EL PREDIAL MAL LIQUIDADO (II)

La Administración Municipal decidió rebajar las tarifas del Impuesto Predial Unificado (IPU) para compensar el incremento en los avalúos catastrales. Aunque la mejor solución del problema era esforzarnos por conseguir la autorización del Gobierno Nacional para liquidar el IPU con base en los avalúos de 2011 e idear una fórmula de liquidación provisional para los predios nuevos, como los apartamentos en edificios recién construidos, todo esto mientras a lo largo de 2012 nos poníamos de acuerdo en las nuevas tablas de tarifas, el alcalde y su equipo, después de una concertación precipitada, propusieron a las carreras nuevas tarifas basadas en la expectativa de recaudar 66.000 millones en 2012. Que bueno sería poder contar con ese dinero fruto de la tributación de los propietarios cucuteños para invertirlo en el progreso de Cúcuta, si la estrategia de recaudo fuera mejor concebida.

La actualización catastral implicó que los avalúos se triplicaran, aproximándose a su valor comercial y sobrepasándolo en casos excepcionales. Compensar este aumento mediante la reducción de las tarifas supondría haberlas dividido por algo menos de tres, para garantizarle al Municipio el aumento efectivo del recaudo. No es eso lo que propone la alcaldía, sino una expectativa de recaudo que dobla los 32.000 mill. previstos en el presupuesto de este año, que fue elaborado sin contar con la actualización catastral. Todo esto implica, a vuelo de pájaro, que pagaremos una suma cercana al doble que en 2011, suma algo atenuada para los contribuyentes viejos por el ingreso de nuevos predios al catastro.

Estoy seguro que el resultado de esta acelerada concertación tarifaria dará lugar a graves inconvenientes que precipitarán otra revisión en el transcurso de este año y más dolores de cabeza al Alcalde y su Secretario de Hacienda. Si asumimos que el recaudo alcance la expectativa de 66.000 mill., les puedo contar, después de conocer los presupuestos de 2012 de las diez principales ciudades colombianas, que Cúcuta será la primera ciudad del país en recaudo predial expresado como porcentaje del presupuesto general del municipio (15%), seguida de lejos por Pereira (13%), Armenia, Ibagué, Barranquilla, Cali, Manizales y Medellín (11%), Bucaramanga (8%) y Bogotá (7%). Si se expresa el IPU como porcentaje del PIB de la ciudad, Cúcuta será la segunda (1,9%) después de Barranquilla (2%). Detrás nuestro estarán todas las demás, como Pereira (1,8%), Manizales (1,6%), Medellín (1,5%), Armenia (1,2%), Ibagué y Bogotá (1%), y las restantes debajo de 1%, entre ellas Bucaramanga (0,6%).

Sí Cúcuta se propusiera recaudar por IPU, expresado como porcentaje de su PIB, lo equivalente al promedio de las diez principales ciudades (1.25%), esa meta sería $42,723 mill., ya bastante favorable para el fisco municipal puesto que es 10.000 mill. superior al recaudo inicialmente previsto para 2012. Sí Cúcuta recaudara por IPU, expresado esta vez como porcentaje de su presupuesto general lo equivalente al promedio de las diez principales ciudades (10%), debería recaudar $43,860 mill., cifra coincidente con el IPU como porcentaje del PIB.

Lo anterior permite concluir que, si la proyección de recaudo inicial era 32.000 mill. sin tomar en cuenta la actualización catastral, una vez ésta se lleve a cabo, el IPU debería crecer de manera razonable y proporcionada no más allá de 40%, hasta alcanzar $44.800.000.000, cifra ligeramente superior al promedio nacional como porcentaje del PIB y como porcentaje del presupuesto de las diez principales ciudades colombianas.

Las tarifas para liquidar el IPU contenidas en el proyecto de acuerdo que presentó el Alcalde al Concejo Municipal, y la excesiva expectativa de recaudo en que se basan (66.000 mill.) son inconvenientes. Recargarán el peso del esfuerzo tributario en el comercio y los estratos medios, restándole competitividad a la ciudad, y generarán un malestar que se sentirá apenas comiencen a circular los recibos. Sí hay que aumentar el recaudo de Cúcuta, pero de forma razonable, y sin mostrar impaciencia y altanería.

