NINGUNA NOVEDAD

Al libro que recoge las memorias de la corrupción pública acaba de añadírsele otra página, esta vez dedicada al Presidente del Senado, de quien se supo que recibió doscientos cincuenta millones de pesos de alguien señalado como uno de los autores del robo a la Caja Nacional de Previsión mediante el cobro de pensiones ilegales que suman decenas de miles de millones. Para colmo de males, a cambio del dinero, el Presidente del Senado aceptó convertirse en cabildero de los intereses ilícitos de su mecenas ante el Director de Cajanal.

Aunque esta historia pueda ser una novedad para la Justicia, no lo es ni siquiera para los ciudadanos más pobremente informados sobre la vida pública nacional, quienes saben desde antaño que el tráfico de influencias, la mediación en favor de intereses privados y el peculado, son piezas insustituibles de la maquinaria del clientelismo que ha ayudado desde siempre a tejer las relaciones entre el Estado y la política.


El agravamiento de estas características inveteradas del clientelismo parlamentario durante la administración de Álvaro Uribe tampoco es ninguna novedad para quienes tenemos serias reservas sobre los métodos de los que se ha servido para lograr los magros éxitos de su gobierno, que han sacrificado los ya de por sí restringidos criterios de idoneidad profesional o ética con base en los cuales se hacían nombramientos o se establecían los términos de la contratación pública, en favor de criterios que corresponden exclusivamente a la lógica del clientelismo, con base en los cuales el gobierno ha conformado sus mayorías parlamentarias, presididas por el Senador protagonista del reciente escándalo.


Para quienes han advertido el modo en que el gobierno ha favorecido la llegada de sus partidarios a las Altas Cortes, tampoco será ninguna novedad que más adelante sean los propios Magistrados quienes escriban páginas memorables en el libro de los escándalos impunes de la corrupción pública colombiana.


Por lo visto, en sociedades como la nuestra la ley penal no sirve para establecer prohibiciones sobre conductas excepcionales que se consideran inconvenientes para la sociedad, sino para darle forma a una gran simulacro vacío cuya forma todos respetan pero en cuyo contenido nadie cree. Todos saben que el clientelismo impone las reglas de la política, pero públicamente todos hablan como si no fuera así. Todos saben que las campañas de los parlamentarios pueden llegar a costar muchos centenares de millones que se recaudan como lo hizo el Presidente del Congreso, pero todos lo niegan en sus informes oficiales. Todos saben que los criterios para nombrar y contratar obedecen a los intereses de las clientelas políticas, pero todos hablan el lenguaje simulado de la meritocracia, que se oye especialmente vacío cuando lo emplea el Presidente de la República.


El caso del Senador Andrade puede violar la ley, pero no es ninguna excepción de la regla general. La excepción sería que hubiera financiado su campaña tal como lo dice su informe de gastos, en el cual nadie creería. En otras palabras, nuestra ley penal no castiga la violación de la Ley sino la profanación del simulacro de la legalidad, porque en el fondo todos sabemos que hay leyes que violan casi todos los parlamentarios cuando son tentados por el cohecho, no solamente Yidis Medina, cuya imprudencia rompió el encanto del simulacro.


Tiene razón Antanas Mockus cuando concluye que nuestro problema radica en el divorcio entre la Ley, la Moral y la Cultura. En una sociedad avanzada, hay una gran convergencia entre ellas. Entre nosotros, esa convergencia es puramente simulada, lo cual no es ninguna novedad y será un problema persistente mientras nuestro gobierno profese adicción por los simulacros.


21/10/08

¿QUÉ NOS PASA SI GANA OBAMA?

La dificultad para entender la compleja política de Estados Unidos, tan ajena a los latinoamericanos, nos ha conducido a simplificar nuestra interpretación de Barack Obama, a quien vemos solamente como el primer negro con grandes posibilidades de ser presidente de ese país. Afortunadamente, una de las consecuencias favorables que ha traído la reciente crisis del mercado financiero mundial es que ha obligado a los demócratas y a los republicanos a esclarecer sus posiciones, especialmente en lo que respecta a la política económica, facilitándonos comprender sus ideas.

Los recientes debates entre los candidatos, que han tenido como eje la crisis financiera, le han permitido a Obama afianzarse en sus ideas liberales. Entre los norteamericanos ser liberal se asocia a dos clases de posiciones políticas. En el terreno de la economía, el liberalismo se asocia con la intervención y la regulación de los mercados mediante herramientas como los impuestos y el gasto público. Los liberales como Obama proponen cobrar más a los ricos y gastar más en los pobres, mientras que los conservadores como McCain prefieren cobrar y gastar lo menos posible. En el terreno de la cultura, el liberalismo se asocia con la defensa del derecho de los individuos a expresarse y actuar con la mayor libertad posible, lo que indigna a los conservadores tradicionalistas como la vicepresidenta de McCain, que sueñan con un país anclado en los valores históricos y religiosos tradicionales.


