ME QUEDO CON LOS COGOLLOS

Cuando Barack Obama anunció los nombres de las personas que integrarían su gabinete, muchos comentaristas consideraron que su gobierno sería muy influido por el ex presidente Clinton, puesto que no solo su esposa era la nueva Secretaria de Estado sino que buena parte de los demás integrantes del equipo de gobierno habían sido funcionarios del gobierno de Clinton.


Pasados unos meses después de la posesión de Obama, ya no se oye hablar de ninguna influencia decisiva del ex presidente a través de su esposa o sus antiguos funcionarios, sino simplemente de un nuevo gobierno inspirado por los principios propios de su partido y compuesto por una élite administrativa enraizada en el partido demócrata que por consiguiente también estuvo presente en el anterior gobierno de Bill Clinton, así como la administración de George Bush Jr. incorporó muchos funcionarios del gobierno de su padre.

Una de las misiones de los partidos políticos es, precisamente, incubar una élite administrativa que asuma la conducción del Estado después de una victoria electoral. Tan cierto es esto que muchos partidos, especialmente en los sistemas parlamentarios, tienen “gabinetes a la sombra” para relevar al partido de gobierno cuando pierde las mayorías parlamentarias. Además, como también ocurre en Colombia con los partidos tradicionales más uno o dos de los nuevos, cuentan con centros de estudio para incorporar a la política partidista personas formadas en las diferentes disciplinas que atañen a la administración pública, para que el partido y sus élites administrativas estén siempre listos para gobernar.


Los cambios bruscos de modelo político entrañan el riesgo de la transición de las élites administrativas. Un líder carismático como Hugo Chávez tuvo que sufrir mucho mientras consolidaba un equipo que le permitiera gobernar. Mientras tanto, la improvisación alcanzó a dejar una huella perdurable en su gobierno que todavía lo afecta. El actual discurso del chavismo, que pese a sus contradicciones ha sido especialmente afortunado en la política internacional, es el resultado de la maduración de una élite administrativa que apenas se consolida y comienza a descubrir su propio sentido después de diez años en el gobierno.


El problema que ha representado para Chávez tener que ensamblar sobre la marcha sus cuadros administrativos e ideológicos es semejante al que enfrentó Álvaro Uribe, aun cuando en éste último caso el modelo de cambio institucional fue mucho menos dramático, y sus cuadros surgieron de las mismas fuentes de formación de tecnócratas que aprovisionaban al Estado colombiano desde los días del ex presidente César Gaviria, cuando los egresados de la Universidad de los Andes se convirtieron en los ejecutores de las reformas neoliberales que a la postre fracasaron en el mundo entero.


Recientemente en la política colombiana han surgido propuestas que aun cuando pueden llegar a ofrecer mucho si logran incorporar sectores sociales que se sienten incómodos dentro de las estructuras de los partidos tradicionales, tienen el grave problema de la improvisación que entraña el hecho de construir una pirámide comenzando por su cima. Es el caso, entre otros, de personas como Sergio Fajardo y Antanas Mockus, cuyos empeños por crear una organización política parten de la afirmación de su propia aspiración presidencial. Si logran ser presidentes, enfrentarán desafíos fundamentales, como crear una élite que les ofrezca capacidad técnica y administrativa para gobernar, tendrán que definir el sentido político de su gobierno y, para colmo de problemas, entenderse con los partidos políticos ya establecidos que cuentan con una gran capacidad de ejercer oposición.


Guardadas las proporciones, en nuestro municipio ocurre lo mismo. Nuestra alcaldesa, que ganó las elecciones empujada por una ola de favorabilidad que no tuvo su origen en una estructura política de la que hicieran parte cuadros administrativos experimentados, ha estado condenada a la improvisación y a la carencia de un proyecto de desarrollo claro para la ciudad. Afortunadamente, le restan más de dos años y medio de su período, y su falta de experiencia es un defecto subsanable si es capaz de mejorar su criterio para escoger sus coequiperos.


22/4/09

¿QUÉ PASA EN EL PARQUE BAVARIA?

El día de ayer tuve la triste ocasión de plantearle al Concejo Municipal de Cúcuta mis observaciones sobre el proyecto “Parque Bavaria”, recientemente presentado al público en un acto llevado a cabo en la terraza del edificio de Comfanorte.

Hace un par de años se llevó a cabo un concurso público del cual resultaron los diseños de un edificio cuya licencia de construcción ya fue expedida por la Curaduría Urbana No. 1. Sin embargo, en la terraza de Comfanorte nos presentaron un proyecto distinto.

