Foro sobre el agua
27 de abril de 2011


Le tocó a la Universidad Francisco de Paula Santander, que tiene buen nombre, algunos buenos docentes, algo de dinero, una facultad de ingeniería y otra de administración de empresas, liderar un debate público sobre el acueducto de Cúcuta. Ninguna otra entidad de la región puede hacerlo; unas porque casi nadie cree en ellas y otras porque tienen intereses en juego.

Esta discusión, cuyos protagonistas claves son el Municipio de Cúcuta y Aguas Kpital, debe estar arbitrada por expertos nacionales en la materia que nos ayuden a concebir una nueva hoja de ruta para enfrentar un problema que estamos lejos de poder resolver.


Cuando hace quince días el gerente de Aguas Kpital estuvo en el Concejo Municipal presentando el balance de los cinco años que lleva su empresa operando el acueducto, el optimismo con que habló no presagiaba la emergencia sanitaria que ahora vivimos, y que aun cuando parece comenzar a solucionarse, puede presentarse de nuevo de un momento a otro, después de cualquier aguacero.


Ahora oigo decir al gerente de Aguas Kpital que el problema de la extrema turbiedad del agua y la amenaza de una avalancha del río Pamplonita deben prevenirse con la construcción de un embalse que decante y regule su caudal. Esa propuesta obliga al Municipio de Cúcuta a sentarse a pensar, porque implícitamente significa que Aguas Kpital no es responsable por situaciones como la que acabamos de vivir, puesto que son contingencias de la naturaleza sobre las que no tiene control alguno.


Si la propuesta de embalsar el río Pamplonita es realista, o si es mejor seguir pensando en el embalse del Cínera, o si la ampliación y el mejoramiento de la infraestructura de captación y tratamiento de agua que está obligada a hacer Aguas Kpital implica medidas para enfrentar situaciones como las que estamos viviendo y por consiguiente es responsable de esta emergencia sanitaria, son asuntos vitales para la ciudad que debemos responder en compañía de expertos en la materia, porque podrían implicar obligaciones para el Municipio de Cúcuta complementarias de los compromisos contractuales de Aguas Kpital.


Cuando se trata de resolver problemas como estos, que se suman a las inquietudes que la prensa nacional ha señalado sobre Aguas Kpital Cúcuta, su capitalización y las diferencias entre sus controversiales socios; cuando Aguas Kpital afirma que acabamos de vivir una emergencia de la que no es responsable, cuando a la administración municipal de Cúcuta nadie le cree y no está capacitada para plantear salidas a un problema tan grave, cuando todas las discusiones en torno a las medidas para hacer competitiva la ciudad se tornan irrelevantes ante la insuficiencia de un servicio público básico sin el cual no hay quien esté dispuesto a instalar sus industrias en este municipio, es necesario que un actor imparcial, digno de crédito y con capacidad técnica para entender estos problemas, lidere un debate público sobre el futuro del suministro de agua.


La hoja de ruta para enfrentar este escenario y la asignación de responsabilidades para llevarla a cabo, no pueden dejarse al libre arbitrio de sus dos principales actores, el Municipio de Cúcuta y Aguas Kpital, porque estamos hablando de un contrato de concesión entre ellos en el que están involucrados intereses económicos, que aunque legítimos, pueden enfrentarse a los de la ciudadanía, a su vez muy mal agenciados y representados por nuestras autoridades municipales.


Ojalá la UFPS y su Departamento de Ingeniería Civil asuman la tarea de proponerle a la ciudad las salidas más oportunas y realistas al problema del agua, creando un grupo docentes y estudiantes que con la asesoría de expertos nacionales ejerzan la auditoría imparcial que a juicio de muchos no ha habido sobre el contrato de operación del acueducto de Cúcuta, proponiendo soluciones técnicas, administrativas y legales en las que los ciudadanos podamos confiar. Seguramente su imparcialidad le permitirá no descartar ninguna de las posibles.



La situación de Aguas Kpital


Sin que tema ser llamado neoliberal, porque no lo soy, les aseguro que la empresa privada presta mejor el servicio público de acueducto y alcantarillado que un municipio corrupto, mal administrado y sin alcalde como el nuestro. Por eso Aguas Kpital funciona mejor que las antiguas Empresas Municipales, hoy por fortuna liquidadas. Sin embargo, no por eso tenemos la obligación de sentarnos a admirar boquiabiertos sus cinco años de vida sin decir nada, mientras el invierno tiene a la ciudad sin agua y los medios de comunicación nacionales hablan con inusitada frecuencia del expediente de los Nule, que toca también a Aguas Kpital Cúcuta, empresa que nos presta el más esencial de todos los servicios públicos.


Respecto a la anterior afirmación, me permitiré sentar mi opinión humilde y respetuosa: celebro que una firma cucuteña como Vergel y Castellanos haya ampliado su participación accionaria en Aguas Kpital hasta hacerse con la mayoría, pero no consiento que la ciudad y sus autoridades municipales se enteren de tales operaciones por los medios de comunicación nacionales y no de manera directa, máxime cuando entrañan riesgos legales con consecuencias de una magnitud correspondiente con las multimillonarias sumas en litigio (Ver Dinero No.366 del 4 de febrero de 2011 y El Espectador del domingo 3 de abril de 2011).


Como cucuteño y como concejal de este municipio, le pido a Aguas Kpital y la E.I.S. que me informen pormenorizadamente de lo que está pasando. No me basta un consuelo de tontos, como oír que Aguas Kpital lo hace mejor que las antiguas Empresas Públicas, cosa que no discuto por irrelevante y por obvia.


Nuestra ciudad y su municipio, viciados por algunas taras propias del atraso, la pobreza y la parroquialidad provinciana, son refractarios a la crítica pública, y quienes la asumimos nos exponemos a ser estigmatizados con la aureola de la ingenuidad, o a ser descalificados por envidiosos, respecto a lo cual solo puedo decir que nada deseo tanto como que Cúcuta tenga algún día cien empresas como Vergel y Castellanos S.A. Ese día Norte de Santander pesará en el país tanto como Antioquia.


Pero el problema que tenemos no es ninguna disyuntiva que obligue a escoger entre los Nule y Vergel y Castellanos. Si fuera así, todos escogeríamos la segunda opción. El problema es que la sociedad civil cucuteña y sus autoridades municipales ignoran operaciones comerciales que comprometen el patrimonio de la empresa operadora del acueducto y el alcantarillado de Cúcuta; empresa sujeta a compromisos contractuales muy onerosos, cuyo cumplimiento, por tratarse del más básico de todos los servicios públicos, no puede correr riesgos como los que revelan los medios de comunicación ya citados.


Le propongo al quienes quieran ser alcaldes de la ciudad que asuman la responsabilidad de discutir públicamente la situación de Aguas Kpital, que no por ser una empresa privada escapa al escrutinio público en vista de la naturaleza de su objeto social. Puesto que quien asuma las funciones de alcalde a partir del 1º de enero de 2012 tendrá que obrar como árbitro, veedor e interventor natural de los servicios públicos que la ciudad ha entregado en concesión, -deber al cual la actual alcaldesa parece haber renunciado- no pierden el tiempo si desde ya lideran un debate público al respecto.


Les aseguro que la mayor parte de quienes tenemos críticas que hacerle a Aguas Kpital Cúcuta estamos animados por el deseo de contribuir a que la empresa mejore en beneficio de la ciudad. Ese deseo lo comparten pobres, ricos, ciudadanos comunes y empresarios, porque todos sin excepción queremos y necesitamos agua y alcantarillado. Les aseguro a los socios cucuteños de Aguas Kpital, que tendrían a la ciudad de su lado si la convocan, no solo a una discusión sobre su situación actual, sino a una alianza sobre su futuro, que compromete por razones que son obvias, el futuro de toda la ciudad.



Elogio de la bicicleta

Los cucuteños aficionados a las bicicletas no deberíamos apreciarlas solo como medio de transporte, sino como símbolo de protesta.


Esta ciudad, antes ruta obligada del contrabando, hoy también del narcotráfico, viejo feudo de la informalidad -casi siempre sinónimo de atraso- y asiento de maneros, pimpineros, minuteros y raspadores de tarjetas con cupos de Cadivi, necesita símbolos para reivindicar los valores distintivos de la clase media urbana.


La urgencia de esa reivindicación de los valores universales de la clase media de las grandes metrópolis se debe a que Cúcuta está pareciéndose cada vez más a Tijuana y cada vez menos a una urbe desarrollada con una clase media próspera. Puede que nuestra economía informal no sea tan poderosa, ni tan bien organizada, ni tan criminal como la de los carteles del norte de México, pero los atributos que la mayoría de nuestra población asociada con el éxito social y personal son los mismos que caracterizan a los “duros” de los corridos norteños. El oropel de mal gusto de las casas de los nuevos ricos y sus camionetas de vidrios oscuros, y la sensualidad recargada y ostentosa que reporta buena facturación a los cirujanos plásticos son los emblemas del éxito en la vida, que además precisa portar pistola 9mm.

Una ciudad no puede funcionar si no es capaz de inspirar entre sus habitantes una imagen distinta de la felicidad. Si permitimos que las mayorías sientan que para ser felices deben tener carro -ojalá una camioneta Hummer de vidrios oscuros- estamos condenamos a la perpetua insatisfacción de sus expectativas.

Al alcalde entrante le corresponde adelantar la tarea de reconstruir la imagen de nuestra felicidad, para hacerla corresponder con un modelo de desarrollo urbano pacífico y sostenible. ¿Quién más que el alcalde para servir de modelo a su ciudad de lo que significa el éxito? Hasta hoy hemos tenido alcaldes y dirigentes políticos asimilados a la imagen convencional del éxito que entrañan los escoltas, las camionetas de vidrios oscuros y las casas ostentosas compradas con dineros de procedencia disfrazada. Ellos han representado a nuestras clases sociales emergentes, marginalizadas y vinculadas a actividades económicas informales, que admiten cualquier recurso para acceder a esa felicidad “chicanera” de los corridos “norteños” y la música de carrilera.


Como este año hay que escoger un alcalde, es inevitable que las críticas y las recomendaciones respecto a nuestro desarrollo urbano se refieran a su elección. Hecha esta salvedad, les confieso que me gustaría un alcalde que reivindicara la bicicleta como símbolo de los valores de una clase media hecha para vivir en una ciudad inteligente, desarrollada y sostenible. A quienes pretenden una camioneta con vidrios oscuros hay que confrontarlos con la bicicleta como modelo del éxito en una metrópoli desarrollada y respetuosa del medio ambiente.


El alcalde entrante debería tomar en cuenta la bicicleta como un medio de transporte que de veras contribuye a solucionar los problemas de la movilidad urbana. Algo se ha hecho en Bogotá, en donde casi el cinco por ciento (5%) de los desplazamientos se hacen en bicicleta. En algunas de las ciudades que se cuentan entre las mejores para vivir, como Ámsterdam, Seattle, Copenhague y Vancouver, el porcentaje es superior a veinte por ciento (20%), es decir, uno de cada cinco desplazamientos se hace en bicicleta.


Las escasas ciclorutas de Cúcuta, insuficientes para invitar a los cucuteños a utilizar la bicicleta como medio de transporte, sirven para que quien las recorra advierta lo fácil que podría pasearse la ciudad si se construyeran otras y se demarcaran ciclocarriles en las principales avenidas. Un buen ejemplo es la autopista de Atalaya, con cicloruta en ambos costados.


El fomento de la bicicleta no solo aporta unos cuantos granos de arena a la solución de los problemas de movilidad urbana. Antes que eso, es una “diatriba contra los vidrios oscuros y las costumbres traquetas”, título que ha debido llevar esta columna.



Vivienda: la locomotora varada


Cincuenta mil (50.000) cucuteños necesitan diez mil (10.000) viviendas para habitarlas junto con su núcleo familiar. Entre tanto, viven apretujados con los padres, los suegros o los hermanos en alguna casa que seguramente se cuenta entre las que tienen algún problema de construcción o de saneamiento básico, que en Cúcuta son cerca de cien mil (100.000) según las cuentas del Dane, y que para colmo de males, y especialmente si hablamos de la vivienda de una familia pobre, bien puede estar ubicada en una zona de alto riesgo, como le ocurre a una de cada cinco en esta ciudad.

Pese a la gravedad de este problema, durante los últimos tres años, Metrovivienda, la empresa industrial y comercial del municipio que tiene a su cargo la responsabilidad de acopiar tierras para construir viviendas de interés social, no ha entregado más de cincuenta (50) casas.

Según los constructores cucuteños, hay más de cinco mil (5000) familias pertenecientes a los estratos 2 y 3 dispuestas a comprar una vivienda de interés social, pero faltan propietarios de predios urbanos y constructores privados dispuestos a invertir en este tipo de proyectos, que por implicar riesgos que muchos no están dispuestos a asumir, deben correr por cuenta de Metrovivienda. Sin embargo, como los dueños del suelo urbano y los empresarios constructores de Cúcuta no confían en el municipio, ni en Metrovivienda, ni en esta administración municipal, puedo vaticinarles a estas alturas del cuatrienio de la actual alcaldesa, que una vez concluya su período, la calificación de su desempeño en esta materia será casi cero.


Lo que acabo de contarles implica un desafío enorme para el próximo alcalde, a la vez que una magnífica oportunidad para volcar el esfuerzo de su gobierno sobre un propósito que debe ser prioritario: la construcción de las viviendas que diez mil familias cucuteñas necesitan para salir de las casas en donde conviven incómodamente con sus familias extensas. La distancia que media entre este problema y su solución se supera con la conjunción de la capacidad administrativa y la capacidad política que no se le ha visto a nuestra alcaldesa. La capacidad administrativa se necesita para lograr que Metrovivienda convenza a los dueños de predios y a los constructores de que la Vivienda de Interés Social es un negocio tan bueno como el engorde de los predios o la construcción de vivienda para los estratos medios. La capacidad política se necesita para que el municipio, a través de Metrovivienda, utilice las herramientas legales y tributarias para obligar a quienes son propietarios de predios urbanizables, a usarlos para construir vivienda de interés social y cesar la especulación inmobiliaria.


El nuevo alcalde no puede seguir paliando problemas insolubles como el que representan los asentamientos en zonas de alto riesgo no mitigable. No puede seguir visitando los cerros de la ciudad regalando lonas plásticas para cubrir los taludes sobre cuyos bordes se construyen casas que tarde o temprano se caerán. Aunque la fuerza de la costumbre impuesta en tres años de pañitos de agua tibia quizá permita que aceptemos seguir viendo lo mismo durante diez meses más, a los candidatos a la alcaldía hay que exigirles que en su programa de gobierno, digan cómo van a construir las viviendas de interés social en las que deben reubicarse las familias que viven en zonas de ladera.


Dentro del proceso que adelanta el Partido Liberal para escoger su candidato a la alcaldía de Cúcuta, ha sido muy notable el énfasis que se ha hecho en la solución de este problema, que a la vez es una gran oportunidad, puesto que si la ciudad consigue ponerse de acuerdo sobre un gran proyecto de vivienda de interés social, la construcción bien podría convertirse en la locomotora de nuestro crecimiento económico, en consonancia con las ideas del gobierno nacional contenidas en el plan de desarrollo que ha comenzado a discutir el Congreso.



Última voluntad


Dice este periódico en su edición de ayer que los amigos y los familiares de Cristian Alexander Jácome, quien murió asesinado a la edad de diecisiete años, lo llevaron muerto al estadio para cumplir con su última voluntad. Respecto a este hecho me inquieta saber si de veras las cosas en Cúcuta son tan graves como para que haya jóvenes previsivos, que ya desde los diecisiete, estén pensando en su última voluntad por si acaso les toca morir, no precisamente porque estén enfermos.


Yo, que doblo en años al muchacho asesinado, todavía no me he puesto a pensar en mi última voluntad. Habrá que ponerle fin al descuido por la suerte que pueda correr después de morir si de pronto mis deudos, contagiados por el trastorno de esta ciudad en caos y sin sentido de autoridad, les cae en gracia andar con mi ataúd al estadio.


La falta de reflexión sobre este asunto, lo que harán conmigo una vez fallezca, hace que a estas alturas de mi vida no tenga certeza sobre cuál deba ser mi última voluntad. Apenas he comenzado a pensar en esto motivado por el caso que nos ha hecho noticia internacional, y sirviéndome del método de sustracción de materia, por lo pronto solo puedo pedirle a quienes les corresponda ser mis deudos que, por favor, no me lleven al estadio así esté jugando el Cúcuta Deportivo y menos a un partido que se esté perdiendo.


Por cuenta de su visita postrera al Estadio General Santander, la prensa del mundo entero reseñó la desgraciada noticia de la muerte de Cristian Alexander Jácome, que una vez más hizo resonar internacionalmente nuestro nombre. La última vez que Cúcuta gozó de un despliegue semejante en los grandes periódicos, que pueden leerse ahora en Internet, fue cuando nuestro reinado local se malogró porque a la candidata con mayor opción de triunfo la salpicaron con ácido en la cara. Con esta clase de noticias, poco a poco vamos desarrollando un característico perfil con el que nuestro nombre repercute con creciente sonoridad en la sección más amarilla de los noticieros y la prensa. Vamos poco a poco, pero vamos bien.


El problema no es de la policía. Los policías dicen, y les creo, que no pudieron contener a dos centenares de hinchas decididos a hacer valer la última y caprichosa voluntad de su compañero. El problema es que la ciudad no siente la presencia de ninguna autoridad civil que contenga sus caprichos, que pueden ser también pasar el semáforo en rojo o cualquier otra infracción de alguna norma elemental de convivencia cuya reiteración crea el caos urbano en el que vivimos. La solución no es que aparezca alguien que les diga a esos doscientos hinchas: “si quieren hacer lo que les da la gana, váyanse de Cúcuta”. La solución consiste en la doble tarea de generar la sensación de que en la ciudad existe autoridad administrativa y que la convivencia urbana está sujeta a un orden que tiene quien lo haga respetar. En otras palabras, la ciudad, lo que necesita es alcalde, o alcaldesa si la hubiera.


Además, a raíz del asesinato del muchacho de diecisiete años y la constatación de su última voluntad, me pregunto si es necesario averiguar cuáles son las expectativas de los jóvenes cucuteños, y si acaso es un hecho generalizado que en lugar de considerar la posibilidad de tener un futuro propicio, estén pensando en su suerte después que los maten, como en otras épocas pasaba con los muchachos paisas que protagonizan alguna novela de Fernando Vallejo.


La suerte de Cristian Alexander Jácome es una lección sobre lo que debe hacerse en Cúcuta. Hace falta autoridad administrativa para que la ciudad no esté a merced de los caprichos de cualquiera. También hay que ofrecer educación gratuita y capacitación para la vida laboral, asi como servicios públicos a los que me pregunto si Cristian Alexander tuvo acceso.



Una emergencia sanitaria


En el suroriente de Juan Atalaya, en uno de esos lugares en que la vecindad del campo se advierte no solo en el paisaje yermo moteado por la vegetación verde y seca que cubre a medias la tierra árida de las vecindades de Cúcuta, sino también en la pobreza y la simplicidad de los campesinos recién mudados en habitantes de la ciudad; cruza por allí un caño de aguas lluvias y un rio seco que va al Zulia, de los que como en el desierto, solo de vez en cuando lleva agua lluvia que recoge de las escorrentías que resbalan por las pendientes suaves de todos los barrios al sur de la autopista de Juan Atalaya.


En la parte alta del barrio Palmeras, cerca del punto en que el caño comienza a correr libremente cuando finaliza su canalización artificial, a uno de sus costados desagua un grueso tubo de alcantarillado roto, por el que el antiguo caño, antes un río esporádico de aguas lluvias, quedó convertido hace un año en una caudalosa quebrada de aguas negras que corre libremente hasta el río Zulia, bordeando los barrios Palmeras, Belisario, Los Olivos y Nuevo Horizonte, que si no fueran habitados por cucuteños muy pobres que difícilmente se hacen oír en el Municipio de Cúcuta y su empresa concesionaria de la operación del acueducto y el alcantarillado de la ciudad, habrían sido declarados en emergencia sanitaria, aun cuando la emergencia no mereciera llamarse tal, porque para solucionarla bastaría conectar los dos segmentos rotos del colector del alcantarillado.


Aunque el tubo se rompió hace un año, y pese a que a los vecinos de la quebrada de aguas negras se les cobra religiosamente el servicio de alcantarillado, la empresa Aguas Kpital y el Municipio de Cúcuta permanecen imperturbables ante casos como éste, que ocurren en sectores de la ciudad muy extensos y muy poblados, pero tan aclimatados a la marginación, a la pobreza y a la mala vida, que ni siquiera saben que si acuden a una acción de tutela, no habría juez en Colombia capaz de no fallarla a su favor.


De visita al caño en la parte alta del barrio Palmeras, mientras miraba el dantesco río de aguas negra y experimentaba esa rara sensación de ser extraño en el patio de mi propia casa, sentimiento que en otras partes causa perplejidad pero entre nosotros, hijos de un país fragmentado e ignorante de sí mismo, es cosa más bien común, advertí otro motivo de sorpresa. Las manzanas de ese sector de la ciudad colindante con el caño amenazan deslizarse tal como ocurrió en Tucunaré hace veinte años.


Las viviendas de esas manzanas, que pagan el servicio de alcantarillado como cualquier otra casa, no se conectan con alcantarillas debajo de las calzadas sino con alcantarillados artesanales que corren por los solares, y que por su obsolescencia filtran las aguas negras debajo del suelo, provocando la lenta caída de las casas. Según varios ingenieros civiles, peritos casuales de las andanzas que les refiero, y según el sentido común de cualquier buen observador, este es uno de los muchos sectores de la ciudad que amenaza ese tipo de ruina, que por la extensión del área que afectaría, cuando ocurra merecerá llamarse desastre.

A pocos meses de cumplirse los cinco años de la concesión de la operación del sistema de acueducto y alcantarillado de la ciudad a la empresa Aguas Kpital, sobran perlas como las que les ofrezco, que merecen colocarse en el plato de la balanza que sopese los incumplimientos del contrato. Otros serán los logros que estén en el plato de los compromisos cumplidos. Lo cierto es que si este contrato tuviera un interventor serio, y si este municipio tuviera una alcaldesa mínimamente responsable y consciente de su papel de interventora natural de este tipo de concesiones, miles de cucuteños no tendrían que sufrir catástrofes sanitarias y administrativas como esta.



Frutos de una larga espera


Porque tomo parte en el juego de la política municipal, y también por ser la política cucuteña una materia que unas veces resulta desabrida y otras veces demasiado irritante como para convertirla en el tema de una columna de opinión, he hecho lo posible por referirme a ella lo menos posible, reservando mi atención para los incontables problemas de esta ciudad, que deberían ser el centro de atención de la política y de los políticos. Sin embargo, esta vez haré una excepción para referirme a algunos aspectos prácticos de la política municipal, de esos que tanto cautivan a los periodistas y oyentes de los programas radiales mañaneros.


El día de ayer el Partido Liberal de esta ciudad, organización política a la que pertenezco, comenzó a recoger la cosecha de varios años de esfuerzos por consolidar un orden institucional representado por nuestros directorios territoriales y nuestras bancadas en las corporaciones públicas. Los seis concejales del Partido Liberal nos pusimos de acuerdo con el Directorio Liberal Municipal para apoyar el candidato que nomine el Partido en el Municipio de Cúcuta.


Lo anterior es un hecho inédito en la política regional desde hace varios años, y que modestia aparte, no puede ser contrapesado por una decisión semejante de ningún otro partido en este municipio, lo cual me hace pensar en que esta vez las elecciones las ganaremos nosotros.


La situación es simple. La bancada del partido de la “U” en el Concejo de Cúcuta, si acaso merece llamarse bancada un grupo de concejales que no se ha reunido ni una sola vez para concertar sus actuaciones en el Concejo, está dividida en tres. Hay dos aliados de la actual alcaldesa, dos del ex alcalde Suárez y dos que se aliaron entre sí para sortear el desorden de su propio partido, a cuyo director nacional, según lo registra el día de ayer este diario, le dirigieron una carta exigiendo que precisara las reglas de juego para definir a quién se otorgará el aval a la alcaldía de Cúcuta. Esta disgregación refleja la de los congresistas de la “U”, que llevan rumbos distintos cada uno.


El Partido Conservador corre la misma suerte. Dos concejales son aliados del ex alcalde Suárez y su candidato a la gobernación, otros tres lo son de la alcaldesa de Cúcuta y otro más marcha por su propia cuenta.


Puesto que sólo el Partido Liberal logró aglutinar su bancada de concejales, lo que se constató cuando ayer sus seis integrantes se sentaron con el Directorio Liberal Municipal y los tres precandidatos del Partido a la Alcaldía de Cúcuta para ratificar su decisión de respaldar a quien resulte nominado, no es una casualidad que personas influyentes en la política municipal hayan desistido de su empeño por promover candidaturas solitarias, prefiriendo cobijarse con un Partido Político con bancada y directorios reales, no de papel, y en donde existe la infraestructura institucional y legal que permite crear consensos y evitar la división que reina en las demás toldas.


Desde 1998 Horacio Serpa, recién derrotado por Andrés Pastrana, asumió la tarea de reformar estatutariamente el liberalismo y promover en el Congreso las reformas políticas que poco a poco han consolidado un sistema de representación política, que aunque dista mucho de ser el que el país necesita, ha permitido que los partidos políticos que así lo quieran, puedan fortalecerse y modernizarse, como ha sido nuestro caso, que no por lo modesto deja de ser, al fin y al cabo, un ejemplo para otros. Mientras otros gobernaban, los liberales crearon directorios y fortalecieron una bancada congresional que sirve de modelo a las bancadas de las corporaciones públicas regionales, como se patentiza en nuestro municipio.


En Cúcuta nos llegará en breve la hora de pasar de la oposición al gobierno. Será el fruto de una larga espera en la que no hemos perdido el tiempo.



La reconstrucción


Jorge Londoño Saldarriaga, hasta hace poco presidente del Banco de Colombia, fue escogido por el presidente Santos para ser gerente de la “reconstrucción” del país, tarea a la que Londoño prometió entregarse en cuerpo y alma acompañado de otros empresarios como Arturo Calle y Luís Carlos Villegas.


Vaya contraste el que resulta de comparar las personas que son de fiar en Colombia con las que se consideran fiables en otras partes del mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos después de la crisis financiera que comenzó en 2008 y que todavía no acaba del todo, los gerentes de los grandes bancos y de las compañías financiaras junto con los directores de la Reserva Federal, fueron señalados como responsables de la catástrofe. Entonces la mayoría de los estadounidenses pensaron que el frío egoísmo de los banqueros los llevó a cometer excesos que solo podrían controlarse si se restablecía la capacidad del Estado para regular algunos mercados en los que el afán de lucro podía llevar a los empresarios a actuar de manera irresponsable. Después de la crisis jamás se le habría ocurrido a nadie nombrar un banquero para dirigir la reconstrucción de Nueva Orleans.


Como en Colombia nos sobran pruebas de que la corrupción causa estragos dentro del Estado, y los desenfrenos de muchos políticos han echado a perder la reputación de la administración pública, tareas como la reconstrucción de la infraestructura del país, en donde la opinión clama por que la corrupción no desvíe el destino de los recursos públicos, se entregan a empresarios que no por gozar de mejor reputación garantizan que el interés público sea el único tenido en cuenta.


El señor Londoño Saldarriaga acaba de dejar la presidencia de un importante banco, empresa perteneciente a un sector que en todos los países es un típico “buscador de rentas” mediante la incidencia de sus lobistas y abogados en la actividad regulatoria del Estado sobre el sector financiero. 


Además, en su condición de banquero fue un interlocutor legítimo entre los grandes constructores de, por ejemplo, obras de infraestructura vial, y los grandes capitales del país, cosa que lo hace tan buen o tan mal gerente de un fondo de reconstrucción nacional como cualquier técnico o cualquier político. En otras palabras, a los primos Nule, por malos que sean, nadie puede quitarles su condición de empresarios.


No trato de obrar como abogado de oficio de los políticos, gremio al que ahora pertenezco y cuya mala reputación me incomoda pero no me atrevo a discutir, sino de abogar porque las decisiones de nuestros gobernantes tengan en cuenta que en este país, tan importante como la reconstrucción de la infraestructura vial es la reconstrucción de la infraestructura institucional. El invierno causó tantos estragos en la primera como el pasado gobierno en la segunda. Los ministerios deberían ser más capaces de asumir esa tarea que un banquero jubilado o un prestigioso modista como Arturo Calle. Si no me creen, pregúntenle a los gringos si los banqueros y los modistas reconstruyeron Nueva Orleans.

* * * * *
Como a muchos cucuteños, me causan preocupación los rumores que corren por la ciudad, y de los cuales ha hecho eco este diario en la columna “Indicadores de Jeremías”, sobre presuntas presiones y estímulos al Tribunal Administrativo de Norte de Santander para que revoque la decisión de un Juez, por cierto bastante reconocido entre los abogados por su rectitud y su conocimiento del derecho, sobre el sonado caso del Parque Bavaria. El fallo de la primera instancia decidió que los terrenos y el dinero que queda deben retornar al Municipio de Cúcuta para que todo comience de nuevo, y para que contando con un poco de suerte, esta vez las cosas se hagan bien. Ojalá que la espera y la penosa degradación que ha sufrido el centro de Cúcuta por cuenta del hueco hoy inundado, sirvan para poder replantear todo lo que se hizo mal.


Carlos Andrés Pérez


La familiaridad con que los cucuteños más rancios se refieren al ex presidente venezolano Carlos Andrés Pérez, aludido en sus conversaciones cotidianas apenas con sus dos nombres, como cualquier conocido de Rubio, entraña el acento grato de los recuerdos amables dejados por los días de las vacas gordas, la bonanza petrolera que también disfrutamos en Cúcuta, la Ínsula desaparecida, el whisky Sello Negro barato y sin estampilla, el bolívar costoso y las imágenes de los tiempos dorados del comercio cucuteño.


Le tocó en suerte ser presidente cuando la riqueza venezolana le permitió ser generoso con propios y extraños mientras cosechaba los mejores frutos de la renta del petróleo, encarecido por las guerras del Oriente Medio. Como no compartía la animadversión que sentía Rómulo Betancourt por Fidel Castro, fue amigo de Cuba y líder de la social democracia en el Tercer Mundo, por lo que les aseguro que habría reemplazado a José Vicente Rangel como consejero de Hugo Chávez, si cabalgando sobre ola de su recuerdo no hubiera resistido la tentación de ser presidente por segunda vez, para tener que acabar como acabó.


Aceptó cambiar el recuerdo de prodigalidad de su primer mandato por el recuerdo de austeridad del segundo, cuando las medidas de ajuste estructural concertadas en 1989 con el FMI le valieron el Caracazo, dos intentos de golpe y la crisis en la que resultó destituido, preso y exiliado, nada de lo cual habría sido deshonroso si no hubiera hecho un gobierno que si se compara con el de César Gaviria, su coetáneo colombiano, resultó siendo bastante peor en lo tocante al resultado de sus medidas de apertura económica y ajuste fiscal, cosa que es mucho decir.


El repaso de esas épocas, todavía frescas en la memoria de muchos de los que veíamos cotidianamente Radio Caracas y Venevisión, cuando no se había popularizado en Cúcuta la televisión por cable, muestra cómo la historia de Colombia y Venezuela es semejante, al punto que las consecuencias de las reformas económicas y sociales de los años noventa, casi idénticas en ambos países, fueron dos modelos de autoritarismo nacionalista; uno de derecha y otro de izquierda.


La tecnocracia que integró los “kínderes” de Gaviria y de Pérez aplicó las fórmulas de política económica en boga al comienzo de los noventa. Aquí quebraron la economía campesina, debilitaron la clase media y aumentaron la inequidad, lo que junto con la desesperación nacional por la violencia guerrillera dieron lugar al estallido desordenado de la derecha uribista y el paramilitarismo. Allá, las mismas medidas de apertura y ajuste fiscal que quisieron ponerle fin de un tajo al Estado de Bienestar quebrado por la corrupción y el despilfarro, rebosaron la copa del disgusto contra los partidos, allanando el terreno para quien llegara anunciando que estaba dispuesto repartir entre los pobres la torta de la renta petrolera.


Qué paradójico resulta pensar que si Carlos Andrés no hubiera sido presidente dos veces habría estado al lado de Chávez. El presidente que expropió a las multinacionales petroleras y a las grandes explotaciones mineras, forjó el Estado de Bienestar venezolano, se opuso a Somoza, apoyó a Torrijos para que recuperara el Canal de Panamá, se acercó a Cuba y presidió la Internacional Socialista, merecía descansar en el panteón nacionalista del chavismo.



El servicio de aseo en Cúcuta


La Ley 142 de 1994, que dicta el régimen de los servicios públicos domiciliarios en Colombia, dice lo siguiente en su capítulo III sobre los subsidios: “Artículo 99. Forma de subsidiar. Las entidades señaladas en el artículo 368 de la Constitución Política podrán conceder subsidios en sus respectivos presupuestos de acuerdo a las siguientes reglas: (…) 99.4. El Presidente y los gobernadores podrán suspender a los alcaldes cuando sean negligentes en la aplicación de las normas relativas al pago de los subsidios; o cuando las infrinjan de cualquier otra manera.”


La negligencia mencionada por la Ley la patentiza el laudo de un Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Cúcuta sobre el cual trató esta columna la semana pasada. Con base en la Ley, y en las mismas pruebas esgrimidas por el Tribunal, el Gobernador de Norte de Santander puede suspender a la alcaldesa de Cúcuta.


Ponerse al corriente del caso en que nuestro Municipio resultó condenado a pagar más de doce mil millones de pesos, precisa recordar que durante la alcaldía de José Fernando Bautista se entregó en concesión el servicio de recolección de basuras a dos empresas, Aseo Urbano y Proactiva. A cada una se le asignó una mitad de la ciudad, dividida por el Canal Bogotá. Al oriente del Canal están los sectores de alta estratificación atendidos por Aseo Urbano. 


Al occidente se encuentran amplias zonas de baja estratificación, que correspondieron a Proactiva.

Para amortiguar con subsidios el pago del servicio de aseo de los estratos bajos, los estratos altos están sujetos a contribuciones que deben ser recaudadas por Aseo Urbano y consignadas en una entidad con un nombre encantador, el “Fondo de Solidaridad y Redistribución”, que tiene la noble tarea de convertir las contribuciones de los ricos en subsidios para los pobres, y del que es garante el Municipio de Cúcuta.

Ocho años duró la concesión, al cabo de los cuales el Fondo de Solidaridad y Redistribución, ni recibió dinero de Aseo Urbano, ni lo giró a Proactiva en las cuantías debidas. Proactiva, con la venia del Municipio de Cúcuta, solicitó que un Tribunal de Arbitramento liquidara su contrato, y ante esa instancia demandó que el Municipio, como garante del Fondo, le hiciera efectivos los subsidios adeudados, que suman, según sus pródigas cuentas, largos doce mil millones.


