ESCÁNDALO TRAS ESCÁNDALO

Así como según el refrán cada día trae su afán, durante este gobierno cada semana trae su escándalo. Han sido tantos y tan graves que la cuenta se pierde. Últimamente está en boga el que protagonizó el hermano del Ministro del Interior, quien siendo Director Seccional de Fiscalías de Medellín fue sorprendido traficando influencias para un narcoparamilitar socio del famoso “Don Mario”.

Ante la gravedad de este nuevo escándalo, los partidos de oposición han pedido la renuncia del Ministro, lo cual no ocurrirá, porque tampoco han renunciado José Obdulio Gaviria, primo de Pablo Escobar Gaviria y cuyos dos hermanos estuvieron presos en Estados Unidos por narcotráfico, ni Álvaro Uribe Vélez, cuando durante su primera candidatura se denunció su cercanía con la familia de Fabio Ochoa, y se le recordó que en sus días como Director de la Aeronáutica Civil expidió licencias a avionetas de reconocidos narcotraficantes. Tampoco se ha inmutado ahora que su hermano Santiago y su primo Mario son sospechosos de levantar un testimonio falso contra un Magistrado sobornando a un testigo, según lo ha declarado el ex-paramilitar “Tasmania”.

Ante semejantes antecedentes la renuncia del Ministro sería una injusticia. Seguramente le aconsejaron que esperara una semana para que su escándalo fuera borrado por otro y se perdiera en la memoria de los pocos colombianos que siguen con atención el rosario de hechos escandalosos protagonizados por el Gobierno Nacional. Efectivamente, no tardó en surgir otro, que data de hace pocos días, cuando se supo que el abogado del temible “Don Berna”, y un conocido paramilitar, visitaron a altos funcionarios de la Casa de Nariño. Según EL Tiempo (26/08/08) lo hicieron para “entregarles grabaciones de video hechas clandestinamente a un investigador de la Corte, lo que (…) era una prueba de que el máximo tribunal buscaba testimonios que implicaran al presidente Uribe con el llamado escándalo de la parapolítica”, haciendo evidente una vez más la intención del Gobierno de desacreditar a la Corte Suprema de Justicia pagando el precio que sea, aun asociándose para ese efecto con delincuentes de la peor condición.

Afortunadamente el Presidente de esta Corte desató el escándalo en las vísperas de la visita al país del Fiscal de la Corte Penal Internacional Luís Moreno Ocampo, lo cual asegura que este episodio influirá en la decisión que la CPI tome sobre la conveniencia de su intervención en la “parapolítica”, para lo que resultará decisiva su valoración del grado de respeto al Estado de Derecho en Colombia, de lo cual habla muy mal la asociación entre delincuentes y altos funcionarios de la Presidencia para enlodar la imagen de la magistratura. La CPI ya había mostrado su preocupación por otro escándalo: la decisión presidencial de extraditar por narcotráfico a responsables de crímenes de lesa humanidad, concediéndole más importancia a unos cuantos kilos de coca que a miles de colombianos asesinados por el paramilitarismo cuyos crímenes quedaron pendientes de justicia y reparación. También le interesa evaluar el grado de responsabilidad que algunos procesados por la parapolítica pudieron tener en los crímenes del paramilitarismo, por lo que ve con suspicacia las recientes concesiones de libertad de nuestra fiscalía a varios connotados parapolíticos, lo que constituye otro escándalo nacional, esta vez por omisión.

Sin embargo, el mayor escándalo en el transcurso de este gobierno no es responsabilidad del Presidente, ni de sus funcionarios más cercanos. Es fruto de la inconsciencia de la opinión pública colombiana, que sigue respaldando mayoritariamente un gobierno cuyo único acierto relativo, el de la seguridad democrática, se opone a docenas de ostensibles y escandalosos desaciertos.

27/8/08

EL CENTRO ES EL PURGATORIO

Ojalá sea cierto que en breve Ecopetrol podrá importar gasolina venezolana para venderla en la frontera. Por fin habría dinero de la sobretasa a la gasolina para reparar lo que en Cúcuta con mucho acierto llamamos “malla” vial, porque al igual que una malla, está llena de huecos. Como en Cúcuta hay pocos carros de matrícula colombiana abastecidos con gasolina nacional, en la misma escasa proporción se recauda el impuesto de rodamiento y la sobretasa a la gasolina, no son muchos los que tienen autoridad moral para exigirle al Municipio que nuestras calles y avenidas sean como las de Bucaramanga. Mientras no haya sobretasa a la gasolina importada, habrá huecos.

