DIZQUE CARLOS OSSA LA FUMA VERDE

La Senadora Gina Parody denunció hace poco la presencia de simpatizantes de la subversión en la Universidad Distrital. Encontró unos videos, que estaban en YouTube desde hace seis meses, en donde se ven encapuchados dirigiéndose a los estudiantes ante la presencia de Carlos Ossa Escobar, rector de esa universidad. Si internet fuera más viejo, la Senadora podría haber encontrado videos parecidos de hace cien años.

En América Latina las grandes universidades públicas han sido fuente permanente de crítica política y el origen de transformaciones sociales que han modernizado el continente, especialmente desde cuando se produjo un gran movimiento de protesta universitaria en Argentina que tuvo como epicentro la Universidad de Córdoba, en 1918. El núcleo de las reivindicaciones estudiantiles de aquella época era la autonomía de las universidades respecto de los gobiernos, lo que desde entonces se convirtió en un principio fundamental de todos los estatutos universitarios públicos y privados, que durante décadas preservó a las universidades de la influencia de los regímenes autoritarios que caracterizaron el siglo XX suramericano, permitiéndoles ejercer un papel crítico en favor del restablecimiento de la democracia.


En virtud de su autonomía, las universidades designan sus propios rectores, generalmente mediante elecciones internas. En nuestro país, eso ha garantizado que las grandes universidades públicas tengan rectores escogidos dentro de su propio profesorado. Imagínense qué clase de manzanillo o qué intelectual deslucido y autoritario, parecido a Fernando Londoño o a José Obdulio Gaviria, habría nombrado nuestro presidente como Rector de la Universidad Nacional si hubiera podido hacerlo.


La autonomía ha consagrado la protesta social como una tradición íntimamente vinculada a las universidades. Por eso las revoluciones culturales de los años sesenta tuvieron como epicentro universidades de Europa y Norteamérica, y llegaron a nosotros a través de las universidades locales. Gracias al principio de autonomía, en muchas de las más prestigiosas universidades públicas de Estados Unidos hay intelectuales, de lo cual es buen ejemplo el famoso profesor Noam Chomsky del MIT, cuyas posiciones políticas desafían los intereses de su gobierno de una forma tan radical que no sería posible en nuestro medio. Por eso allá las universidades son la principal fuente de crítica al establecimiento, ayudando a preservar la libertad y la democracia.


Nuestros estudiantes participan de la personalidad contestataria propia de su condición en el mundo entero, y si entre ellos hay seguidores de una guerrilla decadente y premoderna que ya no cautiva casi a nadie, deben ser muy pocos. En cambio, son muchos los que demandan vivir en una sociedad en la que la injusticia, la desigualdad y la corrupción no sean vicios predominantes, y seguramente muchos simpatizan con ideas socialistas y demócratas. Nada de eso es extraño en nuestras universidades desde cuando los estudiantes de la Nacional marchaban en contra del gobierno de Rojas Pinilla.


La respuesta de Carlos Ossa Escobar a Gina Parody fue admirablemente certera (El Espectador, Sept. 12). Defendió el derecho a la libre expresión y justificó el anonimato que procura la capucha como forma excepcional de protección del denunciante político en Colombia. Eso seguramente no lo entiende una opinión pública proclive a la unanimidad, al conformismo y a la resignación.


Es cierto que la protesta estudiantil es digna de mayor crédito cuando se hace sin esconder la identidad, y le hace daño a las universidades cuando se asocia con la violencia. Pero la denuncia de la Senadora, al vincular las formas tradicionales de la protesta estudiantil con las Farc, lo único que muestra claramente es su irresponsable sentido utilitario de la oportunidad política y su incapacidad para ocuparse de asuntos mucho más importantes.


24/9/08

CÚCUTA D.F.

Por estos días una comisión creada por la Cámara de Comercio de Cúcuta discute sobre la forma en que la ciudad debe aprovechar la reforma constitucional de julio del año pasado que convierte al Municipio de Cúcuta en “Distrito Especial Fronterizo y Turístico”. Las propuestas que se han debatido, expuestas hace pocos días en un programa de la radio local, están limitadas por el hecho de que solo el Municipio de San José de Cúcuta se beneficia de la condición de Distrito Especial.

El nuevo Distrito podría traer beneficios importantes. Por ejemplo, la creación de un puerto seco en el que se facilite la concurrencia de los recursos logísticos que requiere el comercio internacional, o crear alcaldías menores dentro del actual municipio de Cúcuta y quizá conseguir un pequeño incremento de la participación del Municipio en los recursos de la nación.