La negligencia del Municipio de Cúcuta se constata en todas partes. En el descuido del cobro a Aseo Urbano, la empresa que tenía la obligación de contribuir al Fondo de Solidaridad, en la postergación de los pagos a Proactiva, la empresa beneficiaria del Fondo, en el aplazamiento de las liquidaciones de los contratos cuando expiró la concesión, asunto que le correspondía asumir a la actual alcaldesa, en el cuidado del proceso ante el Tribunal de Arbitramento, hecho que esgrimen los árbitros para otorgar la razón a la empresa Proactiva, demandante de nuestro Municipio, con palabras que no resisto citar una vez más: “El convocado Municipio de San José de Cúcuta, notificado personalmente, dentro de término legal oportuno, no contestó la demanda, no propuso excepciones, no solicitó pruebas, no asistió a la audiencia de conciliación (…)” (pg. 73). Ese comportamiento de la Oficina Jurídica del Municipio da lugar a rumores y malos pensamientos que la malicia acaba convirtiendo en certeras sospechas.


Para colmo de males, pese al vencimiento de los contratos de concesión, según los voceros de las dos empresas, las mismas no están sujetas a la regulación municipal y se encuentran en condiciones de libre competencia; el Municipio no ha revisado con cuidado la situación del Fondo de Solidaridad y Redistribución, y acaba de presentar un proyecto de acuerdo que ratifica su papel de árbitro y garante de su funcionamiento, quedando expuesto de nuevo a demandas parecidas. ¿Será que el Gobernador puede hacer valer el artículo 99 de la Ley 142 de 1994?



Laudo alarmante


No faltan quienes piensan, y entre ellos se cuentan muchos de mis amigos, que los reproches se hacen inútiles cuando se reiteran demasiado, porque ante ellos sus destinatarios acaban escudándose en argumentos ad hominem que aluden a intereses mal intencionados y actitudes cómodas de quien asume el ejercicio de la crítica, papel por cierto muy incómodo, difícil, peligroso y mal pagado entre nosotros, que para asumirlo en una ciudad como Cúcuta exige un poco de ingenuidad y bastante romanticismo.


Las reflexiones serenas de quienes invitan a asumir con frialdad médica la realidad primitiva de nuestras entidades públicas en donde todo vale, no surten efectos ante hechos que al menos a mí no dejan de sorprenderme, como el laudo proferido el pasado día tres de diciembre por un tribunal de arbitramento de la Cámara de Comercio de Cúcuta contra el Municipio de Cúcuta, demandado ante esa instancia por Proactiva Oriente S.A. E.S.P., empresa que junto con Aseo Urbano, presta el servicio de recolección de basuras en esta ciudad. Por cuenta de ese laudo, si se llegara a confirmar después de agotar un recurso de anulación ante el Consejo de Estado, nuestro municipio queda obligado a pagar más de doce mil millones de pesos que no sé de dónde saldrán.


El laudo encierra muchas sorpresas. Es un documento mal escrito, desordenado, rebosado de gazapos y transcripciones textuales de libros que no se citan; esa infracción de las normas de escritura a la que habitualmente nos referimos con la palabra “plagio”, y que habla muy mal de quienes la Cámara de Comercio admite en sus listados de árbitros. Esto es apenas una crítica accesoria; también hay sorpresas en asuntos más importantes, como la liquidación de las deudas del Municipio de Cúcuta con Proactiva, que existen, aunque no en la cuantía exacta señalada por los árbitros, según modestamente creo.


A continuación transcribo, utilizando comillas, para dar ejemplo a los Señores árbitros de lo que ellos no acostumbran hacer, lo que más me sorprendió del documento, y en lo cual, conociendo de quien se trata, les aseguro que el Tribunal de Arbitramento no miente: “El convocado MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, notificado personalmente, dentro de término legal oportuno, no contestó la demanda, no propuso excepciones, no solicitó pruebas, no asistió a la audiencia de conciliación (…)” (pg. 73). Argumentando la desatención del Municipio de Cúcuta en el proceso, el arbitraje aceptó las razones de la empresa Proactiva.


Ese descuido irresponsable e injustificado de la Alcaldía de Cúcuta tuvo como resultado una condena multimillonaria. ¿Cómo explicar que estando en juego semejante cantidad de dinero, mayor que la tercera parte del recaudo anual de la ciudad, el Municipio de Cúcuta no haga nada? Ante ese tipo de hechos, hasta al ciudadano más ingenuo le es dado sospechar lo más perverso. A quienes nos hemos apartado del actual gobierno municipal asumiendo el costo que eso implica en la arena de la política, nos entregan otro triste argumento que valida la decisión de no tener vínculo político alguno con quien no solo ha sido la peor alcalde de la historia de esta ciudad, sino que se ha servido de la pobreza de Cúcuta, debida en buena parte a la gerencia dañina e irresponsable que ejemplifican estos hechos, para capitalizar en favor propio las políticas asistenciales que el Estado colombiano orienta hacia las personas más pobres, un segmento de la población que crece todos los días en Cúcuta.


Me gustaría saber qué piensa sobre este caso la Procuraduría, la Personería y la Contraloría. ¿Será que hacen algo? Otros asuntos más de fondo relacionados con el funcionamiento del servicio de aseo en Cúcuta, cuyo descuido por parte de varias administraciones municipales es también causa de esta lamentable y no del todo injusta decisión arbitral, serán motivo de la siguiente columna.



San Simón y la alcaldía: indiferencia y complicidad


Los invito a que conversen con los gerentes de cualquiera de las empresas con las que el Municipio de Cúcuta o el Área Metropolitana de Cúcuta han celebrado contratos que concesionan obligaciones del Estado que valen muchos miles de millones de pesos, como los servicios públicos o la construcción de vías -tal es el caso de San Simón-. Todos afirman estar cumpliendo con sus obligaciones. Incluso los he oído decir que están excediendo sus compromisos contractuales. Todos afirman que su negocio no es tan bueno como la gente cree. Todos dicen que están al borde del desequilibrio financiero. Todos solicitan especial consideración por parte del Estado.


Si el gerente no llega a persuadirlos de la cruda realidad que según él sufre su empresa, y si después de oírlo siguen pensando que no está cumpliendo a cabalidad con sus obligaciones, es porque les falta leer el informe de los interventores, que los hará ver cuán equivocados están. 


Resulta que sí se está cumpliendo con el contrato punto por punto, y los abogados, contadores, ingenieros y analistas financieros de la concesión y la firma que practica la interventoría del contrato, coinciden en que todo marcha divinamente. Los ciudadanos quedamos legalmente desautorizados para afirmar que, según nuestra simple inspección, las cosas no son tan buenas como dicen en coro contratistas e interventores; quedamos desarmados para mostrarle a la justicia que no se está cumpliendo adecuadamente con un contrato que además, le genera a sus titulares un lucro a veces excesivo, y que entraña una grave carga para quienes pagamos caro por obras públicas o servicios insuficientes y de mala calidad.


¿Y ahora quién podrá defendernos? La ciudad debe tener claro que un negocio de la cuantía del que tiene San Simón S.A., excede la capacidad de acción legal de un ciudadano común y corriente, e incluso de una corporación pública como el Concejo de Cúcuta que ni siquiera es competente para exigirle cuentas a ésta empresa, que no tiene vínculos contractuales con el Municipio de Cúcuta sino con el Instituto Nacional de Concesiones y el Área Metropolitana de Cúcuta.


San Simón S.A., según mi modesta opinión y la de la mayor parte de los cucuteños, tiene mucho tiempo cobrando peajes e incorporando en sus haberes sumas multimillonarias giradas por la Nación. Incluso sumó a sus recaudos el peaje de Corozal, que recibió de un plumazo sin que mediara licitación pública alguna. Además, ha sido favorecida con modificaciones que suavizan los términos de sus obligaciones iniciales. Pese a todo, tiene la desfachatez de decir que está al borde del desequilibrio financiero y que debe renunciar a cuatro obras vitales para la ciudad.


Lo anterior puede ser cierto, pero el que quiera demostrarlo para lograr efectos jurídicos favorables a la ciudadanía cucuteña, como la caducidad del contrato de concesión o la modificación de sus términos, debe armarse de argumentos técnicos que controviertan la versión de San Simón S.A., sus interventores y el Instituto Nacional de Concesiones. Para lograrlo se requiere un equipo con buenos abogados, ingenieros y contadores. Cualquier otra cosa son meras palabras inanes para el agrado de las galerías: las mismas promesas vacías que hizo la actual alcaldesa en sus días de candidata, cuando asumió como suya la causa contra los peajes.


La Alcaldía de Cúcuta y el Área Metropolitana de Cúcuta sí tienen la capacidad y la obligación moral de asumir el papel de interventores naturales de la concesión de San Simón S.A., pero no lo han hecho, y en su indiferencia creo ver complicidad. Ellos tienen la capacidad técnica y financiera para emprender acciones legales en favor de los habitantes del área metropolitana de Cúcuta, pero no han hecho nada. Tan solo les oímos declaraciones inútiles que no surten efecto legal o administrativo alguno. Su silencio también refleja incompetencia. La incompetencia es un hecho probado. La complicidad, apenas una sospecha de muchos cucuteños.



¿En qué va el transporte masivo de Cúcuta?


La semana pasada, la alcaldesa de Villa del Rosario y el alcalde de Los Patios dijeron que por falta de dinero no se montan en el bus del transporte masivo de Cúcuta. En algún consejo comunitario de los tantos que hubo durante el gobierno anterior, se dijo que las obras cuya ejecución corre por cuenta de San Simón S.A. podrían ser contadas como parte de la cofinanciación metropolitana al proyecto. Dando por cierta esa promesa, pensamos que todo sería fácil; que la ampliación de la autopista internacional en Villa del Rosario, la ampliación de la autopista de los Patios y la ampliación de la Diagonal Santander, vías concesionadas a San Simón por las que correrá el sistema de transporte masivo, serían el aporte en especie que haría menos gravosa la cofinanciación que deben asumir municipios metropolitanos. Todo resultó ser otra de las promesas vacías de los consejos comunitarios. Hoy sabemos que se necesita dinero contante y sonante, del que a Los Patios le corresponde aportar diez mil millones, a Villa del Rosario seis mil millones y a Cúcuta setenta mil millones, mal contados.


Los alcaldes de Los Patios y Villa del Rosario afirman que sus municipios tienen proyectos de saneamiento básico que priman sobre las necesidades de movilidad, y se niegan a comprometer sus vigencias fiscales futuras en el transporte masivo. Como sus razones no son discutibles, y nadie puede discutirle a la alcaldesa de Villa del Rosario que en su municipio el acueducto es lo más importante, la única manera de que algún día podamos reformar nuestro obsoleto sistema de transporte público entregado a la guerra del centavo, es buscar fuentes de financiación distintas que ayuden a aliviar la carga fiscal de los socios menores del proyecto, que no por ser menores dejan de ser indispensables.


Sin Villa del Rosario y Los Patios no habrá transporte masivo para Cúcuta porque los estudios que sirven de base al proyecto, presentado por los consultores contratados por el Departamento Nacional de Planeación, muestran que casi la tercera parte de los desplazamientos urbanos tienen como origen o destino alguno de estos municipios. Por consiguiente, quienes tenemos el firme propósito de que el nuevo sistema comience a funcionar cuanto antes, debemos tener como reto asociar la Gobernación de Norte de Santander a la solución del transporte de los municipios metropolitanos. Prescindir de Los Patios y Villa del Rosario, como intenta hacerlo la alcaldesa de Cúcuta animada por el afán comprensible de mostrar los resultados de su empeño en este proyecto, es un grave error que podría paralizarlo varios años, consecuencia que se advierte en una carta que los alcaldes de Villa del Rosario y Los Patios dirigieron a los concejales y a la alcaldesa de Cúcuta. Si el Municipio de Cúcuta insiste en crear mediante un Acuerdo el ente gestor del sistema de transporte masivo (una empresa industrial y comercial del Estado que en el caso de Bogotá se llama Transmilenio S.A.) ciñéndolo a Cúcuta, y no al Área Metropolitana como debe hacerse, iniciarán alguna acción legal contra las autoridades cucuteñas.


Estamos ante una situación en la que la alcaldesa María Eugenia Riascos puede mostrar el liderazgo político que le ha faltado durante sus tres largos años de gobierno. Para sacar al transporte masivo del atolladero, no solo tiene que ser capaz de convencer a sus colegas metropolitanos de la conveniencia del proyecto, sino también a la Gobernación de Norte de Santander y a las agencias de crédito del gobierno nacional que puedan ayudar a aliviar la carga de la cofinanciación.


El ente gestor del sistema, al que hay que buscarle nombre, debe surgir de una mesa de concertación liderada por la alcaldesa de Cúcuta, y no de su iniciativa aislada. Solo así tendría garantías de éxito, y solo así sería oportuno que el Concejo concediera la autorización para que la alcaldesa comprometa en este proyecto vigencias futuras del presupuesto municipal en una cuantía muy, pero muy onerosa.



Los colegios de Cúcuta


En la revista Dinero No. 362 de noviembre aparece el escalafón de los mejores colegios del país en 2010 según los resultados del examen del ICFES, como de costumbre lo hace esa publicación todos los años desde hace al menos una década. Habrá quienes tengan argumentos serios para sostener que habiendo tantas facetas del proceso educativo que el citado examen no puede medir, es un error convertirlo en el criterio básico para distinguir entre lo bueno y lo malo en esa materia. Sin embargo, quizá no haya ningún indicador mejor, y seguramente el ya tradicional listado de la revista Dinero seguirá teniendo en cuenta al ICFES durante muchos años más.


Que una revista especializada en economía y negocios le dedique año tras año un artículo a este tema se debe a que la educación es un asunto de interés económico primordial. El público lector de esa clase de publicaciones, compuesto en su mayor parte por empresarios, ejecutivos y otras personas con algún grado de prosperidad económica, está interesado en conocer cuáles son los mejores colegios para educar a sus hijos, asunto que se convierte en una decisión clave para la reproducción del capital económico y cultural de cualquier familia. Una familia pudiente envía a sus hijos al mejor colegio privado para que su futuro se enriquezca con vínculos sociales y para que se garantice su acceso a las mejores universidades. Muchas familias de clase media tratan de hacer lo mismo, esforzándose para que sus hijos se beneficien de la educación y las relaciones sociales que quizá sus padres no tuvieron, lo que les facilitará seguir ascendiendo por el camino de la prosperidad. Las familias pobres cifran sus esperanzas en que el Estado ofrezca educación gratuita y de buena calidad a sus hijos. Como no tienen la opción de escoger el mejor colegio, cruzan los dedos para que les toque en suerte uno bueno. Por desgracia, casi siempre pierden la apuesta.


El listado de los mejores colegios ratifica cuánto cuesta cerrar la brecha de la desigualdad. Los más pudientes, que se concentran en Bogotá, van a los mejores colegios, que también se concentran en Bogotá. En las regiones se replica el mismo principio. Por ejemplo, de los siete colegios de Cúcuta que hacen parte de la lista de los trescientos mejores del país, cinco están reservados para los jóvenes más pudientes.


Lo que de veras merece reconocerse es aquello que desafía la regla general; en este caso, los colegios que educan jóvenes procedentes de familias donde hay recursos escasos, cuyos hijos estudian en medio de dificultades mayores y con frecuencia encuentran limitaciones en el acceso a la tecnología que hoy es sinónimo de conocimiento. Gracias al esfuerzo de padres y maestros, hay colegios que vencen esas limitaciones y obtienen resultados calificados como “muy superiores” en los exámenes que practica el ICFES, posibilitando que sus egresados tengan mayores opciones de acceder a la educación superior y franqueen las limitaciones que tuvieron como punto de partida.


Dos colegios públicos de Cúcuta, El Instituto Técnico Nacional de Comercio y la jornada pública del Colegio Santo Ángel, lograron estar en la lista de los trescientos mejores del país, entre más de diez mil colegios evaluados. Es un honor que debe reconocerse en primer lugar a sus profesores. Además, se convierten en casos que deberían estudiarse para que los demás colegios públicos del Departamento conozcan y se beneficien de sus experiencias institucionales. Lo lamentable, es que hay una larga lista de colegios públicos que no solo tienen un desempeño académico muy bajo, sino unas instalaciones físicas que a veces amenazan ruina, cosa que me permito decir sin exagerar.


Nuestro municipio ha postergado durante años su deber de ofrecer educación pública de la calidad, necesaria para que los jóvenes cucuteños salten la brecha de la desigualdad. Debería aprender de los pocos que lo han logrado, para quienes van mis especiales felicitaciones.



La educación en Cúcuta


Un forista de la versión digital de este diario me desaconsejaba la crítica a la administración municipal, con el respetable argumento de que los miembros de las corporaciones públicas no debemos criticar sino trabajar y proponer soluciones. Hace unos años habría estado de acuerdo con esa opinión. Hoy, que hago parte del Concejo de Cúcuta, creo que la crítica pública es un recurso necesario de la deliberación democrática que, en lo tocante a la situación de este servidor, halla su validez en las limitaciones del Concejo como foro de discusión de los problemas de la ciudad. Los intereses de la política, a los que la crítica resulta inoportuna, con frecuencia hacen que las corporaciones públicas prefieran el colaboracionismo a la deliberación. Unas cuantas golondrinas, ni hacen verano, ni molestan el mutismo que imponen las mayorías. La prensa siempre será un recurso válido de la crítica, tan necesaria en la democracia.


Siendo consecuente con esta reflexión, les propongo una discusión que hace unos meses apenas se desarrolló a medias en el Concejo Municipal, sin que concluyera en nada, y que la revisión del presupuesto municipal del año entrante trajo de nuevo a mi memoria.


El Ministerio de Educación dice que Cúcuta tiene superávit de oferta educativa en sus colegios públicos. Sin embargo, la administración municipal incurre año tras año en gastos cuantiosos en la contratación de servicios educativos con colegios privados y comunidades religiosas. En el primer caso, los municipios crean “bancos de oferentes” de servicios educativos. Los colegios que integran el banco de oferentes reciben becas por $680.000 anuales para estudiantes de escasos recursos que son administradas con un capricho desconcertante.


Conocí un caso que quiero compartirles. En el barrio Comuneros existe un pequeño colegio llamado San Pedro Claver, que visité hace tres años cuando su dueño se quejaba por el escaso apoyo que recibía como integrante del “banco de oferentes”. Tenía en ese entonces sólo unas pocas decenas de becas, cuyo número contrastaba con el de colegios en barrios cercanos. Revisando las becas adjudicadas en los dos últimos años, noté con sorpresa que ese mismo colegio, ya no tiene unas pocas decenas, sino más de dos mil en 2009 y casi mil en 2010, cifras que exceden el número de estudiantes que caben en sus salones. El producto de dos mil por $680.000 es una cifra considerable, que parece adjudicarse según la voluntad gratuita de no sé qué funcionario de la Secretaría de Educación; acaso del mismo Secretario, sobre cuyos vínculos de amistad, y los de la alcaldesa, con los dueños del mencionado colegio, se tejen toda suerte de rumores. Así parece funcionar el tal “banco de oferentes”, sin que ningún indicador objetivo sirva para asignar los recursos millonarios que gira la nación al municipio por este rubro, a su vez una pequeña parte de lo que comúnmente se llaman “transferencias”: la presa de los alcaldes de los municipios pobres como el nuestro, donde las rentas propias apenas son una pequeña fracción de lo que gira el gobierno central.


Esto es tan solo un botón todo lo que hay que ver en el Municipio, o en esa misma Secretaría, amén de contratos multimillonarios en “capacitaciones” o “asistencia técnica pedagógica para mejorar la capacidad de gestión y la ampliación de la cobertura”; contratos de resultados intangibles, por no decir que inútiles, como uno de 1.200 millones con una fundación “de los Santos Apóstoles” que hoy es objeto de una acción popular contra el Secretario de Educación, antiguo promotor de dicha fundación antes de posesionarse en su cargo actual.


Otras ciudades han logrado excelentes resultados mejorando la calidad de la educación pública, asunto que entre nosotros no ha sido un tema de debate que despierte el interés general. Ojalá estas líneas sirvan para generar alguna discusión respecto un asunto que debe ser prioritario en la agenda de los candidatos a la alcaldía el año entrante.



La crítica y la oposición


Un filósofo de la antigüedad decía que tan sólo los ciudadanos podemos permitir que nos arrastre esa proclividad humana a opinar y tomar partido en la búsqueda del destino de la ciudad que habitamos. Decía que todos somos “animales políticos”, aunque la posibilidad de explayar esa faceta de nuestra naturaleza estaba reservada a quienes tenían derecho a la ciudadanía, privilegio que el mundo antiguo reservaba a unos pocos mientras que la Modernidad lo otorga a todos.


Como no somos tan modernos como debiéramos, y como arrastramos los vestigios de una historia de compromisos y pactos de silencio para que las facciones y los partidos pudieran comer callados, la crítica y la oposición, necesarias para que la sociedad delibere y merezca llamarse democrática, todavía se ve como el oficio al que se entregan los frustrados, los que no pudieron tener su tajada del ponqué y todos aquellos a los que alguna enfermedad de su carácter los pone al servicio de estrategias de confrontación permanente. No sirven sino para criticar. No son “proactivos”.


Tal vez el Frente Nacional, que acostumbró a los partidos a evitar las deliberaciones públicas y el ejercicio de la oposición mientras a puerta cerrada sus directorios políticos concertaban el reparto de los puestos y los contratos, nos dejó como secuela la tendencia generalizada a desaprobar la crítica y la oposición, lo que ha consolidado una sociedad conservadora que persiste en errores probados, con la terquedad y la ingenuidad de una mula.


El modelo del Frente Nacional es mucho más que un desafortunado legado de nuestra historia. Es la regla de la política en casi todas las entidades territoriales del país, donde no se distingue entre partidos de gobierno y partidos de oposición. Todo se revuelve en el mismo saco clientelista en donde sin discriminación, cualquiera puede meter la mano y sacar algo, a cambio de no criticar y no oponerse. En la misma mesa se sientan congresistas, diputados, concejales, periodistas, contratistas, concesionarios, funcionarios, gremios, candidatos y toda suerte de líderes y vecinos. Por eso la crítica y la oposición son de tan mal recibo entre nosotros.


Por fortuna hay espacios reservados a la crítica, que no es otra cosa que tomar en consideración los hechos con argumentos y con razones que pretendan alguna objetividad. La prensa es el primero de ellos. Creo que los lectores juiciosos consideran a los columnistas o periodistas acríticos como paniaguados o aduladores melosos. La gran mayoría de los ciudadanos notan la diferencia entre un lisonjero que habla o escribe para pagar favores y alguien que lo hace esforzándose por ser imparcial sin temer ser crítico.


Esa misma sensibilidad debería usarse para tantear a los políticos. Puesto que entre nosotros la mayor parte de los ciudadanos los estima con el rasero del Frente Nacional, poco valoran a los que deciden entregarse al ejercicio de la crítica y la oposición, que son los menos eficaces para ayudar a nombrar o contratar. Sin embargo, cumplen una función cuya importancia la acrecienta nuestro modelo de descentralización, en el que los alcaldes y gobernadores son una suerte de pequeños dictadores. La Ley les concede a ellos la iniciativa a la hora de presupuestar y gastar, de nombrar sus gabinetes, y de proponer presupuestos, planes de desarrollo y planes de ordenamiento territorial, que en algunos casos pueden sancionar por decreto.


Entre las pocas atribuciones importantes que nuestro modelo de descentralización deja en manos de los concejales y diputados, se cuenta el control político. En otras palabras, los concejales y diputados deberían especializarse en el ejercicio de la crítica de las políticas públicas. Deberían convertirse en jueces públicos de la gestión municipal y departamental, puesto que sus atribuciones ejecutivas son insignificantes. Si llegan a conocer alguno que sea gestor de grandes proyectos, piensen en elegirlo alcalde, o mejor, conviértanlo en objeto de sus sospechas.



La izquierda y sus convicciones


El carrusel de la contratación del que hablan todos los medios de comunicación nacionales tiene más protagonistas que los Nule, el Distrito Especial de Bogotá, el Polo Democrático y los hermanos Moreno Díaz. Los Nule desde su exilio señalaron también a otros, que como el ex ministro de trasporte Ángel Uriel Gallego, se benefician del tratamiento benigno que corresponde al uribismo, patente en la noticia de la primera página de El Tiempo el pasado domingo, según la cual, si Álvaro Uribe fuera candidato a la alcaldía de Bogotá, ganaría holgadamente las elecciones pese a que de él puede sospecharse lo mismo que de Samuel Moreno en lo que respecta a sus vínculos con los Nule, grandes contratistas del gobierno central, y no solo del Distrito, durante el gobierno pasado.


Lo que se le cobra a Moreno se le perdona a Uribe por dos razones, una de las cuales comparto. La que más pesa, porque una constelación de presunciones tácitas, a veces inconscientes, le dan forma a una manera de ver el mundo y juzgar la política que en nuestro país favorece al uribismo y perjudica a sus contradictores. Es el conocido “efecto teflón”. La otra, que comparto, es porque la corrupción no se tolera en la izquierda, puesto que combatirla es una de sus finalidades, mientras que la derecha llega a admitirla como medio, y la justifica por su finalidad.


Dirá la derecha colombiana que no importa que Uribe haya recurrido a la corrupción para asegurar reelegirse con el voto de Yidis Medina, siempre y cuando ese medio tuviera como fin el orden y la seguridad. En cambio, ni siquiera la izquierda puede ser tolerante con Samuel Moreno, elegido por un partido cuyo principal propósito político es llevar a la práctica la Constitución de 1991, según lo repite incesantemente Carlos Gaviria. Tanto ha cambiado la izquierda desde Carlos Marx que ahora, por lo menos en el caso colombiano, la Constitución y la Ley son su ideología, cuando según el marxismo, son un instrumento de dominación al servicio de una clase social opresora.


Si la justicia colombiana no cojeara tanto y si el testimonio de los Nule fuera cierto, quizás los Moreno tendrían que pagar la misma pena que Ángel Uriel Gallego y su jefe, pero el juicio de la historia, si acaso también fuera justo –y que valga en este caso la redundancia- debería ser más severo con los Moreno, porque llegaron a la Alcaldía de Bogotá personificando un partido comprometido con los intereses de los pobres y las clases medias, que se sienten excluidos en el reparto desigual de los beneficios de un Estado que obra en favor de intereses particulares y privilegiados sociales, lo que se encarna en las licitaciones tramposas hechas a la medida de un contratista señalado con nombre propio.


La izquierda debería vivir de sus convicciones. Son su principal herramienta política. La derecha vive de la preservación del orden y de los intereses creados. Por eso no me duele que la opinión pública juzgue con mayor severidad a Samuel Moreno que a Álvaro Uribe, aun cuando hayan cometido la misma falta. Samuel Moreno debería retirarse de la política. Uribe, mientras esté libre, seguirá siendo el eje de la derecha colombiana.


Miguel Antonio Caro, Laureano Gómez y cualquier otro conservador de su talla serán siempre puntos de referencia en la historia y en las ideas de Colombia, sin que ninguna de sus obscuras facetas criminales o alguno de sus numerosos vínculos con intereses particulares ensombrezca su legado. 


Gaitán o Camilo Torres son puntos de referencia de la izquierda porque sacrificaron los compromisos con intereses particulares ante su compromiso con el interés público. Por eso la falta de los Moreno, si la hubo, es mucho más grave y debería avergonzar a todos los que votan por el Polo Democrático.



Cúcuta: sin plata y sin alcalde


Las decisiones que debe tomar el gobierno municipal sobre el Plan de Ordenamiento Territorial, cuya revisión está en manos de una firma consultora de Bogotá que muchos no tenemos el privilegio de conocer, son quizá el mejor ejemplo de lo que puede hacer un alcalde para promover el desarrollo de su ciudad sin gastar dinero. En estas épocas en que las finanzas municipales están en bancarrota por culpa de esta administración y de otras que la antecedieron, lo mejor que podría hacer la alcaldesa, si acaso aquí tuviéramos una, es dedicarse a planificar y ordenar el crecimiento de Cúcuta mediante la revisión del POT.


Tenemos que aceptar que no hay dinero, pero no podemos aceptar que no haya alcalde. No debemos admitir que el gobierno de una metrópoli con un millón de habitantes se complazca en presentar como un gran triunfo que el gobierno nacional le otorgue a Cúcuta miles de subsidios de “familias en acción”, en buena medida porque nuestros indicadores de pobreza son escandalosos. Ojalá la alcaldesa consiga muchos más subsidios, pero debería darle pena presentarlos como la prueba de su gestión exitosa, cuando en otros asuntos más importantes como educación, salud, seguridad, y vivienda los resultados son lamentables.


Es difícil entender que Camacol, un gremio antes influyente, se queje de la inexistencia de políticas públicas municipales que hagan posible el desarrollo de grandes proyectos de vivienda de interés social, una de las “locomotoras” del nuevo gobierno nacional que sin un buen POT que le tienda sus rieles no va a arrastrar nuestro rezagado vagón. Hace tiempos nos quedamos sin tierras para proyectos grandes de VIS, asunto gravísimo cuyas fórmulas de solución la alcaldía debería discutir con Camacol, las empresas de servicios públicos, el Concejo Municipal y los anónimos consultores que revisan el POT. Por desgracia, la alcaldesa está ocupada con sus mercados, que son pan para hoy y hambre para mañana. Mientras tanto, que la gente siga sosteniendo los palos de sus ranchos para que la lluvia no los tumbe. La búsqueda de soluciones a este problema no necesita tanto de dinero como sí de un alcalde que tenga rumbo y no piense tanto en los votos.


La ciudad necesita discutir sobre las zonas de renovación urbana y las medidas impositivas que obliguen a densificar y construir bloques de VIS para que los trabajadores cucuteños puedan algún día aspirar a comprar un apartamento o alquilarlo a un precio razonable. Se ha pensado en las manzanas contiguas a la antigua Cárcel Modelo, zona en la que la ciudad invirtió mucho dinero en el Parque de la Sexta, el puente atirantado y la antigua cárcel hoy embargada por los acreedores del municipio. Otros han pensado en trasladar el aeropuerto al Zulia para destinar sus predios actuales a un gran proyecto de esta clase. Las soluciones existen y también las herramientas legales para lograrlas, pero la alcaldesa y sus secretarios andan en otro mundo.


Tampoco hay suelo para construir las casas de los ricos y de los nuevos ricos, que se han ido a vivir a Tamacoa, en Villa del Rosario, como nuestra alcaldesa. Otros se han mudado a tierras de Los Patios. Eso les concede el injusto privilegio de pagar un impuesto predial muy bajo a otro municipio, pese a ser quienes más deberían pagarle a Cúcuta. La política de densificación del suelo urbano en estratos altos es otro tema de discusión que debe plantearse una ciudad cuya empresa operadora del servicio de acueducto y alcantarillado parece no tener suficiente dinero, asunto que hace parte de otro debate.


Podríamos citar muchos otros temas claves para desarrollar la ciudad, como por ejemplo, la movilidad, el transporte masivo y la necesidad de un parque metropolitano que compense la pérdida irreparable del Bosque Popular. Por eso es preciso que la discusión del POT sea pública. También se necesita que haya alcalde.



Alcaldesa: el POT es entre todos


Así como “Dios le da pan al que no tiene dientes”, según dice un refrán conocido, la suerte premió a la Alcaldesa de Cúcuta con lo que no estaba lista para morder. En primer lugar con la alcaldía, y entre otras cosas importantes que podrían ocupar el segundo lugar, con la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial, que debe hacerse cada tres cuatrienios.


El Plan de Ordenamiento Territorial o POT es un Acuerdo expedido por el Concejo Municipal de cada ciudad colombiana. Sirve para determinar qué tipo de uso es adecuado para cada parte del suelo del municipio. Además de señalar cuáles zonas son apropiadas para uso industrial, residencial, o comercial, entre otros posibles, el POT dicta normas urbanísticas y constructivas correspondientes a los diferentes usos, tomando en consideración los flujos de población y el sistema de transporte, los proyectos de infraestructura regional, los proyectos de expansión de redes de servicios públicos y la tenencia del suelo urbano, asunto especialmente grave en una ciudad como Cúcuta, con gran déficit de tierras aptas para la construcción de vivienda, resultado del acaparamiento y la extensión limitada de las redes de servicios públicos.


El POT, la carta de navegación de la ciudad, es el eje de la planeación del desarrollo urbano y debe ser el resultado del consenso ciudadano, según lo dice con mucha claridad la Ley 388 de 1997. Debe consultarse, según el Artículo 24 de dicha Ley, con los gremios económicos, las asociaciones profesionales, las juntas de acción comunal, la corporación autónoma regional local, el Concejo Territorial de Planeación, organizaciones cívicas y comunitarias, y por si falta alguien que no quepa en esa lista, deben llevarse a cabo discusiones abiertas para que todo el que quiera opinar pueda hacerlo.


Hace ocho días, como integrante de la mesa directiva del Concejo Municipal, fui invitado por Camacol para exponer mis opiniones sobre la revisión del POT. Los constructores están preocupados porque la ciudad se está quedando sin tierra para construir. Los ricos se van para los Patios y Villa del Rosario donde pagan impuestos prediales que no son proporcionados con sus ingresos, mientras que los pobres ven como la ciudad pierde subsidios nacionales para la construcción de Vivienda de Interés Social porque no hay suelo para proyectos de ese tipo. Esa situación afecta tanto a los ricos que construyen como a los pobres que tienen que pagar alquileres costosos y no pueden comprar una casa. 


Avergonzado por un arrebato de pena ajena, les dije a los constructores cucuteños que el Concejo de Cúcuta, igual que Camacol, no tiene noticia alguna sobre la revisión del POT de la ciudad, pese a que la Ley obliga a discutirlo públicamente.


Mediante un derecho de petición supe que en diciembre de 2009 el Municipio firmó el contrato 2028 por un poco más de 208 millones de pesos con un consultor bogotano que seguramente conocía la ciudad de oídas y ahora tal vez la haya visitado un par de veces. Me gustaría conocer las razones por las cuáles la alcaldesa, o quien haya hecho sus veces, decidió traer a Cúcuta a un consultor que no conoce la ciudad nada más y nada menos que para diseñar nuestro Plan de Ordenamiento Territorial, como si aquí no hubiera arquitectos, urbanistas, ni facultades de arquitectura, ni sociedades de arquitectos e ingenieros civiles, ni abogados urbanistas, ni gremios de constructores y comerciantes, ni curadores urbanos, ni nada.