Afortunadamente no todo lo que perjudica al tránsito cucuteño se soluciona con dinero. Sus problemas más graves son puramente administrativos y sus soluciones ya fueron inventadas hace años en otras ciudades, para fortuna de los cucuteños y de los funcionarios de la Secretaría de Tránsito que solo tienen que “cortar y pegar”, como se dice en la jerga de los computadores.

Entre dichos problemas administrativos se cuenta la anarquía del tráfico de vehículos públicos y privados que ha convertido el Centro en algo que se debe parecer al Purgatorio. Ya es hora de establecer el “pico y placa” para los carros particulares, como medida transitoria mientras se emprende una reforma profunda del sistema de transporte público. La ciudad no soporta más busetas viejas entregadas a la guerra del centavo cuando desde hace años ciudades como Bogotá y Medellín han diseñado formas más racionales para administrar el transporte público en busetas, modificando el régimen de propiedad de las flotas, asalariando a los conductores para que manejen sin afanes respetando los paraderos y creando un sistema centralizado de recaudo y preventa de los pasajes.

Aun aquellos a quienes nos desagradó la pasada administración municipal, debemos reconocer que puso de acuerdo a los transportadores para crear la empresa operadora de un sistema de transporte masivo que podría ser también el punto de partida de una reforma al transporte público en busetas. No es justo que un trabajador residente en un barrio distante del Centro tenga que padecer el castigo diario de dos horas metido entre una “lechuza” vieja, que escarmienta a quienes lleva adentro y también a quienes están por fuera sufriendo los rigores del atasco bajo el sol radiante del mediodía cucuteño.

Adicionalmente, las Secretarías de Tránsito y de Planeación deberían proponerle al Municipio un plan de exenciones tributarias que invite a los propietarios de lotes ubicados en el Centro a construir parqueaderos de varios niveles, tal como se hizo en Bogotá para hacer posible que miles de vehículos pudieran estacionarse sin ocupar espacio en las vías, como frecuentemente tenemos que hacerlo en Cúcuta desde los tiempos remotos en que los parqueaderos se saturaron y es necesario dejar las llaves del carro en manos de sus empleados. Entonces nos estacionamos en la calle mientras hacemos apresurados e intranquilos nuestras diligencias porque sabemos que en cualquier momento llega la grúa, convirtiéndonos acaso, según afirman muchos viejos y suspicaces habitantes de esta ciudad cuyos nombres he olvidado, en partícipes de procedimientos non santos para rescatar al pobre carro.

Ojalá que llegue pronto la importación legal de la gasolina y con ella el dinero de la sobretasa para tapar los huecos. Ojalá llegue también de alguna parte la capacidad administrativa, la voluntad y el conocimiento de las soluciones ya inventadas que pueden ponerle fin al caos en que se ha convertido el tráfico cucuteño.

20/8/08

PATRIOTISMO URIBISTA

Los colombianos cerraron filas alrededor del Presidente Álvaro Uribe. El país entero se ha movilizado para manifestar su compromiso en la lucha contra la subversión y el secuestro, causas de las que el Gobierno se ha abanderado para darle sentido a la vida de nuestra desintegrada y desigual sociedad, que ahora luce unida en torno a una inspirada emoción patriótica reprimida por años. Las primicias de estas cruzadas emblemáticas han consolidado el respaldo de la opinión pública al Presidente, a quien han idealizado como un hombre patriota, trabajador y honesto, que se sacrifica por el país en medio de las críticas de personas envidiosas que no quieren a Colombia.

Todo se le ha perdonado. La “parapolítica”, la “yidispolítica” y los incómodos amigos de otras épocas, se ven como gajes del oficio, opacados por el alto sentido patriótico de la guerra contra la subversión, a la cual la segunda reelección rinde tributo. El lunes, la Registraduría Nacional recibió cinco millones de firmas que la reclaman.

No se advierte que la cosecha uribista ha producido frutos excelentes y también frutos venenosos. Por ejemplo, el Presidente ha decidido promover una reforma a la Rama Judicial y a los Organismos de Control cuyo propósito evidente es permitir que se prolongue indefinidamente la presencia en las Cortes de magistrados adeptos al uribismo, y que el Contralor y el Procurador sean escogidos de ternas elaboradas sólo por el Presidente, que quiere ver el Estado entero en manos de sus partidarios.