Sin embargo, un distrito limitado a un solo municipio, por muchas facultades que tenga, no resolverá los problemas más graves que enfrenta el conglomerado urbano que se ha desarrollado en torno a Cúcuta en ambos lados de la frontera. Tal restricción podría superarse si los habitantes de esta región somos lo suficientemente ambiciosos como para que en la reglamentación del Acto Legislativo 02 de 2007 que crea el Distrito Fronterizo de Cúcuta, propongamos una reestructuración profunda de nuestro ordenamiento territorial metropolitano, como lo hico Bogotá hace más de cincuenta años.


Debería fusionarse dentro de un mismo distrito a los municipios que hoy integran el Área Metropolitana de Cúcuta, que se liquidaría para dar paso al Distrito Fronterizo de Cúcuta, integrado por los antiguos municipios del Área Metropolitana, ahora convertidos en Alcaldías Menores. El principal beneficio que derivaría de este proceso, a lo cual en buena medida debe su éxito el Distrito Especial de Bogotá, es el incremento del recaudo tributario y la mejor coordinación de su gasto. Todos los conglomerados urbanos en crecimiento tienden a desplazar población rica a suburbios que se encuentran en municipios vecinos de vocación rural, en donde pagan un impuesto predial muy bajo, como ocurre con muchos cucuteños que viven en predios que pertenecen a los municipios de Villa del Rosario o Los Patios. Si los antiguos municipios que hoy se encuentran integrados en Bogotá, como es el caso de Usaquén, actuaran como entidades territoriales independientes, el recaudo predial del sector de Usaquén, que es el más alto del Distrito Capital, sería susceptible de recibir un destino independiente al de los restantes municipios que comprenden el área metropolitana a la cual está integrado. Lo mismo ocurriría con otras decisiones administrativas, cuya difícil coordinación generaría situaciones de caos como las que vive Ciudad de México o Caracas, cuyo territorio urbano se encuentra fraccionado entre municipios independientes apenas vinculados por una junta de alcaldes metropolitanos similares a la que tenemos en Cúcuta.


Lo mejor que podría hacer la comisión que tiene en sus manos la propuesta de reglamentación del Distrito Fronterizo es cautivar la atención de los municipios que integran actualmente el Área Metropolitana e invitarlos a integrarse en el nuevo distrito en la condición de alcaldías menores amparadas por los beneficios de un nuevo ordenamiento territorial que dispensaría grandes beneficios, entre los cuales debería contarse la posibilidad de establecer formas de integración metropolitana con los municipios de Ureña y San Antonio, que en la práctica, hacen parte de nuestro mismo conglomerado urbano y por consiguiente, hacen parte también de la solución de los dos problemas más graves del presente y el futuro de la ciudad, que son la movilidad urbana y el suministro de agua. Ojalá el Distrito Fronterizo pueda contribuir a solucionarlos.


24/9/08

RITO ALEJO

El caso del ex general Rito Alejo del Río está destinado a conmover al país porque encarna la forma contradictoria en que la sociedad colombiana ha asumido la violencia paramilitar.

Después que el Presidente Andrés Pastrana lo desvinculó del Ejército por solicitud del gobierno norteamericano, se le tributó un homenaje en el Hotel Tequendama que contó entre sus oferentes a personas como Hernán Echavarría Olózaga, Plinio Apuleyo Mendoza, Fernando Londoño Hoyos y el entonces ex gobernador de Antioquia Álvaro Uribe. Para quienes conocían al general como el “Pacificador de Urabá” el desagravio era más que justo. El mismo Rito Alejo, que había convertido en obsesión personal la causa antisubversiva, quintaesencia del patriotismo para cualquier militar colombiano, debió sentir que se cometió un atropello cuando los norteamericanos y no la justicia colombiana o el gobierno nacional obedeciendo criterios propios, causaron su separación del ejército al señalarlo como violador de los derechos humanos y colaborador del paramilitarismo.


La misma obsesión antisubversiva de Rito Alejo la compartían Álvaro Uribe y Pedro Juan Moreno, Gobernador y Secretario de Gobierno de Antioquia, respectivamente, por los días en que el entonces General comandaba en Urabá la Brigada XVII del Ejército, y la compartía también gran parte del país que veía con indulgencia la cruzada del paramilitarismo, considerado un mal menor. Junto con la Gobernación de Antioquia, Rito Alejo promovió con entusiasmo la creación de las Convivir en un escenario que presenciaba el enfrentamiento de la guerrilla con muchas otras fuerzas que resultaron aliándose en la causa común de una guerra antisubversiva en la que todo se valía. La efervescencia del conflicto y la irresponsabilidad del Estado condujeron a que el ejército acabara asociado con paramilitares de Urabá como “El Alemán” y “HH”, que cometieron los peores excesos contra la población civil, aconsejados por el principio de “quitarle el agua al pez”.