Como Ustedes supondrán, en torno al uso del suelo y sus modificaciones rondan muchos intereses, entre los que sobresalen los de especuladores inmobiliarios y otras personas interesadas en generar plusvalías a partir del cambio del uso permitido. Por eso la Ley enfatiza la obligación de discutir públicamente nuestro modelo de desarrollo urbano. No podemos dejarlo al arbitrio de un grupo de consultores que ni conocen la ciudad, ni nosotros sabemos quiénes son, ni por qué decidieron contratarlos.



Mes y medio de Santos: paciencia y ambición


Tan pronto notó las pretensiones ambiciosas de la política de restitución de tierras a los desplazados, el jefe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia advirtió que el país debe prepararse para enfrentar la reacción violenta de los usurpadores, quienes pese a la desmovilización de los ejércitos paramilitares conservan la capacidad de aterrorizar mediante el asesinato y la amenaza, lo que tiende un velo de incertidumbre sobre la suerte de la causa más importante entre las asumidas por el nuevo gobierno, dibujando el signo de los tiempos posturibistas.


La responsabilidad ante la historia -donde tal vez la vanidad lo llama a reparar en su apellido la “gran pausa” a las reformas liberales que la historia atribuye a su tío abuelo- le ayuda a Santos a esperar aguantado hasta que pueda apoyarse en una constelación de intereses políticos tejida alrededor suyo y no en torno a su aura de sucesor del uribismo, ante el que quizá solo su paciente sentido práctico lo obliga a seguir condescendiendo. No hay otra manera de entender el sumiso cambio de Sabas por “Uribito”. Al primero dijo haberle aceptado la renuncia ante sus ruegos insistentes y no porque la Procuraduría lo ordenara. Al otro, que antes ayudó a torcerle el pescuezo desde el medio de comunicación de su familia, que reveló las impudicias de Agro Ingreso Seguro por las que hoy la Fiscalía lo investiga, lo designó embajador suyo en Italia, de las pocas representaciones diplomáticas con prestigio, ante un gobierno que no lo tiene, el de Silvio Berlusconi, requisito para la concesión del beneplácito que no le otorgaría otro país de Europa.


La intensión de acabar con el Consejo Superior de la Judicatura y de reformar la Rama Judicial, preludiada por el tratamiento respetuoso a las Cortes, desacostumbrado entre los uribistas, el deseo inconfeso de renovar la terna para la elección de Fiscal General, y el acuerdo con el liberalismo para promover una ley que repare a las víctimas de la violencia y les restituya sus tierras despojadas, serán la gran fuente de discordias con el uribismo y su base social rural, muy bien representada en el congreso nacional. Juan Camilo Restrepo y Germán Vargas, apoderados de los proyectos con los que pretende el lugar en la historia que codicia su vanidad, despiertan el recelo uribista y tensan los lazos que los liberales quieren ver rotos para ser ellos la clave de nuevas alianzas.


Muchos no imaginamos ver el día en que lamentáramos el pasado de Santos, no solo por el dolor que le produjo al país, sino también por él mismo y porque dificulta su divorcio del anterior gobierno. Por desgracia, tiene las fosas comunes de La Macarena y los “falsos positivos” amarrados como grilletes a sus tobillos, y muchos nombres asociados a recuerdos ingratos del gobierno anterior se guarecen como rémoras en los cargos públicos del santismo mientras conciertan los intereses del clientelismo rural contra la reparación de las víctimas despojadas y contra la supresión del Consejo Superior de la Judicatura, bastión del uribismo en la Rama Judicial.


Ahora le apostamos a las virtudes de Santos. ¡Quien lo creyera! La paciencia que en sus días de Ministro de Defensa le permitió esperar sumiso sin dejarse desbordar por la ambición, tal vez le permita ahora mantener el delicado equilibrio entre sus expectativas de reformador progresista y su condición de heredero del uribismo, prenda de popularidad mientras no construya su propia maquinaria de opinión para asegurarse por sí mismo la acogida de las galerías acostumbradas por ocho años a un estilo consagrado por Uribe. Si renuncia a esa herencia sin las precauciones debidas, enfrentará el fin de su luna de miel.


Varios procesos que se tramitan ante los estrados de la justicia exigirán al cabo de un año que el Presidente rompa sus ataduras con el pasado y acepte resarcir su culpa con la historia reciente del país. La investigación de las escuchas telefónicas ilegales a los magistrados de la Corte Suprema acabará involucrando a altos funcionarios de la administración anterior. El proceso por cohecho en el trámite de la reelección y los procesos por violaciones de los derechos humanos harán nuestra historia como la de Perú después de Fujimori, quien se parece a Uribe hasta en los pocos aspectos en que fue buen presidente. Ojalá la paciencia le alcance a Santos para deshacerse de sus pesados grilletes y conseguir el lugar que busca en la historia.



Pedro Elías Ballesteros. In Memoriam


Como tenemos la costumbre de repasar con indulgencia la vida de quienes acaban de perderla, comúnmente se dice que ningún muerto es malo, y acaso lo mejor sea deshacernos del sentido crítico con el que habitualmente juzgamos a nuestros semejantes cuando nos toca despedir a alguno de ellos para siempre. Las pocas salvedades que admite esta costumbre se otorgan a casos muy excepcionales, a veces desgraciadamente enaltecidos por un sacrificio criminal, a los que el examen escrupuloso de su vida los convierte en modelo de lo que debe ser, en este caso, un servidor de la Justicia, esa atribución del Estado que apenas sobrevive en Colombia gracias a personas como Pedro Elías Ballesteros, Juez de Villa del Rosario, asesinado hace un par de días.


No solo fue bueno, condición que por otorgarse con prodigalidad no dice mayor cosa de ninguno, sino que lo fue excepcionalmente, y administró la justicia por casi treinta años con rectitud y escrúpulo muy poco comunes, de lo que puede dar fe cualquier funcionario de la Rama Judicial que lo haya conocido. Con seguridad fue asesinado por ejercer justicia sin las consideraciones frecuentes en otras instancias o en otros funcionarios. No fue por robarlo que lo asesinaron, según dijo irresponsablemente el Comandante de la Policía Metropolitana, sino por ser un Juez justo -que valga la necesaria redundancia-.


No es el primer servidor de la Justicia que cae ni será el último. Es parte de la cuota de sangre que paga el Estado colombiano por consolidarse y superar la tara de la sedición y la costumbre de obviar la justicia para imponer a sangre y fuego los intereses propios. Esa tarea descansa sobre los hombros de personas y funcionarios desprotegidos, a veces anónimos, que cuando caen inmolados tenemos la obligación de resarcirlos destacando públicamente su memoria y la cosecha de su trabajo virtuoso.


Como ciudadano, espero que obre la justicia y los culpables sean sometidos por la Ley. Espero que los funcionarios de la Rama Judicial adelanten la investigación sobre el homicidio del Juez Ballesteros motivados no solo por la conciencia de su responsabilidad como operadores de la Justicia sino también por la solidaridad de cuerpo, lo único que junto con el sentido de la responsabilidad, puede evitar que se humillen ante el miedo que producen las amenazas de la delincuencia. Espero que los comandantes de la Policía y las autoridades civiles se expresen con toda la severidad posible, valiéndose de la situación de emergencia social decretada por el gobierno nacional.


No hace falta sino repasar diariamente la página judicial del periódico para asombrarnos con la extraordinaria cantidad de asesinatos cometidos por sicarios, a veces vinculados al cobro de cuentas habidas entre los delincuentes organizados, haciendo manifiesto otro gravísimo problema de la ciudad, y otras veces vinculados al interés de algunos por imponerse y amedrentar. Si la ciudad y sus autoridades permiten que los sicarios nos acobarden, no habrá quien respete y haga respetar la Ley, no habrá quien denuncie ni habrá quien administre justicia. Por eso es necesario que el crimen del Juez Ballesteros no quede impune y la investigación tenga resultados.


La administración municipal y la Policía Nacional deben ejercer su autoridad con medidas excepcionales. La seguridad de una ciudad plagada de sicarios y bandas delincuenciales no puede encomendarse a una secretaría de gobierno sin presupuesto. Tampoco puede entenderse que la administración municipal no haya presentado ningún proyecto convincente para enfrentar el problema de seguridad que vive Cúcuta, por cuenta del cual mañana cualquiera de nosotros puede caer asesinado.


La memoria del Juez Ballesteros, un ciudadano, amigo y padre de familia ejemplar, modelo para la judicatura colombiana, será honrada perpetuamente por quienes tuvimos la fortuna de conocerlo. La tristeza que nos causa su muerte nunca será resarcida. Su vida ejemplar la ennoblece su sacrificio y queda convertida en un ejemplo para los cucuteños.



La feria del libro de Cúcuta


La Sexta Fiesta del Libro de Cúcuta –que se titula fiesta y no feria como se acostumbraba- reunirá entre el lunes y el sábado de la semana entrante tantas cosas como las que no podría pagar ni diez veces el presupuesto con que trabajan sus organizadores, promotores de una causa que los jóvenes cucuteños tendrán que reconocerles algún día: la acostumbrada esperanza de todos quienes consagran su trabajo a causas muy valiosas para las que hay muy poco dinero.


Alberto Salcedo Ramos, uno de los mejores cronistas colombianos, dictará dos conferencias sobre redacción y crónica periodística. Antonio Caballero y Fernando Vallejo, sobre quienes cualquier reseña puede sonar redundante, razonarán sobre la relación entre la literatura y la política. También lo hará Pascual Gaviria, periodista cultural antioqueño bastante conocido a través de Teleantioquia y sus columnas en El Espectador.


Dos notables novelistas colombianos, Roberto Burgos Cantor, Premio Casa de las Américas, y el samario Ramón Illán Bacca conferenciarán sobre algo de escasa ocurrencia en esta ciudad: la escritura de novelas, de las que a lo sumo los cucuteños habremos producido tres o cuatro. Beatriz Helena Robledo y Triunfo Arciniegas, el último pamplonés, contados ambos entre los pocos expertos nacionales en literatura infantil, dictarán dos conferencias al respecto.


Harold Trompetero es un director de cine colombiano ya consagrado. Dictará una conferencia cuyo título parecerá muy oportuno a todos los cineastas nacionales “Cómo hacer buen cine con poco dinero”, lo que debería interesar también a los productores de televisión locales. Para quienes gustan más de la poesía que de la prosa hay otros cuatro visitantes, excepcionales entre los jóvenes poetas colombianos: Andrea Cote Botero, John Junieles, Jorge Cadavid y Miguel Iriarte.


Los invito a que se acerquen a la Biblioteca Pública y estudien la programación de la Fiesta, con la seguridad de que quedarán gratamente sorprendidos por su gran calidad. Todas las tardes habrá funciones de cine y música. También talleres de creación literaria orientados por muchos de los personajes referidos y por autores locales que tendrán un espacio destinado a la divulgación de sus obras.


En una ciudad como la nuestra, sin industria editorial, más que una Feria del Libro de las que privilegian los espacios de encuentro entre editores y escritores, el evento de la semana entrante merece el nombre de “Fiesta”, como reza su tríptico de presentación. Será una ocasión para que los promotores de la cultura, los escritores y los artistas plásticos que han convertido a la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero en el lugar de sus habituales reuniones, explayen su vocación de divulgadores culturales, por desgracia ad honores, en una ciudad que debería reconocerles su trabajo.


La Fiesta está especialmente concebida para los jóvenes cucuteños. No solo para los que estudian periodismo, sino para los que se interesan por la literatura, el cine y la música. Ellos encontrarán en la feria la posibilidad de tener comunicación directa con personas que son puntos de referencia importantes en sus oficios. Los invito a que participen en un evento poco frecuente en nuestra ciudad, fruto del compromiso generoso de un grupo de personas lideradas por Julio García Herreros, que convirtieron la Biblioteca Julio Pérez Ferrero en una Biblioteca Pública de verdad, y son capaces, como lo demuestra la programación de la Fiesta, de conseguir dinero de donde no hay y hacerlo rendir mucho, para dar ejemplo de la forma en la que deberían administrarse los recursos de las entidades públicas.



Anticolombianismo ayer, antichavismo hoy


Quiso la casualidad que cayera en mis manos un ejemplar de julio del Correo del Orinoco, un periódico lanzado por el actual gobierno venezolano, cuyo nombre recuerda el que editó Bolívar en Angostura para promover la causa independentista. En una entrevista que concedió a ese diario al embajador Roy Chaderton se recuerda cómo obraba el sentimiento anticolombiano en Venezuela durante la época que el chavismo bautizó como la “Cuarta República”. La entrevista trajo a mi memoria una columna del escritor venezolano Ibsen Martínez que alguna vez leí en El Espectador, “Los usos políticos de la xenofobia en Venezuela”, que a través de Internet pude recuperar en pocos segundos, y de la cual me permito citar unas líneas:

“A los niños no nos dejaban acercarnos a ellos (se refiere el autor a un circo colombiano de visita en una barriada de Caracas) pues por entonces decir 'colombiano' era nombrar un 'malandro, un pícaro palabrero y 'sin papeles'; un trapisondista 'marihuanero'. Los cirqueros no tenían ni para la gasolina y se decía que mataban perros realengos para echárselos a unos leones tan flacos que parecían gente mal disfrazada de leones flacos.”

La animadversión hacia los colombianos era cultivada por una burguesía recién llegada de gallegos y sicilianos que afirmaba su identidad venezolana a través de un nacionalismo impaciente, cebado con los inmigrantes colombianos que llegaban a trabajar explotados en las haciendas del Táchira y El Zulia, en las fábricas de Valencia y en las calles de Caracas, y que muchas veces eran deportados por hallarse indocumentados en Venezuela. Decenas de miles fueron recibidos en la frontera por un centro de migrantes entonces administrado por la Diócesis de Cúcuta.


Durante los años ochenta los voceros del anticolombianismo, que como Marcel Granier atizaban la hoguera del diferendo limítrofe del Golfo de Venezuela y le exigían al gobierno de Jaime Lusinchi torpedear la Corbeta Caldas, no imaginaban que veinte años después cesaría su antipatía contra Colombia mientras perdían el poder político en Venezuela. 


Se volvieron a la vez antichavistas y uribistas, dejando al descubierto su papel como promotores del rencor anticolombiano, porque quienes los relevaron no solamente acabaron por otorgarle carta de nacionalidad a casi cuatro millones de los nuestros, residentes ilegales en su país, sino que nos convirtieron en su despensa, haciendo crecer el comercio binacional a tal punto que si la crisis diplomática no lo hubiera echado a perder, este año habría sumado diez mil millones de dólares, según lo afirmó el presidente de la Cámara de Comercio de Ureña el día 10 de agosto en este periódico.


Después de que en Venezuela cesaron las deportaciones, creció el comercio binacional en favor de Colombia y nacionalizaron a cuatro millones de antiguos ilegales, paradójicamente surgió en nuestro país una acalorada pasión antichavista y antivenezolana que no ha tenido quien la explique, documentada por hechos de vieja data como la presencia de campamentos guerrilleros en Venezuela, que también los hay en el Darién y los sigue habiendo en Ecuador.


Así como en el pasado el anticolombianismo canalizó la pasión nacionalista de los nuevos ricos y recién llegados a Venezuela, en el antichavismo colombiano se cristaliza la displicencia con que de antaño los bogotanos miran a los calentanos y a los mestizos, de los que siempre han pretendido distanciarse para afirmar ese sentido de superioridad y de señorío que tanto daño hace a provincias como la nuestra. Ese flemático desprecio capitalino por los campesinos “boyacos” que se parecen a los indios o por los costeños y calentanos que se parecen a los negros en el ocio y el gusto por la rumba, subyace al antichavismo que tan hábilmente explotó la estrategia uribista para polarizar todas las facetas de la política y a todos los colombianos, incluyendo a los cucuteños, primeras e ingenuas víctimas de prejuicios orientados contra nosotros mismos. Ojalá comencemos a superarlos poco a poco.


Mi desventura en el Ventura


Entre los rasgos que muestran que tan lejos hemos llegado en Cúcuta en el largo camino que debe llevarnos a vivir en una ciudad moderna y democrática donde todos seamos iguales, al menos ante la Ley, se cuenta la capacidad que tenemos los consumidores de defendernos de quienes abusan de su posición dominante para decidir cuánto valen las cosas y cuánto tenemos que pagarles por lo que hacemos o dejamos de hacer. De ese tanteo salimos muy mal librados incluso ante quienes se precian de ser los más notables exponentes de nuestra modernidad.


Anteayer, junto con un grupo de colegas que compartimos la afición por el tinto y la conversación, que acaso entre muchos latinoamericanos sea un gusto rayano con el tipo de excesos que deben corregirse, llegamos a las ocho de la noche al centro comercial Ventura Plaza en cuyo estacionamiento quedaron nuestros carros mientras discurría la tertulia, inicialmente en uno de los cafés del centro comercial y más tarde en una terraza contigua en la que pronto nos dieron las once de la noche. Ya estaba cerrado el Ventura Plaza cuando regresamos por nuestros carros, por lo que debimos volver a la mañana siguiente para encontrarnos con la ingrata sorpresa de ser obligados a pagar una multa de cincuenta mil pesos por cada carro que pernoctó en el estacionamiento, amén de las horas escrupulosamente facturadas una a una. Pagué setenta y ocho mil pesos por poco más de medio día de parqueo; ocho mil pesos más de lo que vale un mes entero en un estacionamiento del centro de la ciudad que permanece abierto de día y de noche.


Argumentan los administradores del citado centro comercial que su estacionamiento es una zona común sujeta a un régimen de propiedad horizontal ajeno a la vigilancia de las autoridades municipales, lo que resulta discutible ante lo evidente de su objeto comercial, que es el cobro por horas del servicio de estacionamiento en beneficio de la copropiedad. Dicen también que el servicio que prestan no es un contrato de depósito que los sujete a las responsabilidades establecidas por la Ley, cosa que no solo es discutible sino además contraevidente. Todo lo anterior podría ser cierto para algunos abogados muy recursivos, pero nada justifica que una entidad privada que presta un servicio semejante tenga la facultad de imponer multas con tal grado de exorbitancia y desproporción con relación a un daño cuya cuantía en este caso no es fácil establecer, sin que ninguna autoridad las vigile ni modere sus abusos.


Lo que acabo de referirles no es sino un botón de lo que cotidianamente sufren miles de cucuteños en muchas facetas de su vida diaria, su vida laboral, o su relación con el estado o las empresas que prestan servicios públicos. 


Apenas un pequeño número es capaz de redactar una queja o un derecho de petición, o de emprender acciones legales ante un organismo de control o ante la justicia ordinaria. La mayor parte apenas contienen su disgusto y se somete sin chistar.


Una de las obligaciones de los gobiernos municipales es velar por el respeto a los consumidores. En nuestro municipio, esa responsabilidad fundamental se evade no por falta de herramientas legales, que en nuestro caso suministra el Acuerdo 024 de 2009 mediante el cual se crea el Consejo Municipal de Protección al Consumidor, sino por falta de gerencia. En suma, por falta de Administración Municipal y por falta de Alcalde.


Hay que reconocer el mérito que toca a la Liga de Consumidores de Cúcuta, filial de la Confederación Colombiana de Consumidores, que funciona en la Oficina 305 del Edificio San José y dirige Rafael Camperos, quien pretende realizar una tarea inalcanzable para un solo individuo. Valiéndonos de esas escasas fuerzas intentaremos resarcirnos del desventurado abuso del Ventura.



Servicios públicos para pobres y ricos


Puesto que los aviones siempre han llamado vivamente mi atención y entre mis fantasías todavía se cuenta la de pilotear uno, cada visita al aeropuerto se convierte en una inigualable ocasión cuyo especial encanto no disminuye pese a su insistente repetición.


Hace treinta años el aeropuerto Camilo Daza era un lugar extraordinario para observar los aviones. El segundo piso era una gran terraza refrescada por el viento que corría sin obstáculos. Tenía un balcón amplio desde donde se veían los aparatos estacionados, el Cerro de Tasajero y el paisaje de tierra yerma arcillosa de arbustos bajos que caracteriza el Valle de Cúcuta. Viajar en avión era entonces tan costoso que las visitas al aeropuerto estaban revestidas de la solemnidad que los parroquianos cucuteños reservaban para los momentos especiales de la vida, lo que era corroborado por la presencia de personajes notables que viajaban llevados o traídos por alguna importante razón de la política, los negocios o la vida familiar.


Los aeropuertos colombianos eran una zona VIP de nuestras ciudades desiguales, lo que se patentiza en el hecho inadmisible de verse aun hoy obligado a usar carro particular o taxi para llegar al Aeropuerto Camilo Daza, cuando en cualquier ciudad del mundo, hasta en San Antonio del Táchira, se puede llegar al aeropuerto en autobús, como nos gustaría hacerlo a muchos viajeros de esos que antes de la depreciación de los pasajes aéreos teníamos la Tarjeta de Oro o de Platino que honra a los clientes fieles de Berlinas o Copetrán, y que hoy gozamos del privilegio de acumular millas aeronáuticas como cualquiera de las personas importantes de las que antaño visitaban los aeropuertos.


Desde hace un par de años los aeropuertos colombianos comenzaron a cambiar lentamente. El Dorado se parece cada vez más a la Central de Transportes de Pasajeros de Bogotá, en donde decenas de miles de personas hacen filas ante los mostradores vistiendo jeans y sin lucir el gabán hasta los tobillos que usaban algunos bogotanos rancios cuando querían aparecer más señores. Si en Cúcuta tuviéramos una Central de Transporte como la de Bucaramanga, podríamos hacer una comparación semejante. Ya no es frecuente la pregunta acerca de con quiénes coincidimos en el aeropuerto, un lugar público que ahora se recorre experimentando algo de la impersonalidad que caracteriza las grandes ciudades y las sociedades menos desiguales, donde todos valemos lo mismo en medio del anonimato.


Cuando en 2007 la Aeronaútica Civil suprimió la regulación a las tarifas mínimas que hasta entonces protegían el monopolio sobre la aviación comercial colombiana, los precios de los pasajes comenzaron a bajar poco a poco, otras compañías aéreas tomaron parte en el negocio y obligaron a hacer su operación más eficiente. Esto constituye un hecho inédito en un gobierno como el que dejamos atrás, que se caracterizó por afianzar monopolios y conceder privilegios a quienes de suyo gozaban de una situación privilegiada.


La clase media de Cúcuta debe tomar este caso como ejemplo de los beneficios que le reporta a una ciudad democratizar el acceso a los servicios públicos. En Cúcuta, por desgracia, el uso de ciertos servicios públicos se estigmatiza como distintivo de pobreza. Hay que ser pobre para transportarse en bus. Hay que ser pobre para utilizar la central de transportes. Hay que ser pobre para acudir a la escuela pública. Hay que ser pobre para ir a los puestos de salud municipales o a la red de hospitales públicos. La prevalencia de ese imaginario invita a quienes prestan esos servicios a ofrecer un tratamiento discriminatorio a sus usuarios, pero cuando la clase media cucuteña se desprenda la venda del arribismo y asista a la escuela pública, a los hospitales públicos y use el transporte público, descubrirá que es tan equivocado creer que hay servicios públicos reservados para los pobres, como creer que otros, como el transporte aéreo, están reservados para los ricos.



El descabello o la semana más larga


Casi nos mata en la Frontera el descubrimiento del agua tibia. El Presidente Uribe anunció al mundo que en el lado venezolano de la Serranía del Perijá la guerrilla colombiana acampa tranquilamente en un país, que si poco se moviliza para combatirla, es porque al fin y al cabo se trata de una guerrilla colombiana y no de una guerrilla venezolana, así a veces las fronteras de ese país hayan tenido que padecerla como si fuera propia.


Los colombianos, que juzgamos según nuestra propia condición, creemos que los vecinos tienen que intoxicarse con las medicinas destinadas a curar nuestras propias enfermedades. No de otra manera se entiende que hayamos aceptado envenenarnos con la guerra contra las drogas -guerra que nos impusieron y no es nuestra- con la que atizamos la guerrilla y el paramilitarismo por cuenta de un problema completamente ajeno.


Venezuela coexiste en sus fronteras, desde hace muchos años, con la guerrilla colombiana. En otras épocas, cuando la Guardia Nacional sufrían el hostigamiento del ELN, la enfrentaba con mayor resolución y proponían temerariamente la “persecución en caliente”, que los colombianos considerábamos una afrenta a la soberanía nacional. Si hoy, sean cuales sean sus razones, la guerrilla no hostiga a la fuerza pública venezolana, el sentido común, de una forma que se entiende pero no se justifica, desafía la Ley Internacional invitando a los venezolanos a no perseguir a quien no los molesta. Tendrán derecho a pensar que no se trata de una guerrilla venezolana levantada en armas contra su propio Estado, sino de un problema de otro Estado, el colombiano, que por cierto no reserva su animadversión hacia Venezuela.


El anuncio furioso del Presidente Uribe no reveló nada nuevo. Desde hace muchos años la guerrilla escampa allende las fronteras en Ecuador y Venezuela. Sí habría sido motivo de denuncia ante los tribunales internacionales alguna prueba incuestionable de cooperación y asistencia del gobierno venezolano a la guerrilla colombiana, pero al respecto nada se dijo, seguramente porque tal relación no existe.


Por cuenta del escándalo, Uribe deja la presidencia llevándose la aureola que buscaba, la del hombre fuerte que habla duro, la del colombiano más macho y más verraco. En el futuro pretende seguir explotando el sentido primitivo de nuestra naturaleza política que quizá insista en otro hombre fuerte cuando las instituciones, como las de la diplomacia en este caso, sigan acusando debilidad por cuenta de ocho años de maltrato.


En lo que a los cucuteños respecta, la ruptura de las relaciones diplomáticas con Venezuela fue como para los toros la estocada de descabello. Después de que a lo largo de ocho años de faena hemos sufrido muchos pases de muleta, después que hemos pasado por las manos de los banderilleros y del picador, cuando la frontera ya está exhausta y arrinconada contra las tablas del ruedo y sin alientos para seguir la corrida, el torero se nos acerca con el estoque de descabellar para darnos el golpe en la cerviz; el puntillazo final que pretende hacernos morir instantáneamente.


Con tal de llevarse la codiciada aureola ya señalada, poco le importó a Uribe nuestra suerte. Atizó el antichavismo en Colombia y cuantas veces quiso lo usó para afianzar su popularidad, con gran sentido de la oportunidad política. Hoy, después de ocho largos años ha dado la estocada final, sin consideraciones con los habitantes de la frontera, a quienes prefirió descabellarnos.


Quizá en la semana que resta ya no pueda Uribe hacernos más daño. Nos deja sin comercio, en medio de la peor crisis en treinta años, sin inversiones nacionales en el Área Metropolitana salvo las que nosotros mismos pagamos, y estrenando cárcel. Para muchos, será la semana más larga en muchos años.



La escombrera


Hace ya siete años que el Municipio de Cúcuta tomó la decisión de entregar durante venticinco años la totalidad de sus recursos provenientes del Impuesto de Delineación Urbana, el Derecho a Ocupación de Vías y la tasa que percibe por certificar el uso del suelo, a la “Fundación para Salvar el Ambiente - Funambiente”, entidad concesionaria de la construcción y administración de la Escombrera Municipal.


Quienes tienen la necesidad de obtener licencias de construcción y para ello deben cancelan el Impuesto de Delineación Urbana, el más importante de los tres ya mencionados y que según el presupuesto de este año suma 836 millones, quizá no sepan que su dinero va a parar en las arcas de Funambiente, cuya gestión brilla en la recepción de dineros públicos y el trámite de procesos ejecutivos y acuerdos de pago contra el Municipio, pero muy poco en la limpieza de los escombros que se amontonan en cientos de lotes y calles de la ciudad.


No saciándose con el derecho a percibir íntegras tres fuentes de recursos propios de Cúcuta durante un cuarto de siglo, que además de la cuantía ya mencionada en el caso del impuesto de Delineación, incluye también sesenta millones solo en 2010 de la tasa que se cancela por las certificaciones de uso de suelo, cuentan los conductores que deben pagar a los funcionarios de la escombrera, ubicada en la margen izquierda de la vía al Zulia, ocho mil pesos por la descarga de cada volqueta, lo que se convierte en una razón para dejar los escombros en cualquier calle o lote abandonado.


Un contrato de concesión de semejante cuantía, duración e importancia para cualquier ciudad del tamaño de la nuestra no puede abandonarse a su suerte, por lo que extraña que el Municipio de Cúcuta ni siquiera se haya tomado el trabajo de designarle un interventor escogido mediante licitación pública, y a estas alturas todavía ejerza provisionalmente esa función un empleado de la Secretaría de Planeación sin ningún apoyo que le permita desempeñar semejante trabajo, y según el cual, la escombrera marcha divinamente. 


Tampoco se entiende cómo los urbanizadores de esta ciudad se resignan a pagarle sin chistar a alguien que ni siquiera conocen, y del cual puede decirse con base en la simple inspección, que le queda grande su trabajo, aun cuando sospecho que no por falta de dinero sino de interés en gastarlo en el desarrollo de su objeto contractual.


Aterra ver como este endeudado municipio tiene concesionado todo. Hasta los pobres vendedores ambulantes que instalan casetas de madera y lona para vender artesanías en los parques tienen que pagarle a algún concesionario anónimo que tiene derechos reconocidos por las autoridades municipales para explotar económicamente zonas de uso público de cuyo mantenimiento es responsable, cuando la verdad es que solo es responsable para cobrar, como se advierte en el caso de las zonas verdes contiguas a Ventura y Unicentro, donde quien se instale a vender dulces o artesanías debe pagarle a una fundación desconocida que no sirve sino para reportarle algún ingreso miserable a alguien animado por un espíritu de la misma condición.


Qué bueno sería que los comerciantes y los urbanizadores de la ciudad se interesaran por conocer los pormenores de esta clase de negocios de concesión, que como la escombrera, parecen reportarle a Cúcuta muy poco a cambio de mucho. No saben sus dueños, cuya identidad ignoro, cuánto me agradaría que desvirtuaran mi sospecha con la presentación pública de un informe convincente que mostrara que están haciendo bien su trabajo. Mientras tanto, seguiré coincidiendo con lo que decía hace unos años un comunicado de Fenalco, que cuando se discutía en la ciudad sobre una concesión que pretendía entregarle a alguna empresa oportunista el recaudo de casi todos los recursos propios del Municipio, manifestó con ironía que Cúcuta era la mejor ciudad del país para hacer negocios.



Sisavita y la nueva ministra


Pensándolo bien, no cae mal el nombramiento de Sandra Bessudo como Ministra del Medio Ambiente, aun cuando incomoda mucho el patente conflicto de intereses entre las funciones de esa cartera ministerial y el negocio de administración por concesión de parques naturales como el Parque Tairona, del que es beneficiaria la empresa Aviatur, propiedad de su padre, el famoso Jean Claude Bessudo, avesado relacionista público, cuya figura satura las fotografías de todos los cocteles que registran Semana, Cromos y JetSet.


La nueva ministra, además de haberlo hecho muy bien como modelo de Soho, es bióloga y dirige la Fundación Malpelo, una organización conservacionista que debería servir de modelo a varias que están en mora de crearse en Norte de Santander, un departamento que en sus veinte mil kilómetros cuadrados encierra ríos, bosques, selvas y páramos invaluables que enfrentan la amenaza de la contaminación, la deforestación, el comercio ilegal de especies, y más recientemente de la minería a cielo abierto que pretende llevarse a cabo en nuestra más importante región de páramo.


La sociedad civil nortesantandereana debe aprovechar la oportunidad de tener una ministra con méritos reconocidos como conservacionista para exigirle que, en lo que a nosotros respecta, obre en consecuencia y descarte definitivamente la posibilidad de explotar oro a cielo abierto en el Páramo de Sisavita, en las hectáreas que ya se licenciaron a la firma Grey Star Resources para su exploración, en las que se pretende hacer lo mismo que en la zona adyacente de California en el Departamento de Santander, que registra ya las secuelas de la deforestación y contaminación que debemos evitar en Cucutilla y Arboledas, municipio dentro de los cuales se encuentra la mayor parte de la Reserva de Sisavita.


Hay que reconocer que Corponor y el Departamento han hecho lo que está a su alcance por impedir la minería en el páramo, pero la última palabra la tiene el Ministerio del Medio Ambiente que desde hace meses es merodeado por los cabilderos de la gran minería entre los que se cuentan algunos nortesantandereanos, pese a las restricciones legales a esa actividad en las regiones de páramo.


La explotación del oro entraña secuelas especialmente graves generadas por el uso del mercurio y del cianuro, que se filtran en el suelo del páramo donde nacen los ríos más importantes del Departamento, entre ellos el Zulia. Además, deforesta y desertifica la totalidad del área de la explotación. Que eso ocurra en las regiones desérticas del Cerrejón en la Guajira quizá no sea tan grave, pero en el Páramo de Sisavita sería una tragedia ambiental y social, tanto como llegaría a serlo la explotación de carbón a cielo abierto en el Catatumbo, una promesa de tragedia ambiental que duele ver como es considerada por muchos como la gran esperanza de Norte de Santander.


Cúcuta tiene cada día menos agua y más habitantes. Nuestras dos únicas fuentes de abastecimiento son el Pamplonita, cuya cuenca está abandonada a su suerte, y el Zulia, nacido en Sisavita, que también ha visto decrecer significativamente su caudal. En otros departamentos colombianos como Caldas, hay entidades con éxitos muy notables en la protección y el aprovechamiento económico de cuencas ribereñas. Uno de los mejores ejemplos es Procuenca, en el Departamento de Caldas, que reúne entidades públicas y privadas como los municipios de la ribera del río Chinchiná, empresas privadas, el Departamento de Caldas y su Corporación Autónoma. La adopción de este tipo de experiencias, seguramente muy bien conocidas por la nueva ministra, conservacionista de profesión, es lo que nuestra dirigencia política y empresarial debería exigirle.


Es muy esperanzador tener una ministra con una trayectoria con méritos suficientes para considerarla comprometida -al menos mientras los hechos lleguen a desmentirlo- con la conservación de los tesoros ecológicos que solo muy pocos en el mundo tenemos, como los páramos, las selvas y los ríos, mucho más valiosos que el oro y el carbón, que se encuentran en casi todas partes.



El veredicto de las mayorías


“Hay que aceptar el veredicto de las mayorías, pero mantener vivas las propias ilusiones.” Esta frase de Héctor Abad Faciolince en su columna dominical de El Espectador que anticipaba la victoria de Santos, expresa el sentido con que debemos asumir la derrota quienes votamos por la otra candidatura, el derecho legítimo que debemos reconocer a las mayorías que ganaron claramente las elecciones, y el encargo de persistir en el ejercicio de la política sirviéndonos de recursos distintos a los del vil clientelismo que otra vez triunfó, no obstante en esta oportunidad su victoria se enmarca en un escenario que parece conceder mayores espacios a corrientes de opinión que algún día tendrán fuerza suficiente para ganar las elecciones.