El Gobierno Nacional se ha trazado la poco patriótica meta de “capturar” –si se nos permite utilizar el lenguaje de las ciencias políticas- las tres ramas del poder público para el uribismo. Si tal propósito se cristaliza, nos espera un período similar a lo que nuestra historia recuerda como la “Hegemonía Conservadora”, que se prolongó más de cuarenta años después de la Constitución de 1886.

Al Presidente, quien lo creyera, parece importarle más la “captura” del Estado que la captura de los jefes de las FARC. Mucho menos le interesa ocupar su tiempo en la solución de las desigualdades económicas y sociales que han sido el caldo de cultivo de todas nuestras formas de violencia. Tampoco le preocupa el acceso equitativo de los pobres a la tierra cultivable, como lo ha mostrado insistentemente el Ministro de Agricultura, que habla como si viviera en un país donde los campesinos supieran inglés y tuvieran un título universitario.

No le importa que el Estado esté minado por todas las formas posibles de corrupción, hijas del clientelismo, siempre que pueda ponerlas a su servicio, como ocurrió con Yidis y su socio Teodolindo. No le importa tampoco que sus amigos engañen a la Justicia con pruebas falsas para deshonrar un Magistrado, como parece ser el caso de su primo Mario, su hermano Santiago y el exparamilitar Tasmania, según lo ha denunciado la prensa nacional. No le importa permanecer en silencio mientras emplea vidas y dinero en una guerra perdida contra la mata de coca, para complacer la doble moral de un país al que cada día exportamos más cocaína. Todo vale con tal de permanecer en el poder y capturar al Estado al amparo del unanimismo patriótico de sus mayorías uribistas.

Uribe tiene su lado bueno, no hay duda. Pero se han visto causas más nobles y patrióticas que su deseo de aferrarse al poder, reelegirse por segunda vez y capturar al Estado.

12/8/08

VAYA AL VENTURA, PERO NO ENTRE

“Sin quiere comerse un buen perro caliente, vaya al Ventura Plaza, pero no entre”. Tal podría ser el lema para promocionar las ventas ambulantes nocturnas de comida frente al citado centro comercial.

Vendedores ambulantes hay en todas las ciudades del mundo, pero en algunas como la nuestra tienen dos características muy propias del capitalismo primitivo. La primera es la informalidad, palabra que utilizamos para referirnos a una actividad económica lícita pero que no cumple las leyes laborales y tributarias.

De la segunda característica me percaté gracias a una nota que informaba sobre la prohibición de las ventas ambulantes los días jueves, publicada en este diario el 19 de junio. La nota decía: “(…) los vendedores de varios centros comerciales de la ciudad se quejan por la falta de vendedores ambulantes en las calles de Cúcuta. (…) esos vendedores informales se surten de la mercancía que se vende en los locales de los centros comerciales.” Lo cual indica que nuestro comercio informal no se dirige solo a consumidores marginales, sino que hace parte de la cadena del comercio formal. Quizá los empleados de los locales comerciales del Ventura Plaza y sus prósperos propietarios sienten gran debilidad por los perros calientes.

Pese a lo anterior y a que la existencia de vendedores ambulantes es igualmente buena o mala todos los días, la administración municipal decidió prohibirlos los días jueves (?) mientras, según se dice, construye un centro comercial para reubicarlos. Supongo que será un edificio gigantesco. Hay tantos vendedores en las calles que cuando se camina por el centro, por ejemplo en las inmediaciones de San Andresito, basta imaginar a los transeúntes con un turbante en la cabeza para sentirse como un turista en medio del caos del tráfico callejero en Bombay o en Calcuta.

El problema no es solo reubicar a los vendedores ambulantes. El problema es cómo forjar un mecanismo de integración social que formalice el comercio y establezca quiénes se quedan en la calle y quienes deben irse a un local comercial. En el centro de París o de Nueva York también hay ventas callejeras, pero son estacionarias, legales y pagan impuestos.

La informalidad es la cara económica de la exclusión social. Es una condición en la que se recibe muy poco del Estado pero no se le paga impuestos. Un perfecto círculo vicioso. Para resolver ese dilema, que afecta tanto a los comerciantes informales como a los formales y arruina las escasas zonas peatonales de la ciudad, se necesita que todos los cucuteños asumamos los costos tributarios de la integración social, como se ha hecho en Medellín y Bogotá.

