensiones de tierra ociosa en manos de especuladores, usualmente vinculados a la economía ilegal en perjuicio de los empresarios constructores que se quedan sin tierra. Además, hace al municipio permisivo ante la urbanización ilegal, que se queda con otra buena parte de las tierras.

En suma, lo que encarece la vivienda en Cúcuta es la debilidad y la falta de claridad del Municipio, la economía ilegal y el exceso de gente. Eso causa que la ciudad empobrezca mientras el precio de la tierra sube. El Municipio es parte del problema y en lugar de solucionarlo quiere sacarle provecho. Que paradoja.


Las elecciones de la Cámara de Comercio
18 de abril de 2012

Me pregunto qué tan bien se sienten representados los comerciantes y los industriales de Cúcuta por su Cámara de Comercio, cuando hasta hace unos días quienes aspiran a ocupar una silla en su junta directiva -no digo todos, pero sí muchos de ellos- andaban dedicados a pagarle a cualquier persona, la mayor parte de las cuales poco o nada tienen que ver con el empresariado de la ciudad, para que inscribieran sus nombres como personas naturales en el registro mercantil, se afiliaran a la Cámara y obtuvieran por consiguiente el derecho a votar en las elecciones del próximo 7 de junio, para escoger entre quienes aspiran a su junta directiva, dizque en  representación de los empresarios cucuteños.

Un buen signo de que los mejores tiempos de la ciudad quedaron atrás; de que dejamos de ser ciudad, parodiando y dándole la vuelta a la promesa no realizada de un ex alcalde, es que la junta directiva de nuestra Cámara de Comercio representa más a los congresistas nortesantandereanos y a quienes se han profesionalizado en elegirse directivos cultivando pacientemente sus clientelas, que a los comerciantes de Cúcuta. Noto además con pesar que los pocos comerciantes que de veras quedan en ella, andan buscando las enaguas de algún político que les ponga votos en las elecciones para no quedarse sin su silla.

Les puedo asegurar que las elecciones de la Cámara de Comercio son puro teatro (una comedia, una farsa o una tragedia), y lo sostengo ante un fiscal si es preciso, porque no puedo creer que la economía de la ciudad haya mejorado tanto los últimos dos años como para que el número de empresarios afiliados a la Cámara se haya duplicado. Hace dos años, en las últimas elecciones de la junta directiva, había 1800 afiliados habilitados para votar, cuando hoy hay 4149. El año pasado hubo 6795 renovaciones del registro mercantil durante el primer trimestre del año, y en este año tuvimos 9875 renovaciones. Les aseguro que semejante aumento del registro mercantil y de las afiliaciones de un año a otro no lo explica ningún repunte de la economía cucuteña sino la triste y escandalosa clientelización de la Cámara, que está a pocos pasos de dejar por completo de representar al empresariado cucuteño para convertirse en una mesa de concertación de puestos y negocios avalada por el nombre de la ciudad.

Me pregunto si no habrá quién dentro de la junta directiva actual, donde quedan empresarios respetables, advierta a la Superintendencia de Industria y Comercio lo que está pasando en estas elecciones para que intervenga y declare su nulidad. Si en la junta directiva actual se viven las intrigas y las escaramuzas propias de los concejos municipales de los pueblos, como cuando se disputaron hace poco la cabeza del Presidente Ejecutivo, me pregunto qué pasará después que se posesione otra junta afectada en mayor medida por las prácticas propias de la politiquería más ordinaria.

De continuar la decadencia de la Cámara, me imagino que los pocos empresarios serios que queden en ella acabarán renunciando a una agremiación que no fue capaz de ejercer su vocería, ni de evitar que los recursos públicos confiados por la Ley a las Cámaras de Comercio se convirtieran en la tentación de clientelas depredadoras que pueden más que los empresarios honestos.