Santos encarna la promesa de ejercer una administración presidencial que proyecte las condiciones en las que se forjó como ser humano y como político, que contrastan con las de su antecesor. Creció en Bogotá y Estados Unidos y hace parte del reducto capitalista industrial colombiano, clase social que entre nosotros siempre ha significado mucho menos que los hacendados perezosos que practican la ganadería extensiva, de lo cual es ejemplo granado el presidente actual, que según dijo hace algunas semanas, solo tiene “mil hectáreas de tierra y unos caballos heredados”.


Quizá el legado de Santos sea correspondiente con su herencia, así como el de Uribe fue correspondiente con la suya. Quizá Santos ejerza un gobierno caracterizado por su acento citadino y modernizador. Quizá su anclaje biográfico en el capitalismo industrial, el poder político, el periodismo y las universidades norteamericanas ejerzan en el país una influencia comparable a la que ejercieron los orígenes rurales, premodernos y autoritarios de Álvaro Uribe, cuyo paso por la presidencia dejará una estela perdurable porque interpretó como ningún otro el alma de un país que no se ha modernizado del todo, y que se identificó profundamente son su estampa de chalán y patrono de mano dura cuando, hay que reconocerlo, el país necesitaba orden y autoridad.


Quienes no votamos por Santos tenemos que estar preparados para tomar partido en dos escenarios igualmente probables. Para oponernos a un gobierno continuista que mantenga algunas cosas buenas pero persista en lo malo; en la polarización como recurso para consolidar el poder ejecutivo en menoscabo de la judicatura y los partidos de oposición, y en el clientelismo como criterio único de selección de funcionarios públicos y adjudicación de contratos. También tenemos que estar preparados para otro escenario, en el cual debamos rodear a un gobierno que acepte la misión histórica que debería asumir el Presidente Santos: transitar, así sea lentamente, hacia un gobierno moderno que privilegie los méritos y la capacidad, que sea respetuosos de la división del poder público y de la independencia de la justicia y que modernice el país en detrimento de los antiguos intereses creados de los latifundistas y politiqueros que han sido tan cercanos al gobierno actual.


Las elecciones pasadas confirmaron que nuestro país se ha hecho más conservador, tradicionalista y autoritario. Uribe encarna perfectamente ese espíritu. Si Santos opta por el tipo de gobierno correspondiente con su propia historia personal, radicalmente opuesta a la de Uribe, tendrá problemas y habrá que acompañarlo, por muy neoliberal que sea.


Quienes no votaron por Santos y se sumaron a la ola verde quedarán esperando quien los interprete. Quedarán esperando que la ola se transforme en partido, lo cual está por verse, o que dentro de otros partidos surjan sectores correspondientes con su forma de entender la administración pública. Ellos perdieron la confianza en la política colombiana, la mayor parte no tiene cargos públicos ni contratos con el Estado, no hacen parte de sindicatos, pertenecen a la clase media que deriva su sustento del empleo privado y viven en ciudades grandes. Son más de tres millones y medio de colombianos que buscan representación, y solo en Cúcuta son más de cincuenta mil…



Oportunidad histórica


Gracias a Internet confirmé que no me traicionaba la memoria al recordar que en la pasada campaña presidencial norteamericana, cuando apenas terminaban las elecciones primarias del Partido Demócrata y el entonces precandidato Obama todavía disputaba la nominación demócrata con Hillary Clinton, el asesor de cabecera en asuntos publicitarios del candidato republicano John McCain renunció a su cargo para evitar la eventualidad de tener que empeñar sus fuerzas contra una oportunidad única en la historia de su país, representada en ese momento por Barack Obama, quien podría ser el primer afroamericano en tener una clara opción de ser presidente de los Estados Unidos.


El citado personaje, llamado Mark McKinnon, según descubrí en Google, hizo gala de un sentido poco común de responsabilidad con lo que él mismo consideró que era el destino histórico de su país. Quizá pensó que la memoria de la Guerra de Secesión y el Movimiento por los Derechos Civiles, Abraham Lincoln y Martin Luther King, tendrían una feliz conclusión con la presidencia de un afroamericano, un hecho que él podría evitar, o al menos posponer, si empeñaba sus fuerzas en favor de John McCain.


Hay quienes creemos que Antanas Mockus, a pesar de sus incontables defectos y de todas sus rarezas, encarna una oportunidad histórica para Colombia, como hace unos años fue una oportunidad felizmente consumada para Bogotá.


En lo que ha corrido desde la segunda mitad del siglo pasado no ha habido una elección en la que el país haya tenido que escoger entre dos candidaturas tan disímiles. 


Basta recordar las elecciones más recientes. Tuvimos que 

escoger entre Pastrana y Serpa, Pastrana y Samper, Gaviria y Álvaro Gómez, Barco y Álvaro Gómez, Belisario y López, Turbay y Belisario. Las dos últimas elecciones, que se libraron entre Uribe, Serpa, y después Carlos Gaviria, poco a poco desplegaron opciones nítidamente distintas, pero sin la opción real de cambio que presenciamos hoy.

Juan Manuel Santos, malo conocido, es más de lo mismo en lo que respecta al principal defecto del gobierno actual, su compromiso con los caciques de las grandes clientelas nacionales que son su principal punto de apoyo. En otras cosas es mejor que el presidente actual; en otras no le llega a sus tobillos. Como presidente no será ni mejor ni peor que cualquiera de los recientes antecesores de Uribe. 


Imaginémonos a Pastrana con los aditivos de la Seguridad Democrática, quizá lo único digno de destacar entre lo poco que ofrece.


Antanas Mockus, bueno conocido, si encarna una oportunidad histórica que supera en importancia la que llegó a representar el mismo Uribe, pero referida a problemas de mayor alcance y de efectos más positivos y duraderos si llegaran a solucionarse.


Mockus encarna la promesa de que el Estado sirva a los ciudadanos y no a los amigos de los políticos. Que no haya que ser amigo de un alcalde o un concejal para ser contratista de un municipio, o de un congresista adepto al gobierno para ganar una licitación en un ministerio. Mockus encarna las aspiraciones de la clase media de las grandes ciudades, ajena a los jefes políticos, sin vínculos con la nómina oficial y sin compromisos con los grandes capitales protegidos por el gobierno.


En algún momento muchos pensamos que esas aspiraciones de sectores modernos de la sociedad colombiana contagiarían a todo el país, pero al menos en la primera vuelta no fue así. Este domingo hay una última oportunidad para quienes pensamos que la seguridad es antes que nada el triunfo del sentido de respeto por la Ley. 


De quienes pensamos que el comportamiento reflexivo ante los problemas del país no implica falta de firmeza para enfrentarlos y de quienes estamos seguros que si no aprovechamos esta oportunidad histórica vinculada al proceso de modernización de la sociedad colombiana, como lo intuyó en su país el personaje aludido al comienzo, pasarán muchos años antes que se repita otra parecida.



¿Mejor malo conocido?


Pasó la primera vuelta y durante varios días sentí el remordimiento melancólico que nos dejan las oportunidades perdidas. Me consolaba saber que la del 30 de mayo, aunque irremediablemente perdida, al fin y al cabo no era la última oportunidad, sino la penúltima. En cualquier caso, la elección del 20 de junio curará la desazón que me dejó el infortunado 30 de mayo. Simple como una encrucijada de dos caminos suficientemente conocidos, si se escoge el camino verde, el espejismo se transformará en oasis. Si se escoge el naranja, el destino será malo, pero al menos conocido.


Si Juan Manuel Santos llegara a ser Presidente, no lo haría tan mal. Hoy obsecuente con los parlamentarios, mañana apenas los complacerá con la displicencia propia de un gran burgués, digamos que como Alfonzo López. De todas maneras los necesitará y sabrá usarlos para que mitiguen su distancia de las galerías que acabarán añorando el estilo de Álvaro Uribe. Su condición de burgués lo hace especial a tal punto que entre los presidentes del siglo XX solo podría comparársele con los López, con Carlos Lleras, con Ospina y con su tío abuelo, a cuyo gobierno sin pena ni gloria podría acabar pareciéndose el suyo.


Juan Manuel Santos, heredero de un emporio empresarial, vinculado a una larga tradición de familiaridad con el poder político y económico, con estupendas relaciones públicas dentro y fuera del país, acabará fastidiándose de la tradición uribista, de la que por lo pronto y hasta el término de la conveniencia pretende ser heredero. Ni los Consejos Comunitarios en tierra caliente ni ciertos cortesanos representantes de poderes rurales y obscuros le agradarán mucho. Hasta dónde los aguante tendrá que ver con el alcance de sus compromisos con el actual gobierno, que parecen muy sólidos hasta dentro de dos semanas. Quién sabe después. ¿No sería acaso un alivio y motivo de alegría ver reemplazado a José Obdulio Gaviria por José Fernando Bautista?


Será un gobierno desabrido, disputado por una tecnocracia neoliberal no muy distinta a la de Andrés Pastrana en la que estarán representados los verdaderos amigos de Juan Manuel, egresados de la Universidad de los Andes, con algún título de posgrado en el exterior, bogotanos y consonantes con el estilo de vida yuppie, el que en verdad le luce a Santos. La otra mitad del poder la tendrán los políticos de siempre, los que Juan Manuel secretamente desprecia pero tolera en nombre de la coalición de unidad nacional que recuerda la Gran Alianza por el Cambio.


Las cuentas resumidas del gobierno de Santos son las de una administración con los problemático rasgos modernizantes que le imprimirán los tecnócratas neoliberales, y amoldada a las necesidades de los parlamentarios amigos. A lo anterior se le añadirá la receta de la seguridad democrática. Algo muy parecido a la administración de Andrés Pastrana, de la que Juan Manuel hizo parte, pero con mayor énfasis en asuntos de seguridad y defensa. Mejor dicho, Santos es malo conocido. Implicaría la benéfica consecuencia de contribuir a la consolidación de un bloque de izquierda democrática, enfrentado a un grupo muy homogenizado de partidos de gobierno reunidos en la unidad nacional que pretende crear.


Antanas Mockus, la alternativa verde, es una opción buena y conocida. Es extraño que la mayor parte de los electores colombianos hayan aceptado infames sospechas sobre su posible inexperiencia en asuntos de gobierno, cuando ha accedido dos veces por elección popular al segundo cargo político más importante del país y representa un partido basado en la gestión de cuatro de los alcaldes más importantes que ha tenido Colombia en años recientes. No hace parte de la gran burguesía como Santos ni del país rural como Uribe. Pertenece a la clase media bogotana, muy distante de las condiciones generales del país y llena de taras, hay que reconocerlo, pero definitivamente lo menos malo que tenemos. La disyuntiva es clara. Ojalá sepamos escoger.



Segunda y última oportunidad


Imaginémonos un partido final de la Copa América en el que la Selección Colombia juega de visitante contra Brasil, cuatro veces campeón mundial, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. Recordemos también aquel partido final de la Copa Libertadores cuando un equipo casi desconocido, el Cúcuta Deportivo, se enfrentó con el legendario Boca Juniors una noche nublada en el estadio La Bombonera de Buenos Aires. ¿Quienes jugaban con mayor ventaja? ¿Quiénes tenían las mayores posibilidades de lograr la victoria? La respuesta es obvia: Brasil en el caso imaginario y Boca en el caso real, como efectivamente ocurrió. Sin embargo, la Selección Colombia habría podido derrotar a Brasil. También fue posible que ese equipo desconocido hubiera ganado la Copa Libertadores. Esa oportunidad dorada la perdimos aquella noche que quizá nunca más se repita.


En tres semanas tendremos la segunda y última oportunidad de decidir qué gobierno queremos durante los siguientes cuatro años, que pueden ser ocho. Tendremos cuatro opciones. La primera, preferida por la mayoría de los colombianos, es la abstención. La segunda, votar en blanco. La tercera, votar por Santos, que juega con la ventaja que en los ejemplos anteriores tiene la selección de Brasil y el Boca Juniors. La cuarta, votar por Mockus, a quien le corresponde la desventaja de la Selección Colombia jugando contra Brasil en el Maracaná, o del Cúcuta Deportivo enfrentando a Boca Juniors en la Bombonera. Lo más probable es que gane Santos, pero muchos tenemos la esperanza de que ocurra lo contrario, y que en el transcurso de los días que nos separan de las elecciones la mayoría de los colombianos descubra que no podemos perder la oportunidad dorada que alguna vez casi convierte al Cúcuta Deportivo en Campeón de la Copa Libertadores, y que ahora puede hacer posible que Antanas Mockus gane las elecciones, porque en el fútbol y en la política todo puede pasar, y porque los buenos hinchas no renunciamos a la esperanza de tener un mejor equipo y un mejor gobierno.


Como liberal, voté el pasado domingo por Rafael Pardo, convencido de que era la mejor opción. Dentro de tres semanas el dictado de mi conciencia me obliga a votar por Antanas Mockus, un hombre cuyos defectos son compensados con muchas cualidades plenamente probadas durante los dos períodos en que fue alcalde de Bogotá, el segundo cargo político más importante del país. Estoy convencido de que el problema más grave de Colombia se resuelve inculcando la obligación de respetar la ley, que es la principal herramienta de cualquier sociedad para garantizar igualdad y justicia social. Nada mejor para lograrlo que el ejemplo de un Presidente cuya rectitud y honestidad están plenamente probadas en el ejercicio de funciones públicas, como es el caso de Antanas Mockus.


También estoy convencido de la urgencia que tiene el país por sufrir un proceso de modernización administrativa como el que ha ocurrido en Bogotá y Medellín. El equipo de Mockus lo integran los artífices de ese proceso en ambas ciudades, donde libraron duras batallas porque la administración pública privilegiara los méritos profesionales y la experticia técnica sobre el clientelismo y la politiquería.


Podría hacer un inventario muy largo de los defectos de Juan Manuel Santos y de la lista creciente de razones por las que mi conciencia me impide votar por él, pero la estrategia de hacer política con base en los defectos de los oponentes le luce mejor al mismo Santos, suficientemente asesorado en esa mezquina habilidad por el renombrado J.J. Rendón. Prefiero invitar a todos los cucuteños, y especialmente a los liberales, a que no perdamos la última oportunidad que tendremos en la segunda vuelta. Si la desperdiciamos, recordaremos ese día con la misma nostalgia que recordamos aquella noche de neblina en La Bombonera, cuando perdimos la oportunidad de ser Campeones de la Copa Libertadores.



Otra vez la Central de Transporte


Cuando noté que por cuarta vez, si la memoria no me falla, me refiero en esta columna a la Central de Transporte, advertí la desalentadora sensación de estar arando en el mar; de que poco vale insistir señalando los errores que respecto a este asunto ha cometido el Municipio de Cúcuta, porque para los alcaldes priman los intereses personales sobre el bien común, y a la mayor parte de los cucuteños poco parece importarles que la ciudad acreciente su costoso repertorio de oportunidades perdidas.


La semana pasada el Concejo Municipal aprobó un acuerdo derogatorio de otros que ordenaban liquidar la actual Central de Transporte, uno de los compromisos que el Municipio contrajo con la sociedad de economía mixta creada para construir y administrar por veinte años una nueva Central de Transporte, que solucionaría una sentida necesidad de los cucuteños si para edificarla no se hubiera escogido el sitio menos conveniente posible, sobre la vía a Puerto Santander en donde nadie tomará un bus con destino a Pamplona, Bucaramanga o Bogotá.


El rosario de decisiones que son errores para la ciudad pero jugosas oportunidades para intereses particulares, comenzó durante la alcaldía pasada, que decidió crear la mencionada sociedad de economía mixta, donde el Municipio de Cúcuta es socio minoritario, pese a ser quien hasta el día de hoy ha hecho los mayores aportes de capital a la empresa. Los demás han puesto apenas un poco más que la cédula. 


También le correspondió a la anterior alcaldía escoger el sitio para construirla, que además de los obvios inconvenientes señalados, no tenía servicio de acueducto y alcantarillado, lo que obligó al Municipio a incurrir en los costos de su instalación en beneficio de los predios contiguos, lo cual puede ser el meollo del asunto. Para colmo de males, la pasada administración municipal convino que la nueva sociedad tendría el beneficio de operar en las instalaciones de la vieja Central de Transporte una vez se liquidara, mientras construía la nueva, cosa que quizá no ocurra si como buenos capitalistas, los socios llegan a advertir que su negocio no es rentable en las lejanías de la vía a Puerto Santander, cuando ya el sector se encuentre valorizado por las obras de infraestructura que le corresponde construir a nuestro pobre y tantas veces esquilmado municipio.


Cuánto me habría gustado acompañar con mi voto en el Concejo el proyecto de acuerdo presentado por la señora alcaldesa si se hubiera orientado de manera real, y no apenas aparente, a la solución del problema que representa el negocio diseñado por la administración anterior. Pero la solución no es detener la liquidación del Terminal actual, tal como fue aprobado, lo cual apenas consigue poner al Municipio en la situación de quien incumple un contrato, en este caso con la empresa concesionaria del negocio cuyos socios ahora seguramente se frotan las manos pensando en demandas multimillonarias que pagaremos los cucuteños. La solución es exigir la disolución de semejante concesión, suscrita en términos lesivos para la ciudad, con una sociedad que no ha pagado su capital suscrito salvo en una fracción cuya mayor parte la ha aportado Cúcuta, su socio minoritario, y que tiene como cometido construir una terminal en un lugar disparatado.


La nueva Central de Transporte no puede ser un proyecto exclusivo del Municipio de Cúcuta sino del Área Metropolitana, argumento obvio que desvirtúa la peregrina razón esgrimida para construirla en la vía a Puerto Santander, dizque porque es jurisdicción de Cúcuta, cuando los estudios señalan a Los Patios, junto al anillo vial, como el lugar más adecuado. La Alcaldesa no parece guiada por el interés común. No está pensando en beneficiar la ciudad, en cuyo caso trataría de disolver la sociedad y deshacer la concesión. Quizá solo piensa en los puesticos y contraticos de un viejo Terminal, vergüenza de una metrópoli de con más de un millón de habitantes.



¿Quién es Antanas?


Aunque Antanas no se ajusta cabalmente a la idea que tenemos los socialdemócratas sobre el liderazgo presidencial que le conviene al país, casi todos acabaremos votando por él en la segunda vuelta si la otra opción es Juan Manuel Santos, como lo pronostican las encuestas.

Este personaje a quien la rareza de su nombre nos permite referirlo con la familiaridad que supone omitir su apellido, lo que no ocurriría si se llamara Pedro, Juan o José, no sería candidato a la presidencia en un país que valorara en su líderes la certeza en los fines. Antanas es un hombre que tiene certeza en los medios, aunque quizá no sepa muy bien para dónde va. Aun así es preferible a Santos, o a Juan Manuel, como ahora le aconsejan que se haga llamar, sobre quien habiendo certeza sobre sus fines y sus medios, muchos no votaremos por él.

Antanas fue rector de la Universidad Nacional desde 1990. Antes del episodio memorable que lo convirtió en una figura nacional, ya gozaba de la notoriedad propia de quienes saben presentarse ante el público con el inexpresable toque de excentricidad que se asocia a la personalidad de los genios, aun cuando a veces no lo sean. Siendo rector de la Nacional recorrió el país y consagró su distintivo prestigio. Por ejemplo, en 1992 pronunció una conferencia en el Teatro Municipal de Cúcuta ante un auditorio colmado de estudiantes, muchos de ellos de secundaria como era mi caso entonces, entre quienes despertaba gran curiosidad la figura del rector matemático filósofo que iba a la oficina en bicicleta mucho antes que Enrique Peñalosa popularizara las ciclorutas.


Más polémica es la memoria de su rectoría. Clausuró los restaurantes estudiantiles y las residencias universitarias, concluyendo una tarea que inició Marco Palacios, otro rector que después lo fue una vez más, impuesto por el presidente Álvaro Uribe. Incrementó las matrículas y promovió una reforma académica que redujo significativamente el número de horas de clase de todas las carreras. La rectoría de Mockus contribuyó, junto con la de Marco Palacios, a hacer de la Nacional una universidad bogotana en la que a partir de 1993 los estudiantes de provincia fuimos la excepción.


Durante la primera alcaldía de Antanas se fraguó la imagen del político que cifraba su método administrativo en la adhesión incondicional a la Ley y a su propio sentido de la ética. Se convirtió en el intérprete de las clases medias que repudiaban la clase de política que se encarnaba en la imagen de los concejales, injustamente peor que la de los congresistas, lo que es mucho decir. Les aplicó todo el peso del principio de la separación de poderes, obligándolos a votar los acuerdos sin la recompensa de los puestos y los contratos. Gracias a la retaliación del Concejo Distrital no pudo privatizar Codensa ni la Empresa de Teléfonos. Hizo del imperio de la Ley la causa fundamental de su programa “Cultura Ciudadana”, que aplicaba la consigna de algún filósofo que citaba con frecuencia: “La conciencia de la ley nos hace libres”.


La ley, aun si era dura, aun si era injusta, había que respetarla tomando conciencia de su necesidad y su conveniencia social. Con mimos, tarjetas rojas, comparendo pedagógicos y explicaciones beneficiadas de su capacidad histriónica, obtuvo resultados bastante aceptables. Cuando tenía que utilizar la fuerza, no dudaba en hacerlo, quizá también procurando satisfacción a su acentuado carácter autoritario.


Siendo rector, alcalde y ahora candidato, sus respuestas siempre han sido ambiguas, cifradas en los medios y no tanto en los fines. Hay que respetar la ley. Hay que respetar a los vecinos. Todos tenemos que poner para poder tomar, según reza la regla del juego de la pirinola que fue emblema de su primera alcaldía.


Aunque queda mucho por decir sobre Antanas, puede concluirse que es un hombre de principios claros y fines confusos. Puede que sea neoliberal, pero al menos es un demócrata.



¿Será Chávez el culpable?


“El efecto Chávez tiene postrada la economía regional”, titulaba ayer la página económica de este diario. Según un informe de la Cámara de Comercio de Cúcuta al que se refería la noticia, 60.000 personas, 16.4% de la población, están desempleadas. 4.5% más que hace un año. Otros 115000 están subempleados y su trabajo es informal. Las exportaciones originadas en el departamento disminuyeron 87.8%, y las exportaciones no tradicionales, que hace un año sumaban 177.4 millones de dólares, hoy son 94.6% menos y apenas valen 9.4 millones de dólares. La recesión de la economía nortesantandereana es ruinosa. ¿Quién tiene la culpa? ¿Será Chávez, como lo insinúa el titular?

En Norte de Santander, que por desgracia vive en medio de la precariedad intelectual propia de las regiones con una clase media débil, donde apenas existen las universidades, las agremiaciones y los escenarios en los que se discuten las explicaciones sobre la propia realidad, tendemos a aceptar sin ninguna discusión los lugares comunes de la opinión pública nacional, ajenos a nuestros intereses regionales, y difundidos a través medios en los que nuestra injerencia es casi inexistente.

Para la muestra un botón: llevamos ocho años hipnotizados por un persuasivo discurso según el cual el origen de nuestros problemas es el actual gobierno venezolano. Se dice que allá se maltrata a los colombianos, se boicotean nuestras exportaciones, se retienen los dólares de nuestros exportadores y se protege a la subversión. La aceptación tácita de ese discurso y sus elaborados argumentos le ha traído consecuencias terriblemente dañinas a Cúcuta, que sigue viviendo de su condición de ciudad fronteriza y en donde más que en ningún otro lugar seríamos favorecidos por una política exterior responsable y respetuosa que no intentara prevenir a la población contra el gobierno venezolano para explotar nuestro ingenuo sentimiento nacionalista.


Los colombianos no necesitamos salir del país para que los agentes del Estado violen nuestros derechos, porque los maltratos los podemos recibir aquí mismo, ahorrándonos el viaje a Venezuela. La verdad que entraña esa moraleja de una caricatura de Vlado que ridiculiza la advertencia del Canciller Bermúdez sobre los peligros que representa Venezuela se manifiesta crudamente en los barrios de invasión de Ureña, San Antonio y San Cristóbal, habitados mayoritariamente por gente desplazada por nuestro conflicto interno. En Venezuela, y eso amerita corregir la afirmación de Vlado, no solo no la maltratan, sino que seguramente los nacionalizarán como ha ocurrido con decenas de miles de colombianos cuyos hijos acceden a los servicios de salubridad y educación en ese país.


A Rodrigo Granda lo capturaron alguna vez en Bolivia. A Simón Trinidad en Ecuador. Los guerrilleros colombianos han residido, a veces clandestinamente y a veces como asilados en Costa Rica, México, Cuba, Francia, Dinamarca y muchos otros países. La guerrilla colombiana ha surtido sus arsenales en la antigua Europa Comunista y en Nicaragua, Panamá, Ecuador y Perú, donde tenía como proveedor a Vladimiro Montesinos. Ninguno de esos países fue entonces señalado como promotor de la subversión colombiana, como lo ha sido Venezuela, y en casi todos ellos la relación de cooperación policial que se tendió para contener el problema se sirvió de los canales de la diplomacia.


Los cucuteños no podemos continuar asumiendo como verdaderas unas sindicaciones hacia Venezuela que si no son completamente falsas, por lo menos son muy discutibles. Es vergonzoso que nuestros propios alcaldes metropolitanos, partícipes ingenuos del temor hacia el gobierno venezolano, no hayan asumido su compromiso con la integración, que en lo que a ellos corresponde consiste en la concertación de políticas de seguridad, movilidad, transporte, acueducto y tratamiento de aguas residuales con los gobiernos vecinos de Ureña y San Antonio, solo porque les da miedo desafiar la versión uribista de las relaciones entre los dos países. Cuando lo hagan, quizás encuentren en sus homólogos personas mejor preparadas y mucho más dispuestas a asumir los compromisos que exige la integración metropolitana.



1º de mayo: concierto de confraternidad fronteriza


Desde hace varios años los cucuteños hemos sido al mismo tiempo víctimas e idiotas útiles de quienes han promovido en nuestro país el sentimiento antichavista para generar una causa de movilización política favorable a las finalidades menos nobles de la derecha colombiana.


Las razones que se han esgrimido para incubar el nacionalismo antichavista que le ha hecho tanto daño a Colombia, y especialmente a Norte de Santander, se refieren a hechos que han sido de marras lugares comunes de nuestra relación binacional, ahora enfocados con los reflectores que persiguen detalles que se agrandan con la lupa de unas cámaras de televisión glosadas por opinadores como Jaime Bayly, que apena está descubriendo a Colombia y a Venezuela, que jamás ha pisado la frontera y que transmite al país entero reflexiones subjetivas y enfoques parcializados llenos de frivolidad sobre asuntos que evidentemente no conoce bien, cuando no los ignoran casi por completo.


Afortunadamente el país lentamente recobra el buen juicio. Respecto a nuestras relaciones con Venezuela han surgido las voces de Rafael Pardo y Antanas Mockus, que desafían la armoniosa concordancia de opiniones tendenciosas sobre la situación de Venezuela como las de Claudia Gurisati y Jaime Bayly, desafortunadamente compartidas por la mayoría de los colombianos del interior del país que no tienen elementos de juicio distintos a los que les ofrece ese tipo de periodismo.


Pardo y Mockus han expuesto un criterio que debemos compartir en la frontera: cualquiera que sea nuestra posición política respecto al gobierno venezolano, esta debe expresarse con profundo respeto por el proceso político que ha dado origen a ese gobierno, máxime cuando no puede ponerse en tela de juicio la legalidad de las elecciones en ese país. Lo anterior implica no fomentar la animadversión hacia Venezuela como estrategia de la política interna colombiana, estrategia que se oculta tras una cortina de humo según la cual es Hugo Chávez el que interviene en los asuntos internos de Colombia. En otras palabras, plantean que la relación con Venezuela debemos construirla con el gobierno que el pueblo venezolano eligió.


Ese principio debemos replicarlo en los municipios fronterizos para contribuir en la reconstrucción de las relaciones de vecindad que tanto se han deteriorado en los últimos ocho años, en los que se ha echado a perder la posibilidad, alguna vez cercana, de crear una Zona de Integración Fronteriza enmarcada por los acuerdos de la Comunidad Andina, o un Área Metropolitana Binacional, que permita concertar soluciones de movilidad urbana, servicios públicos y conservación de la cuenca del Catatumbo.


Un grupo muy numeroso de gentes de ambos lados de la frontera que tenemos el firme propósito de contribuir al acercamiento de nuestros municipios hemos organizado, contando con la colaboración de las alcaldías de Villa del Rosario, San Antonio, Ureña y otras que seguramente se sumarán a nuestro proyecto, un Concierto por la Confraternidad Fronteriza en la Estación Internacional de Ureña. Habrá grupos musicales de ambos lados de la frontera. Esperamos acercar no solamente a los jóvenes colombianos y venezolanos, sino a las autoridades municipales del Área Metropolitana Binacional.


Mostraremos que es infundado el comunicado de nuestra Cancillería que aconseja no cruzar la frontera y abogaremos porque nuestras relaciones binacionales tengan lugar en el terreno de la discusión de las ideas y las diferencias, en el intercambio comercial y cultural, y nunca en el lenguaje del insulto y la agresión.


Solo si tomamos la iniciativa de las relaciones binacionales mostraremos que en Cúcuta estamos mejor informados de lo que ocurre en Venezuela, más cerca de los cuatro millones de colombianos que viven en ese país, y comprometidos con la suerte de nuestra propia ciudad binacional donde cincuenta mil personas cruzan la frontera todos los días.



Que se cierre la frontera


Con cuánta pasividad los cucuteños hemos visto como otros, que apenas habrán visitado esta ciudad un par de veces en su vida, forjan la imagen que tenemos de nuestra propia realidad. Ahora resulta que Venezuela tiene un Estado corrupto, centralista y despótico tan solo desde que Hugo Chávez es Presidente, cuando esas inocultables taras han signado siempre su historia.


Ahora resulta que los cucuteños temen cruzar la frontera y visitar el Táchira porque lo que por desgracia siempre ha ocurrido, y me atrevo a afirmar que en una medida superior a la de hoy, ahora es mostrado con especial relieve por los medios de comunicación de nuestro país, instrumentalizados por una campaña que con gran sentido de la oportunidad política aprovecha el antichavismo de muchos colombianos mal informados para favorecer la popularidad del gobierno y su candidato a la Presidencia.


Es lamentable que haya colombianos detenidos y maltratados en las cárceles de Venezuela. Siempre los ha habido, pero ningún medio de comunicación ha informado cuántos presos colombianos había hace diez años en Venezuela y cuántos hay hoy. Es muy probable que la segunda cifra sea inferior a la primera, pero nadie dice nada al respecto.


Hoy hay menos colombianos en Venezuela que hace diez años. No porque hayan regresado, sino porque a diferencia de lo que ocurría hace décadas, cuando la explotación y el abuso eran la norma del trato a los trabajadores colombianos indocumentados, durante la última década Venezuela ha nacionalizado decenas de miles de colombianos, que gracias a esa concesión han podido acceder a sus servicios estatales de educación y salubridad.


Hace una década era habitual que los colombianos indocumentados fueran entregados como deportados en los puentes internacionales después que los explotaban como trabajadores agrícolas en el Zulia y el Táchira donde les pagaban salarios de hambre. Tanto así que en ese entonces la Diócesis de Cúcuta administraba un centro de migraciones donde recibían a los deportados mientras se recuperaban del maltrato y las vejaciones de la Guardia Nacional.


No hay que ser partidario del gobierno de Chávez, ni hay que dejar de ver los defectos que tiene, sin duda muchos, para reconocer que la situación de nuestros connacionales residentes en Venezuela ha mejorado en muchos aspectos. Hoy, entre los miles de colombianos presos en sus cárceles hay una docena sobre los cuales se ha hecho volcar deliberadamente la atención de la opinión pública para provocar una reacción favorable a ciertos intereses bien conocidos. De los otros miles que siempre por desgracia ha habido, no se dice nada.


Es inaudito que una ciudad como la nuestra, que hace parte de un Área Metropolitana Binacional donde el intercambio económico y cultural es cotidiano, y donde cerca de cincuenta mil personas cruzan la frontera todos los días, sea presa fácil de una estrategia de opinión que nos perjudica y contra la cual deberíamos manifestarnos enérgicamente. Ya hemos sufrido suficiente con la interrupción del intercambio comercial entre los dos países, lo que además de causar un grave daño a nuestra economía regional muestra hasta dónde es capaz de llegar un gobierno como el actual cuando quiere generar hechos que le procuren el beneplácito de nuestra desinformada opinión pública.


En este momento, debemos reaccionar decididamente en contra de las recomendaciones de nuestro Canciller, que ha tenido la audacia de advertirnos sobre los peligros de visitar Venezuela cuando más de veinte mil cucuteños trabajan en Ureña y San Antonio y van y vienen todos los días. Si no somos capaces de mostrar que nuestro sentido de identidad regional con Ureña, San Antonio y San Cristóbal es superior a la capacidad de algunas personas para manipular la percepción que tenemos de nuestra propia realidad regional, cualquier día tendremos que afrontar una crisis diplomática que implique la clausura de los puentes internacionales con tal que Juan Manuel Santos sea Presidente de la República.



Espacio público y ventas ambulantes


Entre los problemas perennes de Cúcuta, sobre los que nos quejamos mucho y hacemos poco mientras se agravan progresivamente, la ocupación ilegal del espacio público se cuenta entre los más destacados. No se libra ni el Parque Santander, quizá la más emblemática zona de uso público de la ciudad, donde hay más vendedores ambulantes que de costumbre y más suciedad que nunca, como los invito a que constaten cualquier día que se acerquen a pie al centro de la ciudad.


Es un grave error que un gobierno municipal decida no enfrentar el problema de la ocupación ilegal del espacio público para no tener que tomar partido en la disputa entre el derecho al trabajo de los vendedores ambulantes y el derecho al espacio público de los demás ciudadanos. Cuando el gobierno municipal no hace nada, o casi nada, como ocurre en Cúcuta, su omisión lo hace tomar obvio partido por los vendedores ambulantes, lo cual es terriblemente costoso para la ciudad.


La solución del problema, que se ha ensayado un par de veces en Cúcuta aunque de forma incompleta, consiste en que el Municipio promueva la formalización del comercio ambulante desalojándolo de las calles y vendiéndoles locales comerciales. Así nació el Centro Comercial Oití cuando desaparecieron las casetas que invadían las calles del centro de Cúcuta hace quince años.


La alcaldesa debería pensar seriamente en crear una entidad de economía mixta adscrita al Municipio que administre la construcción sobre predios adquiridos por compra o expropiación por razones de utilidad común, en los que pudiera contratar la construcción de centros comerciales para la reubicación de vendedores ambulantes, o parqueaderos de varios pisos, para solucionar uno de los graves problemas de la movilidad en Cúcuta. En Bogotá, esa función la cumple la Empresa de Renovación Urbana del Distrito, entre cuyos proyectos está la recuperación de la zona de San Victorino, donde construye un complejo enorme de oficinas y locales comerciales que muestran la gran capacidad del comercio informal para asumir los costos del tránsito a la formalidad.