15/2/12
El predial mal liquidado
1º de febrero de 2012

Como el catastro cucuteño recién actualizado por el IGAC vale 3.5 veces más que en 2011, el impuesto predial creció en la misma proporción. Ese aumento escandaloso lo explica algo sobre lo cual ninguna autoridad ha hablado: como el avalúo catastral es la base gravable del impuesto predial, y durante muchos años el catastro cucuteño estuvo muy subvalorado, el Municipio elevó hasta el tope legal los factores de liquidación del impuesto, que deben oscilar entre 1x1000 y 16x1000. Si comparamos el Estatuto Tributario de Cúcuta con el de Bogotá, Medellín o Bucaramanga (disponibles en Internet), vemos que nuestros factores de liquidación son mucho mayores, puesto que deben operar sobre una base gravable depreciada.

El Código de Régimen Municipal admite aplazar un año el uso de avalúos resultantes de procesos de actualización catastral (Dec.1333/86, Art.180), lo que permitiría poner nuestro Estatuto Tributario a tono con el nuevo catastro, ya que las modificaciones sobre los factores de liquidación del predial surtirían efecto a partir de la vigencia fiscal siguiente. Eso es lo que hay que hacer en Cúcuta. Durante este año, el Municipio debería utilizar el avalúo de 2011, reajustándolo para aumentar el recaudo dentro de términos razonables, mientras el Alcalde y el Concejo modifican los factores de liquidación del impuesto, porque si permanecen iguales serán fuente de serios problemas. Además, los contribuyentes tendríamos un año de gracia para tramitar reclamaciones ante el IGAC.

La propuesta de la administración municipal, expuesta en un volante impreso que circula en la ciudad, es muy inconveniente. Consiste en acudir al Art. 6 de la Ley 44 de 1990, según la cual el impuesto predial resultante de un nuevo avalúo “no podrá exceder del doble del monto liquidado por el mismo concepto en el año inmediatamente anterior”, liquidación sobre la cual operaría 30% de descuento por pronto pago.

Esa propuesta tiene dos graves problemas. El primero, que no hay certeza legal sobre la pérdida del derecho que asiste al Municipio de tomar como base gravable la totalidad del avalúo catastral para liquidar el predial de las vigencias siguientes a 2012 (Ley 75/1986, Art.73), cosa que podría hacer utilizando los exagerados factores de liquidación hoy vigentes. El segundo, que si opera la fórmula planteada por la alcaldía (predial 2011 x 2 – 30%), aun suponiendo que todos alcanzáramos a beneficiarnos del estímulo al pronto pago, el recaudo se elevaría desde el primer año a $44.540 mill., monto también exagerado si se compara con el de nuestro vecino y competidor más próximo, el Municipio de Bucaramanga, cuyo recaudo de predial en 2012 será similar (46.000 mill.) Si tomamos en cuenta que ambos municipios tienen población parecida (Bucaramanga 524.000 y Cúcuta 618.000) y que en Bucaramanga el PIB per cápita 2010 según el DANE es $14.638.000 y aquí es $5.417.000, inferior 2.7 veces (tanto como que en Bucaramanga hay casi tres veces más riqueza, lo que además tiende a elevar el valor real de sus predios), se puede concluir que el esfuerzo tributario predial de las familias y las empresas cucuteñas sería, proporcionalmente a sus ingresos, al menos más del doble que las de nuestro competidor más cercano, afectando la competitividad de Cúcuta como plaza comercial o industrial.

La administración municipal debe tomar el camino más simple y evitar complicar innecesariamente este problema. El predial de 2012 debe liquidarse sobre el avalúo catastral de 2011. Mientras tanto, la Alcaldía, el Concejo y los gremios deben concertar nuevos factores para liquidar el impuesto, asegurando que el recaudo crezca de manera razonable. De lo contrario, los cucuteños pagaremos el predial más alto del país.


La informalidad en Cúcuta
25 de enero de 2012

Los vendedores ambulantes se tienen que ir del centro y hace bien el alcalde en desalojarlos. A pesar de la popularidad de esa decisión, que por cierto me beneficia en mi condición de usuario cotidiano del Centro en donde tengo oficina, me permitiré hacer algunas reflexiones críticas sobre la forma en que se llevó a cabo y sobre el modo en que muchos cucuteños conciben el problema de la informalidad.

El Boletín Económico Regional del Banco de la República que recoge información del tercer trimestre de 2011 muestra que el empleo informal de Cúcuta es casi 68%. Respecto al tamaño exorbitante de esa cifra pueden ofrecerse muchas explicaciones. La economía de la frontera con sus pimpineros, maneros, bicicleteros y toda suerte de comerciantes informales, explica una parte. Los extensos circuitos económicos del narcotráfico y el contrabando explican otra. La dificultad y los costos de la formalización explican otra. La falta de gobierno, y especialmente de gobierno municipal durante las últimas décadas, explica otra más.