Los empresarios cucuteños deberían proponerle a la alcaldesa la creación de nuevos impuestos para financiar la integración y la formalización de los vendedores ambulantes. Si para esa causa la ciudad recaudara veinte mil millones de pesos anualmente y consiguiera otros tantos en fuentes distintas, podría intentarse un programa serio de pequeños créditos y acompañamiento educativo para la legalización de dos mil comerciantes cada año, que a su vez se convertirían en nuevos contribuyentes. Si eso ocurriera, la prohibición de las ventas ambulantes en los andenes sería además una excelente medida de presión para incentivar la legalización. ¿Qué tal un programa así, administrado por el municipio y Fenalco, gremio que debería ser el más interesado en promoverlo?

Mientras tanto, sigamos imaginándonos cómo lucirían los andenes y las calles de Cúcuta si todos los días amaneciera jueves.

5/8/08

URIBE, ULISES Y FUJIMORI

La liberación de Ingrid Betancourt y sus compañeros de cautiverio parece concebida por la imaginación de Ulises, a quien los griegos consideraban el maestro de las celadas y las trampas. Ulises, que engañó a los troyanos y cruzó las murallas de su ciudad escondido dentro de un caballo de madera que le regaló a sus enemigos después de fingirse derrotado, se parece a Uribe hasta en el nombre.

El rescate fue tan perfecto como el de los setenta y un rehenes del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) que estuvieron cautivos durante cuatro meses en la embajada japonesa en Lima durante el gobierno de Fujimori. El Ejército Peruano construyó un túnel, entró sorpresivamente de noche y liquidó a los catorce secuestradores.

También Fujimori se parece a Uribe. Salvó la economía peruana de la hiperinflación, capturó a Abimael Guzmán y redujo a Sendero Luminoso. Fujimori fue para el Perú como una medicina llena de efectos colaterales, una especie de quimioterapia, que quizá haya curado una enfermedad mortal, pero causó muchas otras.

Cuando transcurrían dos años de su primera reelección y eran evidentes los excesos de la concentración del poder y de la subordinación de la justicia y del congreso a sus dictados, amén de los escándalos por la corrupción y la cooptación ilegal de jueces y legisladores, lo que recuerda la “yidispolítica” y la “parapolítica”, Fujimori revalidó su popularidad y su exitosa lucha contra el terrorismo con el rescate de la Embajada, lo cual facilitó que la Corte Peruana aprobara la segunda reelección. Durante su tercer período fue la de Troya, gracias a los memorables “vladivideos”.

Como en el caso peruano, los éxitos militares del Gobierno Nacional, y especialmente el último, merecen celebrarse. La seguridad en las carreteras, los golpes a la subversión y la confianza en la economía son un valioso legado de Uribe. Pero no permitamos que el júbilo por la liberación de Ingrid Betancourt y sus compañeros le haga perder el juicio a la opinión pública en favor de la terquedad con que Uribe insiste en permanecer en la presidencia, tal como ocurrió hace once años en el Perú, con los consabidos resultados.

Ojalá Uribe se dedique a debilitar la subversión, sin duda lo que mejor sabe hacer, y no a pensar en ser presidente toda la vida a cualquier precio, incluso llegando a descalificar los fallos de la Corte Suprema de Justicia cuando no le convienen, porque no es la popularidad lo que confiere legitimidad a un presidente, sino el respeto por la justicia y la ley. Tan cierto es que las instituciones políticas priman sobre la popularidad, que en Estados Unidos varios presidentes han sido electos a pesar de haber obtenido menor votación que sus competidores, como ocurrió en la primera elección de George Bush, cuando fue superado por Al Gore. Así son las caprichosas reglas de juego de su sistema electoral indirecto y nadie ha pensado en cambiarlas, porque valoran más su Constitución que los accidentes de la política.

Todo el ingenio del que hizo gala el Presidente para engañar a las FARC debe seguirlo encauzando en el propósito de doblegarlas y hacerlas negociar la paz, sin pretender engatusar a todo el mundo con la astucia de Ulises para convencernos de la necesidad de reelegirlo indefinidamente.