Cien días de grandes cosas
4 de abril de 2012

El alcalde habla de grandes cosas mientras comete grandes errores. Por fortuna solo lleva cien días. Para enderezarlos, le quedan por delante mil trescientos sesenta días más.

El alcalde es un hombre inteligente y trabajador pero sin buen pulso, porque delira con grandes cosas que lo impacientan y lo distraen. Sueña con ser el mejor alcalde de la historia cucuteña, sin advertir que para lograrlo apenas necesita saber cuáles obras de gobierno son a la vez necesarias y posibles. Al cabo de estos primeros cien días, ya debería saber que Cúcuta no lo necesita para que sueñe con grandes cosas, sino para que haga bien lo que es posible hacer, sin los desaciertos que comete quien se ilusiona con las promesas de sus propios sueños.

Entre sus primeros actos de gobierno se cuentan unos buenos y otros muy malos, por los que vale la pena comenzar con los primeros, dejando los segundos para cerrar con un dulce final a manera de postre.

Entre los primeros errores, tanto en el tiempo como en su gravedad, está la decisión de revocar la adjudicación de los tres contratos para reparar las vías de la ciudad, que fueron antecedidos por un proceso licitatorio adelantado por la pasada administración municipal. Según los mejor entendidos en Derecho Administrativo, el Municipio lleva las de perder ante las demandas de los adjudicatarios, que ya solicitaron la conciliación prejudicial. Para colmo de males, cuando el alcalde fue por los veinte mil millones para adelantar una nueva licitación, el Banco de Colombia le negó el desembolso. En conclusión, la ciudad se quedó este año sin dinero para reparar las calles, sin los contratos que ya se habían adjudicado, y con tres demandas muy costosas. Apenas dos mil millones destinados al pago de los intereses del crédito frustrado es lo que quedó para los reparcheos que ya comenzaron, pero que no durarán mucho.

Otro error que se disputa el primer lugar es la terca insistencia en establecer el monto del impuesto predial con base en los nuevos avalúos catastrales, poniendo como límite el doble de lo tributado el año pasado. Grave error no aceptar el diálogo con los gremios, las centrales obreras y muchos ciudadanos que proponen aplazar durante un año la vigencia de la actualización catastral. La falta de consenso en torno a un asunto tan importante supone que vendrán miles de reclamos ante el IGAC y la Secretaría de Hacienda, y acciones de nulidad -como la que prepara el Colegio de Abogados- que pueden disminuir el recaudo del impuesto.

La recuperación del espacio público es un tema vital. En Cúcuta este problema es más grave que en cualquier otra ciudad colombiana porque tenemos la economía más informalizada del país. Como el Municipio tiene la doble obligación constitucional de garantizar el espacio público y amparar a sus ciudadanos pobres, que son la gran mayoría de los vendedores ambulantes, este tema exige diseñar una política pública de capacitación, reconversión laboral y formalización. No debe ser solo una decisión policiva apresurada, sino un gran propósito de la alcaldía que debe planearse mejor para que surta efectos duraderos.

Ha habido mucho ruido en torno a asuntos nebulosos, como cuando el mismo alcalde habló de un gran fraude en la Secretaría de Hacienda, que fue allanada por el CTI. Por lo visto, el escándalo no sirvió sino para acrecentar la desconfianza de la Banca y el Ministerio de Hacienda en el Municipio.

Otra gran promesa incumplida ha sido la revisión juiciosa de las grandes concesiones del Municipio y del régimen tarifario de las empresas de servicios públicos. El agua, el aseo, la escombrera, el alumbrado público y la energía, siguen inmutables. Poner en tela de juicio un contrato de concesión de servicios públicos es tarea de buenos abogados, economistas, contadores e ingenieros. Alguna vez se anunció que dos abogadas bogotanas emprenderían el trabajo, anuncio que solo causa risa y desconsuelo ante la magnitud de una tarea que debe involucrar a los gremios, las universidades y a la ciudadanía. Remata graciosamente esta promesa incumplida la noticia de prensa de hace dos días sobre la visita de un francés, que llegó con la fórmula para tratar las aguas residuales de la ciudad mediante otra concesión.

