EL JUICIO A SANTOFIMIO

El fin del juicio a Alberto Santofimio ente los tribunales le da paso al juicio de la historia, que no se debe referir a él exclusivamente, sino a una generación entera de colombianos.

Aun cuando la muerte de Luís Carlos Galán pudo haberle convenido, tal vez no fue Santofimio quien determinó su asesinato. Durante el gobierno de Virgilio Barco se desató la guerra abierta entre los carteles del narcotráfico y el Estado, para desgracia de centenares de colombianos que habían establecido sólidos compromisos con narcotraficantes o contrabandistas, que eran vistos con simpatía en muchas regiones de Colombia.


Entre los políticos que propiciaron la ruptura entre el Estado y las organizaciones de empresarios ilegales estuvo Galán. El asesinato de Rodrigo Lara, ministro galanista durante el gobierno de Betancur, fue el presagio de su muerte, anunciada por su radical oposición a los carteles. Escobar, il capo di tutti capi, estaba lo bastante enemistado con Galán para tomar la decisión de asesinarlo sin que tuviera que recibir insinuaciones de nadie.


Santofimio es culpable de ser amigo cercano y socio político de Pablo Escobar Gaviria. Santofimio como político y Escobar como narcotraficante, cada uno condenado por las expectativas y las reglas propias de su negocio, se asociaron para juntar los caudales del poder y del dinero en aras del mutuo beneficio. Ninguno ignoraba nada del otro, ni de su oficio, ni de sus pretensiones. Si eso hace culpable a Santofimio ante el tribunal de la historia, la misma suerte deberían correr miles de políticos y ciudadanos colombianos de todas las condiciones. Desde algunos casi anónimos hasta varios que han llegado a ser Presidentes de la República.


La severidad del juicio histórico contra los políticos amigos del narcotráfico merece atenuarse por el hecho incontrovertible de que la criminalización de ese negocio obedeció a una lenta imposición. Cuando Alfonzo López aceptó que el Banco de la República cambiara, sin hacer preguntas, los dólares de los exportadores de marihuana de la Costa Atlántica, entre los cuales seguramente habían muchos amigos de sus tiempos de gobernador en el Cesar, nadie lo señaló como cómplice del narcotráfico, porque ese delito se trataba con una indulgencia parecida a la que merecían los contrabandistas que como Rafael Escalona se iban cantando en su Chevrolito hasta Maracaibo a negociar.


Apenas comenzaba a presagiarse la dimensión de la tragedia nacional que sería el narcotráfico cuando el padre del Presidente Uribe ya era íntimo amigo de Don Fabio Ochoa, reconocido narcotraficante, mientras que Belisario Betancur vacilaba en sus estrategias contra el comercio de la droga. En la segunda mitad de su gobierno decidió con firmeza poner al Estado al servicio de la represión frontal al narcotráfico y restablecer la extradición como lo solicitaba Estados Unidos, después que su Ministro de Justicia se aventuró solitariamente en una cruzada contra los carteles y murió asesinado.


Pese a que el Presidente Barco le declaró la guerra a muerte a Pablo Escobar, todavía vacilaba la posición del país ante el narcotráfico en 1991, cuando la Asamblea Constituyente, al atender algunos de sus miembros criterios nacionalistas, y criterios pecuniarios otros, decidió prohibir la extradición, mientras que el Presidente de entonces le daba a Escobar una cárcel dorada y beneficios penales. Y aun pasando todo lo que pasó, todavía flaqueaba ante el narcotráfico, ya de forma muy privada, un candidato que luego fue Presidente.


Alberto Santofimio debería estar en la cárcel, pero no por homicida. Y no debería estar solo, sino rodeado de toda una generación de cómplices de un delito que nos impusieron, cuya esencia merece plena indulgencia, pero cuyas formas son detestables.


1/11/08