Como estamos habituados a ver que la economía informal reúne mucha riqueza, pensamos con naturalidad que los vendedores ambulantes son personas más o menos prósperas, reflexión respecto a la cual he oído comentarios basados en casos que, quizá por lo excepcionales, se hacen muy visibles. He oído decir cosas como estas: 1º Que hay individuos que tienen numerosos puestos de ventas ambulantes. 2º Que la mayor parte de ellos no son cucuteños, y vienen del interior del país atraídos por una tierra donde la falta de Ley se convierte en una gran oportunidad. 3º Que hacen parte de grandes grupos controlados por alguna suerte de organización mafiosa. 4º Que todos le pagan a las Bacrim. 5º Que existen porque definitivamente, en Cúcuta no hay quien haga respetar la Ley.

No dudo que existan casos que excepcionalmente se puedan caracterizar así, como tampoco dudo que esa manera de entender el problema de los vendedores ambulantes, que justifica su desalojo fulminante apelando a la fuerza pública, halle finalmente su razón de en que nuestra sociedad es, por desgracia, muy excluyente y muy parcializada a la hora de interpretar sus propios problemas.

La gran mayoría de los vendedores ambulantes son personas pobres, a las que la vida les ha negado la posibilidad de recibir educación secundaria o técnica y muchos son venidos del campo, por lo que el Estado y especialmente el Municipio, tienen la obligación legal de facilitar su tránsito a la formalidad. Por supuesto que hay que desalojarlos del Centro, pero trazando una política pública que les muestre un camino distinto a tener que integrarse a cualquier otra ramificación de la tupida red de nuestra economía informal, muchos de cuyos ramajes son, además de informales, ilegales y a veces hasta criminales.

Hay que hacer las cosas despacio para que salgan bien. En lugar de llegar a la alcaldía como los vaqueros bravos de las películas del Oeste, dándole un empujón a las puertas basculantes de la cantina y echando un par de tiros, para que todos los demás vaqueros se metan asustados debajo de las mesas, hay que presentar una política pública que muestre cuáles responsabilidades, y en qué términos, asume el SENA, cuáles el Municipio y cuáles otras organizaciones gremiales o de bienestar social, y establecer un cronograma que les permita a los vendedores ambulantes saber a qué tiempos atenerse, mientras definen una expectativa laboral distinta dentro de la economía formal, acompañados en ese difícil camino por la mano amistosa y firme del Municipio según la pauta establecida por la Corte Constitucional en la Sentencia de Unificación 360 de 1999.


Plan para recuperar El Centro
18 de enero de 2012

El Centro de Cúcuta se puede recuperar y embellecer dirigiendo el esfuerzo hacia unos pocos frentes de trabajo. Mediante un decreto, el alcalde puede detallar el ordenamiento territorial del centro de la ciudad y coordinar los proyectos que permitan rescatarlo. Es lo que los urbanistas llaman un Plan Parcial, cosa que se intentó y se logró a medias en una alcaldía pasada.

Me contentó saber que el Alcalde, el Gobernador y la Cámara de Comercio coinciden en que el lote de Bavaria es el lugar indicado para construir el Centro de Convenciones de Cúcuta, porque lo que más contribuiría a rescatar el centro de la ciudad es destinar ese predio a su cometido inicial (sala de exposiciones, centro de convenciones y parque), echado a perder por la ambición desmedida de sus administradores. Como la suerte del lote está supeditada al desenlace de un recurso de revisión ante el Concejo de Estado, solicitado por el autor de la Acción Popular y por la malhadada Sociedad Parques de Cúcuta Ltda., espero que la alcaldía se sirva de sus mejores recursos jurídicos y de cabildeo para salvar este último problema e iniciar cuanto antes la obra, aportando los recursos y los predios que volvieron al Municipio gracias a la Acción Popular.

Además del Centro de Convenciones, la recuperación del Centro debe integrar otras obras ya iniciadas pero inacabadas o desarticuladas entre sí, que son el Parque de la Sexta, hoy abandonado, el inconcluso Centro Comercial Las Mercedes, y el Puente Atirantado de la Av. 5ª, cuyo propósito es conectar los dos tramos del Canal Bogotá separados por la Diagonal Santander, para habilitar esa vía arteria, pasando por un costado de la antigua cárcel, hoy Centro Comercial Las Mercedes. Son obras públicas en las que la antepasada administración invirtió mucho dinero, tal vez más del debido, y sería imperdonable no aprovecharlas. En su momento, fueron articuladas por un Plan Parcial cuyo eje fue la recuperación de los andenes, tal vez la obra más importante llevada a cabo en la ciudad en los últimos años.