Rito Alejo se involucró con todo aquel que pudiera ayudarle en su campaña. En su favor tal vez puede decirse que asumió el riesgo de ser la vanguardia visible de una guerra que tuvo casi todos sus promotores y concejeros en la sombra. Quizá a ellos se refirió hace pocos días cuando dijo “si a mí me detienen, no va a quedar títere con cabeza”, exhibiendo el sentimiento de rencor propio de quien se siente utilizado, que se advierte también en las declaraciones de algunos de los sometidos a la infructuosa Ley de Justicia y Paz.


La sociedad colombiana no fue capaz de asumir por sí misma la guerra contra la subversión y sus causas históricas, y prefirió librarla furtivamente con la ayuda de los paramilitares y sus recursos criminales. Pero Rito Alejo actuó con temeridad y fue de los pocos que puso la cara. Otros más previsivos, que a pesar de haber gobernado el departamento donde el General hacía de las suyas en compañía de sus aliados ilegales ahora simulan ser ajenos a sus pecados, entendieron la importancia de borrar las huellas de esa guerra ante la cual todos los medios se justificaban mientras se condenaba al Estado a debilitarse víctima de la sedición y la complicidad con los delitos del paramilitarismo. Hicieron borrón y cuenta nueva. Crearon la Ley de Justicia y Paz para los antiguos socios, utilizaron la extradición contra los que no se amansaron o prefirieron los beneficios de la ley de otro país, y consagraron la impunidad para quienes siempre estuvieron a la sombra. He ahí el grave error del General. No estuvo a la sombra y se dejó convertir en criminal de guerra.


9/9/08

OTRO PARQUE EN VENTA

No es fácil entender cómo de la noche a la mañana le aparece dueño a un parque que existe desde hace más de treinta años, como ha ocurrido con el que está ubicado sobre la Avenida Los Libertadores junto al Colegio Calasanz. A principios de los años ochenta, según consta en una placa, fue bautizado como Parque Francisco de Paula Andrade Troconis, en memoria del Ingeniero que trazó los planos de Cúcuta después del terremoto de 1875, gracias a cuyo diseño desde el inicio del siglo veinte la ciudad tuvo un aspecto moderno, con amplias avenidas como la Diagonal Santander, la Avenida Cero y el Canal de Bogotá, y grandes parques como el Santander, el Colón y el Mercedes Ábrego.

Irónicamente, el parque destinado a recordar la memoria del diseñador de la ciudad y de los excelentes espacios públicos de los que en algún momento disfrutó, está a punto de desaparecer víctima de la codicia privada y la indiferencia de sus vecinos, que por cierto, en muy escaso número se hicieron presentes el pasado domingo cuando se convocó una manifestación en contra de la concesión de la licencia para su cerramiento, como si a la gran mayoría de ellos no les importara que dentro de poco el parque de su barrio amanezca convertido en locales comerciales.

No es la primera vez que la ciudad presencia la arbitraria venta de un bien destinado al uso público. Ya ocurrió hace poco con el Bosque Popular, que no fue un caso aislado, sino el broche de oro que cerró una larga lista de bienes públicos enajenados ilegalmente por la pasada administración municipal por un valor muy inferior a su justo precio, ante el desinterés casi total de una ciudad que parecía resignada a sufrir los peores abusos. Lo que hace insólito el caso del Parque Francisco de Paula Andrade es que ahora no se trata de otra decisión ilegal de la administración municipal, sino de la aparición de un pretendido dueño que lo vendió hace pocos meses a alguien que quiere edificar en un predio que ya considera propio.

Además de estar atentos a la discusión jurídica sobre la dudosa legalidad de unos títulos que le atribuyen la propiedad a particulares, a los que se oponen otros documentos oficiales que demuestran la inveterada condición de zona de sesión y bien de uso público del Parque Francisco de Paula Andrade, los cucuteños debemos pronunciarnos colectivamente haciendo pública nuestra indignación ante la mezquindad y el irrespeto de personas que quieren despojar a la ciudad de un Parque que existe desde hace décadas.

Afortunadamente, en este caso la alcaldía ha decidido ponerse del lado del interés público, de lo cual da testimonio la presencia de la alcaldesa en la manifestación del domingo, en donde estuvo acompañada de los abogados que asesoran al municipio en este litigio. Ojalá que la Curaduría Urbana, los jueces y los urbanizadores entiendan también que muchos cucuteños anhelamos una ciudad que se precie de sus espacios peatonales, de sus árboles y de sus zonas verdes, que son ya muy escasos si se toma en consideración el número de habitantes de la ciudad.

Los invito a solidarizarse con la causa de quienes no queremos que los parques de Cúcuta sigan desapareciendo, víctimas de la alianza entre la avaricia de unos pocos y la indiferencia de la gran mayoría.

3/9/08