Julio de 2008

EL BOSQUE POPULAR Y EL PROGRESO DE CÚCUTA

Desde hace varios años la ciudad no presenciaba un debate en las columnas de prensa, en el periodismo de opinión y en la calle, sobre una grave decisión del municipio, como la de vender el Bosque Popular. Puesto que hasta hace poco era notoria la arbitrariedad de la administración municipal en medio de un clima hostil al debate público, se decidieron importantes asuntos como el citado, sin que se ventilaran lo suficiente. Esa penosa situación poco a poco se está superando y hoy es más fácil discutir el destino de la ciudad, como respecto al caso del Bosque Popular lo han hecho en este diario varios columnistas que han cuestionado la legalidad y la conveniencia del acto administrativo que despojó a ese predio de su condición de bien de uso público.

Quienes defienden que el municipio haya vendido el Bosque sostienen que la ciudad debe complacer y abrir sus puertas a quienes traigan desarrollo y riqueza, lo cual es una posición respetable. Sostienen, también con razón, que durante décadas el municipio no construyó un parque en el predio, como lo mandaban las normas de urbanismo. Agregan, esgrimiendo razones menos válidas, que quienes no estamos de acuerdo con que se construya una bodega de Home Center y edificios de apartamentos en el Bosque Popular somos enemigos del progreso y partidarios del estancamiento de la ciudad. Para controvertir a quienes piensan así, quiero aportar algunos criterios que sustentan una idea del progreso urbano distinta, y en buena medida contraria, de la que se ha hecho común en Cúcuta en los últimos cuatro años.

Desde hace décadas los urbanistas asocian la idea de progreso con espacio público, transporte público y peatonal ágil, pocos carros particulares, aire limpio y amplias zonas verdes. Estos elementos lucen críticamente en nuestra ciudad. Quizá con la notable excepción de la remodelación de los andenes del Centro, Cúcuta ha progresado poco en materia de urbanismo, de manera contraria a lo que se cree. Otros proyectos como los puentes, que por cierto resultaron sospechosamente caros según los entendidos, y se construyeron con improvisación y premura, emplearon bastante mal nuestra limitada capacidad de endeudamiento, que ha debido invertirse en la reforma del caótico sistema de transporte público que moviliza a la gran mayoría de la población cucuteña.

Evitemos ser presa del falaz argumento de que cualquier gran obra civil significa progreso sin que importe cual sea ni en dónde esté. Ninguna ciudad que se precie de ser modelo de urbanismo ha crecido así. No hace falta saber mucho de arquitectura para percatarse de la necesidad de utilizar las tres hectáreas y media del Bosque Popular para construir el único parque central que podría llegar a tener Cúcuta. En cambio, Home Center y los bloques de apartamentos pueden instalarse en cualquier otro lugar, aunque tal vez no encuentren quien les venda el suelo tan barato como lo hizo el municipio, cosa que ha despertado suspicaces pensamientos.

Los invito a solidarizarse con la causa de quienes queremos un parque en el centro de Cúcuta, amén de muchas zonas verdes, deportivas y peatonales en todas sus comunas, y una ciudad caracterizada por la rehabilitación de uno de sus activos más valiosos, más queridos por los cucuteños y más descuidados últimamente: la arborización.

Ojalá que la administración municipal, los jueces y los urbanizadores entiendan que muchos cucuteños anhelamos una ciudad que se precie de sus espacios peatonales, de sus árboles y de sus zonas verdes, y por consiguiente contribuyan a replantear la idea de progreso que debe orientar nuestro desarrollo urbano.

Junio de 2008

AQUÍ NO PASÓ NADA

Hace un par de semanas la Procuraduría General de la Nación absolvió al ex alcalde Manuel Guillermo Mora y su equipo de gobierno. Se les investigó por la presunta existencia de una nómina paralela y por irregularidades en la celebración de contratos de prestación de servicios, por los cuales los cucuteños pagamos sesenta y ocho mil millones de pesos.

Según la sentencia absolutoria de la Procuraduría, aquí no pasó nada. Sin embargo, no puedo dejar de expresar mis reservas sobre una decisión que aunque es definitiva para la justicia, ni compromete la opinión que algunos ciudadanos tenemos sobre este caso, ni nos obliga a variar nuestra memoria sobre el pasado reciente de Cúcuta.