Sin ir tan lejos, en Cúcuta se puede tomar como modelo la construcción del Centro Comercial Modelo, cuya terminación fue asumida por Cenabastos S.A., una empresa constructora de capital mixto que tiene la capacidad y la experiencia para comprar, construir y vender, financiando su operación con créditos de la banca, tal como debería hacerlo el Municipio de Cúcuta a través de una entidad parecida.


La Cámara de Comercio y Fenalco deberían ser las entidades privadas más interesadas en que la ciudad solucionara este problema, lo que las convierte en los socios naturales de un proyecto de esta clase. Como experiencia sobre la forma en que deben asociarse y trabajar, pueden tomar a la Empresa de Renovación Urbana de Bogotá y a Cenabastos. Pueden también tomar el caso de la malograda Corporación Parques de Cúcuta, una empresa constructora en la que participan el Municipio y la Cámara de Comercio de Cúcuta y que pretendía construir el Centro Comercial Parque Bavaria, como experiencia sobre lo que no deben hacer.


Los problemas de Cúcuta pueden solucionarse si la Administración Municipal lo decide. Incluso los más difíciles pueden solucionarse si algún día nuestros alcaldes se preocupen más por el desarrollo y la planeación de la ciudad que por ver a sus socios convertidos en congresistas o sustituyéndolos a ellos en la alcaldía. Ese día dejaremos de ver a los alcaldes o alcaldesas repartiendo leche y mercados cuando deberían estar ejerciendo su cargo de gerentes de la ciudad.



Antichavismo y oportunismo


Si de veras existiera algún aprecio por lo que significa ser nortesantandereano, araucano o guajiro, al menos en esas regiones no debería tener mayorías, una candidatura que se ha apuntalado aprovechando de manera oportunista el antichavismo colombiano, sentimiento fomentado por un gobierno que ha hecho gala del mismo sentido irresponsable de la oportunidad política.


La frontera entre Colombia y Venezuela está sumida en una profunda depresión económica de la que son damnificados casi todos los empresarios cucuteños, y del origen de esa recesión es responsable nuestro gobierno en un grado mayor que el gobierno vecino, porque si bien es cierto que la posible tolerancia del gobierno venezolano con la guerrilla colombiana merecía objetarse mostrando toda la indignación de la que Uribe -buen actor- hubiera sido capaz, para eso se inventó la diplomacia y la cancillería, instancias que en su momento no le convinieron ni al Presidente ni a su Ministro de Defensa.


Cuando uno y otro prefirieron la televisión para manifestar sus críticas a Venezuela con una animosidad calculadamente poco diplomática, pensaron en ellos antes que en los cucuteños o en cualquier otro colombiano. Cuando secuestraron en Venezuela al señor Rodrigo Granda, que no por su condición de delincuente podía ser capturado en el exterior violando el Derecho Internacional, pensaron en las encuestas de popularidad antes que en los cucuteños.


Mientras el antichavismo de los colombianos, y especialmente de los bogotanos, pueda ser utilizado en provecho de una candidatura o de un gobierno para el que valgan más las encuestas que los intereses del país o de los nortesantandereanos, podemos estar seguros que si Santos es Presidente, a Cúcuta habrá que cerrarla y abandonarla, como quien cierra con candados la casa para dejarla sola mientras pasa un brote de peste, porque en la frontera no habrá nada que hacer mientras el nuevo Presidente esté pensando en atizar la hoguera del conflicto con Venezuela para hacerse más popular, ahora que la posibilidad de la reelección, aun cuando sea por una vez, lo convierte de inmediato en candidato para las elecciones de mayo de 2014.


Por razones que son obvias, los nortesantandereanos deberíamos preferir un candidato a la Presidencia de la República que haya demostrado, o que al menos prometa, administrar las relaciones con Venezuela sirviéndose de las reglas de la diplomacia y tomando en cuenta los intereses de los colombianos y los habitantes de la frontera, antes que algún interés personal y oportunista. Escrúpulos propios del oficio de columnista llegan a impedirme recomendarles cual preferir habiendo varios buenos, pero no bastan para impedirme recomendarles cual no preferir. Blanco es, gallina lo pone y frito se come.



Foro sobre el acueducto


Hace ocho días, en el auditorio de la Cámara de Comercio, se celebró un foro sobre el sistema de acueducto y alcantarillado de esta ciudad, donde intervinieron como expositores el gerente de Aguas Kpital y el Presidente de la Cámara de Comercio, quienes días antes habían polemizado públicamente sobre el desempeño de Aguas Kpital, la empresa operadora del acueducto de Cúcuta sobre cuya gestión muchos ciudadanos hemos manifestado públicamente nuestras reservas.


La Cámara de Comercio, cuya responsabilidad como promotora del desarrollo regional a veces ha sido puesta en tela de juicio, no perdió la oportunidad de desagraviarse con esta ciudad, que según el estudio Doing Bussiness Colombia 2010 elaborado por el Banco Mundial, descendió en la escala de competitividad, ocupando el puesto 15 después de ciudades como Sincelejo, Valledupar y Popayán, y además fue calificada por el mismo estudio con la poco honrosa distinción de ser la más complicada para tramitar permisos de construcción y tramitar conexiones a las redes de servicios públicos. Una ciudad donde hay poca agua y las redes de acueducto y alcantarillado no se han extendido suficientemente es una ciudad poco competitiva, en la que obviamente es difícil tramitar licencias de construcción.


Aguas Kpital afirmó que su desempeño es inobjetable; que los compromisos de ampliación de redes y aumento de la continuidad del servicio son superiores a los establecidos por el contrato de operación. Su versión la corroboran los informes de la empresa interventora Hidrogestión S.A. Hace cuatro años, cuando la E.I.S., en ese entonces intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos, y la empresa Aguas Kpital, suscribieron el contrato para que ésta última operara el acueducto de Cúcuta, pactaron unas metas anuales de inversión en ampliación de las redes, la mejoría del índice de continuidad del servicio y otros muchos ítems, algunos de los cuales, según lo indica la simple inspección, están lejos de cumplirse, pese a que los interventores del contrato digan lo contrario.


Por ejemplo, me cuesta creer que el índice de continuidad del servicio de acueducto en Cúcuta sea de 69.12%, como lo sostiene Aguas Kpital y sus interventores, cuando es evidente para cualquier cucuteño la alta discontinuidad con que llega el agua a los tanques de sus casas, en algunos barrios apenas una o dos veces a la semana.


Otros compromisos contractuales referentes a los tiempos de entrega de estudios y diseños de redes y ampliaciones de las plantas de tratamiento han sido incumplidos con retraso de meses o de años. Otros, relativos al mantenimiento de los canales de aguas lluvias como el Canal Bogotá, por donde a estas alturas del desarrollo del contrato no deberían correr aguas negras, o con el mantenimiento del alcantarillado para evitar el desborde de las aguas sobre los andenes, también han sido patentemente incumplidos. El índice de agua no contabilizada es muy superior a la cifra señalada por el contrato al cabo del cuarto año de operación. Los citados incumplimientos implican multas y sanciones que pueden ser tan severas como la caducidad del contrato, pero ninguna sanción ha sido impuesta y ni siquiera se conocen amonestaciones por parte de la firma interventora.


No es posible que la ciudad pase por alto las observaciones de la Cámara de Comercio, sustentadas en datos a los que hay que otorgar al menos el mismo crédito que a los suministrados por Aguas Kpital y sus interventores, máxime si la simple inspección parece validarlos con mayor inmediatez. La discrepancia entre ambas versiones debería subsanarla una auditoría imparcial a la que otorguemos pleno crédito todos los cucuteños. Esa auditoría debería también ocuparse de despejar las dudas sobre la situación financiera de Aguas Kpital, cuyos vínculos con el tristemente célebre Grupo Nule, rebosan la copa de las controversias sobre el futuro del agua en Cúcuta. Ojalá la alcaldesa diga algo.



Lo que se vio el domingo


Las elecciones del domingo mostraron el alto precio que pagará la sociedad colombiana por ocho años de uribismo. Salvo honrosas excepciones, las elecciones las ganaron quienes hicieron campañas multimillonarias auxiliadas por la nómina estatal y las comisiones de los contratistas del Estado. Aunque siempre ha sido así, en esta oportunidad el clientelismo mostró su resplandor más crudo porque este gobierno, como ningún otro, cooptó el Congreso a cambio de prebendas cuyo lucro acabó en las arcas de cada congresista adepto. Las mayorías parlamentarias de la U, el Partido Conservador y el recién aparecido PIN no se deben al reconocimiento público de su afinidad con Uribe ni al criterio juicioso de sus electores, sino a que sus candidatos tuvieron los puestos y el dinero que no hubo en otros partidos.


No dudo que el gobierno del Presidente Uribe tenga una cierta identidad ideológica de la cual son voceros Eduardo Londoño Hoyos y José Obdulio Gaviria. Pero dudo mucho que las mayorías uribistas del Congreso recién electo profesen ideología alguna, salvo la del afán de enriquecerse y acumular poder para “hacer negocios y ayudar a los amigos”, frase que consigna la esencia de la política en Colombia y especialmente en regiones pobres y atrasadas como Norte de Santander.


Si examinamos el escenario local, solo hay espacio para lamentaciones y autocrítica, salvo que se haga parte de la campaña victoriosa de algún parlamentario uribista. Uno ganó porque lo respaldaba el poder del gobernador, otro porque lo respaldaba la alcaldesa, otro porque es un gran contratista del Estado y emplea miles de personas que votan para conservar su puesto, otro porque tiene la chequera del hermano millonario, otros porque son “dueños” de institutos descentralizados y una corporación autónoma, otro porque es “dueño” de una caja de compensación, otro porque sigue girando contra los ahorros de sus administraciones pasadas, otro porque lo eligió un ex alcalde que no tiene partido pero en cambio tiene la bolsa llena y otros dos porque el gobierno ha pagado bien su fidelidad. Otro que sí merecía acrecentar sus simpatizantes como reconocimiento de su trabajo parlamentario que lo ha convertido en el único político nortesantandereano realmente importante en el país, obtuvo la menor votación entre quienes resultaron electos.


Por desgracia, cada día que pasa se incrementa el retraso relativo de Norte de Santander frente a los principales departamentos de Colombia. Cada día parecen inferiores las posibilidades de candidaturas o Partidos que ejerzan la política propia de las sociedades modernas, basada en la discusión pública y en la participación a través del voto de ciudadanos libres y bien informados. Cada día nuestras campañas necesitan más dinero, cemento, ladrillo, tejas de zinc, mercados y rifas de licuadoras, neveras y ventiladores. Por desgracia, los años pasan sin que los votantes dejen de concurrir a las elecciones como quien asiste al estadio, otorgando el voto a cambio de la insinuación de algún amigo que necesita conservar el empleo, de quien le promete algún beneficio particular o de quien simplemente le entrega algo en dinero o en especie.


A pesar del desencanto que nos produjo a muchos el resultado de las elecciones, es preciso destacar el caso de congresistas como Jorge Enrique Robledo del Polo, Mario Laserna del Partido Conservador, John Sudarsky del Partido Verde y otros pocos, que llegaron a través de campañas excepcionales en nuestro medio pero que son la esperanza de quienes creemos que la política puede hacerse de otra forma.


Ojalá llegue el día en que nuestra ciudad elija candidatos que se identifiquen con el interés público y no con la posibilidad de recibir algún beneficio particular. Como el resultado del domingo no hace pensar que ese día esté cerca, quienes pretendemos que la política funcione con reglas distintas ciframos nuestras esperanzas en el escenario nacional, en donde hay candidaturas presidenciales que merecen apoyarse, como la de Rafael Pardo o la de Antanas Mockus.



Sobre Santos, Noemí, Vargas, Uribito y Fajardo.


La máscara uribista es la clave de la campaña de algunos de sus posibles sucesores. Juan Manuel Santos, puntero entre los candidatos según las encuestas, oculta su propia imagen detrás de la del Presidente. Dice que no es candidato hasta que no esté echada la suerte de la segunda reelección; dice que sigue siendo un soldado más del Presidente de la República y posterga tanto como sea posible la presentación de su propia imagen, atávicamente antipática, cubriéndola con velo uribista mientras apuesta secretamente por la liquidación del uribismo. Dice en público que espera que la Corte Constitucional rechace la ponencia del Magistrado Humberto Sierra y apruebe la segunda reelección, mientras a puerta cerrada él mismo y sus allegados apuestan porque ocurra lo contrario. Si llegara a ser presidente, logrado su propósito, y hecha innecesaria su máscara uribista, consagrará sus energías a transformar el Partido de la “U” en el Partido de la “S”, lo que supondrá que recobre muy pronto su imagen tradicionalmente antipática y aburrida.

A Uribito la máscara uribista le queda como le quedaba el traje al Presidente Pastrana en las caricaturas de Vlado, tan grande que le ocultaba el rostro. Si de Santos sabemos quién es por lo que en alguna época fue, de Uribito no sabemos nada, salvo que es tal su consagración como estudiante que ha estudiado hasta los gestos y los movimientos de su cuidadosa imitación del Presidente, que no oculta nada, porque detrás no hay nada.

Germán Vargas se parece más a Uribe que cualquiera de los otros. Uribe representa el avasallamiento de la modernidad colombiana, de la burguesía industrial y comercial de las grandes ciudades que nunca consumó su éxito como clase dominante ni pudo dar origen a una clase media exitosa. Acabó sometida al latifundio, la ganadería extensiva y los “patrones”, los patriarcas ganaderos o narcotraficantes que salen los domingos en las cabalgatas donde se reúnen los que mandan de veras y garantizan la pax romana de las regiones colombianas, mal menor para la modernidad que cojea en el país.


Vargas representa otra parte de esa misma herencia premoderna que lo hace posar con la sonrisa de confianza de quien se siente heredero del país, que espera disputarse con otro nieto de expresidente. Aunque últimamente denuncia todo lo que antes callaba, sigue diciendo que es un uribista no reeleccionista, como Juan Manuel Santos, que no se atreve a confesarlo.


De Noemí nadie puede negar que es uribista, como también ha sido y sigue siendo pastranista y gavirista. Ha recibido mucho de varios gobiernos y espera seguir recibiendo aun más. Se parece a Uribito porque es insustancial y no tiene nada que mostrar, pero entre su partido genera confianza, lo que la hace muy parecida a un parlamentario nortesantandereano.


Otro candidato importante, Segio Fajardo, no es uribista, pero no pierde la oportunidad de dejar muy claro que tampoco es antiuribista. No es de izquierda, pero tampoco es de derecha, como lo dijo alguna vez en Cúcuta y lo ha dicho en todas partes. Le habría sido de gran utilidad la máscara uribista que tantas veces ofrecieron prestarle, y que ahora debe lamentar haber rechazado.


Las apariencias engañan. Detrás de todos estos uribistas no se sabe que hay. Quizá cualquiera de ellos sea mejor que Uribe, pero ante la posibilidad de encontrarse con una mala copia, prefiero un candidato original, uno que no se encuentre entre los que he mencionado.



Scientia potentia est


La capacidad de demostrar que las opiniones propias coinciden con la verdad es el secreto del poder. Generalmente esas opiniones se originan en las intuiciones o en los presentimientos. Otras veces señalan realidades evidentes. Sin embargo, como lo saben los abogados, si no existen los recursos técnicos, sean jurídicos, económicos o científicos, a veces ni siquiera la más incontrovertible de las evidencias puede convertirse en una verdad para los tribunales o los árbitros de la opinión pública.


Un personaje del Renacimiento Inglés, Francis Bacon, que vivió una época en la que aun el poder era la fuente de la verdad, y la forma de comprender el mundo era impuesta por los que tenían la autoridad política y religiosa, como quienes enjuiciaron a Galileo cuando afirmó que la tierra era redonda y no era el centro del universo, intuyó que en el mundo moderno el conocimiento sería la fuente del poder y no al revés.


Desde entonces el secreto del éxito de cualquier empresa económica o política es la capacidad de mostrar que sus puntos de vista son verdaderos y científicamente correctos, que sus intereses coinciden con el interés público y que actúa legalmente.


Quien tenga los recursos publicitarios y de comunicación para convencer a la mayoría de que la razón está de su lado puede salirse con la suya. Quien tenga los mejores equipos de peritos y abogados para mostrarle a los jueces que la justicia y la ley están de su parte, ganará cualquier litigio aun cuando la verdad pueda tenerla también su contraparte, como lo sabe cualquier abogado. Y hasta en discusiones que parecen reservadas a las razones objetivas de los científicos y los ingenieros, el poder lo tendrá quien mejor argumente en favor propio con la ayuda de sus sabios, como cuando en las discusiones sobre la salud acaban primando los intereses de las multinacionales farmaceúticas y sus equipos de científicos, y los intereses de las multinacionales del petróleo en los debates sobre el cambio climático.


Hace pocos días leí una columna de Daniel Coronell en la revista Semana donde denunciaba que los decretos conocidos como de “emergencia social”, que solucionan una crisis causada por la costosa intermediación de las EPS, muchas de las cuales se han enriquecido ostensiblemente como Saludcoop, hacen descansar el peso de la solución sobre los contribuyentes que tendrán que pagar un seguro obligatorio sin poder transferir ningún riesgo realmente importante a su EPS, y deberán prestar dinero si se enferman gravemente. La verdad la tienen los equipos de técnicos y expertos en seguridad social vinculados con las empresas aseguradoras. Ellas tienen el dinero, los abogados, los economistas y los expertos que los usuarios nunca tendrán, y quizá logren que se condene al señor Coronell por hacer afirmaciones injuriosas.


A los ciudadanos comunes nos pasa lo mismo cuando enfrentamos cualquier concierto de intereses empresariales o políticos. Cualquiera que haya hecho un reclamo ante una empresa de servicios públicos o que haya enfrentado una oficina jurídica de alguna gran entidad pública o privada sabrá de qué hablo. En estos casos, poner la justicia y la razón de nuestro lado se convierte en una empresa titánica en la que tenemos el deber moral de ganar si queremos que la democracia y la igualdad ante la ley no sean apenas una ficción.


Para hacer que la democracia funcione los ciudadanos tienen que asociarse para velar por sus intereses como consumidores. Para eso están las ligas de usuarios, los gremios de pequeños y medianos comerciantes y empresarios, las veedurías cívicas y múltiples mecanismos de participación creados por la ley colombiana. De lo contrario, los intereses de los simples ciudadanos no se parecerán al interés público impuesto por los poderosos. Los invito a que enfrentemos esta clase de desafíos. Se necesitan abogados, economistas, contadores y expertos en diferentes disciplinas científicas.



Cabildo abierto sobre el acueducto


Hay algunas condiciones que parecen tan propias de nuestra ciudad que quejarse de ellas surte el mismo efecto inane que quejarse del calor: de todas maneras seguirá haciendo calor, salvo para quienes pueden permitirse tener aire acondicionado en la casa, la oficina y el carro. Lo mismo pasa con quien se queja de Aguas Kpital y del servicio de acueducto. Salvo que haya instalado un buen par de tanques, uno subterráneo y otro aéreo, sentirá los efectos del racionamiento sin que la falta de agua lo libre del costoso recibo mensual. Además, si protesta, el gerente de Aguas Kpital le dirá que se calle porque está equivocado, como se lo dijo al Presidente de la Cámara de Comercio, según lo registró en su primera página este diario el pasado sábado.


Según el Gerente de la mencionada empresa, estamos en el mejor de los mundos posibles. La captación ha mejorado, las redes se han extendido, la inversión se ajusta a lo establecido en el contrato de operación que suscribió la E.I.S. con Aguas Kpital, y si acaso queda alguna duda sobre el desempeño excepcional de la empresa operadora, la firma interventora Hidrogestión se encargará de disiparla.


La verdad que se revela a simple vista es muy distinta. Desde que se licitó la operación del acueducto de Cúcuta muchos nos preguntamos por qué no tuvimos la suerte de que fueran las Empresas Públicas de Medellín las adjudicatarias del contrato. Nuestro acueducto cayó en manos de una firma que está muy lejos de tener la solvencia técnica y financiera para resolver los problemas claves del suministro de agua de Cúcuta, que pasan por la construcción del Embalse del Cínera, un nuevo acueducto y una planta de tratamiento de aguas residuales, tres proyectos que si bien no hacen parte de las obligaciones contractuales de Aguas Kpital si habrían recibido un gran impulso si contáramos con una empresa como EPM, que inicialmente participó en la licitación para operar el acueducto de Cúcuta.


En la ciudad existen muchas dudas sobre el desempeño de Aguas Kpital que deben despejarse mediante un debate público que examine cuidadosamente la situación de la esta empresa, de su firma interventora, y del futuro de la ciudad en esta delicada materia. Las quejas sobre Aguas Kpital se refieren a muchos aspectos que no se han examinado lo suficiente. Muchas se refieren a la capacidad de la empresa para atender las quejas de los usuarios, lo que ya dio lugar a una cuantiosa multa impuesta por la Superintendencia de Servicios Públicos. Otras se refieren a la micromedición, en donde posiblemente se están cometiendo excesos en contra de los usuarios. Otras se refieren al destino de los dineros que gira el municipio para subsidiar a los estratos uno y dos, otras al cumplimiento de las metas de calidad y continuidad en la prestación del servicio y otras a las metas de inversión.


Por estos días en que la opinión pública nacional ha volcado su atención en los negocios del controvertido Grupo Nule, sobre cuyas empresas e inversiones existe gran incertidumbre, vale la pena recordar que son uno de los principales accionistas de Aguas Kpital, y desde hace mucho tiempo circula en la ciudad un perturbador rumor según el cual nuestros recibos de agua surten la caja menor de las empresas quebradas de los Nule. Son rumores que hay que aclarar.


La Señora Alcaldesa es la interventora natural del operador del acueducto de Cúcuta, por lo que urge conocer su posición sobre este asunto. Mientras se pronuncia, que sabrá Dios cuando será, debemos respaldar la posición de Luís Alfredo Quintero, Presidente de la Cámara de Comercio, y compartir su inquietud sobre la suerte del servicio de acueducto y alcantarillado en la ciudad. Mientras tanto, varios ciudadanos comenzaremos a trabajar en la convocatoria de un Cabildo Abierto sobre esta situación, que afecta a más de un millón de cucuteños.



Cien mil por su voto


Una noticia titulada “Ríos de dinero ahogan la campaña al Congreso”, publicada anteayer en este diario, se refiere a las denuncias que han hecho importantes dirigentes de los partidos políticos de oposición, como Rafael Pardo, Germán Vargas y Juan Manuel Galán, sobre vicios tradicionales de la política colombiana que reaparecen con mayor fuerza en estas elecciones.


“La Gata”, dice Juan Manuel Galán, paga 100.000 por el voto al Senado y a la Cámara, 50.000 por cada uno. En Santander, según la misma fuente, se pagan 23 millones por la adhesión de algún concejal de Girón. Aparentemente incorregibles por su persistencia, prácticas como la compra de adhesiones son pan de cada día durante las elecciones.


Desde la muerte del bipartidismo la política colombiana ha tomado dos caminos contradictorios, uno mejor que el otro, pero ambos signados por la debilidad de los partidos y la aparición del populismo de nuevo cuño representado por Álvaro Uribe. La política se ha modernizado en las grandes ciudades como Bogotá y Medellín, y ha sufrido una fuerte regresión en casi todas las regiones y las ciudades intermedias, entre ellas Cúcuta.


Los bogotanos pueden mostrar sus alcaldes desde Jaime Castro como emblemas de la modernización política de su ciudad y del criterio maduro de su numeroso electorado que no vive de los puestos ni de los contratos con el Estado. Pueden ver sin nostalgia su política del pasado, lo que no ocurre en la mayor parte de las regiones del país, especialmente en las más pobres, donde el fin del bipartidismo no encontró reemplazo sino en el clientelismo rampante y en la compra de votos.


La política paternal de los jefes liberales y conservadores, que hoy recordamos con cierta nostalgia, clientelistas en las proporciones justas que recomendaba Julio Cesar Turbay, parece mil veces mejor que la actual política de la chequera.


Ciudades como Cúcuta ejemplifican esta marcha regresiva. La política de los jefes de hace treinta años, pese a todas sus desventajas y limitaciones, pese a todas las taras del clientelismo propio del tipo de liderazgo que ejercían, resultaba menos mala que la de hoy. Por lo menos las lealtades políticas se basaban en el vínculo tradicional con el partido, en el reparto de los cargos públicos y en el vínculo paternal con el jefe, y no en la coacción armada del paramilitarismo o en la adhesión comprada con dinero contante y sonante como la del citado concejal de Girón, que reproduce el caso de miles de concejales y dirigentes políticos en Colombia. Por lo menos las jefaturas políticas de ese entonces no estaban sometidas a la presión del dinero, que obliga a los políticos actuales a conseguirlo como sea, generalmente saqueando al Estado y otras veces asociándose con el narcotráfico. En otras palabras, si tenemos que escoger entre León Colmenares, Lucio Pabón, Jorge Cristo y Félix Salcedo por una parte, y por otra a los dirigentes actuales contando entre ellos a los tres últimos alcaldes, tenemos que quedarnos con los primeros.


Si miramos con lupa la historia de nuestras alcaldías populares, posiblemente concluyamos que las menos malas fueron las tres primeras. En las más recientes se impuso, en unas la fuerza del dinero y en otras los pobres criterios de una ciudadanía ajena a los partidos políticos que vio reflejada la imagen de su propia y lamentable situación en líderes como Pauselino y María Eugenia.


La salida del laberinto es a la vez simple y difícil. Hay que educar a la ciudad y hacer crecer su clase media. Hay que fortalecer los partidos políticos. Hay que salir de la pobreza. De lo contrario, los ciudadanos, sobre todo los más pobres, seguirán exigiendo a cambio de su voto camisetas para su equipo de fútbol, el pago de recibos atrasados de agua y luz, la compra de fórmulas médicas o los cien mil pesos que paga “La Gata”.



Aquí también tiembla


La mayor parte de la población de Cúcuta no recuerda los temblores de 1980 y 1981. Unos no habían nacido, otros no habían llegado aún a la ciudad, y muchos de los que en ese entonces vivían ya murieron.


Recuerdo que una tarde de 1981 la casa se estremeció en medio de un rugido semejante al de las turbinas de un avión que parecía surcar la tierra debajo del piso. Al día siguiente, tal como lo hicimos después de otro fuerte temblor que se había sentido una noche de 1980, recuerdo haber acompañado a mi padre, que ejercía la profesión de ingeniero, a visitar varios edificios agrietados. Aquello pudo ser el presagio de otro temblor mucho mayor cuya inminencia la ciudad se acostumbró a ignorar como si la historia de nuestra geología no nos mostrara que en cualquier momento puede repetirse un terremoto como el de mayo de 1875, que como dice el Evangelio, no dejó piedra sobre piedra.


Es extraño que en Cúcuta, una metrópoli de más de un millón de habitantes ubicada en una zona de alta sismicidad, casi no se hable de la posibilidad de sufrir en cualquier momento un terremoto que no tendría nada que envidiarle al de Puerto Príncipe. Ni en los colegios, ni en las oficinas públicas, ni en los hospitales ni en las estaciones de policía está nadie preparado para el día en que el suelo de Cúcuta se estremezca.


Ni siquiera se han llevado a cabo los estudios de microzonificación sísmica que exige la ley a todas las ciudades de gran tamaño ubicadas en zonas de alto riesgo de terremoto como la nuestra. Las nuevas edificaciones apenas responden a normas genéricas de sismoresistencia que ignoran el comportamiento del suelo durante un terremoto en cada uno de los sectores de la ciudad. Extraña que ninguno de los muchos abogado que se dedican a buscar los menores pretextos para entablar Acciones Populares haya advertido que el Municipio de Cúcuta y el Departamento de Norte de Santander omiten diariamente su obligación de preparar a la ciudad para un gran temblor.


No es tolerable que no exista ningún estudio que establezca las condiciones estructurales de las instalaciones de salud, educación y seguridad de la ciudad. Menos aun que no se haya invertido ni un centavo en reforzar las edificaciones que prestan este tipo de servicios, que seguramente colapsaran cuanto suframos un sismo de siete grados. Quizá haya que esperar ese día para que los cucuteños más jóvenes, o los que llegaron recientemente de otras ciudades como Armenia, sepan que en esta ciudad hay temblores que agrietan el suelo como la piel, según dijo alguna vez Eduardo Cote Lamus.


No quiero imaginar que ocurrirá cuando llegue el día que ya vivieron hace 135 años nuestros antepasados, cuando más de mil personas murieron en lo que entonces era apenas una aldea. Seremos noticia internacional. Vendrán rescatistas de Tokio y de Ciudad de México. Vendrán aviones de Miami y de las bases norteamericanas en los Llanos Orientales a traer suministros. Si el terremoto llega antes de dos años, la alcaldesa hará gala de lo que mejor sabe hacer, repartiendo a diestra y siniestra los mercados y las carpas que vendrán en los aviones llegados del mundo entero.


Quizá la única entidad que ha trabajado seriamente por hacer consciente a la ciudad de este problema es la Facultad de Ingeniería de la UFPS. En cambio, el Departamento y el Municipio parecen indiferentes ante la posibilidad de que Cúcuta sufra un terremoto. La ciudad ignora casi por completo esa amenaza y no está preparada para enfrentarla. Los temblores de hace treinta años fueron apenas una advertencia que por desgracia se olvidó. Ojalá la tragedia de Haití nos refresque la memoria y no se convierta en la imagen descarnada de lo que podríamos vivir en carne propia.



La década que termina


Caminaba hace unos días por el Parque Colón cuando por obra de la casualidad y de la falta de alcaldesa tropecé con una venta ambulante de revistas viejas, entre las que encontré un ejemplar de la revista Cambio de diciembre de 2000 en cuya carátula aparece la fotografía del ex presidente Alfonzo López acompañada de la frase “Pastrana ya no manda”.


La frase remite a una extensa entrevista en la que López aborda los tres asuntos sobre los que más se hablaba en ese entonces: el despeje militar del Caguán en medio del proceso de paz con las Farc, las relaciones con Venezuela y la reforma tributaría. Curiosamente el paramilitarismo, un tema que cobraría importancia entre la opinión pública uno o dos años después no era siquiera mencionado, pese a que otro artículo de la misma revista se refiere a un tal Rodrigo Tovar Pupo, supuesto autor de una masacre en Ciénaga Grande, al que todavía no se mencionaba con el alias que después sería famoso.


Aun cuando se pensaba que el sucesor de Pastrana sería Serpa, que le apostaba también al éxito del proceso de paz en el Caguán, otro político, Álvaro Uribe, lentamente cosechaba las ventajas de ser la alternativa de derecha para solucionar definitivamente el problema. López, haciendo gala de frivolidad cachaca y de cierta displicencia, decía que la presidenta sería Noemí Sanín, aunque anunciaba que sería traicionada por el Partido Conservador, que acabaría apoyando a Uribe.


En el terreno de las finanzas públicas, entre Juan Camilo Restrepo y Juan Manuel Santos, ministros de hacienda de la época, acertaron el golpe de gracia a los poderes locales cuando consiguieron aprobar una reforma constitucional que redujo la transferencia de recursos públicos de la nación a los departamentos y municipios, preparando sin saberlo el terreno de los Consejos Comunitarios, donde el futuro presidente dispondría de los recursos del gobierno central para entregarlos personalmente a los alcaldes.


Apenas comenzaba la década que hoy termina, signada en sus inicios por la tragedia a la que condujo el colapso de los poderes regionales. El fracaso del estado centralista de la Constitución de 1886 tuvo como consecuencia la irrupción de la guerrilla y los paramilitares como poderes de facto en las regiones de colonización como el Catatumbo y la Amazonía, o en otras como la Costa Atlántica en donde orden legal nunca pudo imponerse al compadrazgo. Los débiles municipios y departamentos quedaron a merced de la guerrilla y sobre todo de los “paras”.


Entre los políticos regionales que no presagiaban la forma en que la Corte Suprema de Justicia juzgaría sus andanzas de aquellas épocas tan cercanas, estaba de moda ser amigo de los “paras”. Estaba de moda ir a hablar con ellos en sus fincas, visitar sus pesebreras, asistir a sus cabalgatas y pedirles permiso para hacer política. Eran los tiempos en que Uribe gozaba de la aceptación que la opinión pública también otorgó veladamente a los paramilitares.


Lo que vino después de Pastrana, ese presidente que no gobernaba, como decía López hace nueve años, fue el desarrollo del plan B trazado desde ese entonces, curioso remedio de la enfermedad que utiliza como medicina una dosis aun mayor de la enfermedad misma: ante el fracaso del estado centralista que debilitó a los municipios y los departamentos haciéndolos presa fácil de la guerrilla y el para militarismo, el remedio ha sido debilitarlos aún más. Se hizo crecer el estado central al punto que hoy casi todo depende de un Presidente insustituible a quien todos los gobernantes locales esperan en el próximo concejo comunal, y a cuyos ministros y funcionaros visitan todas las semanas cuando alcaldes y gobernadores “hacen gestión” en Bogotá.

Ojalá no persistimos en el remedio. De lo contrario, si López resucitara al finalizar la próxima década, seguramente su entrevista se titulará “aquí ya no manda nadie”.


¿Cómo funciona la democracia?


Un artículo de Alejandro Gaviria titulado “Salud y Democracia”, publicado el pasado domingo en El Espectador, retrata una condición que, siendo ajena a otras sociedades que han conocido un grado de desarrollo mayor, resulta en cambio muy común en países, y especialmente en municipios, como el nuestro.


El artículo trata sobre la reforma del sistema de salud y seguridad social en los Estados Unidos, una de las principales banderas de la pasada campaña demócrata. Estados Unidos, pese a su condición de potencia económica, ve morir miles de personas que no tienen cómo pagar sus tratamientos médicos. La reforma introduce un grado mayor de solidaridad en el sistema, y fue vista con recelo por los republicanos que la tildaron de socialista, grave crítica en un país donde el arraigo del individualismo, de la iniciativa privada como motor de la vida económica y de la propiedad privada como piedra angular del orden civil, encuentra su razón de ser en los orígenes de la nación americana, al punto que los republicanos prefieren que la gente desprotegida se muera por falta de cuidado médico, con tal de no poner en tela de juicio los valores tradicionales de la sociedad yankee.