Cuando el año pasado se discutió la remodelación del Parque Santander para integrarlo arquitectónicamente con el Centro Comercial a Cielo Abierto, coincidí con la idea, porque considero que el Municipio, en medio de sus limitaciones financieras, debe esforzarse por extender y darle uniformidad a los parques y los andenes del Centro. Pero tanto me gustó la idea en ese momento, cuanto celebro hoy no contarme entre quienes aprobaron la incorporación de los dineros que se gastaron en esa obra; la simple inspección indica que no se justificaba adicionar ese contrato, y además, la obra quedó mal hecha. Quizá cosa de las carreras de última hora para mostrar algo que maquillara todo lo que se dejó de hacer en cuatro años, o de manos inexpertas, como dijo el alcalde.

Pese a lo anterior, esta administración municipal tiene que pensar en la remodelación del Parque Mercedes Ábrego, el Parque Colón y el Parque Nacional según diseños parecidos al del Parque Santander, como obras complementarias de la recuperación del Centro, amén de la expansión hasta sus inmediaciones del Centro Comercial a Cielo Abierto.

Arreglar parques, andenes y reorganizar las rutas de transporte público en el centro de la ciudad será lo menos costoso. Lo costoso es desalojar a los vendedores ambulantes. Para que ese desalojo perdure, toda la ciudad tendrá que pagarlo y todas las entidades públicas tendrán que esforzarse para que miles de conciudadanos pasen de la informalidad a la legalidad. Eso es lo difícil, respecto a lo cual espero conocer las ideas del alcalde.


El Obispo y los Pastores
11 de enero de 2012

El discurso del nuevo alcalde en la primera sesión del Concejo Municipal, que sin modestia alguna inició citando el capítulo 13 de la Carta a los Romanos (“Toda autoridad viene de Dios, de modo que quien resiste a la autoridad, se opone a lo establecido por Dios, y se condena”), trajo a mi memoria el párrafo inicial de la Constitución de 1886, cuyo acento centralista y retrógrado estancó al país por tantos años: “En nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad, y con el fin de afianzar la unidad nacional, una de cuyas bases es el reconocimiento de que la Religión Católica, Apostólica y Romana es la de la Nación (…)”

Quien entre 1886 y 1930 se oponía a los gobiernos de la Regeneración y la Hegemonía Conservadora, desafiaba la autoridad emanada de Dios, según decía la Constitución de ese entonces, apoyada en la tesis de San Pablo. Ojalá el nuevo alcalde no piense así, con tanta soberbia. Son muchas las sentencias que ha dictado la Corte Constitucional desde que la Constitución de 1991 dejó claro en su preámbulo que el poder político no reside en Dios sino en el Pueblo (“El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios” etc.), de lo que además se desprende que el Estado colombiano es estrictamente neutral en materia religiosa, aunque respetuoso de las creencias de sus ciudadanos.

La Sentencia C-350 de 1994, que declaró inexequible un viejo  decreto según el cual cada año debía consagrarse el país al Sagrado Corazón de Jesús, afirma interpretando el preámbulo de la Constitución: “Los delegatarios a la Asamblea Constituyente invocan la protección de Dios pero no le confieren ningún atributo como fuente de autoridad o de dignidad, ni  establecen ninguna referencia a una religión específica”.

El principio constitucional de no confesionalidad del Estado no se salva sentando en la misma banca al Obispo y a los Pastores, como se hizo durante la ceremonia de posesión del nuevo alcalde, o en la inauguración de las sesiones del Concejo, invitación que el Obispo declinó tal vez incómodo de compartir con tanta gente la nueva galería multiconfesional de la alcaldía, sino entendiendo que una de las responsabilidades de la autoridad civil es defender los principios seculares del estado moderno, sin echar mano, o de los visos conservadores y premodernos de nuestra vida social, o de iglesias que se sirven de la fe para hacer política, olvidando que en el Evangelio, Cristo le dejó claro al diablo que su reino no era de este mundo.

Además, tratándose de religiones, tener contento a todos al tiempo no es cosa fácil, como lo recuerda la Sentencia C-766 de 2010: “La igualdad (de las religiones ante el Estado) no se logra motivando las funciones estatales con base en intereses de todas las religiones por igual –algo, por demás, de imposible realización en la práctica-, pues esta pretendida igualdad, en cuanto vincula motivos religiosos en las actividades estatales, sería diametralmente contraria al principio de secularizad”.

La alcaldesa María Eugenia, tan necesitada de concejo espiritual, algunas veces se prendía de las faldas del Obispo, otras de las del Pastor Satirio, otras de las del Padre Montagut. En su cuatrienio dejó probado que el mejor gobierno no es el que más bendiciones recibe.