Sin que la Corporación Parques de Cúcuta haya dado a conocer las razones por las cuales se cambió el primer proyecto, cuyos diseños costaron una buena suma y estaban bastante adelantados, se presentó otro que aun no tiene licencia de la Curaduría y está enmarcado por una preocupante situación jurídica.

En 2006 el Concejo de Cúcuta autorizó al alcalde de ese entonces para que se asociara en nombre del Municipio en una corporación sin ánimo de lucro de carácter municipal que se llamó “Parques de Cúcuta”, a la que con autorización del Concejo Municipal se aportaron cuatro mil millones de pesos más cerca de cinco mil millones representados en los predios de la antigua fábrica de Bavaria. Aun cuando en dicha Corporación también estaban asociados la Cámara de Comercio y el Área Metropolitana de Cúcuta, sus aportes fueron insignificantes comparados con los del Municipio.


El objeto social de la Corporación Parques de Cúcuta es la construcción y administración de los parques y las zonas de recreación de la ciudad. Su primer cometido fue demoler la antigua fábrica de Bavaria. Una vez finalizó los trabajos de demolición hace ya varios meses, habría podido construir el parque y el proyecto del Centro Cultural y Financiero contando con sus propios recursos técnicos y económicos, asociándose, si lo estimaba conveniente, con un constructor de reconocido prestigio en el país o la región.


Sin embargo, la Corporación decidió tomar un camino distinto. A principios de este año se asoció con particulares para constituir una sociedad de responsabilidad limitada, a la que transfirió buena parte de su patrimonio. Esa sociedad limitada se encuentra fuera de la órbita del derecho público, no responde ante el Municipio, y para colmo de males las personas jurídicas que la integran merecen ser vistas con ciertas reservas, según mi humilde criterio.


Una de ellas es una sociedad anónima constituida en Panamá con diez mil dólares de capital y que resulta aportando mil ciento cincuenta millones de pesos a la Sociedad Parques de Cúcuta Ltda., que es la nueva responsable del desarrollo y ejecución del proyecto “Parque Bavaria”. Como testimonio de su solvencia presenta dineros y cupos de crédito en un banco de Barbados y cuatro millones de dólares en una firma de comisionistas de bolsa. Creo que los cucuteños deberíamos saber más sobre la identidad y la experiencia en negocios inmobiliarios de una firma de esta naturaleza. Otra firma que aporta una buena suma de dinero fue constituida menos de un año antes en Bogotá. En la sociedad Parques Cúcuta Ltda. los socios privados controlan el cincuenta y uno por ciento de su patrimonio y por consiguiente deciden la suerte del negocio.


Me pregunto si los gremios de la ciudad como Camacol y la Sociedad de Arquitectos han sido suficientemente informados de las operaciones comerciales de la Corporación Parques Cúcuta y de Parques Cúcuta Ltda. Me pregunto si no hay en la ciudad empresas constructoras e inmobiliarias serias y solventes, como para que haya que recurrir a unos panameños advenedizos que no conoce casi nadie y a una firma de arquitectos bogotana que apenas está cumpliendo su primer año de vida. 


Me pregunto si la Alcaldesa de Cúcuta sabe lo que está pasando y si conoce cabalmente la forma en que personas que gozan de su confianza están obrando en la Junta Directiva de la Corporación en representación suya y comprometiendo los impuestos de la ciudadanía cucuteña.


15/4/09

REGALÍAS: SEMBRAMOS MUCHO Y COSECHAMOS POCO

La bonanza de los hidrocarburos ha llegado a su fin y con ella los breves años en que nuestros pequeños capitalistas mineros despuntaron ricos en este empobrecido Departamento.

Los actuales precios del carbón, que no llegan a ser siquiera la tercera parte de los de hace un año, han dejado nuevamente al desnudo la precariedad de la minería local y las desventajas ostensibles de una región que nada vale para el Gobierno Nacional, que no solo la condena a ser poco competitiva cuando la excluye de los grandes proyectos de inversión en infraestructura con cargo al presupuesto de la Nación, sino que la esquilma haciéndola partícipe de negocios cuyas utilidades benefician primero a los amigos del Presidente y por último a nosotros, como ocurre con San Simón S.A.

Mientras más fino se hila más compleja se revela la constelación de intereses que acaban obrando en contra de esta región que no tiene cabida alguna en el corazón grande del Gobierno. Pese a que según dice el Evangelio “donde está tu tesoro, allí está tu corazón”, aquí no hemos podido hacer valer el tesoro de nuestros incautos votos, que en cada elección se los lleva gratis Uribe, así como los de nuestros simplones parlamentarios, con una sola excepción.