¿Cómo olvidar que hace apenas cinco años la administración municipal tomó partido resueltamente por el entonces candidato Ramiro Suárez y lo favoreció con todos los recursos que tuvo a su alcance, estableciendo un precedente muy desafortunado? ¿Cómo olvidar la recargada nómina de contratistas amigos de los candidatos protegidos por la administración municipal, inveterada práctica clientelista que según la Procuraduría no existió y que hizo desigual la competencia en aquellas elecciones? ¿Cuánto se podría haber hecho por la infraestructura de la ciudad con los sesenta y ocho mil millones que se gastaron en contratos de prestación de servicios, de discutible utilidad pública? Desafortunadamente nos hemos acostumbrado a tolerar la diferencia que hay entre la verdad legal y la verdad consabida que a veces todos callan.

¿Y qué hace el Gobierno Nacional y sus abultadas mayorías para solucionar este tipo de problemas, que no son solo nuestros sino muy recurrentes en todos los rincones de nuestra patria uribista? Por ejemplo, propone dentro de su repertorio de reformas constitucionales que el Procurador General de la Nación sea elegido por el Senado de una terna escogida exclusivamente por el Presidente de la República, y no por el Presidente, la Corte Suprema y el Concejo de Estado, como lo establece la actual Constitución. En otras palabras, el Gobierno quiere un Procurador aún más proclive a ser complaciente con el Presidente y sus parlamentarios amigos, y al mismo tiempo quiere hacer a los parlamentarios más dependientes del Presidente, como si ya no lo fueran bastante. Todo en menoscabo de la posibilidad de hacer justicia, como en el caso citado, y atentando contra los principios de la Constitución de 1991. El sistema propuesto es semejante al de la Constitución de 1886, cuyo legado histórico de presidencialismo centralista lo seguimos viviendo.

Pero no todo es color de hormiga. Si entre las reformas constitucionales que el Gobierno Nacional ha prometido someter a la legislatura que se inició el domingo se encuentran algunas de las que ha propuesto la “Comisión de Notables”, como el sistema de cooptación por concurso de méritos para la designación de los magistrados de las altas cortes, y la entrega a los presidentes de las mismas de la gerencia de la rama judicial, se estará garantizando la independencia efectiva de la justicia. Ojalá el Gobierno Nacional las acoja y el Congreso las apruebe.

Entre tanto, la opinión pública debe tratar de propiciar las reformas que procuren la independencia entre el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Congreso. De lo contrario, casos como el mencionado seguirán siendo frecuentes en Colombia.

Julio 23 de 2008

YIDIS AL DESNUDO

Les recomiendo leer la entrevista que le concedió Yidis Medina a Salud Hernández, publicada la semana pasada por la revista Soho e ilustrada por los desnudos de la propia Yidis.

El portal en Internet que contiene las declaraciones y las famosas fotografías ha sido visitado por decenas de miles. Todo un suceso que revela el encanto de Yidis, que posa con la misma naturalidad con la que habla. Su conversación ignora los códigos y los disfraces del lenguaje de los políticos avezados.

Puesto que en Colombia entre la realidad y la Ley hay un largo camino, especialmente en la política, los políticos tienen que dominar las reglas de la simulación, casi desconocidas por Yidis, una mujer silvestre que llama a las cosas por su nombre. He ahí su encanto. Ella devela una brizna de la crudeza de nuestra política. Apenas la punta de un gran iceberg por todos conocido pero oculto tras el lenguaje indirecto de las declaraciones públicas.

Yidis no tiene miedo en llamar las cosas por su nombre. Dice que no le cumplieron. Que le prometieron unos puestos y le quedaron mal. Que a sus recomendados les exigió firmar letras de cambio para garantizar su fidelidad. Que le sirvió de intermediaria a su compañero Teodolindo para negociar una notaría.

Para quienes están mínimamente informados de la política colombiana es obvio que casi siempre detrás de cada nombramiento hay un negocio que se expresa en los términos tácitos o explícitos del clientelismo, y detrás de cada contrato hay un pacto que se oculta tras los eufemismos de las oficinas jurídicas de las entidades públicas. Habrá excepciones tan dignas de celebrarse que solo confirman la regla, y no son suficientes para dejar de decir que el “país político” es el reino de la simulación.

Yidis confesó que vendió su voto y la Justicia la condenó por cohecho. Si no están condenados la mayor parte de sus compañeros, es solo porque no se expresan con la inocencia y la naturalidad de Yidis. Porque son discretos y manejan los códigos de la simulación que se impone en un juego donde las leyes y la realidad están separadas por un abismo.