Ni hablemos de las veinte mil casas, que por lo pronto se limitan al proyecto de Odicco Ltda., detrás de Antonia Santos, en los confines de Cúcuta. Algo es algo, pero está pendiente diseñar una verdadera estrategia de vivienda dentro del Plan de Desarrollo Municipal -del que casi nadie habla- que sea correspondiente con el nuevo plan de ordenamiento territorial, con las etapas de la concesión del acueducto, con las realidades de la política nacional de vivienda y con el capítulo sobre el Impuesto Predial del Estatuto Tributario, que debe reformarse para incentivar este frente clave de la política pública municipal.

El alcalde puede mejorar. Tiene una ciudad entera esperanzada en él. Tiene mucha gente que todavía le cree. Tiene un equipo de gobierno integrado por personas capaces. Tiene mucho tiempo. Tiene talento, hasta ahora mal encausado. Tiene las facilidades políticas que le otorga un Concejo Municipal condescendiente y muchos congresistas dispuestos a entablar acuerdos de mutua cooperación. A lo largo de estos cien días, el Concejo le ha autorizado todo cuanto ha pedido. Solo necesita saber oír a quienes pueden ayudarlo, y advertir que ahora es el alcalde de una ciudad enfrentada a duras realidades, y no un presentador de noticias sobre grandes cosas


El hospital y su nuevo gerente
28 de marzo de 2012

A los hospitales públicos se los traga vivos un animal de dos cabezas. Una, la más vieja, es la corrupción. La otra es el sistema de seguridad social colombiano basado en empresas aseguradoras de la salud, las EPS’s, que hacen parte de un sistema voraz y complejo en las variedades de su propia corrupción, lleno de actores que parecen más dispuestos al lucro que a la prestación de sus servicios.

Cuando los gerentes de los hospitales públicos se dedican a señalar a las EPS’s como causantes de su quiebra -lo cual es parcialmente cierto- tienden una cortina de humo que los oculta a ellos mismos como causantes de la otra mitad de la quiebra, porque si bien es cierto que las EPS`s no pagan, también lo es, según los secretos a voces que corren en Cúcuta, que en los hospitales todo es un gran negocio.

Las cooperativas, intermediarias de la contratación de personal que recibe salarios míseros, son un tremendo negocio. Los suministros hospitalarios, otro gran negocio. La contratación de los servicios de diagnóstico, otro negocio que ha hecho rico a más de uno. Los suministros de medicamentos, ni hablar.

Aunque el lucro es una posibilidad legítima de cualquier actor económico, y desde la Ley 100 de 1993 la seguridad social colombiana es también un escenario de libre competencia entre proveedores de aseguramiento y de servicios médicos, en Colombia los márgenes de utilidad del negocio de la salud crecieron más allá de lo tolerable tanto para los aseguradores, como para los beneficiarios de eso que llaman “tercerización” de los servicios, y que en el caso de los hospitales públicos es una tupida red de subcontratistas, intermediarios de la contratación de personal y proveedores de servicios que antes se ofrecían directamente, lo que ha sido motivo de enriquecimiento para unos, y de demoras y mayores trámites para los usuarios que deben pedirle autorización a su EPS para cada examen que antes hacía el mismo hospital.

Desde hace años el Hospital Erasmo Meoz está pasando por una situación de crisis de la que no es responsable únicamente la multimillonaria cartera con las EPS’s y las fallas del sistema de seguridad social colombiano, sino también la administración llevada a cabo en los términos de los párrafo anteriores que hablan de los grandes negocios, si me permiten ahorrarme palabras que a cada cual le dictará su propia intuición.