El caso de las regalías resulta ser uno entre otros muchos que ejemplifican este caso. Nuestra minería está arruinada. Sobreviven los pequeños capitalistas mineros que ahorraron y acopiaron en los meses de bonanza, mientras que los trabajadores rasos y sus familias están sufriendo las adversidades del desempleo.


Nuestra minería transita por caminos veredales y los centros de acopio se comunican con los puertos de Colombia y Venezuela por carreteras malas como las que van de Cúcuta a Ocaña y Bucaramanga, o la que va al Puerto de La Ceiba en Venezuela que obliga a costosos transbordos.


Pero todo esto es una vieja y conocida historia. Lo que se convierte en una nueva y seria acusación contra el Gobierno Nacional es la forma en que se grava nuestra minería, que siendo una de las menos competitivas por falta de compromiso de la Nación en el desarrollo de nuestra infraestructura vial, es la que proporcionalmente paga las regalías más altas del país.


Resulta francamente ridículo que la liquidación de la base grabable de las regalías de nuestro carbón sea definida a partir de la estructura de costos del Cerrejón y los yacimientos a cielo abierto que explota Drummond en el Cesar. Más inaceptable aun es que los parlamentarios de este departamento no hayan logrado variar esta situación, pese a su cercanía con el gobierno, que resulta gratuita a la luz de hechos como este.


La regalía que paga la minería del carbón a la Nación es el 5% del precio llamado de “bocamina”, que estima el Gobierno en 200.000 pesos por tonelada, cuando la estructura de costos local no alcanza a reportarle a los mineros ni siquiera 100.000 pesos. En otras palabras, los mineros de Norte de Santander tributan diez por ciento, el doble que en el Cesar o la Guajira, que transportan el carbón por tren hasta un puerto del que son propietarios y pagan tarifas preferenciales de embarque en buques de gran tamaño que surten mercados transatlánticos, logrando un precio de embarque muchas veces menor que el nuestro. 


Además, sus empresas mineras han sido favorecidas por un trato muy generoso del Gobierno Nacional, como nunca lo hemos visto aquí.

Ojalá nuestros parlamentarios hagan valer por una vez sus credenciales uribistas. No es justo que opere contra Norte de Santander un modelo de tributación regresiva que afecte a los mineros más pobres del país con las cargas impositivas más altas, al tiempo que el Departamento es objeto de muy escasos beneficios por parte de un Fondo de Regalías que se nutre también con nuestros aportes.


8/4/09

A MARCHAR CONTRA EL RUIDO

Mañana jueves a las 9:00 AM un grupo de ciudadanos marcharemos a lo largo de la Avenida Cero, desde la Avenida Libertadores hasta la Plazoleta de Telecom, para protestar contra el ruido y el irrespeto del Espacio Público.


La marcha fue promovida inicialmente por la Junta de Acción Comunal del Barrio Caobos – Libertadores, cuyos vecinos se han quejado desde hace años de la contaminación auditiva en las inmediaciones de sus viviendas y de las molestias que les causa la proximidad de discotecas y bares que expenden licor, consumido a veces en la vía pública por personas que convierten sus carros en bares y discotecas ambulantes.

La protesta ha despertado la atención de vecinos de muchos sectores de Cúcuta, como Natilán-Kennedy en la Ciudadela de Juan Atalaya, y los sectores aledaños a la Avenida Guaimaral, Niza, San Eduardo y El Llano, entre otros muchos que participarán en la marcha. Se le exigirá a las autoridades municipales y a la Policía Nacional que hagan cumplir algunas restricciones del uso comercial del suelo urbano residencial entre las cuales se encuentra la prohibición del funcionamiento de discotecas y expendios de licor en estos sectores.


Sin embargo, el problema de fondo que se esconde detrás de esta manifestación colectiva de descontento con el ruido y el expendio de licor en la vía pública no incumbe exclusivamente a la fuerza pública y la Administración Municipal. Este descontento ciudadano que se manifestará mañana en la marcha a lo largo de la Avenida Cero muestra que la ciudad no ha generado un consenso sobre su ordenamiento territorial y sobre la forma en que debe usarse el suelo urbano. Esta situación cobra importancia primordial para la actual Administración Municipal, en cuyo período vencerá la vigencia del actual Plan de Ordenamiento Territorial, lo que le otorga la enorme responsabilidad de diseñar el que nos regirá durante la próxima década.