Me gustaría un gobierno municipal laico, moderno y sujeto al principio constitucional de neutralidad ante las religiones, que son un asunto puramente privado e individual. Me gustaría un gobierno municipal sin Obispo ni Pastores.


La Indignación en 2011
28 de diciembre de 2011

Me gustó 2011 porque es uno de esos años en los que unas pocas razones parecen bastar para entender lo que pasa en todas partes, como si de pronto la historia cobrara el mismo sentido para todos. Ilusiones de la globalización quizá, que unas veces porque las noticias del mundo entero las producen unos pocos, y otras porque esas mismas noticias llegan a todos los rincones del planeta, que las empiezan a sentir como parte de su propia historia, tenemos la ilusión de asistir indignados a nuestra parte del drama único de la humanidad.

Los europeos están quebrados. Unos dicen que los culpables son los especuladores financieros y la complicidad entre ellos y los gobiernos. Otros dicen que son los Estados de Bienestar como el de España, donde se gasta y se goza más de lo permitido por la capacidad productiva de su economía. Mientras media Europa se aprieta el cinturón porque gastaba más de lo que podía, la gente se declaró indignada y salió a las calles para exigir cambios. En Grecia, Italia y España hubo relevo en el gobierno, y por lo pronto, el cambio que se espera es el de la abundancia por la austeridad, lo que augura mayor indignación.

La indignación, de la mano de distintas causas, también se sintió en el mundo árabe. En Túnez, Egipto, Libia, Siria y Yemen, la gente se hartó de gobiernos despóticos y los cambió, o intenta cambiarlos, por otros menos malos.

En Colombia, la indignación fue visible en las protestas estudiantiles contra la reforma de la Ley 30 que regula la educación superior. El gobierno propuso mayores vínculos entre los capitales privados y la educación universitaria, menor autonomía de las universidades públicas y su financiación condicionada al cumplimiento de metas difíciles de lograr en medio de recursos escasos y viejos problemas pendientes de solución. El gobierno desistió ante la justa indignación.

La indignación contra la corrupción se convirtió en fuente de legitimidad del Gobierno Nacional, que exacerbó ese sentimiento en favor propio. En Samuel Moreno y los Nule, la revelación de los recobros exagerados al Fosiga, los desfalcos al Estado cometidos por EPS como Saludcoop, el merecido canazo de Andrés Felipe Arias y otros escándalos más que se pierden en la memoria, Santos halló recursos para legitimarse como acusador y remedio ante el legado de corrupción de los tiempos uribistas. Con los mismos recursos, Petro se hizo alcalde de Bogotá.

En Cúcuta, la indignación se la debemos a los huecos, a la falta de agua causada por el segundo derrame de petróleo debido en buena parte a la irresponsabilidad de Ecopetrol, al conocimiento silencioso pero generalizado de nuestra propia y escandalosa corrupción, y ahora que arrecia el invierno, a la incomunicación de la ciudad como consecuencia de la perenne falta de vías. Si con tan graves razones no hemos sido capaces de movilizarnos masivamente contra Ecopetrol o contra nuestras autoridades locales, mostramos lo poco que se encuentra desarrollada nuestra sociedad civil y su baja capacidad de sanción moral, que hace posible la infame pero cierta afirmación según la cual “si quiere hacer lo que se le da la gana, váyase para Cúcuta”, porque allá muy pocos se indignan.

Además de indignación, 2011 le deja al país motivos de celebración. La Ley de Reparación de Víctimas y Restitución de Tierras, la reforma del sistema de regalías, que beneficiará mucho a Norte de Santander, y el lento pero seguro debilitamiento de las Farc que tanto daño le siguen causando a Colombia, deben ser motivo de justa celebración la noche del sábado 31.


Nuestro capitalismo
21 de diciembre de 2011

Entre nosotros es poco común el lanzamiento de libros de autores locales. Al que me referiré, presentado en esta ciudad la semana pasada, trata sobre la historia del pensamiento económico. Me animé a leerlo no solo por la amistad que me une con su autor sino porque es una verdadera rareza ver en Cúcuta una publicación sobre un tema tan genérico y además tan distante de nuestra experiencia cotidiana como sociedad.

“Salir de la matrix: un ensayo sobre el capitalismo y algunas ideas para mejorar la sociedad”, es un extenso libro escrito por Jorge Joya, funcionario de carrera administrativa del Municipio de Cúcuta. Se refiere al capitalismo, un experimento que aquí no ha cuajado por completo, y por eso tal vez hay quienes lo ven como si hubiera fracasado. Me atrevo a afirmar que es la primera vez que un cucuteño intenta una defensa del capitalismo mientras mira al otro lado de la frontera, lo cual le otorga al libro un mérito especial. Ese mérito lo acrecienta una circunstancia dramática: en medio de la desigualdad y la pobreza de Cúcuta es difícil defender el capitalismo; en medio de tantas personas que no tienen nada es difícil asumir la defensa de la propiedad privada.