La reforma se discutió en todos los foros posibles. En el Congreso, en las asociaciones de usuarios, en foros gremiales de médicos y enfermeras, en universidades, en los partidos políticos, en todas partes… Finalmente el Senado aprobó una reforma que (y ese es el asunto al cual se refiere el citado artículo) contrasta con la que está punto de ser aprobada por decreto para intentar remediar algunos de los problemas del sistema de seguridad social colombiano. Aquí, nada de foros ni discusiones públicas. Tan solo un equipo de asesores del gobierno y en seguida la sanción presidencial, si se trata de un Decreto. Si es una Ley, un par de vueltas en las Cámaras del Congreso y ya. Nada parecido a una discusión democrática.


Los asuntos de nuestro municipio tienen un tratamiento parecido, aunque con un déficit democrático aun mayor. Pocas personas u organizaciones están suficientemente informadas de los asuntos cruciales. Del presupuesto municipal, de la planificación de la ciudad, de la forma en que se prestan los servicios públicos. Esas discusiones las asume precariamente el Concejo Municipal que no tiene recursos técnicos, ni asesorías de ninguna especie para abordar asuntos que a veces resultan muy especializados. Por consiguiente, solo los alcaldes, que sí cuentan con la asistencia técnica de sus secretarías, pueden asumir la iniciativa de los acuerdos, en los que el Concejo acaba siendo un convidado de piedra facultado con un poder de veto que a veces se ejerce sin criterio suficiente.


Una ciudad como la nuestra requiere más y mejores instancias para discutir los asuntos públicos. Las universidades, las cámaras de comercio y otros foros gremiales como las asociaciones de profesionales, de médicos, arquitectos, ingenieros, abogados, etc. deberían tener capítulos dedicados a la discusión de los problemas de la ciudad. Que bueno sería, por ejemplo, conocer la opinión de la asociaciones de ingenieros sobre el desarrollo del contrato de operación del acueducto de Cúcuta, o sobre la ejecución de las obras de la concesión San Simón. O que las asociaciones de médicos se pronunciaran sobre el desempeño del Instituto Municipal de Salud.


Todo el estímulo que pueda darse a la creación de organizaciones de la sociedad civil, desde clubes de rotarios hasta gremios y foros de discusión académicos, en donde se discutan asuntos públicos, es un aporte que ayuda a subsanar el déficit de democracia en nuestras decisiones políticas. Sin ello, ciudades como estas seguirán siendo saqueadas y sacrificadas por decisiones equivocadas una y mil veces sin que sus ciudadanos lo sepan.



El momento de Pardo


La política colombiana se ha vuelto ininteligible. Faltando cinco meses para las elecciones presidenciales se conocen decenas de hipótesis sobre lo que puede pasar. Unos dicen que habrá reelección y otros lo niegan. Se dicen mil cosas más. Que la Corte Constitucional aprueba la Ley de Referendo oportunamente, que lo hace más allá de la fecha en que es posible convocarlo, que la devuelve al Congreso, que Uribe si quiere, que no quiere, que favorece el trámite del Referendo solo para postergar la incertidumbre sobre su reelección, que apoyaría a Santos, que no lo haría, que hay consulta interpartidista con Petro y los exalcaldes, que sería con Vargas, que la gana el uno, que la gana el otro, que hay consulta conservadora, que no la hay, que Noemí es gavirista, que es uribista, que el pueblo colombiano está cansado de Uribe, que el pueblo colombiano es Uribista, que la Seguridad Democrática es un éxito, que es un fracaso…

He oído decir que cualquier cosa puede pasar. Quizá sea cierto, porque desde hace siete años la política colombiana es como la hondureña, la nicaragüense, la venezolana y la de otras repúblicas del Caribe bananero donde pasa cualquier cosa. Esa incertidumbre no es ninguna regla universal de la política, como se puede pensar si miramos solo nuestro caso y el de nuestros vecinos. Aun sin salir de América Latina encontramos países donde las cosas son distintas.

En 2010 hay elecciones en Brasil donde la competencia se libra entre dos partidos. El PT del Presidente Lula da Silva con su candidata Dilma Rousseff, se enfrenta al Ex alcalde de Sao Paulo José Serra del Partido Socialdemócrata, que años atrás eligió a Fernando Enrique Cardozo. En Chile desde hace cuatro años se sabía que la coalición gobernante enfrentaría a Sebastián Piñera, candidato de la derecha. Lo mismo ocurrió en Uruguay, y en México se sabe que la presidencia la disputarán tres partidos históricos.


Obviamente Brasil, Chile, México y Uruguay son países más prósperos con democracias más maduras que la nuestra, una democracia plebiscitaria y caudillista de ocho años semejante a la de Venezuela, Ecuador y Nicaragua.


Me niego a aventurar otra hipótesis sobre las elecciones presidenciales colombianas. Ya hay bastantes. Puede ganar cualquiera. Uribe, Fajardo, Pardo, Santos o cualquier otro. 

Pero me permito decirles que voy a votar por Rafael Pardo porque además de ser una persona seria y estudiosa, tiene la serenidad necesaria para tomar decisiones frías en medio de la histeria de la política colombiana. Además, porque lo respalda el Partido Liberal, que a pesar de sus errores y de sus deudas con la historia colombiana, es junto con la Corte Suprema de Justicia, uno de los pocos referentes dignos de crédito en el escenario político nacional. Pardo es el candidato de un partido que ha rechazado invitaciones del gobierno para no comprometer su posición en contra de la reelección y en defensa de la democracia y la igualdad en el país que después de siete años se ha convertido en el más desigual de América.


La Central de Transportes en el Limbo


Resultan más útiles las especulaciones de los cucuteños indiscretos que las razones de los urbanistas para saber por qué el anterior Alcalde de Cúcuta pudo pensar que algún lugar en la vía a Puerto Santander, distante varios kilómetros de los límites de la ciudad -no digamos del Centro-, sin agua y sin acueducto, era el sitio más conveniente para construir la Nueva Central de Transporte de Pasajeros. Para explicarse por qué la actual Alcaldesa sigue pretendiendo construirla en el mismo sitio, debemos recurrir a las mismas especulaciones peliagudas, que para referirlas por este medio sería preciso de cierta temeridad con la que no amanecí el día de hoy.


En parte porque en el lote destinado a la nueva Central no hay agua, en parte porque aun no tiene licencia ambiental, en parte porque aun está en trámite la licencia de construcción, en parte porque no se sabe quién está obligado a sufragar el costo de la extensión de la red de acueducto hasta ese sitio, en parte porque no es claro lo que piensa realmente la sociedad dueña de la concesión para construir y operar por treinta años (!) la Nueva Central de Transporte, y sobre todo, porque en este asunto, como en tantos otros, el Municipio parece no tener autoridad alguna. No es posible señalar el remoto día en que veremos inaugurar esa obra.


Mientras tanto, el antiguo “Terminal” sigue siendo motivo de vergüenza para la ciudad. Debería serlo también para sus empleados, a quienes solo oigo decir que no admiten una liquidación, que necesariamente debe llevarse a cabo, si no para sustituir el “Terminal” por la Nueva Central, al menos para que funcione mejor y atienda el tráfico de pasajeros interdepartamental, puesto que muchas de las empresas que viajan a otras ciudades capitales hace muchos años tienen sus propios “terminalitos”.


La Alcaldía parece estar interesada en que no pase nada. Le solicitó al Concejo Municipal ampliar por dos años más, justo el tiempo que le resta hasta que asuma un nuevo alcalde, el plazo para liquidar el insufrible “Terminal”, lo que su sindicato ve con buenos ojos. La sociedad concesionaria de la Nueva Central de Transporte no parece impaciente por comenzar a construir. Quizá les interese más la liquidación del antiguo “Terminal” para disfrutar su concesión en ese mismo sitio mientras quién sabe cuándo y dónde se construye el nuevo. Muchos especulan sobre el interés que pueden tener en demandar al Municipio por el retraso de la obra.


El Municipio de Cúcuta hace parte de la sociedad concesionaria de la Nueva Central de Transporte. También hace parte de la Junta de la antigua Central de Transporte en Liquidación. También hace parte de la Junta de la E.I.S. La señora alcaldesa tiene suficientes herramientas para decidir la suerte de un proyecto de semejante importancia. Si persiste en el empeño de construir la Nueva Central en el sitio previsto, que desafía las recomendaciones de costosas consultorías, al menos debería haber resuelto hace mucho si esos predios pueden tener acceso al acueducto. Como integrante de la junta de la sociedad concesionaria debería saber a ciencia cierta qué es exactamente lo que quieren hacer, si quieren operar el antiguo “Terminal”, si quieren demandar al Municipio de Cúcuta, si quieren construir ya, si tienen los dineros y las licencias, o si no quieren hacer nada. Como Alcaldesa y como integrante de la Junta de la Central de Transporte en Liquidación, debería saber cuándo se liquidará o si definitivamente no es posible hacerlo. Además, como nominadora del Director del Área Metropolitana de Cúcuta, debería haber puesto de acuerdo a los alcaldes metropolitanos para crear una Central de Transportes Metropolitana en la ubicación que los estudios han señalado como la más conveniente, sobre el Anillo Vial en Los Patios, porque donde quieren hacerla, en unos años acabará luciendo como El Cenit.



Vendedores ambulantes: ni zanahoria ni garrote


Entre las recientes obras de urbanismo que le han dado a Cúcuta mejores atributos para reclamar el título de “ciudad” se cuenta la recuperación de los andenes del Centro. Los andenes son los espacios de uso público por excelencia, que se aprovechan en un grado superior al de los parques y las calles, estas últimas usadas mayoritariamente por los carros, propiedad de unos pocos. Pero los primeros andenes uniformes e iluminados de Cúcuta, construidos en la zona más concurrida por los peatones, se usan a medias, porque el Municipio no ha sido capaz de hacer valer su condición de zona de uso público.


Los andenes del Centro son la vitrina de exhibición de los efectos del drama nacional, que se muestran sin falsa hipocresía y con la misma naturalidad con que el Estado y la sociedad colombiana los asume, sin conmoverse ni pretender solucionar nada. Si caminamos por cualquiera de las avenidas principales del centro, por ejemplo a lo largo de la Calle Once, saliendo de la Alcaldía Municipal hacia la Avenida Cero, o en la misma dirección a lo largo de la Calle Doce, nos encontramos con los perennes niños mendigos, indígenas tumbados en la acera amamantando sus recién nacidos, otra mujer con sus hijos mostrando un letrero donde declaran su condición de desplazados y los innumerables vendedores ambulantes de anteojos, chicles, minutos, libros, y lotería.


Me pregunto dónde está el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Red de Solidaridad Social de la Presidencia de la República y los funcionarios que otorgan los subsidios presidenciales “Familias en Acción”. Me pregunto dónde estarán los programas del Municipio de Cúcuta, la Cámara de Comercio, Fenalco y el Sena, que en otras ciudades trabajan juntos para convertir a los vendedores ambulantes en empresarios formales que tributan al Estado. Me pregunto qué habrá pasado con la conversión de la antigua Cárcel Modelo en un centro comercial cuyos locales se entregarán a vendedores ambulantes, un proyecto suspendido desde hace casi dos años pese a que sus obras civiles están casi concluidas.


Hay lugares de la ciudad, unos emblemáticos como el Centro y ciertas plazas y avenidas, y otros que han surgido recientemente fruto de esfuerzos empresariales que la ciudad debe saber valorar, como los Centros Comerciales, que es necesario preservar inmediatamente de la ocupación ilegal del espacio público. No es justo que un comerciante de la Calle Diez, la Calle Once o la Calle Doce que paga impuestos, servicios públicos costosos, salarios y prestaciones laborales legales y cuyo local comercial observa los retrocesos que imponen las normas de urbanismo, no pueda exigirle a la Policía o al Municipio de Cúcuta que su andén esté destinado a servir exclusivamente de vía pública.


También es cierto que en buena medida los vendedores ambulantes son la secuela de las injusticias proverbiales de la sociedad colombiana y de manera muy especial de la injusticia con los campesinos, que son la mayor parte de los vendedores ambulantes de Cúcuta. Esa injusticia de la sociedad rural que protege, por ejemplo, el programa Agro Ingreso Seguro cuando otorga subsidios a terratenientes y uno que otro narcotraficante, tiene que compensarla la ciudad si quiere ser humana, solidaria y competitiva, como reza la divisa de nuestra Alcaldesa.


La clave para compensar las injusticias nacionales no es aplicar políticas orientadas por el perverso propósito de conseguir votos, reproduciendo el asistencialismo del Gobierno Nacional, sino liderar programas serios que les permitan a los vendedores ambulantes, comenzando por los del Centro, convertirse en empresarios que ayuden a fortalecer la economía de los barrios donde residen. Para lograrlo se necesita una alcaldesa que pueda poner de acuerdo los gremios y las entidades públicas ya mencionadas, y que además de entregar zanahorias, sepa usar persuasivamente el garrote.



El poder y el delirio de lado y lado


Vivir en Cúcuta, y supongo que lo mismo ocurre en muchas otras fronteras, entraña el hondo problema filosófico de no poder compartir completamente las claves de los sentimientos nacionalistas, ni de Colombia, ni de Venezuela. Menos aún cuando el compromiso con los intereses nacionales se presenta tácitamente como una exigencia de respaldo a un líder, que en Colombia obra pensando en él antes que en el país, y en Venezuela, se siente tan venezolano que a veces confunde su país con sus propias alucinaciones.


Ambos líderes se sirven mutuamente. El chavismo vive y estimula el delirio del asecho del imperio y sus lacayos. El uribismo le ha dado buenas excusas para sentirlo desde que secuestró y sacó de Venezuela a Rodrigo Granda, quizá sobornando a las autoridades policivas de ese país. La condición de subversivo de Granda no le otorgaba a Colombia el derecho de intervenir para capturarlo. El uribismo le ha hecho sentir al chavismo que ante sus puertas se instalan bases militares del imperio, el enemigo quimérico que a la vez es su principal cliente, porque hasta allá llegan las contradicciones de la Revolución.


Colombia vive el delirio de la seguridad, el delirio de la guerra contra la subversión, que perdimos desde cuando se vinculó con la guerra contra las drogas, la madre de todas nuestras guerras y además la más absurda e inútil de todas en nuestra historia, en la que nos empeñamos cada día más mientras Estados Unidos, para quien la libramos, progresa en la legalización del consumo y la producción de la marihuana, el primer paso para la regulación estatal de las demás drogas ilegales. La represión del narcotráfico, además de nutrir la subversión y el paramilitarismo, es la excusa para establecer las bases norteamericanas cuyo cometido real es contener, a la vez que sustentar, el delirio antiimperialista del gobierno venezolano, que ha sido veladamente solidario con la subversión colombiana, estimulando el delirio uribista.


Uribe y Chávez libran sus guerras delirantes contra enemigos espectrales, fruto de sus alucinaciones. El chavismo ve el cerco del imperio por todas partes. El uribismo ve en el suelo venezolano los surcos de las caravanas de narcos y subversivos. Pero ni la guerra contra la subversión tiene sentido porque detrás de ella se esconden las razones absurdas y ajenas de la guerra contra el narcotráfico que se hace mejor negocio mientras más se le persigue, ni la animadversión chavista contra el imperio tiene sentido salvo si es para justificar el autoritarismo de un gobierno demagógico que necesita enemigos para estar pie de guerra.


Si Hugo Chávez hubiera llegado a la Presidencia de Venezuela al frente de un partido político socialista, seguramente habría sido el líder de reformas importantes como las que se han promovido en otros países de América Latina. No habría tenido que radicalizar sus posiciones políticas hasta hacerlas inconsecuentes y seguramente inútiles. No habría hecho causa común con el fundamentalismo islámico ni con regímenes corruptos y autoritarios que se sostienen con base en discursos radicales y demagógicos.


Si Álvaro Uribe de veras buscara la seguridad democrática, aceptaría ser un líder que en su condición de expresidentes de Colombia pudiera hablarle al mundo con la mayor autoridad posible sobre los orígenes absurdos del conflicto colombiano, detrás del cual se esconde en primer lugar la guerra contra el narcotráfico y en segundo lugar la desigualdad social que su propio gobierno ayudó a consolidar. No se dedicaría a exacerbar el nacionalismo colombiano atizando las razones absurdas de la guerra cuando instala unas bases con el propósito aparente de combatir el narcotráfico mientras atiza la animadversión enfermiza que siente Hugo Chávez por los Estados Unidos.

No es extraño ver a los cucuteños confundidos en medio de semejante contradicción, pero es preferible estar confundidos mientras forjamos una visión de nuestros propios intereses regionales, que volvernos uribistas o chavistas.


El poder político de Cúcuta


Cualquier nortesantandereano que lea el artículo titulado “El poder de Cartagena”, publicado por El Espectador el pasado domingo, será conciente de un hecho que la vergüenza nos obliga a ignorar si queremos seguir sintiéndonos orgullosos de pertenecer a un país que nos oye muy poco y a un departamento que ni siquiera tiene claros sus intereses regionales ni sabe hacerlos valer.


El citado artículo se refiere a los cartageneros con poder político. No hay espacio en la Magistratura, ni en el Gobierno Nacional, ni en la Fiscalía, ni en el Ejército, ni en el Congreso para tantos. No competirán con los antioqueños ni con los bogotanos, pero sin duda hacen parte de una región cuyos intereses se encuentran representados más allá de su importancia demográfica o económica.


El caso de los antioqueños sobra citarlo porque su notoriedad lo hace obvio. El número de nombres que puede aportar esa región a la lista de posibles Presidentes de la República llega a la decena, como ocurre también en Bogotá. En ambos casos, la primacía política se sustenta en una economía grande, comparada con la de otras regiones.

Buena parte de los problemas entre Colombia y Venezuela, cuya peor parte tenemos que vivirla en la frontera, se explican porque en el Gobierno Nacional y en la Cancillería colombiana no hay quien pueda expresar la opinión mejor informada que hay en el país sobre cómo orientar la diplomacia entre Colombia y Venezuela: precisamente la de nosotros los cucuteños. Para nuestra mayor vergüenza, caemos estúpidamente en la trampa del delirio patriótico antichavista de quienes quieren ganar puntos en las encuestas haciéndole pagar a otros, y muy especialmente a quienes vivimos en Norte de Santander, el precio de su temeridad, cuando, por ejemplo, capturaron en territorio venezolano a Rodrigo Granda, cuya condición de subversivo no debió ser motivo suficiente para traerlo a Colombia sobornando a las autoridades venezolanas y dando así origen a una crisis que todavía seguimos sufriendo.
No hubo ningún cucuteño en el gabinete del Presidente de la República que opinara sobre la inconveniencia de la instalación de bases militares norteamericanas en Colombia que estaban condenadas a convertirse en un pretexto para hacer presa a Colombia de la animosidad antinorteamericana de Hugo Chávez. La verdad es que muy pocos cucuteños son oídos seriamente por el Gobierno Nacional y quizá ninguno incida en sus decisiones claves, por lo que extraña la obsecuencia de tantos que están esperando salir a votar un referendo casi muerto.

Durante las dos últimas décadas la ciudad ha perdido importancia política, lo que quizá se explique por el cambio de su vocación productiva. Las antiguas élites de mediados del siglo XX, aquellas a las que pertenecieron Lucio Pabón Núñez o Virgilio Barco, fueron sustituidas por otras más afines con sectores económicos ilegales, como cualquier cucuteño medianamente informado lo puede percibir. En otras palabras, la parapolítica hizo de las suyas, y las investigaciones de la Corte Suprema de Justicia acabarán revelando mucho de lo que ha pasado. Mientras tanto, tenemos la obligación de seguir apoyando los pocos liderazgos que prometen la posibilidad real de ser incidentes en un próximo Gobierno Nacional. Por lo pronto no se ve sino uno solo.



La casa dividida


Cada vez que pagamos el precio de ser una ciudad dividida por la frontera de dos países ante los cuales poco importan nuestros intereses regionales, evoco casi con nostalgia el libro de Jaime Pérez López sobre la historia de la frontera colombo-venezolana, que puede leerse como la novela de la disolución de una identidad regional cuya solidez se cimentó durante muchos años en la prosperidad de una economía agroexportadora en donde Cúcuta, San Cristóbal y Maracaibo estaban unidas por vínculos comerciales y políticos muy estrechos que se cristalizaron en el ferrocarril que alguna vez nos unió con el Lago de Maracaibo, por donde se exportaba a las antillas el café y el cacao de Táchira y Norte de Santander.


Desde que Colombia y Venezuela cayeron en las garras del centralismo nuestra región comenzó a liquidarse poco a poco. En el primer caso, desde la Constitución de 1886 hasta Álvaro Uribe, y en el segundo, desde la dictadura de Juan Vicente Gómez hasta Hugo Chávez, la lógica del estado centralista ha debilitado a las regiones, con más veras las que están integradas por ciudades fronterizas que vistas desde el cielo, por ejemplo utilizando google earth, son una sola, y su división luce como un mero artificio de lapolítica.


Hoy tenemos varias ciudades en donde alguna vez hubo una sola. Tenemos una economía profundamente resentida y a miles sufriendo las consecuencias de un problema cuya única salida es tomar conciencia de nuestra condición de ciudad binacional.


El problema se dirime en dos escenarios distintos. Uno es el diálogo diplomático entre los dos gobiernos, precisamente el que desde hace ya un siglo ha tenido como consecuencia la creación de una frontera que divide una antigua región histórica. Otro, más difícil pero que puede traer resultados más sólidos, es tomar conciencia de nuestra identidad como Área Metropolitana Binacional, lo que implicaría un gran esfuerzo por aproximar a las autoridades municipales de Ureña y San Antonio a una idea que inicialmente les parecerá extraña, pero cuyo rechazo es la fuente de nuestros problemas.


Lo peor que podemos hacer para enfrentar la situación actual de las relaciones binacionales es ser cómplices de las lecturas parcializadas de incidentes que en otras circunstancias, pese a ser terriblemente dolorosos, no habrían sido motivo de tensiones diplomáticas. Ni hay razones para pensar que la masacre de un grupo de colombianos, perpetrada en Venezuela, es un crimen del cual es cómplice el Estado venezolano, ni hay rezones para pensar que ese país está siendo espiado por agentes colombianos del DAS. Ni hay razones para pensar que el asesinato de dos Guardias Nacionales involucre siquiera de manera indirecta al Gobierno Colombiano, ni hay tampoco razones para pensar que el Estado venezolano haya encomendad misiones de espionaje al oficial venezolano que fue deportado de Colombia hace un par de días. Sí hay en cambio razones de mucho peso para creer que estamos siendo conducidos por una estrategia mutuamente conveniente a ambos gobiernos para fomentar sentimientos nacionalistas que les permitan afianzar el respaldo de la opinión pública mientras se hacen evidentes los frutos amargos de la mala administración y la corrupción.


En una frontera como la nuestra no podemos permitirnos ser nacionalistas. Tan solo podemos ser regionalistas, sin olvidar que en nuestro caso la idea de región no puede limitarse por las fronteras de Colombia y Venezuela. No podemos resignarnos a sufrir la suerte de entregar el destino de nuestra ciudad binacional al diálogo de dos coroneles, Hugo Chávez y Álvaro Uribe, sino que como ha pretendido hacerlo recientemente el Concejo de Cúcuta, y ojala no desista de ese empeño, debemos despertar la conciencia de las autoridades municipales de ambos lados de la frontera sobre la necesidad de establecer un diálogo que nos permita administrar de común acuerdo las dos caras de nuestra misma casa dividida.



Los políticos cristianos


Cuenta el Evangelio que el Diablo llevó a Jesús a lo alto de una montaña desde donde se veían todos los reinos del mundo, y le prometió entregárselos a cambio de que se postrara ante él. Jesús, que más de una vez dijo que su reino no era de este mundo, y que una cosa era lo que se tributaba al César y otra muy distinta lo que se entregaba a Dios, no aceptó el ofrecimiento.


Desde los tiempos evangélicos el Cristianismo ha promovido la disociación entre el poder político y la fe, lo cual no ha ocurrido en otras culturas como la islámica, o en muchas de las grandes civilizaciones del lejano oriente, donde las funciones políticas y religiosas se confunden en una sola, de lo cual son vivos ejemplos los Ayatolas que gobiernan Irán, o los emperadores con funciones sacerdotales que hubo hasta mediados del siglo veinte en China y Japón.


Nuestra tradición cristiana nos indispone contra la intervención de la religión en los asuntos del Estado. Durante toda la Edad Media Europea, los reyes y el Papa discutieron en todos los tonos sobre el límite de las facultades políticas del poder religioso. Al cabo de varios siglos de pelea muchos príncipes alemanes decidieron separarse definitivamente de Roma y apoyaron a un monje llamado Martín Lutero, que hace quinientos años predicaba la corrupción del papado y la necesidad de que cada cristiano interpretara libremente la Biblia. Después de muchos años de guerra millones de europeos aceptaron las ideas de Lutero y rompieron para siempre con el Papa. Muchos emigraron a Estados Unidos, el país protestante por excelencia, en donde desde hace más de dos siglos la Constitución dice que el Estado debe permitir todas las formas de religión pero al mismo tiempo debe ser independiente y ajeno a todas ellas.


Entre nosotros, la tradición hispana y católica ha vinculado la Iglesia Católica con el Estado. Durante la Colonia los reyes nombraban los obispos y los obispos ejercían una severa tutela sobre la educación y la moral pública, lo que originó una tradición conservadora y confesional que sobrevivió hasta 1991, cuando la nueva constitución creó un Estado moderno y completamente laico. Paradójicamente, ese mismo ambiente liberal y opuesto a la tradición conservadora católica de la Constitución de 1991 presenció el surgimiento de partidos “cristianos”, en donde el “cristianismo” se convierte en un adjetivo para capturar una feligresía que si fuera plenamente conciente de lo que significa ser cristiano, evitarían mezclar su religión con la política, para honrar el Evangelio cuando dice “Mi Reino no es de este mundo”.


No hace mucho la Revista Cambio publicó un artículo sobre la numerosa bancada “cristiana” en el Senado de la República, buena parte de la cual ha sido avalada por partidos enredados en la “parapolítica”. Las campañas de estos parlamentarios “cristianos” recuerdan los años remotos en que la Iglesia Católica, que tiene méritos por lo menos iguales para merecer el nombre de “cristiana”, hacía proselitismo en favor de los candidatos conservadores, entre cuyas credenciales siempre se contaba la bendición del obispo o del cura, según la importancia del cargo que pretendiera.


Ahora, cincuenta años después, todas las ciudades colombianas se llenaron de candidaturas “cristianas”. No es buena idea presentarse como candidato “cristiano”, ni participar en la política cargando con el peso de semejante responsabilidad. Muchos que no son “cristianos” seguramente acaban siéndolo más que los que se hacen llamar así. Conozco asesores “cristianos” -que es fácil pillar en diligencias que de “cristianas” no tienen nada- dedicados a aconsejar a gobernantes a quienes la responsabilidad de su oficio desborda sus escasas fuerzas y los hace entregarse a algún consejero espiritual. Esos gobernantes deberían buscar un brujo o un mago, que sin ser “cristiano”, de pronto resulta menos pícaro que si lo fuera.



Código de Arborización de Cúcuta


En la Calle 12 entre las Avenidas 4 y 5 se encuentran dos árboles enormes. Son los dos primeros oitíes de Cúcuta y quizá también los dos primeros de Colombia. Fueron sembrados en 1954 y sus semillas viajaron desde el nordeste de Brasil en los bolsillos de un cucuteño, Miguel Durán Durán, quien decidió traerlas prendado por la belleza de esos árboles que adornan las regiones calientes y áridas del Nordeste Brasileño cuya geografía recuerda el Valle de Cúcuta. De esos dos árboles descienden todos los oitíes de Cúcuta y Bucaramanga, ciudades en las que la tercera parte de los árboles pertenecen a esa especie.


Durante los años sesenta y setenta los cucuteños sembramos miles de árboles. Como fruto del esfuerzo de esas dos décadas la arborización urbana se convirtió en uno de nuestros activos más característicos y más valiosos. Se arborizó masivamente, quizá sin servirnos de suficientes criterios técnicos, pero logrando un inapreciable resultado. La Avenida de los Faroles, cuya imagen se convirtió en uno de nuestros emblemas, nació en aquella época, de la que data también la arborización del Colsag, Los Caobos, La Ceiba, Quita Oriental, Guaimaral y casi todas las zonas de crecimiento urbano de ese entonces.


Durante los años ochenta la ciudad dejó de sembrar árboles. El esfuerzo por arborizar nuestras calles se adormeció bajo la sombra de los oitíes de los sesentas y setentas, pero ha llegado el momento de recuperar la arborización de Cúcuta. El primer paso es reconocer el gran tesoro que tenemos. A pesar de las dos décadas de descuido en la siembra de árboles, vista desde el cielo mediante Google Earth, Cúcuta luce más arborizada que el centro de Berlín, de París o de Nueva York.


Si tuviéramos un Código de Arborización Urbana que reglamentara la poda de árboles y estableciera las condiciones en las que su siembra fuera obligatoria, podríamos llegar muy lejos. Podríamos incluso pensar en que esta ciudad fuera conocida como la más y mejor arborizada del mundo, lo que no es una quimera. Ni siquiera un objetivo muy lejano.


Tenemos los recursos técnicos suficientes para pensar en el diseño de un Código de Arborización pionero en el país. Ya disponemos de un inventario extraordinario de las especies arbóreas de la ciudad, ejemplar por ejemplar, elaborado silenciosamente por la Sociedad de Mejoras Públicas. Ese inventario está a punto de ser incorporado a un sistema de información geográfica, lo cual es el primer paso para tener una oficina dedicada al ciudado de los árboles ya existentes. Tenemos una escuela de agronomía con varios expertos en arborización urbana, como el Profesor de la UFPS Evaristo Carvajal, reconocido como experto nacional en la materia, quien durante décadas ha estado dedicado al estudio de las condiciones de siembra y cuidado de los árboles urbanos. Tenemos una entidad como Corponor con los recursos técnicos suficientes para dirigir un proyecto de arborización urbana de gran envergadura, y además, tenemos lo más importante, el valioso patrimonio de miles de árboles legados por una generación que reclama que continuemos su esfuerzo.


Bogotá y Medellín, con una tradición de arborización urbana menos arraigada que la nuestra, han avanzado mucho en el diseño de sus Manuales de Arborización. En Bogotá, ese esfuerzo se apoya en un Jardín Botánico que durante años se ha dedicado al estudio de las especies nativas y sus técnicas de siembra. Con base en el ejemplo de esas dos ciudades debemos relanzar la arborización urbana de Cúcuta. Si lo hacemos con la consagración suficiente, no estará lejos el día en que podamos tener al menos una razón para ser conocidos mundialmente por un atributo que podría ser el eje temático de un destino turístico mundial, que además nos convertirá en una ciudad mucho más grata y mucho menos calurosa.



Simulacro de terremoto en Bogotá


Cúcuta ha crecido tanto en las últimas tres décadas que no son muchos los que todavía recuerdan los temblores de 1981 y 1982. Desde ese entonces hasta la actualidad nuestra población casi se ha renovado. Hace treinta años la mayor parte de los actuales cucuteños no habían nacido, otros aun no habían llegado a la ciudad y muchos de los que entonces vivían ya no están. Menos aun son los que saben que hace más de un siglo, en 1875, la ciudad fue destruida hasta sus cimientos por un terremoto que se cuenta entre los de mayor intensidad que ha sentido el país.


Los cucuteños vivimos de espaldas a la amenaza de un gran terremoto, que si llegara a ocurrir nos convertiría en noticia mundial, semejante a alguna de esas catástrofes naturales del Asia que no cobra menos de un centenar de miles de vidas y mantiene ocupados a los reporteros de CNN más de una semana. Por fin seremos famosos en el mundo entero. 


Recordemos que el gran terremoto de 1875 casi mata al diez por ciento de los cucuteños de ese entonces. Según los expertos, otro de la misma magnitud durante la madrugada puede sepultar bajo las paredes colapsadas a muchas decenas de miles de cucuteños.


Llevamos muchas décadas sin pensar seriamente en esa posibilidad. No solo no hemos hecho jamás un simulacro de terremoto como el que hizo el viernes pasado Bogotá, una ciudad donde la amenaza sísmica es mucho menor que entre nosotros, sino que el Municipio no ha tomado en serio su responsabilidad de garantizar la seguridad de las obras civiles mediante la expedición de un Código Municipal Construcciones basado en el estudio de las características del suelo de Cúcuta como lo obliga la Ley, según la cual todas las grandes urbes del país deben establecer su “microzonificación sísmica”, es decir, deben determinar cómo se comportarían sus suelos durante un terremoto, y consecuentemente, deben definir las condiciones de las estructuras de sus edificios según el sector de la ciudad donde se encuentren.


Basta recorrer Cúcuta para notar que en algunos sectores, por ejemplo en Juan Atalaya, casi todas las edificaciones tienen agrietamientos provocados por las condiciones arcillosas del suelo sobre el que están construidas. Sin embargo, ni se conoce un código que determine las normas de construcción específicas para ese sector de la ciudad ni se impide que cualquier persona pueda edificar sin observar siquiera las mínimas previsiones que señalan los códigos nacionales de sismo-resistencia.


La ciudad debe tomar conciencia de su elevado grado de amenaza sísmica. Sería muy buena idea comenzar por recordar la historia y preguntarnos qué le ocurriría a Cúcuta, a sus edificios y a sus casas si llegara a temblar con la misma intensidad de 1875. ¿Estarán preparados los hospitales, los servicios de emergencia, la Policía Metropolitana y la Defensa Civil? ¿Estará preparado el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, al que por cierto el Municipio le debe más de mil millones de pesos?

El reciente simulacro de terremoto en Bogotá es una experiencia que debemos repetir aquí. Despertaría la conciencia entre los cucuteños sobre la gravedad del riesgo que enfrentamos y sería una excelente antesala de mayores esfuerzos por prepararnos para un momento que llegará tarde o temprano, como lo tienen muy claro los habitantes de Los Ángeles o de Tokio.

Luis Febres Cordero, un testigo presencial de la catástrofe de 1875 escribió un libro titulado El Terremoto de Cúcuta, excelente tanto por la calidad de su escritura como por las descripciones de la vida y la economía de la ciudad a finales del Siglo XIX. Su lectura es un excelente complemento del esfuerzo por tomar conciencia del riesgo permanente de repetir esa historia, cuyos visos trágicos pueden disminuirse si estamos bien preparados.



¡Santa Simplicidad!


En el centro de Praga se alza un monumento que recuerda a Juan Hus, uno de los íconos del nacionalismo checo a quien igual que Giordano Bruno en el Campo de Fiori de Roma, la posteridad le reservó una estatua en la plaza donde fue llevado a la hoguera. Poco faltó para que Galileo Galilei, otra importante figura del Renacimiento, tuviera su propia plaza en Florencia. Se retractó a tiempo, amenazado por la hoguera y las torturas de la Inquisición. Aceptó ante sus jueces que estaba equivocado. Dijo que la tierra era el centro del universo y que además era plana, según lo mostraba la Biblia y el sentido común.