No es fácil sacar al Hospital de la crisis, pero confío en que será de gran ayuda la llegada del doctor Juan Agustín Ramírez a su gerencia. Confío en que habiendo obtenido la mayor calificación en el concurso de méritos para escoger al nuevo gerente del hospital, será nombrado en ese cargo por el señor Gobernador, y confío también en que una vez esto ocurra, prevalecerán los fuertes vínculos del nuevo gerente con el gremio médico del departamento y con el deseo de la mayor parte de ese gremio de rescatar al Hospital Erasmo Meoz como patrimonio público y de no verlo, como hoy, convertido en una oportunidad de negocio para particulares.

La tradición familiar del nuevo gerente, que lo vincula personalmente con la historia del hospital y de la medicina Cúcuta, lo compromete personalmente en una pelea contra la corrupción y contra la inequidad del sistema general de seguridad social que afecta a médicos y pacientes. Esa pelea no es fácil, pero puede ganarla si encuentra quienes le ayuden.


Mujeres de sol y asfalto
14 de marzo de 2012

Varias veces he querido regalarle un libro sobre Cúcuta a alguien que desde hace muchos años vive lejos de la ciudad, y que se alegraría con alguno que le llevara aire fresco de su tierra; un libro que lo acercara a las calles y las gentes de la ciudad tal como son hoy.

Lo común es encontrar libros que retratan las ciudades con la parcialidad propia de quien piensa que lo bello es lo que se maquilla de modernidad. Esos libros están llenos de fotografías de centros comerciales y avenidas, que son tomadas dándole la espalda, unas veces a la pobreza, otras a lo que resulta más propio y más evocador de la ciudad.

Encontré por fin un libro como el que alguna vez quise regalarle a quien desde hace mucho tiempo no viene a la ciudad. No contiene fotografías como las de los libros y las cartillas de promoción turística, que contemplan pequeños retazos adornados de Cúcuta, de espaldas a imágenes que por ser más cotidianas dicen mucho más de lo que somos. Se llama Mujeres de Sol y Asfalto, de la periodista Patricia Giraldo y trata sobre la vida de cincuenta mujeres cucuteñas que hacen parte de la economía informal. El libro las retrata en la calle, en sus puestos de trabajo. Resume la historia de sus vidas y los motivos que las animan a seguir adelante en medio de las contrariedades.

Encontré retratadas las calles y las gentes de Cúcuta con mayor fidelidad que en otros documentos parecidos. Es de los pocos libros que muestran con crónicas y fotografías el 66% de la economía cucuteña de la que habla el DANE cuando señala que nuestra tasa de informalidad es la segunda mayor del país. Cincuenta mujeres trabajando en las calles y los andenes vendiendo correas, aguacates, minutos, hierbas, crispetas, jugo de naranja, obleas, toallas, cd’s, Bolívares, salpicón, chance, tinto, arepas, raspados, pescado, frutas, maní, hayacas, lotería, chontaduro, dulces, leche, bisutería, periódico, lechona, morcillas, gasolina en pimpinas…

Ni rastro de mafias del espacio público asociadas a bandas criminales. Pura gente pobre común y corriente. La mayor parte recientes en la ciudad, hijos de campesinos desplazados y víctimas no solo del conflicto interno, sino también de la hostilidad de la vida urbana en los lugares más pobres, donde todo es caro y difícil. Donde los servicios públicos funcionan a medias, las vías y el transporte son malos y el Estado apenas llega. Donde el maltrato y la violencia intrafamiliar, pan de cada día que afecta sobre todo a las mujeres y los niños, se convierte en un lugar común de la vida, igual que la maternidad prematura acompañada casi siempre del abandono de los hijos al cuidado sólo de la madre.