El capitalismo cucuteño es insuficiente. La propiedad privada, base del sistema, entre nosotros es un privilegio cuando en el capitalismo desarrollado es un derecho. Como ejemplo les propongo lo que pasa en gran parte de Juan Atalaya, el barrio Aeropuerto y muchos otros barrios de las comunas seis, siete y ocho. La mayor parte de las familias no tienen acceso a la propiedad de los predios que habitan, pese a que la Ley se los otorga a través del derecho de prescripción adquisitiva de dominio. El Municipio de Cúcuta ha consentido que varias firmas de especuladores inmobiliarios se dediquen a apoderarse del ahorro de miles de familias a cambio de un título de propiedad que debería ser el resultado de una acción judicial emprendida colectivamente con la asistencia legal del Municipio. Esa negligencia ha tenido como consecuencia que se niegue el acceso al crédito a miles de cucuteños que no pueden respaldar sus obligaciones crediticias con finca raíz propia, limitando el desarrollo de su iniciativa empresarial y por consiguiente, retrasando el desarrollo de nuestro capitalismo.

El capitalismo supone no solo el reconocimiento legal de la propiedad sino la garantía legal de las transacciones comerciales, otro derecho que aquí es un privilegio del que disfruta menos de la mitad de nuestra economía, porque la mayor parte se desenvuelve en la informalidad. Los cambistas, los pimpineros, los sanandresitos, los minuteros, los piratas, los maneros, los coteros, los raspachines y todos esos oficios que tienen su pintoresco nombre en la jerga de la informalidad local, necesitan estabilidad y seguridad jurídica en sus negocios. Como el Estado no las ofrece  por la condición informal de estos mercados, aparecen los urabeños, los rastrojos o cualquiera parecido.

La libre competencia, otro principio nodal del capitalismo, también se asoma a medias, como cuando el Municipio, entre nosotros un poderoso actor económico, convoca una licitación “amarrada” para que no haya libre competencia en la oferta.

La iniciativa privada se resiente con las dificultades para tener acceso a la propiedad y al orden legal. Quizá por eso tantos jóvenes ingenieros, arquitectos, abogados y administradores, en lugar de obrar motivados por su iniciativa empresarial, andan buscando el apadrinamiento de algún político que los convide a “hacer campaña”, y en esas se la pasan, animados por la promesa incierta de conseguir puesto algún día.

¡Que viva el capitalismo! Ojalá llegue pronto.


Idea para que Ecopetrol pague
14 de diciembre de 2011

Me estremece pensar en lo que han vivido casi diez mil familias bogotanas durante varios días en los que el agua de las alcantarillas les llegó hasta la cintura, echándoles a perder muebles, electrodomésticos, libros, ropa, colchones y todo lo que puede haber en una casa de las que cuando fueron construidas, se consideraron de interés social. Muchas datan de épocas recientes y son bloques de pequeños apartamentos cuyos precios fueron inferiores a treinta y cinco millones de pesos. Los curadores urbanos las licenciaron pese a que sus terrenos estaban por debajo del nivel de las canalizaciones del río Bogotá, a esa altura una cloaca que no merece llamarse río.

Alguien tendrá que responderle a esa gente, por cierto bien organizada para demandar porque la mayor parte se agrupa en condominios. Me imagino cómo deben estar preparándose los abogados de los constructores, los curadores, la Empresa de Acueducto y el Distrito Capital para pasarse el balón unos a otros.

En cambio en Cúcuta el responsable principal, si acaso llegara a haber más de uno, es Ecopetrol. Ya es la segunda vez que un derrame de petróleo deja a la ciudad sin agua más de una semana y causa una emergencia sanitaria, devasta los ecosistemas de la cuenca y contamina gravemente durante muchos meses el agua potable y de riego. Dirán que fue un accidente, pero según el alcalde de Chinácota, municipio donde ocurrió el derrame, su causa no fue un deslizamiento de tierra, lo que plantea la posibilidad de que se haya debido a una falla del tubo, lo cual agravaría la responsabilidad de Ecopetrol. Pero aun tratándose de un deslizamiento no hay quien explique cómo ante semejante eventualidad, previsible por completo, Ecopetrol no haya ejecutado las obras civiles para estabilizar los taludes por donde corre un oleoducto, que si la memoria no me falla, también es propiedad de la multinacional Occidental Petroleum Corporation.