Del momento de la ejecución de Juan Hus, que era rector de la Universidad de Praga y propugnaba por reformas en el catolicismo de finales de la Edad Media parecidas a las que después defendió Martín Lutero, se recuerda que una viejecita salió de entre la multitud que presenciaba el acto y se acercó a atizar las brasas en las que ardía el pobre Hus, quien al verla exclamó una frase que cobró celebridad: “¡O sancta simplicitas!”. Alguien menos resignado a vivir en medio de la inocente simplicidad de la gente de su época habría insultado a la anciana con términos más apropiados, no precisamente en Latín.


La misma santa simplicidad se constata entre quienes respondieron la encuesta de Napoleón Franco, contratada por RCN y la Revista Semana, que se publicó el pasado domingo. Cuánta simplicidad y cuánta inocencia no habrán hecho falta para que 63% de los colombianos estén dispuestos a votar nuevamente por Álvaro Uribe, justo en la semana que conoció uno de los episodios de corrupción más difíciles de desmentir de su gobierno: el programa del Ministerio de Agricultura “Agro Ingreso Seguro”. Los subsidios destinados a la agricultura, cuya producción ha decrecido año tras año durante el actual gobierno y el inmediatamente anterior, se adjudicaron a políticos costeños tradicionalmente asociados al latifundismo, la ganadería extensiva y el paramilitarismo. Van 320.000 millones que según la última revista Semana se entregaron a los grandes productores del campo, cuando la mayor parte de la producción agrícola nacional corre por cuenta de los pequeños productores minifundistas, que cuando fueron prósperos afianzaron la paz y el bienestar en lugares como el Eje Cafetero.


La misma simplicidad no detuvo la subienda del uribismo cuando se conoció hace tres semanas el informe de una agencia internacional muy prestigiosa según la cual Colombia es actualmente el país más desigual de América Latina, mientras ve crecer las utilidades de los beneficiados por las más grandes exenciones tributarias de nuestra historia reciente, como lo reconoce el mismo Luís Carlos Sarmiento Angulo, a quien no le apena decir que le gustaría ver a sus compañeros de bonanza disfrutando del Presidente por cuatro años más.


Extraño fenómeno el que se ve en Colombia, donde el inagotable rosario de escándalos, prenda de certeza para quienes afirman que otro período de Uribe no es conveniente, no inmuta a la gente, por lo menos a la gente que visitan los encuestadores de Napoleón Franco. Más extraño aún que entre el primer grupo, el de los que no quieren un tercer período, se encuentran casi todos los editorialistas de la prensa escrita nacional antaño tan influyentes, salvo quienes ahora contratan consultorías con entidades estatales y seguramente se han convertido hasta en contertulios del mismísimo José Obdulio.


La “santa simplicidad” y la inocencia que exculpan a muchos colombianos en lo que respecta a sus decisiones políticas, traen a la memoria una frase de Bolívar: “Un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción”. No es que todos los uribistas sean ignorantes, como sin duda no lo es Luís Carlos Sarmiento Angulo, pero entre ellos si hay muchos que recuerdan a la ancianita que atizó la hoguera de Juan Hus.



Los Megacolegios


Desde cuando el Concejo Municipal negó la autorización solicitada por la Alcaldesa para recurrir a dineros de vigencias futuras del presupuesto municipal y usarlos para cofinanciar junto con la Nación la construcción de dos “megacolegios”, mucho se ha hablado al respecto, a veces sin tener claro sobre qué se discute.


Durante la administración de Enrique Peñalosa, Bogotá estrenó la educación pública por concesión. El Distrito invirtió grandes sumas en la construcción de colegios enormes, diseñados por prestigiosos arquitectos y dotados con los mejores equipos. Se buscaron colegios privados que se contaban entre los más prestigiosos de Bogotá para entregarles los edificios junto con los estudiantes, por cada uno de los cuales el Distrito pagaba una matrícula. El resultado fue bueno, pero no fue mejor que cuando el siguiente alcalde, Luís Eduardo Garzón, continuó invirtiendo mucho dinero en la construcción de hermosos colegios muy bien equipados pero administrados por el Magisterio Distrital y no por operadores privados. Se descubrió que la calidad de la educación no la determinaba la condición pública o privada del operador, sino las condiciones físicas de los colegios.


Otro caso que por su similitud con el nuestro arroja luz al debate es el de Medellín. Durante la alcaldía de Sergio Fajardo se entregaron en concesión catorce “megacolegios” a operadores privados a los cuales el Municipio de Medellín pagaba por cada alumno matriculado. La experiencia no fue buena, según estudios de la Universidad de Antioquia que muestran mayor deserción y menor rendimiento académico en los colegios concesionados. Las razones saltan a la vista. Cuando se concentran estudiantes de primaria y secundaria de muchos barrios en un solo megacolegio se les obliga a utilizar el transporte público, cosa que no ocurre cuando se desplazan a pié hasta el colegio público de su barrio. Ese solo factor fomenta la deserción de estudiantes cuyas familias son extremadamente pobres, como ocurre con decenas de miles de niños y jóvenes de Cúcuta. 


Recordemos cuando cientos de estudiantes de escasos recursos económicos, becados por el Municipio de Cúcuta para estudiar en la Universidad de Pamplona en Villa del Rosario, desertaron porque no tenían como pagar las dos rutas de buses de ida y regreso de su casa a la Universidad.

Los megacolegios tienen la extraña particularidad de afectar simultáneamente a la educación pública y a la privada. A la pública, porque evaden el compromiso del Estado con la necesidad de ampliar la planta de docentes públicos, depurarla y mejorar su calidad, tarea que no por difícil debe ser eludida. A la privada, porque descuentan dinero que se gira a los pequeños colegios privados donde hay estudiantes becados por el Municipio con recursos transferidos por el Estado Central. En lo sucesivo, buena parte de esos dineros se girarían al operador privado de los megacolegios, que bien puede ser ajeno a la ciudad puesto que se escogería mediante una licitación nacional. Ante ese afortunado operador, el Municipio, por gracia de un contrato de concesión impuesto por el Gobierno Nacional, se encuentra obligado a garantizar el giro de dineros para el pago de la totalidad de los cupos disponibles, lo cual sería un pésimo negocio si los megacolegios se establecen en sitos como Torcoroma, donde se proyecta uno de ellos en un lugar próximo a uno de los buenos colegios públicos de la ciudad, el Pablo Correa León. Tendríamos dos colegios sub utilizados que costarían tanto como si ambos tuvieran sus cupos completos.

Oponerse a los megacolegios es una decisión responsable ante una política del Gobierno Nacional incongruente con los compromisos históricos del Estado con la educación pública. Algunos no estarán de acuerdo, sobre todo los menos informados, pero ya han sido muchos los malos negocios que ha hecho este empobrecido Municipio como para permitir que siga comprometiendo su presupuesto en negocios equivocados y costosos.



V Feria del Libro de Cúcuta


La Quinta Feria del Libro de Cúcuta muestra cómo, aun en medio de las condiciones más duras, la perseverancia en una ilusión que hace poco parecía muy lejana, acaba derrotando lentamente a la indiferencia. Solo a unos pocos ilusos pudo ocurrírseles tratar de hacer una feria del libro en una ciudad donde ni siguiera había una sola librería. Hoy, cuando hay apenas dos, todavía exhibimos un indicador que, para vergüenza nuestra, quizá pocas ciudades del mundo igualan: apenas dos librerías pequeñas por cada millón de habitantes.


La Feria del Libro estará abierta hasta el viernes. No es un evento orientado hacia un círculo ya consolidado de empresarios editoriales, autores y críticos, sino a un público muy joven, algo así como las primicias de una futura clase media culta y deliberante como la que todavía no tenemos, y que leerá mucho más que la generación de sus padres. Muchos de esos jóvenes han encontrado en la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero un punto de referencia crucial para su desarrollo cultural.


La mayor parte del público joven que asiste a la Feria son también visitantes habituales de la Biblioteca Pública. Visitan sus salas de lectura, asisten a exposiciones de artistas nortesantandereanos, hacen consultas en Internet porque aun no pueden conectarse desde su casa, y quizá también asisten a cursos de Inglés o de pintura que frecuentemente se llevan a cabo en la Biblioteca. La mayor parte de esos jóvenes estudian en colegios públicos. Si logran asistir a la universidad, lo harán en Cúcuta, y seguramente aquí transcurrirá también su vida adulta, como frecuentemente no ocurre con quienes se gradúan en colegios privados y cursan carreras universitarias fuera de la ciudad. Son las personas que harán parte de las nuevas clases medias cucuteñas.


Cuando se visita la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero, o la Feria del Libro que se celebra en ella cada año, convertida ya en un evento que reúne escritores de los más destacados de Colombia, se entiende la importancia y el sentido de la inversión pública en educación y cultura. Sólo imaginemos cuánto estímulo y cuánta provocación pueden causar a un joven que estudie Comunicación Social, o que quiera ser cronista de prensa o periodista, la conferencia de Alberto Salcedo Ramos, uno de los mejores cronistas de América Latina. O la conversación directa con Antonio Caballero, que no necesita presentación. Quienes sueñan con fundar una revista cultural, que aun no existe en la ciudad, es probable que asistan a la conferencia de Marianne Ponsford, directora de la Revista Arcadia, bastante conocida en todo el país. Otros invitados como Piedad Bonnet, reconocida en los países de habla española como novelista, poeta y crítica literaria, profesora de literatura durante muchos años en la Universidad de los Andes; Yolanda Reyes, Juan Felipe Robledo, Mónica Roa y Pilar Quintana, convierten a esta V Feria del Libro en un evento muy notable por la calidad de su programa.


Julio García Herreros, Director de la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero merece un especial reconocimiento por la responsabilidad con que ha trabajado para convertir a la Biblioteca en el punto de referencia cultural de una nueva generación de cucuteños. La Coordinadora de la Feria, Sandra Páez, ha hecho un excelente trabajo. Renson Said Sepúlveda, en su condición de conferencista, asesor y enlace con muchos de los invitados, cumple un papel que sumado a su juicioso desempeño como intelectual, escritor y polemista, lo sitúan en un lugar destacado dentro de nuestro naciente panorama cultural, que dentro de algunos años será muy distinto, enriquecido por el esfuerzo de muchas personas como ellos, que han perseverado en la ilusión de hacer una Feria del Libro en Cúcuta.



La nueva Berlín


La prensa de Norte de Santander y del Táchira anuncia diariamente las repercusiones locales de las agrias relaciones entre Colombia y Venezuela. Algunas de esas repercusiones las sienten también otras regiones colombianas con industrias exportadoras. Solo en Norte de Santander las exportaciones a Venezuela cayeron 90 millones de dólares entre junio y agosto.

Otras consecuencias atañen particularmente a la economía fronteriza. Según Fenalco, desde que se agravaron las diferencias diplomáticas, el comercio cucuteño vende apenas la mitad. La Cámara de Comercio de San Antonio dice que el problema es aún más grave en esa ciudad. Las ventas cayeron 80% y los despidos son pan de cada día. Los compradores colombianos decidieron no volver, atemorizados por los decomisos de la Guardia Nacional (La Nación, 6 Sept.).

La condición de ciudad fronteriza convirtió a Cúcuta en sede de muchas empresas comercializadoras, intermediarios aduaneros y transportadores, que enfrentan una situación sumamente difícil. Muchos han cerrado y casi todos han despedido varios empleados. La salida al mar por Maracaibo, otro de los rasgos particulares de nuestra economía, también se ha afectado. Se han incumplido despachos de carbón destinados a mercados internacionales y las rutas de exportación han tenido que modificarse. Más de 4000 toneladas de carbón salían diariamente por el Puerto de la Ceiba. Hoy son menos de 1000.


Es posible que estos problemas arrecien, porque ocurrió lo que pocos imaginaron. En América Latina surgieron dos bloques regionales articulados por maneras diferentes de entender la función económica del Estado. Pocos pensaron que el experimento del Presidente Chávez llegara tan lejos, y menos que la frontera de esos dos bloques regionales pasara entre Cúcuta, Ureña y San Antonio, que acabaron convertidas en la versión criolla de Berlín en tiempos de la guerra fría.


La suerte de Colombia y su gobierno es tan incierta como la de Venezuela y su revolución. La permanencia de la situación actual, e incluso la profundización de la fractura política entre los dos países nos puede llevar a parecernos aún más a la vieja Berlín. Todo es posible.


Si el Coronel Hugo Chávez y el Coronel Álvaro Uribe siguen siendo los jefes, pueden plantearse dos soluciones para nuestro problema. Una de ellas, que debería proponérsele al Sr. Presidente en un próximo consejo comunitario, aprovechando que está en campaña, es que el Gobierno Nacional compre el derecho de cobro de los reintegros de Cadivi que están en poder de los exportadores cucuteños, y de paso haga extensivo ese privilegio a los restantes exportadores colombianos. La suma actual de las reservas internacionales lo permite.


La segunda solución sobre la cual se avanzó algo hace unos años, es la creación del Área Metropolitana Binacional que reivindique el hecho notorio de que somos la misma ciudad binacional. Puede ser que el comercio entre Colombia y Venezuela desaparezca algún día. Puede ser que las exportaciones colombianas, y entre ellas las cucuteñas, jamás vuelvan a Venezuela. Pero lo que jamás pasará es que los cucuteños no podamos mercar en San Antonio, Ureña y San Cristóbal, y recíprocamente no podamos recibir a ningún tachirense en Cúcuta. Tampoco puede ocurrir que los 25.000 residentes de Cúcuta, Ureña y San Antonio que cruzan diariamente la frontera dejen de hacerlo. Si se interrumpen aunque sea levemente esos flujos de tránsito y de comercio la ciudad puede sufrir gravemente, como lo registran las noticias de la prensa regional en Cúcuta y el Táchira.


Los gobiernos de Cúcuta, Ureña y San Antonio deberían sentarse a hablar de la creación de una entidad de coordinación de políticas públicas municipales que avance en la creación del Área Metropolitana Binacional, como lo intentaron en 2007. Deberían presionar a sus gobiernos nacionales para que acepten las particularidades de esta ciudad cruzada por la frontera de dos países. De lo contrario, nos veremos convertidos en la ridícula caricatura latinoamericana de la vieja Berlín.



Primicias de un tercer mandato


En los viejos tiempos de las bonanzas cafeteras, de los pactos de cuotas y de la Organización Internacional del Café (OIC), cuando los cafeteros antioqueños y caldenses levantaban la voz, tenían derecho a vetar cuanto afectara sus privilegios, e inclinaban una que otra vez la balanza en las elecciones presidenciales en favor de las candidaturas conservadoras, nadie habría imaginado que precisamente un conservador antioqueño convirtiera al gremio más importante del país en un gremio de bolsillo.


Un antioqueño de los nuevos. No un paisa en sentido estricto porque no es heredero de los valores emblemáticos de los arrieros y caficultores que colonizaron la cordillera central, sino de los valores característicos de los latifundistas y acaparadores de tierras que se dedican a la ganadería extensiva en las sabanas de la costa sucreña y cordobesa. Un antioqueño que no se parece a Juan Valdez, ese sí un antioqueño de verdad de los que quizá ya no existen, sino que se parece a un caballista temible como don Fabio Ochoa, su viejo amigo. Un “duro”, un “patrón” de verdad.


Parece que el segundo tipo de antioqueño prevaleció sobre el primero hasta someterlo. El cafetero Juan Valdez se entregó al caballista terrateniente. El próximo Congreso Cafetero nombrará al gerente de los herederos de la arriería y la caficultura escogiendo entre tres subordinados del patrón caballista. Entre uno que no sabe mucho de café pero acredita sus buenos términos con el Gobierno a través de su padre. Otro, un antiguo Senador de Caldas que esgrime también su uribismo para ofrecerlo como activo a la Federación. Otro, el hombre de confianza del exgerente que renunció para ser Ministro de Defensa. Qué lástima no tener Cédula Cafetera y derecho a voto en el Congreso de la Federación para poder renunciar.


Son las primicias que el Gobierno ofrece para mostrar cómo va a ser el país que gobernará Uribe por tercera vez. Así como pasa en la Federación de Cafeteros, otrora un gremio respetable, pasará en las principales Cámaras de Comercio y en las principales Cajas de Compensación Familiar, que son entidades privadas. Pasará también en los tribunales y en los juzgados y en una larga serie de entidades cuya independencia es la base de la Constitución de 1991.


Simplemente, el que no esté en el uribismo, no tendrá nada que hacer. A algunos se les dispensará cierto tratamiento del cual también se nos ofrecen primicias, como las intimidaciones y las amenazas de las que habla el Presidente de la Corte Suprema de Justicia y el Senador Rodrigo Lara. La Corte no debería seguirle los pasos a los congresistas de quienes sospecha que puedan haber recibido recompensas ilícitas por su voto. El Senador no debería estar visitando las cárceles de los Estados Unidos donde fueron enviados los paramilitares, precisamente para que no los oyera nadie. Para los adeptos, las recompensas son las que investiga la Corte, de las que posiblemente fue beneficiario el Senador Alirio Villamizar, y quizá su hijo agricultor, a quien el Ministerio de Agricultura, dirigido en ese entonces por Andrés Felipe Arias, otorgó quinientos millones de pesos no reembolsables, de manera transparente y mediante convocatoria pública, según dicen ellos.


Estas primicias de un tercer mandato que posiblemente no tendrá lugar deben ayudar al país a despertar del encanto uribista y a asumir una posición más firme en contra de una nueva reforma de la Constitución que permita un tercer período presidencial, de este o de cualquier otro presidente. Si por desgracia este gobierno se prolongara otros cuatro años, tendremos que sufrir una de las consecuencias típicas de todos los autoritarismos: el acceso a la vida pública y a las posiciones de poder estará determinado por la condición de amigo, pariente, adulador o cómplice y no por los méritos personales. Un viejo problema colombiano cuya familiaridad juega en favor del Presidente, y que en lugar de solucionarse, está agravándose cada día.



El mismo con las mismas


A estas alturas del segundo cuatrienio de la administración de Álvaro Uribe sus visitas a Norte de Santander suman casi veinte. En todas nos ha hablado de lo mismo. La insistente reiteración de sus promesas a lo largo de casi ocho años y la capacidad persuasiva de la que hace gala, propia de vendedor de específicos, o de culebrero, según dicen otros, está a punto de hacernos creer que lo que sigue siendo un sueño lejano, en breve será realidad.


El lunes oímos por hablar a Uribe de lo mismo por vigésima vez. Habló de la carretera Cúcuta - Tibú, para la que en esta oportunidad prometió viaductos; de la carretera Tibú - El Tarra - Convención - La Mata, por cuenta de la cual siguen ensanchándose los negocios de sus amigos de la concesión San Simón. También habló de la doble calzada en la carretera Pamplona - Bucaramanga, la más exagerada e inútil de sus promesas que ha servido como recurso para desviar nuestra atención de la vía del Alto del Escorial, la obra que de veras estamos necesitando y que sigue indefinidamente postergada.


Prometió hacer realidad el reintegro del IVA a los compradores venezolanos, otra antigua aspiración de los cucuteños de la que también se había hablado en muchas de sus anteriores visitas. Como en esta ocasión está nuevamente en campaña no objetó la idea y prometió hacerla realidad mediante un decreto, como cuando hace unos años prometió exceptuar a los empresarios cucuteños de las contribuciones parafiscales al Sena y el Icbf, lo que postreramente resultó ser una de esas promesas vacías que surten tan buen efecto en la galería.


Prometió también destinar a los empresarios cucuteños cien mil millones de pesos de créditos de Bancoldex. Sin duda una buena noticia, aunque a diferencia de otras épocas, en este momento hay liquidez en el mercado financiero y el acceso al crédito no es el principal problema. El problema de nuestros empresarios exportadores es el aplazamiento de los desembolsos de Cadivi, asunto cuya solución quedó pendiente tal vez para un Consejo Comunitario más próximo al referendo reeleccionista. En ese consejo quizá se haga realidad la única propuesta seria para superar el problema, que planteó el Precandidato Liberal Rafael Pardo Rueda y el Senador Juan Fernando Cristo, a quienes desafortunadamente, los medios de comunicación no tratan con la misma generosidad que al Presidente.


Pardo y Cristo proponen que el Gobierno Nacional o el Banco de la República compren la deuda de los exportadores colombianos que esperan dólares de Venezuela y la conviertan en deuda externa Venezolana respaldada, por ejemplo, con bonos internacionales de ese país. La propuesta no es descabellada. La deuda con los exportadores colombianos es de trescientos millones de dólares, cuando nuestras reservas internacionales suman veinticuatro mil millones de dólares. Así se le permitiría a las empresas exportadoras, no solamente cucuteñas, saldar sus negocios con Venezuela, tal como lo pretende la estrategia aislacionista del Gobierno Nacional, mientras reorientan sus negocios hacia otros mercados, o mientras pasa este mal rato.


Muy pocos de nuestros empresarios locales de la arcilla o del cuero cuyos negocios están casi parados esperando los reintegros de Cadivi, podrían acceder a los créditos de Bancoldex, porque finalmente será la banca comercial la que canalice esos recursos y la que establezca la capacidad de pago de las empresas locales, que no solucionan sus problemas con dinero prestado, sino con la cancelación de sus ventas a Venezuela.


Nadie es profeta en su tierra. En un par de meses veremos nuevamente al Presidente Uribe en Cúcuta comprando reintegros de Cadivi, justo en el momento en que mas conveniente resulte según su cálculo del interés político personal, muy distante del interés nacional, y más aún del interés local.



La alcaldesa se quedó


No habrá referendo revocatorio en Cúcuta. Lo ha dicho la Registraduría Nacional después de que sus peritos estudiaran las firmas de quienes lo solicitaron. Determinaron que solo un poco más de la tercera parte eran fidedignas; no lo suficiente para alcanzar las cuarenta mil necesarias.

A la luz de este hecho, una discusión bizantina sobre si el referendo le convenía a la ciudad o no le convenía, resulta doblemente inútil. Sin embargo, es importante estudiar las causas de la impopularidad de la alcaldesa. Las mismas que crearon gran expectativa sobre la posibilidad de revocarle el mandato y cuyo examen puede ayudarle a corregir sus propias fallas, que sin duda han sido muchas y la preservan muy lejos del primer puesto entre los alcaldes del país, que ella misma se adjudica haciendo gala de poco sentido autocrítico.

Lo de la impopularidad es una percepción cierta, corroborada por encuestas de opinión, alguna de las cuales publicó este diario hace varias semanas. Puede que a veces la impopularidad se deba a algún prejuicio, o a percepciones que exageran injustamente algún defecto que pasaría inadvertido en cualquier otra persona, como cuando se decía que algún alcalde era bobo, o que otro era senil, o de otro mandatario se decía que solo gustaba de los negocios y de los típicos pasteles de garbanzo. Puede que la alcaldesa sea víctima de la injusta caricaturización de su imagen, de esa excesiva acentuación de algún defecto en el que se ensaña el escarnio público, vicio del cual todos quienes participan en la política pueden ser víctimas. Al fin y al cabo, los personajes públicos saben que deben estar preparados para ver hasta a sus mejores amigos convertidos en instrumentos ciegos de la difusión de sus caricaturas, que a veces son destructivas, como cuando se dijo que alguien se lavaba las manos con alcohol después de saludar y todos lo repitieron, inocentemente unos y perversamente otros.


Sin embargo, muchos de los motivos de la impopularidad de la alcaldesa son hechos notorios. La ciudad está llena de huecos. El tránsito es un desastre, aunque haya mejorado algo. Las obras inconclusas se ven por doquier. La inversión pública del Municipio no es tan notoria como en otras épocas. Las concesiones municipales de acueducto y aseo funcionan a medias. Etc.


La suma de los problemas creció hasta alcanzar un punto crítico que los hizo insoportables, pese a que la mayoría habían existido siempre. Un grupo de ciudadanos exigieron que la alcaldesa se fuera y más de ochenta mil firmaron en señal de respaldo. Deben ser tenidos en cuenta porque son una muchedumbre de ciudadanos cucuteños disgustados, así hayan firmado mal, o en formularios inválidos según el parecer de la Registraduría. Deben ser tenidos en cuenta porque un alcalde, por el hecho de ser un administrador público, se obliga en mayor grado que sus colegas privados por el principio según el cual “el cliente tiene la razón”.


Puesto que ya no pende la amenaza de revocatoria sobre su cabeza como la espada de Damocles –o de Aristóteles, dado que también era griego y por consiguiente portaba espada, según razonó un ex alcalde de la ciudad- goza de más tranquilidad para pensar en el cambio de rumbo que debe darle a su administración, para lo cual lo más importante no es tener dinero, sino lograr mayor capacidad administrativa y política.


En este momento la ciudad tiene al menos dos grandes proyectos cuyo desenlace no necesita mucho dinero sino autoridad y talento administrativo. Uno de ellos es la construcción de la nueva central de transporte de pasajeros, ya concesionada y pendiente de la liquidación de la antigua; el otro es la terminación del Centro Comercial Modelo, ubicado en la antigua Cárcel Modelo. Ojalá empezara por esos dos. Así mostraría acciones muy notorias que generarían confianza y facilitarían seguir adelante con el largo rosario de obras postergadas.



Los dos Coroneles


No hace mucho, estando Salomón Kalmanovitz de visita en esta ciudad, le oí pronunciar una frase con la que se refería al presidente venezolano como “El Coronel Chávez…”. Según pensé en ese instante, estaba mostrando cierta animadversión despectiva y rencorosa, por una parte hacia Hugo Chávez, el llanero caribeño que ha trepado en Venezuela luciendo un estilo muy propio y que ofende al fingido pudor cachaco, y por otra, hacia la milicia, recelo muy propio de la tradición civilista colombiana que algunos llaman “santanderismo”, que de antaño desconfía de los militares, y muy especialmente de los venezolanos, gracias a viejas diferencias que datan del origen de nuestras historias nacionales. Pero siguió hablando el Profesor Kalmanovitz, y cuando completó la frase, lo que finalmente dijo para referirse al mismo tiempo a ambos presidentes fue “El Coronel Chávez y el Coronel Uribe…”. La frase se habría completado como una sentencia digna del título de un libro sobre nuestra historia contemporánea si se hubiera hecho seguir por dos puntos tras los cuales se dijera “historia de dos países hermanados por sus malos presidentes”, según la idea sugerida por algún editorialista.


Me permitiré llamarlos también “coroneles”, no sin antes solicitar el perdón de quienes realmente ostentan ese honroso título, que gracias a las connotaciones ya mencionadas desprendidas de nuestra tradición santanderista, y puesto en contraste con el título de Presidente, resulta apropiado para destacar los visos dominantes y mezquinos de ambos gobernantes.


Quienes se toman el trabajo de forjar una opinión más o menos bien documentada sobre las diferencias entre los dos países tienen la mala suerte de hallar que la razón asiste las posiciones de ambos presidentes en su esfuerzo por quedar bien librados dentro de sus “Estados de Opinión”, ese concepto recientemente fabricado o sacado quién sabe de dónde por el Coronel Uribe o por la persona que le escribe sus discursos sustituyendo muy bien en ese encargo a José Obdulio Gaviria, y que sirve para decirle a la gente, y sobre todo a los jueces, que los consensos de la opinión pública prevalecen sobre los dictados del Derecho como piedra angular del orden social, tal como lo piensa también el Coronel Chávez.


Ambos Coroneles anteponen a la Ley y a la prudencia la conservación de un Estado de Opinión favorable dentro de sus respectivos teatros de operaciones. El del Coronel Uribe es el enardecido electorado colombiano que participa de la política como los hooligans, haciendo gala de igual grado de cordura y de información a la hora de anunciar su voto a los encuestadores. El del Coronel Chávez es el Alba, donde posa de hombre fuerte, y el escenario social y político de Venezuela, donde sus mayorías quizá no son tan amplias como las del Coronel Uribe, pero sí más radicales, por lo que necesita caldearles los ánimos para mantener viva su intransigencia consignataria, soporte del poder chavista.


¿Cuántas veces, a lo largo de tantos años, no se ha sabido que la guerrilla colombiana nutre sus arsenales con armas robadas o quizá compradas a uno que otro integrante corrupto de los ejércitos de Colombia, de Venezuela, de Perú y de Centroamérica? ¿Desde hace cuánto tiempo no hay una fuerte presencia militar de Estados Unidos en Colombia y cuántas veces los “contratistas” norteamericanos no han sobrevolado la frontera del Perijá fumigando con glifosato y contaminando los ríos que van a Venezuela? No nos llamemos a engaños. Aquí no hay nada que sea de veras un conflicto internacional. Solo hay dos Coroneles que defienden sus cotos de caza echándole leña al fuego de la polarización interna mientras se enmascaran como abanderados de la brecha ideológica de América Latina, la misma que pasa por la mitad de la ciudad binacional en la que vivimos, y que sufrirá mucho si se quiere hacer cobrar realidad al simulacro del conflicto internacional.



Tras los pasos de Samuel


Está muy preocupado el Alcalde de Bogotá por su menguante popularidad y más aun sus copartidarios que ven cómo el Polo se queda sin la bandera de la moralidad pública que le había rendido para las campañas de una década entera. Ahora hasta un senador de sus propias filas ha acusado al alcalde de estar dedicado al clientelismo asesorado por su mamá. Últimamente también se ha dicho que en la distribución de favores, contratos y beneficios de las decisiones administrativas, también le ayuda el Senador Jaime Dusan, que inmerecidamente representa una de las alas radicales de la izquierda, de la que no se sabe bien si nació en el samperismo o en el sindicalismo prebendatario de la USO y Fenaltrase -porque la verdad sea dicha, Fecode, de donde viene Dusán, sí es un sindicato serio-.

Cuando durante la campaña prometió un metro, quedó claro que era un digno heredero de la tradición populista y demagógica de la Anapo. Ahora que se siente emplazado por la opinión pública, ha replanteado sus ideas sobre transporte urbano. Aunque sigue hablando del metro para evitar una retractación que dejaría al descubierto los visos demagógicos de su linaje, la semana pasada firmó los decretos que obligan al Distrito de Bogotá a crear el Sistema Integrado de Transporte Masivo y acabar definitivamente la guerra del centavo.

Se trata de una decisión que modifica los cimientos del orden urbano. En todas las ciudades del Tercer Mundo el transporte se organizó a partir de propietarios individuales de buses y no de grandes empresas propietarias de flotas numerosas. Por eso la ley creó empresas cuyo cometido es afiliar los buses de distintos propietarios que compiten entre ellos. Afiliar buses de terceros es un buen negocio, por lo que las busetas han proliferado y la suma de sus sillas resulta superior a la demanda. Por eso la mayor parte del tiempo circulan con sillas vacías congestionando las calles y generando sobrecostos que se trasladan a los pasajeros.

La reforma que plantea Samuel Moreno obliga a los microempresarios a crear grandes empresa, no afiliadoras, sino con flotas propias, nuevas y uniformes que paguen salario a sus conductores y recauden el pasaje con tarjetas similares a las de Transmilenio, a cuyo sistema se integrarán los nuevos buses. Si los decretos se cumplen, en pocos años no habrá busetas en Bogotá.

Las comparaciones a veces son injustas, pero tratándose de la forma en que los alcaldes enfrentan la adversidad, resulta muy apropiado mostrarle a nuestra alcaldesa lo que está haciendo Samuel Moreno. Para reivindicar su maltrecha imagen decidió resolver definitivamente un problema fundamental de su ciudad. Uno solo, pero para siempre. Si lo logra, los bogotanos lo sabrán agradecer.


Nuestra alcaldesa debería seguir ese ejemplo. En lugar de mostrar semejante capacidad de autoengaño presentándose como la mejor alcaldesa del país según lo dice una revista que hasta hoy conocemos en Cúcuta, debería determinar cuáles son los principales problemas de fondo de la ciudad y enfrentar radicalmente tan solo uno de ellos.


Animados por esa posibilidad, un grupo de amigos acompañados por la Cámara de Comercio, la UFPS y Camacol Norte de Santander, organizamos un foro titulado “Movilidad y Desarrollo Urbano en el Área Metropolitana de Cúcuta”, que se desarrollará este viernes entre las 8:30 am y las 1:00 pm en la Cámara de Comercio. Reuniremos un grupo de expertos nacionales en movilidad urbana para que junto con funcionarios públicos, transportadores y todos los interesados en este asunto discutamos sobre la solución del que ya es uno de los más graves problemas de Cúcuta.

P.D. Si Samuel Moreno es clientelista, lo fueron también quienes lo antecedieron aunque no se les haya reprochado ese defecto. Es la demostración de las grandes esperanzas que encarna un partido en el que los defectos no se toleran igual.


Otra obra inconclusa


Durante la última década la ciudad ha invertido muy poco en la recuperación del Centro, salvo un solo proyecto de remodelación de andenes cuyos estupendos resultados lo convierten en un ejemplo del modo en que una ciudad con un presupuesto austero puede emprender la rehabilitación de su centro histórico.


Además de lo que actualmente se conoce como Centro Comercial a Cielo Abierto, otro de los sectores del centro cuya recuperación está al alcance de la voluntad del Municipio es el ubicado en las inmediaciones de la antigua Cárcel Modelo, el Parque de la Sexta y el puente construido sobre la Diagonal Santander. La cantidad de recursos que ya se le han invertido y su ubicación contigua a grandes ejes viales hacen fácil rescatarlo para el uso comercial y residencial. A pesar del costo de las inversiones sigue siendo una zona deteriorada y tomada por la indigencia y el comercio informal, especialmente entre la Cárcel Modelo y el Canal Bogotá.


El Municipio invirtió mucho en el Parque de la Sexta, construido sobre un lote que antes ocupaba el antiguo Mercado de la Sexta, cuyo traslado, que fue enormemente costoso en términos económicos y sociales, entraño un sacrificio justificado por la necesidad imperiosa de rescatar un sector en el que desemboca un puente que hace cruzar la Avenida del Canal Bogotá sobre la Diagonal Santander, que junto con el Parque de la Sexta le costó a la ciudad un ojo de la cara. Por si resultaba poco el dinero gastado en el puente y en el parque, uno subutilizado y otro imperdonablemente abandonado, se contrató por una suma cuantiosa la construcción del Centro Comercial Modelo, en un edificio que se permutó al Inpec. Hace un buen tiempo ha debido concluirse, pero hoy, de manera inexplicable, permanece inacabado como otro monumento a la despreocupación y el descuido del Municipio por los asuntos realmente importantes de la ciudad.


Si se examina con cuidado el proyecto del Centro Comercial Modelo se descubre que su desarrollo tiene dos consecuencias fundamentales para el desarrollo de Cúcuta. Habilita la Calle 5a como conector de los dos tramos del Canal Bogotá interrumpidos por la Diagonal Santander, lo cual creará un eje vial de extraordinaria importancia aprovechando el puente atirantado. Además, permitirá reubicar a muchos vendedores ambulantes que se convertirán en empresarios formales.