Salud Hernández conversa íntimamente con Yidis. Le permite hablar con el descuido y la simplicidad con la que hablan los amigos y se cuentan sin prevención la verdad. Al leerla, Yidis cautiva con la lástima que inspira la simplicidad. Ella no entiende por qué los negocios que se hacen en El Nogal y en El Gun Club no son sucios y en cambio los suyos sí, aunque traten sobre el mismo asunto.

Yidis es una “líder política” de la provincia. Una mujer que “trabaja por la comunidad” favoreciendo a sus amigos. Su primer esposo era técnico del SENA. Su novio actual es policía. Su mala fortuna y los votos de sus amigos de Barranca consiguieron que un Congresista de Santander de cuya lista hacía parte, le permitiera estar unos meses en la Cámara cuando se negociaba la reelección. Yidis vio el negocio de su vida. Quiso ser tahúr sin conocer el juego y lo perdió todo. Ahora es una criminal condenada por ignorar las reglas de un arte complejo y peligroso.

Pobre Yidis. Por dinero vendió el voto, por dinero no calló, y ahora también por dinero se desnudó para Soho.

16/7/08

LA DOSIS PERSONAL

Es una pena que el Presidente de la República, como lo anunció el 20 de julio ante el Congreso, proponga otra vez penalizar la dosis personal de marihuana y cocaína para reafirmar su compromiso con la doble moral que nos ha llevado a una guerra contra el narcotráfico que estamos destinados a perder, que se libra en Colombia para combatir un problema que no es nuestro y que es causante de nuestra mayor desgracia al servir de sustento a los ejércitos ilegales que proliferan en el campo colombiano.

La pasada edición dominical del diario The New York Times en Internet incluyó un extenso artículo titulado “La cocaína sostiene la guerra en el campo colombiano”. Aunque no dice nada que no sepamos, vale la pena leerlo porque reitera el fracaso de una guerra absurda que por desgracia nos tocó.

A pesar del doloroso esfuerzo que nuestro país ha hecho para ganarla y de la ayuda de los Estados Unidos, que desde el final del gobierno de Pastrana hasta hoy supera los cinco mil millones de dólares, el narcotráfico sigue creciendo junto con las rentas que tributa a la guerra colombiana, según los datos recientemente revelados por la ONU.

Solamente las FARC reciben cerca de trescientos millones de dólares anuales por el impuesto de gramaje y el control de algunas rutas de comercio. En 2007 hubo 27% más tierra sembrada que el año anterior. Abastecemos el 90% del mercado norteamericano de cocaína y seguimos siendo el primer productor mundial de ese costoso género, del cual refinamos 660 toneladas anuales.

Para la muestra un botón. La floreciente industria de la palma africana ocupa cerca de ocho mil hectáreas en Norte de Santander, un productor importante. Pese a que los cultivos de coca son perseguidos y fumigados, en 2007 un municipio de Vichada, Cumaribo, tenía sembradas 7200 hectáreas.

La guerra contra las drogas solo ha servido para alimentar otras guerras. Ha cebado las mafias de casi todos los países del mundo y en ningún lugar se ha ganado. Sin embargo, nuestro país es paladín internacional de esa cruzada absurda condenada al fracaso y a su renuncia algún día ojalá no muy lejano.

Para acrecentar nuestro infortunio, se libra por una causa encubierta, de disfrazada nobleza, en nombre de la cual sacrifican la vida miles, negando la verdad obvia de que al combatir el narcotráfico alimentamos el círculo vicioso de nuestro propio conflicto. Las guerrillas y los paramilitares viven de la persecución, que convierte al tráfico de estupefacientes en un negocio rentable y a la vez lo pone en las peores manos, porque solo un delincuente acepta el desafío del lucro clandestino.

Si nuestro gobierno lo integraran personas sinceras y razonables, seguramente dejarían a un lado la hipocresía que justifica la guerra contra las drogas y asumirían el liderazgo internacional de la legalización de su comercio, lo cual tendría la virtud complementaria de ponernos en la vanguardia de la lucha por la libertad humana, como lo soñaron los magistrados de la Corte Constitucional cuando decidieron despenalizar la dosis personal, admitiendo la capacidad de los colombianos de ejercer responsablemente la libertad de consumir marihuana o cocaína, como ocurre en la mayoría de las sociedades modernas.

Solo cuando el mundo decida aceptar el consumo y el comercio libre de narcóticos podremos ver el fin de nuestra guerra. Los primeros pasos para lograrlo son los más difíciles, y debemos darlos nosotros.

30/7/08