El signo más grave de la pobreza y del “rebusque” es la falta de luces que orienten el camino de la vida. Como el rebusque está marcado por la premura y la inexistencia de planes, la capacitación técnica para el trabajo y el conocimiento de las nociones básicas de la administración, son recursos indispensables para ayudarle a superar la pobreza a estas cincuenta mujeres microempresarias informales, que hablan en nombre de decenas de miles de hombres y mujeres de Cúcuta. Por eso cuando se habla de recuperar el espacio público, lo cual debe hacerse, también debe estar claro que el Estado, en nuestro caso el Municipio, es responsable de ayudar a que los microempresarios informales se encausen productivamente en la economía formal, amparándolos, y no propinándoles maltratos mayores a los que ya la vida les ha dado.


¿Sobran los abogados?
7 de marzo de 2012

Todos los días me encuentro con abogados. Mi oficio de político y administrador público me obliga a consultarlos. Cuando más eruditos son, más me deleitan sus opiniones complejas, llenas de afirmaciones condicionadas y de interpretaciones y posibilidades recursivas, donde las leyes, las doctrinas y las sentencias de aquí y allá suenan como un concierto barroco tanto más extenso y variado según sea el caso que traten. Pero esto lo predico de unos pocos. La gran mayoría me busca para entregarme sus hojas de vida, esperanzados en que mi condición de concejal les ofrezca el favorecimiento ante la administración pública que, por cierto, la Ley prohíbe.

Todos los días me pregunto, no sin angustia, qué puede hacer esta ciudad con tantos y tantos abogados con vocación de empleados públicos que nunca llegarán a serlo. Como además sé que la economía cucuteña es incapaz de aprovechar la formación profesional de todos ellos, me entristece pensar que la mayoría acabará ganándose la vida en un oficio distinto que dará al traste con sus ilusiones de estudiantes, mientras continúan sus carreras alentados por el contentillo que sirve de paraguas a todas las facultades de derecho colombianas, según el cual “el derecho tiene que ver con todo”.

Podría dedicarme a argumentar que la ciudad necesita más técnicos, ingenieros y expertos en comercio que abogados, pero me parece más útil pensar qué pueden hacer nuestras cinco facultades de derecho (UFPS, Libre, Pamplona, UDES, Simón Bolívar), que por cierto cada día tienen más alumnos, para entregarle a la ciudad conocimientos útiles a través de sus egresados, ya sea que decidan dedicarse profesionalmente a la abogacía o que escojan después un oficio distinto. Entre las opciones que he considerado, la que más me atrae es lograr que esas facultades consoliden en sus egresados, y a través de ellos en la ciudad, los valores y el conocimiento que exige la “Democracia Participativa” de la que habla nuestra Constitución.

Me gustaría ver a los abogados cucuteños presidiendo las Juntas de Acción Comunal de sus barrios. Me gustaría verlos utilizando en favor de la gente pobre los recursos constitucionales que tutelan los derechos fundamentales, individuales y colectivos. Me gustaría verlos convertidos en Ediles de las Juntas Administradoras Locales de Cúcuta, instituciones actualmente inanes pero llenas de posibilidades legales, y desde allí, liderando discusiones sobre asuntos que exigen mucho estudio, como el problema del Impuesto Predial, o la prestación de los Servicios Públicos y la veeduría ciudadana de las concesiones de acueducto, alumbrado y recolección de basuras.

Me gustaría verlos constituir veedurías para seguir de cerca los pasos de esta administración municipal y su plan de desarrollo, lleno de promesas convertidas en programas y proyectos, que si no se auditan y se controlan, pueden quedar convertidos en apenas buenas intenciones. También me gustaría verlos asesorar, en virtud de su propio compromiso cívico, a ligas de usuarios y consumidores que supervisen cómo el Municipio gasta en salud y educación recursos nacionales que suman más de doscientos mil millones de pesos.

En pocas palabras, me gustaría ver a los miles de abogados cucuteños estudiando mucho para ofrecerle conocimientos legales a todos los ciudadanos dispuestos a exigirle al Estado y a fiscalizarlo, porque saben que pagan impuestos y pagan los recibos de los servicios públicos. Eso sería una contribución invaluable a la construcción de una sociedad civil fuerte, que es la base de cualquier sociedad próspera.