El proyecto se encuentra detenido. Se liquidó su contrato de construcción y no se conoce a ciencia cierta qué hará el Municipio con la obra inconclusa. Aun cuando el Concejo Municipal autorizó hace varios meses la venta del inmueble, todavía no se sabe cuál va a ser su suerte. No se sabe si se venderá para que un particular lo termine y lo venda, o si esa responsabilidad será asumida por el Municipio, o si se contratará un agente inmobiliario para que lo comercialice, o si se quedará en obra negra por los siglos de los siglos.


La Administración Municipal debería concluir cuanto antes el Centro Comercial Modelo para apuntalar el desarrollo de un sector que pese a ser uno de los mejores de Cúcuta se ha deprimido hasta convertirse en un sitio incómodo, peligroso y casi inaccesible a los peatones. Pocas zonas se ubican en la intersección de vías tan importantes como la Avenida Quinta, la Avenida Sexta, la Diagonal Santander y la futura Avenida del Canal Bogotá. Por si fuera poco, tiene un puente que desemboca una gran avenida en el Parque de la Sexta. Si la Administración del Municipio no aprovecha semejantes condiciones para desarrollar un Plan Parcial que permita recuperar definitivamente el sector y convertirlo en un polo de desarrollo comercial y residencial que se integre con el Centro Comercial a Cielo Abierto, se postergará una excelente posibilidad para la ciudad y se permitirá que la amenaza de ruina del sector le gane el pulso a las cuantiosos inversiones que se han hecho para recuperarlo.



Cúcuta y sus dos Centrales de Transportes


Tanto ha soñado el Municipio de Cúcuta con una nueva central de transporte de pasajeros que hoy tiene dos y no sabe que hacer con ellas.


La antigua, que no lucía mal cuando la construyeron a mediados de los años sesenta, sirvió durante muchos años a pesar de los defectos de su diseño, que sienten los viajeros desde que entran a un edificio cuya puerta de acceso está antecedida por unas largas escaleras que deben subir cargando con sus maletas. Por dentro y por fuera de la Central reina el comercio informal y el desorden. La incomodidad es tal que muchas empresas de transporte de pasajeros establecieron sus propios terminalitos, para evitarle a sus clientes el sufrimiento que supone una visita al viejo “Terminal“.


La pasada Administración Municipal decidió hacer una nueva Central otorgando una concesión durante veinticinco años a una firma privada que asumió el compromiso de construir las nuevas instalaciones a un costado de la vía que une a Cúcuta con Puerto Santander. El sitio no parece el más adecuado, máxime si el anillo vial occidental permanece inconcluso por cuenta de las interminables dilaciones de San Simón S.A., pero algunos estudios dicen lo contrario y, al fin y al cabo, los concesionarios parecen resueltos a arriesgar allí su dinero.


En menos de un año, en 2010, la ciudad debería tener lista la nueva Central de Transporte, que debió construirse entre 2008 y 2009, según lo establecía el contrato de concesión, suscrito en 2007. Sin embargo, el tiempo sigue pasando y no se ha hecho nada, lo cual no es extraño en estas épocas en que la ciudad es gobernada por la mejor alcaldesa del país.

El antiguo Terminal, rebautizado como Central de Transporte en Liquidación, sigue operando como siempre, en medio de la ineficiencia y las incomodidades habituales a las que ya están acostumbrados sus infortunados usuarios. Este año expira la autorización que concedió el Concejo Municipal a su Gerente Liquidador para concluir su tarea, pero muy seguramente llegará 2010 y nada se habrá liquidado.
Los dueños de la concesión de la nueva Central de Transporte tampoco han hecho nada, aunque no por su culpa, según ellos mismos sostienen. Al parecer le han propuesto al Municipio asumir por su cuenta la liquidación de la antigua Central, y no han sido escuchados. Cuánta sería nuestra gratitud con Fenalco o con la Cámara de Comercio, si intervinieran en este asunto para esclarecer las razones que explican el retraso de un proyecto tan importante para cualquier ciudad.

No hay que ser muy malicioso para saber cómo piensan los dueños de una concesión otorgada por el Estado colombiano porque sobran los casos que nos lo muestran. Al amparo de las dilaciones causadas por el descuido o la falta de interés del Estado, que en este caso es el Municipio de Cúcuta, los abogados preparan onerosas demandas que terminamos pagando todos.


Si las cosas siguen el camino que llevan, al cabo de algunos años nos encontraremos con las mismas dos Centrales de Transporte. Una que todavía no se habrá liquidado, otra que todavía no se habrá construido, y además una demanda contra el Municipio de Cúcuta. Como de costumbre, nuestros bolsillos sufragarán el costo del abandono al que la Administración Municipal ha condenado las grandes soluciones que la ciudad requiere, que se han aplazado para atender necesidades quizá más urgentes, pero mucho menos importantes.



Nuestra engañosa prosperidad

Según dijo ayer el Presidente de la Cámara de Comercio en las páginas de este diario, ni la recesión económica mundial, ni la recesión colombiana, ni la venezolana, nos han hecho mella. Somos tan afortunados que el Registro Mercantil crecerá diez por ciento mientras el resto del mundo está estancado.

El Presidente de la Cámara dice una parte de la verdad. Una parte de la ciudad está creciendo, lo que se evidencia en la construcción de numerosos edificios residenciales y locales comerciales donde el metro cuadrado vale más de dos millones y ocasionalmente supera los cuatro millones de pesos. Si se toma en cuenta que los proyectos de vivienda de interés social son mucho menos numerosos e involucran menor cantidad de suelo urbano, notamos que ese crecimiento no reparte equitativamente sus beneficios, sino que los concentra en manos de muy pocos, como ocurre en la mayor parte de las economías basadas en actividades especulativas.


Nuestra economía exhibe muchas de las facetas propias de la especulación. La especulación inmobiliaria, fuente de las fortunas más antiguas y de muchas de las más recientes, se beneficia en parte de los venezolanos que han invertido su dinero en locales y apartamentos. La especulación con el cambio de la moneda, otro oficio inveterado de muchos cucuteños, funciona como toda la vida. Algunos empresarios cucuteños, comerciantes e industriales de verdad, se han convertido en abastecedores del mercado venezolano, y otros muchos que hacen honor a una antigua tradición propia de nuestra historia de ciudad fronteriza, se han dedicado simplemente a la especulación, por no servirnos de términos más controvertidos.


Me gustaría conocer estudios de la Cámara de Comercio de Cúcuta que expliquen las cifras de los informes “Colombia en Cifras 2003” y “Colombia en Cifras 2007”, publicados por el Banco de la República, donde se revelan datos muy dicientes de la naturaleza de nuestra prosperidad económica. Durante los años 2002 y 2003, las exportaciones no tradicionales de Norte de Santander eran US 40.000.000, una cifra muy similar a la de los años anteriores. Durante 2006 llegaron a sumar US 162.182.000. Al año siguiente se exportaron US 628.840.000. De un año a otro la cifra varió 287%, más que en ninguna otra región colombiana.


Me pregunto cómo se explica que las exportaciones no tradicionales originadas en Norte de Santander, que excluyen productos del sector primario de la economía como café, petróleo y algunos tipos de carbón, e incluyen la manufactura y los servicios, hayan experimentado en cinco años una variación tan alta. La Cámara de Comercio debería intentar explicar cómo ha crecido quince (15) veces el monto de nuestras exportaciones no tradicionales, sin que sea perceptible a la simple inspección un crecimiento igual de las industrias locales.


Es preocupante que la ciudad crezca para los más pudientes, como lo muestra el mapa de los proyectos de construcción de vivienda. Es preocupante que el comercio exterior con origen en Norte de Santander crezca sin que sea evidente que las fuerzas productivas de la ciudad aumenten en magnitudes semejantes. Ante la ausencia de una explicación clara, expuesta por una entidad técnicamente capaz y digna de crédito, las explicaciones serán puramente especulativas, igual que el aparente origen especulativo de nuestra engañosa prosperidad.


Me atrevo a contradecir al Presidente de la Cámara de Comercio. Nuestra economía no ha ganado autonomía. Seguimos siendo igualmente dependientes de las vicisitudes de la frontera. Hemos aprovechado todas las bonanzas venezolanas. La del bolívar costoso y la de los dólares preferenciales del antiguo Recadi y el actual Cadivi, acompañados de toda suerte de carruseles y operaciones de blanqueo. Nadie es quien para juzgar a nuestros comerciantes que llevan décadas afinando su olfato para encontrar y aprovechar las oportunidades de la frontera y del comercio, dándole vida a un circuito económico que nos involucra a todos. Pero no nos engañemos. Nuestra prosperidad está lejos de tener vida propia y sus orígenes no son suficientemente conocidos.



Las tres perlas de la semana


Para quienes aun no tienen claro cuáles son los intereses y los compromisos que signan al actual Gobierno, la semana pasada fue pródiga en casos que los hacen evidentes.

El Gobierno consumó el fracaso de la Ley Víctimas del Conflicto y planteó dos debates públicos en los que de antemano se conoce su posición: el futuro del Impuesto al Patrimonio y la resurrección de la Inmunidad Parlamentaria.
La reparación de las víctimas de la violencia y las reformas propuestas al Impuesto al Patrimonio están animadas por el principio de inequidad que subyace al orden social colombiano: la carga de la guerra y los impuestos es inversamente proporcional a la distribución de la renta. 

Quien menos tiene, sufre más la guerra y paga más impuestos. El Estado se escandaliza porque le Ley de Víctimas puede llegar a costarle ochenta billones de pesos. Una carga fiscal enorme y tal vez impagable por cuenta de una deuda social histórica. Nadie es tan ingenuo para pensar que un gobierno, y menos este, tenga la capacidad de saldarla. Sin embargo, la Ley de Víctimas le habría entregado a esos colombianos que han soportado las consecuencias más dolorosas de nuestra inveterada inequidad, las herramientas legales para hacer exigible una reparación cuya magnitud acaso nos habría obligado a replantear las bases mismas de la sociedad colombiana, como hace casi dos décadas lo logró parcialmente la Constitución de 1991. Su capítulo de garantías sociales cuenta muchísimo más que la Ley de Víctimas y tardará décadas en hacerse realidad.


La discusión sobre el Impuesto al Patrimonio es parecida. Quienes tienen patrimonios superiores a tres mil millones de pesos consideran que la seguridad es un servicio estatal que debería ser pagado en mayor medida por quienes menos tienen, como ocurre con los restantes servicios que presta el Estado colombiano. La ANIF no está de acuerdo con la forma en que se cobró el Impuesto al Patrimonio, el único tributo justo del actual gobierno, y propone que la Seguridad Democrática se sufrague también con el impuesto a las ventas, que pagan todos los colombianos y en una proporción mayoritaria los más pobres, que son casi cuatro de cada cinco. Como los pobres ahorran poco o nada y casi todo lo gastan en productos de primera necesidad, pagan IVA en una proporción mayor sobre sus ingresos que los ricos. Propone también la ANIF que se amplíe la base del recaudo para que paguen también quienes tengan más de doscientos millones de pesos, que son muchos colombianos de clase media. También proponen la rebaja del impuesto a las transacciones financieras. Todo le suena mucho al Gobierno. Que los que menos tienen vallan a la guerra; que la paguen con su escaso dinero, y que no tengan derecho a ser reparados.


El Ministro del Interior dijo la semana pasada que el Gobierno Nacional está pensando en resucitar la Inmunidad Parlamentaria. Es comprensible que el Ministro procure complacer a sus mayorías que no pueden dormir tranquilas ante el acecho de la Corte Suprema de Justicia. Pero el Ministro debería ser más cauteloso y recordar que hace dos décadas personas como Pablo Escobar llegaron al congreso precisamente para gozar de la Inmunidad Parlamentaria que le otorgaba impunidad a sus delitos. ¿Acaso han cambiado tanto las cosas para que no ocurra ahora lo mismo? Hoy tenemos un abanico más amplio de actividades delictivas que serían atraídas por la posibilidad de gozar inmunidad ante la acción de la Justicia.


El Gobierno no quiere reparar a las víctimas porque el costo sería tal que obligaría a replantear el principio de inequidad que regula nuestro orden social. Por esa razón tampoco quiere que los más ricos sigan pagando solos el Impuesto al Patrimonio. Además quiere inmunidad para sus parlamentarios. ¿Cuáles serán sus amigos que necesitan protegerse de la acción de la justicia?



No la revoquen porque no ha hecho nada


Un fantasma recorre el Municipio, el fantasma de las elecciones revocatorias. Todos las fuerzas de la administración municipal se han unido en santa cruzada para acosar ese fantasma: la alcaldesa y sus secretarios de despacho, su mayorías en el Concejo Municipal, y sus adeptos entre los líderes políticos en los barrios de la ciudad. Como los críticos de esta Administración ocasionalmente somos víctimas de la sospecha de simpatizar con el referendo revocatorio, intentaré esclarecer tal presunción, por lo menos en lo que respecta a este humilde servidor.

De la alcaldesa pueden decirse con certeza dos cosas. Que no ha cumplido cabalmente con el Plan de Desarrollo presentado por ella misma, y que hay un gran descontento con su desempeño, como lo comprueba objetivamente la encuesta publicada por este diario el lunes.

La Alcaldesa y sus funcionarios dicen que el Municipio ha volcado su atención a “lo social”. Es verdad que la pobreza es el principal problema que enfrentamos en Cúcuta y en Colombia. Quizá el segundo problema más grave es la ignorancia. Ambos se conjugan en un círculo vicioso que a veces envuelve a quienes nos dedicamos a la gestión pública. La población pobre se convierte en cómplice del asistencialismo de Estado y lo convierten en un recurso importante para obtener reconocimiento político.


Pero para hacer realidad las palabras emblemáticas del Plan de Desarrollo Municipal y convertir a Cúcuta en una ciudad Humana, Solidaria y Competitiva, la alcaldesa debe variar la orientación de su administración. Debe centrarla menos en “lo social”, tan proclive a las medidas de asistencialismo estatal, y atender también otros asuntos, no menos sociales, que inciden en mayor grado en la pobreza de la ciudad.

La alcaldía no ha prestado suficiente atención al proyecto de transporte masivo. Contratar estudios y sentarse a esperar sus conclusiones no basta. El eje de movilidad del Plan de Desarrollo permanece sin ejecutarse. Apenas acaba de posesionarse un Secretario de Tránsito que ha comenzado a hablar del Plan Maestro de Movilidad. La política de vivienda de interés social no marcha bien. El déficit de vivienda en Cúcuta es impresionante y los proyectos actualmente en curso son insuficientes.

Los viejos proyectos de las Zonas de Integración Fronteriza, la Zona Metropolitana Binacional, la Agencia de Desarrollo Local, la Zona Económica Especial de Exportación, la Zona Franca, el puerto seco, los proyectos de parques industriales y otras muchas estrategias ambiciosas de desarrollo local, están durmiendo el sueño de los justos.


De los servicios públicos no se dice nada. Que la operación del acueducto haya sido concesionada no exonera al Municipio de responsabilidad en esta materia, en la cual los graves problemas de siempre son peores cada año que pasa. Como reza la vieja consigna de la izquierda: indiferencia es complicidad.


Como los antiguos requerimientos en infraestructura y vías que hace décadas se hacían al Gobierno Nacional fueron conjurados con el placebo de San Simón S.A., que es sangre de nuestra sangre, sobre estos temas tampoco se dice nada. De vías urbanas, ni hablemos; y tratándose de salud y educación, no es mucho lo que hay que ver.

¿Que hay entonces para mostrar? Mayor población en la base de datos del Sisbén, un Sistema de Identificación de Beneficiarios de Subsidios del Gobierno Nacional, según reza su sigla, que no entraña en sí mismo la adjudicación de nuevos subsidios. Cupos de Familias en Acción, otra concesión del Gobierno Central, subsidios de mejoramiento de vivienda, el indispensable programa de pan y leche, y un largo etc.

Respetuosamente le sugiero a la Señora Alcaldesa que cambie de rumbo para que la ciudad no retrasase su desarrollo cuatro años. Las políticas asistenciales son indispensables, pero no curan los problemas. Si seguimos igual, cada vez será más cierta la frase irónica de alguien dijo para mofarse del referendo revocatorio: “No revoquen a la alcaldesa, porque ella no ha hecho nada”.



UFPS: Último presagio


Es muy probable que el fin de semana entrante la UFPS reelija como rector a Héctor Parra. Es extraño constatar el unanimismo en torno a su nombre y su gestión de nueve años llenos de luces y sombras. Puede decirse en favor suyo que la Universidad ha crecido, que tiene más programas y más estudiantes, que la calidad de su enseñanza resulta mejor que la de las restantes universidades regionales a la luz de las pruebas ECAES que practica el ICFES, y quizá lo más importante, que es la segunda universidad pública con las matrículas más bajas del país, por lo que es notable la presencia mayoritaria de estudiantes provenientes de los sectores más pobres de la ciudad. Paradójicamente, eso es poco frecuente en las universidades públicas colombianas, que se orientan predominantemente hacia los estratos medios.


En lo que a las sombras respecta, la rectoría de Héctor Parra merece críticas de fondo, que según mi modesto juicio, no se han planteado correctamente. El citado unanimismo en torno a su nombre remite a la Universidad las críticas que se le han formulado individualmente.


El centenar de docentes de planta de la UFPS son antiguos y poco calificados. Pocos entre ellos han tenido la posibilidad de posgraduarse en universidades prestigiosas. Más pocos aun son verdaderos productores de conocimiento científico, como se espera de un profesor universitario. Como son el estamento cuyo voto tiene mayor peso en la elección del Rector y gozan de plenas garantías para hacerlo con completa libertad, las virtudes y defectos de la persona a quien escojan reflejan las suyas propias.


Por eso, quienes no estén contentos con Héctor Parra, deben replantear su repertorio crítico y enfocarlo en los problemas de fondo de la UFPS, que no son precisamente los que señala el Doctor Luís Arturo Melo en sus recientes columnas. Los problemas son la pobre calificación académica de la planta docente, su escaso número habida cuenta de los casi quince mil estudiantes, y el creciente aislamiento entre la Universidad y las empresas del departamento que usan tecnologías que podrían desarrollarse en la UFPS.


La Universidad debe renovar su planta docente y vincular jóvenes talentosos, ojala egresados de sus propias aulas, e invertir en su formación de posgrado en el país o el exterior. Debe integrarse mejor con las empresas regionales. El aprovechamiento social y económico de la Universidad no debe correr exclusivamente por cuenta de los egresados que salen a la calle a buscar cómo ganarse la vida. Se debe hacer un esfuerzo mayor por crear vínculos propios con las cadenas productivas del departamento, porque hasta hoy, el empeño que se ha puesto en lograrlo ha sido insuficiente.

Las críticas que se hagan a la UFPS tienen que convertirse en exigencias concretas de los gremios y la Gobernación, soportadas en compromisos recíprocos de financiación y cooperación en la formación de docentes.

Puesto que la baraja de candidatos a la rectoría incluye buenas opciones como Julio Foliaco, Marina Sierra y Adolfo Ibarra, resulta digno de poco crédito hablar de falta de democracia. El unanimismo en torno a Héctor Parra no puede interpretarse tampoco como falta de garantías.

Lo que pasa, sencillamente, es que tal como ha ocurrido con otras universidades públicas regionales, la nuestra ha tendido a utilizar sus fueros autonómicos y las facultades electorales de sus estamentos para preservar el bienestar de profesores, estudiantes y empleados.

Esa situación hay que modificarla. Una vez sea reelegido, el nuevo rector debe ser citado por la Asamblea Departamental e invitado por los empresarios del departamento a través de sus gremios más connotados, para que suscriba un compromiso público que lo obligue a condicionar sus actos no solo por las exigencias de un grupo de profesores acomodados y felices, sino también por una región que exige una Universidad competitiva que genere valor y conocimiento, para lo cual cito como ejemplo a la Universidad Industrial de Santander y la Universidad de Antioquia.



Mis presagios sobre la UFPS


Hay pocos abogados en Cúcuta tan estudiosos y tan comprometidos con la defensa del interés público como Luís Arturo Melo Díaz. Esos dos rasgos de su carácter, sumados a la amistad que nos une, han hecho de mí un fiel lector de la columna semanal que publica en este diario y cuyos puntos de vista comparto casi siempre, salvo muy contadas excepciones, entre las que cuento su enfoque de los problemas de la UFPS.


Cuando hace algunos años era estudiante de la Universidad Nacional, compartía las críticas del Dr. Melo sobre los vicios de la política interna en las universidades públicas. Estaba convencido que el autogobierno, amparado por la Ley 30 de 1992, que las faculta para dotarse de estatutos que permiten la elección de sus rectores y decanos, por los profesores y los estudiantes, las llevaría a reproducir los vicios de la política tradicional.


Pocos años más tarde, siendo docente de la UFPS, y después de conocer algo de la política cucuteña, mi percepción del problema cambió radicalmente. Pese a que constato la presencia de las costumbres de la política tradicional en la política universitaria, me parece muy bueno que la Ley 30 aísle los dos escenarios. Imagínense ustedes, que saben lo que ha pasado con la política regional en las dos últimas décadas, quiénes habrían podido ser los rectores de la UFPS y a qué intereses habrían estado sujetos, si en lugar de ser elegidos internamente hubieran sido nombrados por los gobernadores, como ocurría hasta hace quince años.


Patrocinio Ararat y Héctor Parra, los dos rectores que ha tenido la UFPS desde 1994, y que no han sido malos aunque habrían podido ser mejores, han obedecido antes que nada a intereses ligados a los estamentos y las personas que integran la Universidad. Será lamentable que hayan surgido facciones vinculadas a personas y no a ideas sobre el desarrollo y la misión de la Universidad, como cuando se habla de “parristas” y “patrocinistas”, pero eso muestra hasta qué punto es difícil, incluso dentro de una Universidad donde el que menos educación ha recibido a lo menos es bachiller, deshacerse de las estructuras inveteradas que caracterizan nuestra política en todos sus ámbitos.


Pero por fortuna, las elecciones internas de la UFPS tienen lugar aisladamente, en medio de las garantías que ofrece la condición casi intangible de sus empleados y docentes de planta. No debería ser así, pero solo la jubilación o la muerte cesan los vínculos laborales con la Universidad. Por consiguiente, y algo parecido ocurre con los estudiantes, gozan de entera libertad para votar por quien les plazca.

Esta circunstancia ha convertido a los rectores de la UFPS en custodios de intereses de profesores, estudiantes y empleados que, aun cuando no se identifican plenamente con el desarrollo regional, al menos la han preservado de la suerte que corrió la Universidad de Pamplona, donde un rector impuesto por el gobernador de entonces, autoritario y poco amigo del consenso, la administró con la irresponsabilidad que denuncian los artículos publicados en la separata que circuló en la pasada edición dominical de este diario.

El problema de la UFPS no puede reducirse a pormenores del Derecho Administrativo. No es si el Gobernador asistió personalmente al Consejo Superior o delegó a alguien. También es un error señalar a Héctor Parra, cuando el balance de su administración es bueno.


Los dos problemas de la UFPS son la cobertura y la calidad. Sigue siendo muy pequeña, a pesar de ser la más grande del Departamento, y su educación es de regular calidad, aun cuando es holgadamente la mejor de la región. La responsabilidad de esos dos problemas atañe principalmente a sus profesores de planta, que deben renovarse y cuyo número debe crecer, y al gobierno y los empresarios de Cúcuta y Norte de Santander, que no le han dedicado a su Universidad la atención que merece.



El contradictorio liderazgo paisa


Las particularidades de la cultura y la ética del trabajo de los antioqueños siguen siendo un campo de estudio poco explorado, sobre el que la política nacional se convierte una vez más en una importante fuente de indicios.


Los antioqueños acechan la Presidencia desde todos los flancos. Álvaro Uribe, Andrés Felipe Arias y Noemí Sanín, desde la derecha conservadora y tradicionalista. Sergio Fajardo y Aníbal Gaviria desde un centro tan oportunistamente puro que ni siquiera les permite tomar una posición clara ante el gobierno. Carlos Gaviria, Piedad Córdoba e Iván Marulanda, desde la izquierda.

Aunque los aspirantes bogotanos como Rafael Pardo, Germán Vargas o Juan Manuel Santos tienen una gran opción, debemos estar preparados para que la Presidencia continúe en manos de un antioqueño y el país siga asimilando sin crítica alguna los rancios y tradicionales valores que le han dado tan merecida fama a Medellín en lo bueno y en lo malo.

El montañero con carriel y alpargatas, temerario, madrugador, perseverante y lleno de “verraquera”, ha sido fuente de inspiración de una contradictoria cultura de grandes empresas. Algunas buenas como las del Sindicato Antioqueño. Otras malas como las del Cartel de Medellín y la Oficina de Envigado. La misma verraquera de los campesinos andariegos que tumbaron el monte con el hacha que sirve de emblema a la colonización antioqueña es fuente de inspiración para Carlos Castaño Gil y Fernando Londoño Hoyos; para Carlos Gaviria Díaz y Piedad Córdoba.


Los maravillosos contrastes de Medellín tienen el mismo origen del liderazgo contradictorio de los políticos de Antioquia, y hacen parte de la identidad inconsciente de una ciudad que se enorgullece de las bibliotecas y los colegios monumentales que cultivan la educación y la libertad en medio de la Comuna Nororiental, proverbialmente conocida por la exclusión, la pobreza, la ignorancia y antes que nada por la violencia.


Nada más elocuente de la condición colombiana que Medellín. Ninguna ciudad más segmentada socialmente. Ninguna más opulenta y tranquila, y a la vez más pobre y violenta. Ninguna más culta y más ignorante. Ninguna que haya escenificado más genuinamente todas las contradicciones económicas, sociales, culturales y políticas del país; todas las guerras y todas las paces, desde la Independencia hasta hoy.


Álvaro Uribe encarna mejor que nadie ese espíritu antioqueño desbordado por la determinación pero sin un rumbo cierto, en donde la ética del trabajo solo responde a la voluntad autoritaria de sí mismo, que puede llegar a ser ajena al orden legal, como lo recomiendan las abuelas paisas: “Consiga la plata mijo, consígala honradamente. Si no, Consiga la plata mijo, donde no lo vea la gente.” Con este mismo principio se pudieron criar duplas paisas de pura cepa como Nicanor Restrepo Santamaría y Pablo Escobar Gaviria; como Carlos Gaviria Díaz y José Obdulio Gaviria. Unos hicieron su vida honradamente, los otros, donde no los vio la gente.


Colombia necesita empresarios y políticos emprendedores, pero no animados por una verraquera ciega que los empuja igualmente por el camino del cielo o del infierno, de lo cual es ejemplo singular el Presidente Uribe, un antioqueño verraco que está a punto de arruinar el frágil orden constitucional del país mientras obra enceguecido por el orgullo y una voluntad implacable. Concedámosle que en el terreno del orden público ha hecho méritos que no se libran de las contradicciones propias de sus métodos discrecionales, pero su verraquera desde hace tiempo está haciendo muchísimo daño.


Antioquia no dejará de ser admirable, quizá más que cualquier otra región de Colombia. Pero lo admirable no es precisamente la verraquera del macho del carriel, las alpargatas y el revólver que subyace al estilo autoritario, grosero e irrespetuoso de la Ley que se encarna en el Presidente Uribe. En cambio, me quedo con la Colonización Cafetera Antioqueña, con Fernando Botero y con los edificios y las plazas de Medellín.



Parque en Zona de Alto Riesgo


Frente a la Universidad Francisco de Paula Santander, colindando con la Avenida Gran Colombia al norte y la Avenida 12E al occidente, se encuentra un extenso predio conocido como la Cancha del Colsag, que durante más de cincuenta años ha sido una zona de uso público, empleada como escenario deportivo y lugar de recreación por muchísimas personas durante ya varias generaciones.

Como si cinco décadas no bastaran para consagrarla como patrimonio de los deportistas cucuteños y los vecinos del barrio, ahora resulta que en virtud de unos títulos, digamos que discutibles, la Cancha ya no es zona de uso público sino parte de la Sede No. 2 del Instituto Técnico Mercedes Ábrego, un colegio oficial colindante.

El estudio de los títulos del predio, que si englobara la Cancha del Colsag junto con las instalaciones de la citada institución educativa comprende una manzana de 11.636 M2, causa dudas inquietantes. Los terrenos del Barrio Colsag eran una antigua propiedad de la empresa Colombian Petroleum Company, que los utilizó para construir las residencias de sus trabajadores. En 1954 la compañía transfirió al Municipio de Cúcuta una pequeña parte de esos terrenos para la construcción de una escuela. Eran 1431 M2 ubicados en lo que se conocía entonces como la Zona Verde del Este, conformada a su vez por 11.636 M2 y que englobaba la actual Cancha del Colsag y la actual Sede No. 2 del Instituto Mercedes Ábrego. Con el paso de los años la escuela se extendió, y de la antigua Zona Verde del Este solo quedó lo que hoy conocemos como la Cancha del Colsag.


A quienes hemos sido usuarios habituales de la Cancha nos inquietó saber que el 26 de febrero de 2009, la Señora Alcaldesa de Cúcuta se presentó ante el despacho del Notario Segundo para hacer una “aclaración” del área contenida dentro de los linderos que señalaba la escritura de 1954. En virtud de dicha “aclaración” el predio resultante engloba ahora toda la manzana y tiene 11.636 M2, es decir, comprende el terreno de la Escuela cedido al Municipio en 1954, la Cancha del Colsag y los demás terrenos de la antigua Zona Verde del Este.


La legalidad del proceso notarial para “aclarar el área”, según reza la nueva escritura de 2009, concierne a los muchos abogados que seguramente se interesarán en este asunto. A los ciudadanos comunes y corrientes nos intranquilizan las consecuencias que puedan resultar de entregar la Cancha, tradicional zona de uso público durante medio siglo, a la administración y custodia del Instituto Mercedes Ábrego, de cuya rectora recibimos una comunicación el 23 de abril de este año dirigida a la Presidenta de la Junta de Acción Comunal del Barrio Colsag y respaldada por un oficio del Secretario de Educación, en donde solicita que los equipos de fútbol le rindan un informe sobre sus horarios de juego, lo que se convierte en un primer e inquietante efecto de la modificación del carácter de zona de uso público de la Cancha.


Durante varios años hemos visto como la Administración Municipal priva a la ciudad de sus zonas de uso público (v.gr. Parque de Alcalá, Parque Las Brisas, Bosque Popular, etc.) Basados en tales antecedentes los vecinos y usuarios de la Cancha del Colsag tememos lo peor. Estamos ante un concierto de voluntades administrativas (Alcaldesa, Secretario de Educación, Rectora del Colegio) que afirman unívocamente la condición de bien fiscal, desvirtuando su condición de bien de uso público, de 11.636 M2 de los mejores terrenos de la ciudad, donde el precio del suelo para construcción es superior a un millón de pesos por M2.

En Cúcuta cada día es mayor el déficit de espacios públicos. Los ciudadanos debemos defender los pocos que quedan. La Administración Municipal debe preservarlos, acrecentarlos, y evitar actuaciones que den lugar a sospechas.


Cúcuta necesita su Museo


Hace un par de semanas se inauguró el Museo del Caribe en Barranquilla. Seguramente se convertirá en emblema de una región que poco a poco ha ganado la batalla por crear una identidad cultural propia.


Los puntos culminantes de la cultura costeña, como la literatura de Gabriel García Márquez, Álvaro Cepeda Samudio y Raúl Gómez Jattin, su folckore y hasta su vocación empresarial representada por figuras como Julio Mario Santo Domingo, no son gratuitos. Son la terminación de las rutas de evolución de una cultura que se intenta recoger en el nuevo museo para mostrarla a propios y extraños, contribuyendo de paso a consolidarla.


La visita a los museos regionales, como el Museo de Antioquia, muestra cómo se han forjado los íconos de la cultura nacional a partir de las tradiciones culturales de cada región de Colombia. Las salas del Museo de Antioquia muestran el sendero que media entre los óleos de Cano y sus estampas de la Colonización Antioqueña, hasta los cuadros de Botero, que no resulta una figura generada espontáneamente, sino forjada en la tradición de otros pintores paisas, como Débora Arango o Pedro Nel Gómez, cuyas obras hacen parte de la secuencia cronológica que nos lleva hasta Botero y otros artistas más recientes.


Cuando una región toma conciencia de esas líneas evolutivas de su historia y su cultura, puede tener una idea más exacta de su propia identidad. Por eso Cúcuta necesita un museo que nos muestre quienes somos. Que nos muestre quiénes son nuestros artistas, nuestros poetas, nuestros pintores y nuestros músicos. Un museo que recoja las características de una historia social y cultural ignorada por mucha de nuestra propia gente. Un museo que muestre el origen de nuestra cultura cafetera; que revele los indicios ocultos de nuestra vocación agroexportadora que nos une de antaño con Maracaibo; que exprese el recorrido de nuestro desarrollo urbano a lo largo del siglo veinte; en suma, un museo que recoja los grandes rasgos de nuestros antecedentes históricos y culturales y nos sirva para proyectar el futuro.


El ejemplo del Museo del Caribe nos viene como anillo al dedo. Hace parte de un proyecto de renovación urbana que espera recuperar un sector muy importante de Barranquilla y el lote sobre el que se construyó fue donado por Julio Mario Santo Domingo, tal como ocurrió en Cúcuta cuando una empresa que hace parte de su mismo grupo económico entregó los predios de la antigua fábrica de Bavaria para construir un parque y un centro cultural y financiero en donde estaría el Museo de Cúcuta, según lo contemplaban los diseños originales.


La ciudad no puede admitir ningún pretexto que la despoje del Museo. No solo porque es una sentida necesidad, sino porque los cuantiosos recursos públicos originados en el impuesto de valorización que el Municipio aportó a la Corporación Parques de Cúcuta tienen el cometido de emplearse en un proyecto cultural no lucrativo, como lo decidió en su momento el Concejo Municipal.


Los amigos del Museo de Cúcuta estaremos pendientes de las discusiones públicas que ha promovido el Concejo Municipal sobre la Corporación Parques de Cúcuta. No podemos permitir el cambio de un museo por un hotel en virtud de razones que son propias de una empresa mercantil y no de un proyecto que no persigue el lucro pero que reporta enormes dividendos intangibles a la ciudad. 


Tampoco podemos permitir que ningún particular sustituya a la Corporación Parques de Cúcuta en el desarrollo de su objeto social, y menos que la Corporación comprometa dineros públicos para ejecutar actividades mercantiles ajenas a su compromiso con la ciudad.


Afortunadamente los organismos de vigilancia y control conocerán este caso. En sus manos queda la responsabilidad de deshacer las acciones que han comprometido indebidamente los recursos que Cúcuta necesita para invertir en su identidad, su historia y su cultura, así eso no parezca un negocio rentable.