Aunque la campaña se ha referido muy poco a la política exterior norteamericana, entre los demócratas se advierte la proclividad a la aceptación de un sistema internacional multilateral cuyo instrumento de poder más importante no sea la capacidad de intervención de una superpotencia, sino las decisiones de los organismos internacionales. Uno de los políticos norteamericanos más importantes del partido demócrata y defensor radical del multilateralismo es Bill Richarson, actual gobernador de Nuevo México, quien muy seguramente tendrá una enorme influencia en la política exterior si Obama gana las elecciones. La radicalidad de Bill Richardson en materia de política exterior, que en la campaña ha tratado disimularse tanto como la radicalidad de Obama en la misma materia, llega hasta el punto de exigir el sometimiento de los Estados Unidos a la Corte Penal Internacional y al Protocolo de Kyoto.


Cuando Obama dijo que se sentaría a hablar “sin condiciones previas” con el gobierno de Cuba y de Venezuela, hay que creerle. Desde la administración de Clinton, los demócratas han visto con buenos ojos la existencia de un bloque suramericano y la presencia de Brasil en el Concejo de Seguridad de la ONU. Venezuela se ha convertido en un país con una diplomacia audaz que junto con su riqueza energética lo hacen digno de ser tenido en cuenta por la política exterior demócrata. Muy probablemente el gobierno venezolano lo entenderá y propiciará una distención que ya se deja ver en el prudente silencio de Chávez sobre la campaña norteamericana.


En medio de la crisis económica que afrontará el nuevo gobierno, que muy posiblemente será demócrata, la distención de las relaciones con Venezuela será un excelente pretexto para justificar la reducción de la ayuda militar a Colombia, lo que podría producirse en medio del fortalecimiento de la política exterior multilateral en Suramérica. La consecuencia de todo esto será que hay que estar preparados para el diálogo con lo mucho o poco que quede de la guerrilla después de los ocho años de Uribe, y para la presencia de varios países vecinos, entre ellos Venezuela, como factores importantes de esa negociación.


Ojalá para ese entonces tengamos un gobierno tan próximo a los demócratas como ha sido el de Uribe con el fracasado gobierno republicano.


14/10/08

¿PRISIÓN PERPETUA A LOS VIOLADORES?

Qué bueno sería que con la misma convicción y la misma ardiente coincidencia de criterio con que miles de colombianos piden la prisión perpetua para el hombre que asesinó en Chía a su hijo de once meses, se pidiera un castigo igual para otros delitos que ocurren cotidianamente y que conllevan una carga de infamia que debería dolernos aún más, porque no son el resultado del desenfreno de un psicópata de los que existen en cualquier país del mundo, sino de la ruina de un país con nombre propio.

Por ejemplo, si como ya sospechan los medios de comunicación y la Fiscalía, existen bandas criminales capaces de raptar a una persona y venderla como si se tratara de un objeto, para que miembros del ejército la asesinen y la muestren como un trofeo de guerra, la sociedad colombiana acusa una grado de enfermedad semejante al del padre que ahorcó a su hijo en Chía.


La enfermedad la agrava la actitud de quienes ignoran semejante escándalo, revelador de nuestra desintegración social y del grado de irrelevancia de la vida humana como valor fundamental, y dejan silenciar su eco por una noticia que, aunque se refiere al lamentable caso del homicidio de un niño que merece castigarse ejemplarmente, no toca tan directamente nuestro problema como sociedad.


En lugar de pedir la merecida pena de prisión perpetua para el homicida infantil de Chía, debería pedirse ese castigo para quienes raptaron jóvenes pobres y desempleados en Soacha para venderlos a sus asesinos, que los presentaron como paramilitares abatidos en combate.


Tampoco se ha pedido la prisión perpetua para los responsables del genocidio que causó el paramilitarismo, ni para los jefes del paramilitarismo o de la guerrilla que son responsables del desplazamiento y la miseria de varios millones de campesinos.


En cambio, si se ha pedido la prisión perpetua para el secuestro, delito que pese a su notoriedad y a sus características especialmente inhumanas y crueles que en muchos casos bien merecen ese castigo para sus autores, no se compara con el genocidio y el desplazamiento de millones de personas.