P.D.: Tantos abogados, y me sobran los dedos de una mano para contar expertos en Derecho de los Servicios Públicos, o Derecho Tributario, o Derecho Ambiental, o Derecho Financiero, entre otras valiosas especialidades.


Lo siento, otra vez el predial
22 de febrero de 2012

Sería redundante escribir una vez más sobre el problema que ha traído la actualización del catastro si el asunto ya hubiera sido resuelto o estuviera encaminado hacia su solución, pero vamos de mal en peor.

Lo que pasó con el predial es harto sabido. Hasta el año pasado teníamos avalúos catastrales depreciados compensados con tarifas altas. Hoy tenemos avalúos altos y tarifas altas. La alcaldesa ha debido reducirlas en una proporción correspondiente con el aumento de los avalúos y no lo hizo. La comisión de empalme del actual alcalde, que advirtió el problema, debió solicitar el cambio de las tarifas, pero tampoco lo hizo. Llegó el primero de enero de 2012, y el impuesto quedó liquidado con altas tarifas y altos avalúos, lo que desencadenó muchas y notorias improvisaciones para buscar, o hacer ver que se busca, una solución que no llega.

Insisto en que la salida óptima es, como lo plantea el Código de Régimen Municipal, solicitarle al Gobierno Nacional, es decir al ministro de Hacienda, su autorización para liquidar el impuesto predial con base en el avalúo vigente el año pasado, utilizando los datos de la actualización solamente para predios nuevos, como aquellos que eran lotes y hoy son edificios. Tendremos el resto de 2012 para discutir las nuevas tarifas, asunto complejo porque debe conciliar, no solo los nuevos avalúos sino la modificación del POT que se sancionó el 30 de diciembre de 2011.

El alcalde debe solicitar, a la mayor brevedad, una cita con el ministro para que autorice suspender la liquidación del impuesto predial basada en los nuevos avalúos. La decisión dependerá de la voluntad política que muestre el alcalde. Si se sirve de mandos medios que se entienden con otros mandos medios del Ministerio de Hacienda, no conseguirá nada. Si lo hace personalmente, respaldado por los congresistas nortesantandereanos, logrará abrirle la puerta de salida a esta crisis, que será mayor cuando los recibos del impuesto se distribuyan por correo. Si no vemos al alcalde en el despacho del Ministro, será un claro indicio de que quiere recaudar mucho, pero irresponsablemente, mediante un impuesto confiscatorio que quedará en suspenso cuando lluevan los recursos legales contra la Administración Municipal.

La salida de la que se ha hablado invocando la Ley 44 de 1990, que protege a los contribuyentes evitando que se les cobre más del doble de la liquidación del año anterior, beneficio sobre el que el alcalde promete un descuento por pago oportuno, no es ninguna salida y acabará por complicar las cosas. Esto no beneficia a predios incorporados al perímetro urbano por el POT sancionado el 30 de diciembre; los avalúos de esos predios se multiplicaron muchas veces, y por la variación de la que fueron objeto en el POT, pagarán 2% de su avalúo como impuesto predial según las tasas vigentes. No beneficia con el descuento a quienes tengan pagos pendientes de vigencias anteriores y no puedan saldar la totalidad de la deuda, y hasta hoy el Municipio no tiene claro si beneficia a predios que modificaron su área construida. Además, fraccionar el cobro, como se propone, creará problemas administrativos para los que el Municipio no está preparado.

Alcalde: Por favor, dígale al ministro lo que está pasando en Cúcuta, porque todavía no ha habido quién lo entere. Además, procure que nuestro recaudo predial no crezca más allá de lo justo, que según nuestro PIB y el monto de nuestro presupuesto no debería ser, para los predios antiguos, más del 30% de lo que pagamos el año pasado.