Ecopetrol tendrá que pagarnos a los cucuteños por su descuido como operador del Oleoducto Caño Limón Coveñas, que por cierto, tiene oficinas en esta ciudad. Además debe revisar palmo a palmo el terreno por donde corre el tubo y proteger las laderas que amenacen deslizarse.

Conocí un informe de Aguas Kpital fechado el mes pasado que propone varias obras de gran envergadura para preparar a la ciudad para calamidades que obliguen a suspender la captación de agua en el Pamplonita, ya sea por la turbidez debida al invierno o por accidentes como el que estamos sufriendo. Un reservorio adyacente al río funcionaría como un lago que decantaría el agua y podría almacenarla para las épocas en que sea imposible captarla en la bocatoma del acueducto. Cuesta diez y ocho mil millones. Otra propuesta, consistente en tanques para almacenar veinte mil metros cúbicos, cuesta ocho mil millones. La interconexión de las plantas de tratamiento del Pamplonita y el Zulia, y un sistema de bombeo que le permita a cada planta captar agua de cualquiera de los dos ríos, cuesta diez mil millones. Un sistema de captación paralelo al actual que conduzca agua hasta la planta de El Pórtico, vale diez mil millones.

Propongo que algunas de estas obras se ejecuten contando con una bolsa de recursos donde la mayor parte del dinero lo ponga Ecopetrol. Podrá haber dinero de regalías, ahora la esperanza de medio país, o de cualquier otra fuente pública, pero como son obras que buscan mitigar otro accidente igual, que puede volver a presentarse y debe prevenirse, la mayor parte de su financiamiento debe asumirlo quien es responsable de la tragedia que hoy vivimos.


Alcalde: a defender a Cúcuta
30 de noviembre de 2011

Pese a que en cada esquina tenemos abogados y además cinco universidades que empollan varios miles más, buenos hay muy pocos. Esto tiene mucho que ver con el estado lamentable de los negocios del Municipio, que unas veces por falta de buenos abogados y otras por la dolosa negligencia de sus autoridades, pierde miles de millones, fruto de nuestros impuestos.

Así como el alcalde entrante tiene que nombrar en la Oficina de Planeación y en Metrovivienda a dos “ases” de la gerencia pública, porque no cualquiera será capaz de hacer realidad la promesa de construir veinte mil casas, en la Oficina Jurídica tiene que nombrar a un jurista de verdad, quien tendrá que dirigir la defensa de la ciudad en casos importantes y complicados, de los que citaré unos pocos con la intención de despertar el interés de algunos de los miles de abogados y estudiantes de derecho que hay en Cúcuta.

La concesión de la escombrera municipal, sobre la cual se cierne una acción popular que debería ser auspiciada por el Municipio y chocantemente no ha sido así, es uno de los peores negocios que ha hecho la ciudad. Me gustaría ver cómo el nuevo alcalde denuncia públicamente ese contrato y cómo sus abogados salen a defender a los Cucuteños, que pagamos a particulares un impuesto municipal sin que eso reporte compensación alguna a la ciudad.

El laudo mediante el cual un tribunal de arbitramento condenó al Municipio a pagar varios miles de millones a la empresa Proactiva es otra perla que ejemplifica la negligencia dolosa de la alcaldía, de la cual es cómplice su Oficina Jurídica. Aun cuando a última hora se contrató una defensa, es preciso que desde ya los abogados del alcalde entrante se preparen para continuarla.

Del Parque Bavaria, dice con optimismo el nuevo alcalde en la entrevista publicada por este diario el domingo, que construirá parqueaderos, centro de convenciones, sala de exposiciones y oficinas públicas, según el proyecto original que en buena hora decidió retomar. Para eso es preciso que sus abogados tomen partido en una posible acción de revisión que quizá acepte el Consejo de Estado contra un fallo del Tribunal Administrativo. Si dicha acción no hubiera sido solicitada por la misma Corporación Parques de Cúcuta, valga decir por la actual administración municipal que como de costumbre atropella los intereses de la ciudad, se le habría permitido a Donamaris comenzar la obra sin dilaciones. Ahora tendrá que dedicarse a defender al Municipio, para lo cual, dicen los observadores agudos, si es leal con la ciudad tendrá que enfrentarse con algunos de los que lo ayudaron a elegir.

Ante la concesión de la nueva central de transporte tiene que hacer dos cosas al tiempo. Por un lado, exigir a la firma concesionaria que comience definitivamente a construir la nueva; por el otro, asumir los costos de liquidar la vieja. Un desafío para sus abogados, quienes deben evitar que el Municipio siga perdiendo dinero y retrasando el desarrollo de su infraestructura de transporte terrestre.