La sociedad colombiana se ha desintegrado tanto que ya no siente la enfermedad que representa para sí misma sus millones de pobres, desempleados y excluidos, muchos de los cuales no han tenido más remedio que convertirse en guerrilleros, paramilitares, raspachines o soldados rasos. Esa sociedad disgregada que vive a espaldas de su propia miseria solo coincide en su reacción contra las amenazas que pesan sobre cada individuo o cada familia considerada particularmente. Teme el secuestro de un familiar. Teme la violación de un hijo pequeño. Pide la prisión perpetua para los secuestradores y los violadores, pero le no preocupa que en Colombia la vida valga tan poco como para hacer posible el caso de los jóvenes de Soacha que aparecieron muertos en Ocaña.


Haciendo gala de esa misma indiferencia, el Presidente de la República extraditó a personas que habían confesado miles de asesinatos en Colombia para que fueran juzgados en Estados Unidos por narcotráfico, mostrando claramente que el castigo por la coca que exportaron a ese país prevalece sobre el que la justicia colombiana ha debido imponerles por genocidas. La vida de sus víctimas tampoco valía mucho para el Gobierno Nacional.


Si así se conduce el Presidente de la República y la clase media colombiana que lo respalda mayoritariamente, no debe extrañarnos que se sigan viendo casos parecidos al de Soacha y Ocaña.


Mejor sería pedir la prisión perpetua a los violadores, no solo de niños, sino también de los Derechos Humanos.


14/10/08

SI TIENE CARRO, PAGUE

Acaba de aparecer un excelente documental en Discovery Chanel, que será presentado durante octubre, sobre el problema del transporte urbano en Sao Paulo. Las figuras centrales del programa son Jaime Lerner, el famoso exalcalde de Curitiba, y Enrique Peñaloza, quienes junto con otros expertos en urbanismo estudian las experiencias de Ciudad de México, Bogotá, Londres y Curitiba, como fuente de soluciones para el problema de Sao Paulo.

La conclusión del documental es que la movilidad mejora cuando los ciudadanos utilizan el transporte público y dejan el carro en la casa, lo que ocurre solo si el transporte público es rápido y de alta calidad, de lo cual Transmilenio es un buen ejemplo para las ciudades que no tienen dinero para construir y mantener un metro, que requiere del permanente subsidio estatal.


La otra conclusión, también alcanzada en el reciente evento “Bogotá 2038: Foro por una Ciudad Global” del que aparece un informe en la revista Dinero (Sept. 26/2008 Pgs. 53-58), es que en la misma medida en que mejore el transporte público, la ciudad debe incrementar los impuestos por el uso del carro particular, a propósito de lo cual el caso de Londres es ejemplar: cuando se extendieron y mejoraron las líneas del metro y de buses, el peaje urbano por ingresar con carro particular al centro de la ciudad llegó a costar 20 dólares.


Puesto que generalmente las ciudades crecen en anillos alrededor de un centro administrativo y de comercio que se congestiona progresivamente, los peajes urbanos deben recaudarse en las vías ya construidas de acceso rápido al centro, lo que fomenta el uso del transporte público. Según esta fórmula, los peajes que tenemos en Cúcuta son anti técnicos. No están sobre nuevas vías y hasta la fecha las únicas obras que existen por su cuenta son la ampliación de las casetas de cobro.


Aunque la experiencia de Londres o Sao Paulo parezca alejada del caso cucuteño, la verdad es que tenemos los mismos problemas. Cúcuta tiene unas dimensiones parecidas a las de Curitiba, la ciudad en la que hace treinta años se inventó el sistema de transporte que luego se copió en Bogotá (Transmilenio), México, Santiago y hasta en Yacarta. Su principio es desestimular el transporte privado en favor del público, otorgando exclusividad en las calles a la circulación de los buses articulados y reformando el sistema de propiedad de las flotas de buses convencionales para disminuir el número de microempresarios transportadores y conductores con salario a destajo que generan la guerra del centavo.


Un célebre economista del siglo XIX dijo que las sociedades más desarrolladas le muestran a las menos desarrolladas la imagen de su propio futuro y el camino para alcanzarlo. Por consiguiente, lo que hay que hacer en Cúcuta en materia de tránsito ya está inventado. Nuestro problema de congestión en las calles del centro, que hace que trayectos muy cortos se recorran en 45 minutos durante las horas pico, tiene mucho que ver con el exceso de carros, cuya adquisición es estimulada por los bajos precios de los vehículos y la gasolina en Venezuela.


Ante las dificultades que ha tenido el Pase Amigo, el municipio necesita expertos en derecho tributario que se ingenien la forma de diseñar y cobrar algo que se parezca a un impuesto de rodamiento. Necesita también con urgencia establecer restricciones al tráfico como el “pico y placa”, pero antes que nada necesita una reforma profunda y expedita del sistema de transporte público. Las recetas para lograrlo se conocen desde hace mucho tiempo, pero se necesitan técnicos y funcionarios competentes que al menos sean capaces de copiarlas de donde ya existen.


14/10/08