La ciudad tiene que descubrir cuál es la vocación de cada uno de sus sectores, lo que solo se logra a partir de un consenso en el que participen todos los cucuteños, especialmente las asociaciones de vecinos y los comerciantes organizados, para que de ese acuerdo surja un Plan de Ordenamiento Territorial que respete todo el mundo, no solo porque así lo exija la Policía y el Municipio sino porque la ciudad esté de acuerdo.


Cúcuta tiene que decidir cuáles son sus sectores dedicados a la diversión nocturna, cuáles los dedicados al comercio y cuáles a la industria. De esa decisión mutuamente compartida pueden resultar, por ejemplo, planes de promoción comercial y turística de la ciudad que establezcan rutas de excursión peatonal para visitantes o residentes, como ocurre en todas las ciudades del mundo, grandes o pequeñas, que gozan de algún reconocimiento como lugares dignos de ser recordados en las guías de viajeros.


La marcha de mañana es un aviso que advierte sobre la inadecuada planeación de Cúcuta. Inicialmente, las autoridades deben reaccionar haciendo cumplir las normas actuales de uso del suelo y exigir que se respete el espacio público y el derecho a la tranquilidad de los vecinos maltratados por el ruido y el desorden. 
Pero además, la marcha nos recuerda que tenemos que sentarnos nuevamente a pensar en nuestro Plan de Ordenamiento Territorial, sobre el cual debemos ponernos de acuerdo todos, inicialmente para concebir cómo reorganizar la ciudad, y después para exigir que se cumpla.


1/4/09

EL SALVADOR Y LA VICTORIA DE FUNES

La importancia política de El Salvador desborda la pequeñez de su población y su territorio, y atañe especialmente a un país que como el nuestro ha sufrido una violencia guerrillera y paramilitar que hunde sus raíces en un Estado débil fundado históricamente sobre la exclusión y el atraso de la mayor parte de la gente.


El Salvador también está lejos de dejar atrás la pobreza y sus secuelas, pero en las elecciones de hace dos semanas cerró definitivamente el pacto que establece los cimientos de la reconciliación de su sociedad civil. Eligió como Presidente de la República al candidato de una antigua guerrilla convertida en partido político después de firmar la paz con el gobierno en 1992, y que desde entonces se enfrenta en las elecciones a otro partido, el mismo con el que firmó la paz, que en tiempos de la guerra civil sirvió de brazo político al paramilitarismo salvadoreño y había gobernado al país desde 1989.

Esa puerta de salida del laberinto del conflicto armado todavía no se abre en Colombia por culpa de la terquedad de una guerrilla cuya conciencia política quedó perdida en el pasado, y de un gobierno que persigue con la misma terquedad el espejismo de una guerra que no puede ganarse desde que se asoció con el objetivo inalcanzable de liquidar el narcotráfico.


Quizá la crudeza de la guerra salvadoreña convenció pronto a las partes de negociar pacíficamente el fin de un conflicto que llegó a las calles de San Salvador e involucró cientos de miles de combatientes en un territorio cincuenta veces más pequeño que el nuestro. Fue una guerra sin cuartel enmarcada por la Guerra Fría, en la que convergieron los intereses enfrentados de muchos otros países. 


Una verdadera guerra civil como nunca la ha vivido Colombia, de la que emergieron dos partidos que seguirán por muchos años marcados por el fuego de su nacimiento. Un fuego que ha vacunado al FMLN contra la tentación de convertirse en un cazador de oportunidades animado por la vanidad del poder, que ya ha ejercido durante varios años en la Alcaldía de San Salvador.

Durante las elecciones se trató de mostrar a Mauricio Funes como un instrumento de Hugo Chaves, pero la verdad es que la política salvadoreña dista mucho de parecerse a la venezolana. La candidatura presidencial del FMLN se forjó dentro de un partido político varias veces derrotado en elecciones presidenciales anteriores y precedido por una larga historia de luchas sociales que data de los años veinte.


Si es necesario compararlo con otros procesos políticos latinoamericanos resulta más parecido al Partido de los Trabajadores de Brasil, que a lo ocurrido en Venezuela, Ecuador y Bolivia, en donde el protagonismo no lo han tenido los partidos sino líderes carismáticos.

La experiencia salvadoreña resulta muy aleccionadora en Colombia. En primer lugar, muestra un caso ejemplar de solución de un conflicto armado que llegó a ser muchas veces peor que el nuestro. Le muestra el camino a una guerrilla que ha rehusado excelentes posibilidades de negociar la paz y convertirse en un partido político. Le muestra el camino correcto a un partido de izquierda, el Polo Democrático, que se consume en disputas internas alimentadas por el envanecimiento de sus dirigentes que en muchos casos han perdido de vista el interés público y se han dedicado a asuntos de provecho particular, como parece ocurrirle a los amigos del alcalde Samuel Moreno. Además, le muestra al actual gobierno colombiano que hubo una vez un país con un gobierno muchas veces más conservador, muchas veces más dependiente de los Estados Unidos y muchas veces más belicoso y corrupto, que llegó a concluir que la salida del conflicto debe negociarse porque los sacrificios que exige la negociación nunca son más costosos que los que exige la guerra.