Renegociar la concesión de San Simón es otra tarea pendiente. Es difícil entender cómo el Área Metropolitana de Cúcuta aceptó crear un peaje urbano para financiar la construcción de corredores viales cuyo mantenimiento corresponde a la nación. Habrá que hacer un gran esfuerzo para modificar sus términos, y hacer que sirva para reparar las principales vías internas como ya se probó con la Avenida Libertadores.

En la malograda Interferías, ahora en manos de un agente liquidador designado por la Superintendencia, el Municipio va a seguir perdiendo si su oficina jurídica no reacciona como es debido. Definitivamente algo pasa con los alcaldes que hemos tenido y con los abogados que los han acompañado.


1460 días, pocos y breves
23 de noviembre de 2011

También pueden ser muchos y eternos, como los de María Eugenia que aún no acaban. El alcalde electo, sintiendo que le resultarán escasos y tratando de hacerlos rendir, convocó la semana pasada una reunión en la Cámara de Comercio en la que estuvieron presentes casi todos quienes tienen que ver con el problema de la vivienda. En la misma mesa se sentaron funcionarios del Ministerio de Vivienda, banqueros, constructores, terratenientes urbanos, gerentes de empresas de servicios públicos, el Secretario Municipal de Planeación -quien según lo anunció allí, en breve presentará al Concejo la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial- y los nuevos concejales de Cúcuta.

El alcalde electo acertó cuando siendo candidato eligió la vivienda como bandera de su campaña. Dicen quienes han estudiado el problema de la vivienda en Cúcuta, que están haciendo falta treinta mil, sin contar otras tantas que deben reubicarse por estar en zonas de alto riesgo. Como candidato que también fui, procuré seguir de cerca los lances de mis colegas, máxime tratándose de uno tan arriesgado e ingenioso como el de las “casas modelo” y los formularios. Vi reuniones multitudinarias en las casas que Donamaris construyó en La Riviera y El Palustre para mostrarle a los cucuteños que ahí estaban hechas: casas de verdad, de carne y hueso, erigidas como señal premonitoria de que “sí se puede”.

Vi formularios de los que por miles circularon en la ciudad suscitando entre los cucuteños más pobres la esperanza de tener algún día una casa decente. Una esperanza incierta y dudosa, porque son pocos los que aun creen en las promesas de un candidato en campaña, pero al fin y al cabo una ilusión que la gente persiguió como quien atraviesa el desierto muerto de sed, y camina tras un espejismo sabiendo que lo es, pero animado por la vaga y secreta esperanza de que a lo mejor, “quien quita”, el espejismo resulte siendo un oasis.

Ahora que cien mil cucuteños decidieron que Donamaris sea alcalde, nos toca a todos sentarnos en la misma mesa para tratar de convertir en oasis el espejismo. Nos tocó a todos convencernos de que “sí se puede”, para que, Dios no lo quiera, solo sea la cruda realidad la que más tarde nos desmienta.

Esta ciudad, como casi cualquier otra, tiene suficiente tierra disponible, pero esa tierra tiene propietarios. Como cualquier otra ciudad colombiana, tenemos derecho a que el Gobierno Nacional fomente la construcción de vivienda de interés social, pero desde 1991 cuando desapareció el Instituto de Crédito Territorial, ese fomento se lleva a cabo mediante subsidios a la demanda, lo que precisa postulantes que satisfagan requisitos financieros básicos y que tengan alguna capacidad de ahorro, porque no es el Estado sino las firmas constructoras privadas las que edifican casas que se pagan con el subsidio estatal, el dinero ahorrado por la familia y el crédito otorgado por el banco.

Además del consentimiento de los propietarios de la tierra y los constructores, que esperan ambos satisfacer sus legítimas expectativas de lucro, además del Estado que otorga los subsidios, además de las familias que ahorran y de los bancos que deben ofrecerles crédito, se necesita que los servicios públicos y las vías estén disponibles. Aguas Kpital aseguró en la reunión que extendería las redes de acueducto y alcantarillado hasta donde sea preciso. Aunque el anillo vial occidental se está construyendo sobre una importante zona de expansión urbana, el municipio debe prepararse para invertir mucho dinero en vías y obras de urbanismo. Los concejales estaremos para facilitar y para ejercer control sobre esta compleja trama de responsabilidades.

La reunión de la Cámara de Comercio que reseñó este periódico el lunes parecía el laboratorio de un alquimista que ensaya transformar el plomo en oro. Todos tenemos que ayudarle, porque el desafío que enfrenta compromete la esperanza y la voluntad de más de cien mil cucuteños.