25/3/09

ESPEJISMOS Y CONCEJOS COMUNITARIOS

No había cumplido un año el gobierno de Uribe cuando nombró a Salvador Arana embajador en Chile, pese a que durante un Concejo Comunitario celebrado meses antes alguien que había sido alcalde de El Roble, un municipio de Sucre, tomó la palabra y advirtió públicamente al Presidente de la República sobre la inminencia de su asesinato, del que responsabilizó al entonces gobernador Arana. Pero cuando el Presidente nombró a Arana embajador en Chile, le importó menos la fundada sospecha de su condición de homicida anunciada en el Consejo Comunitario, que la amistad con Álvaro García Romero, entonces senador y jefe político de Sucre, ahora acusado por la Justicia de varios delitos, entre ellos la complicidad en una masacre.


Desde entonces la reputación de los Consejos Comunitarios ha quedado en entredicho. Si acaso en algunos llegan a expresarse abiertamente los problemas de las regiones, su atención por parte del Gobierno se supedita a los intereses acomodaticios y utilitarios del Presidente, en provecho de los cuales el celo del interés público se convierte en un mero simulacro. Así lo prueba el Consejo Comunitario llevado a cabo en Cúcuta la semana pasada, que dejó translucir con tanta claridad la puesta en escena de los recursos de la simulación, que acertaba un columnista de este diario cuando dijo que después de despegar el avión presidencial, sus pasajeros seguramente se burlaron del auditorio que los había aplaudido, engañado por enésima vez.

Si los funcionarios del Gobierno que viajan con el Presidente son tan malos que merecen reprimendas públicas ¿por qué no son despedidos, en lugar de reprocharles su trabajo a donde quiera que aterrizan con Álvaro Uribe para celebrar un Consejo Comunitario? ¿Será que subyace un acuerdo sobre su puesta en escena?


El llamado de atención al Director del INCO y al Gerente de la Concesión San Simón no es convincente para quien se haya informado siquiera superficialmente de los términos de su negocio. El Gobierno ha ampliado discrecionalmente los compromisos y los generosos beneficios de una concesión que descansa en las manos de sus favoritos, entre los que se encuentra el contratista William Vélez, de cuyo favorecimiento en las licitaciones públicas han dado cuenta muchos editoriales de la prensa nacional (v.gr. “Los nuevos cacaos”. María Jimena Duzán. Semana 1378, 2008; “Un ‘cacao’ en la sombra”. El Tiempo. Sept. 2 de 2007).


¡Tantos reproches a estos personajes, sólo para preparar el terreno de una nueva ampliación discrecional de la concesión San Simón para incorporarle el tramo de vía entre Tibú y La Mata, y el peaje de Corozal! Nadie puede decir que los diez mil millones ejecutados en esa vía hayan mejorado significativamente una carretera que cuesta quinientos mil millones y de la que hasta el mismo Gobernador dijo que es completamente intransitable entre El Tarra y Convención. En un engañoso tono autocrático nuevamente el Presidente dio la orden de hacerla transitable para tractomulas (¡hágame el favor!) por cuenta de los cuarenta mil millones que restan, de los que ya se han destinado seis mil para finalizar el puente del aeropuerto.


A la reiteración de las habituales solicitudes siguieron las reincidentes promesas, que siguen consolando a una galería cada vez más ingenua. La Carretera Central del Norte lleva medio siglo a punto de terminarse. La de Ocaña, otra antigua demanda al Gobierno Nacional, quedó a punto de ser entregada a un concesionario para que cobre peaje y destine dineros locales a una vía nacional. La de Pamplona – Bucaramanga quedó otra vez supeditada a la promesa falaz y exagerada de la doble calzada.


Uribe ejerce algún efecto hipnótico al cual los nortesantandereanos resultan especialmente susceptibles. Por cuenta de la seguridad democrática ha creado un consenso autoritario en torno a un gobierno en el que la corrupción, el clientelismo y los vicios del autoritarismo superan lo que hemos visto antes. Los presidentes anteriores quizá no hayan hecho mucho más, pero ninguno de ellos nos ha creído tan bobos.



11/3/09