CÚCUTA D.F.

Por estos días una comisión creada por la Cámara de Comercio de Cúcuta discute sobre la forma en que la ciudad debe aprovechar la reforma constitucional de julio del año pasado que convierte al Municipio de Cúcuta en “Distrito Especial Fronterizo y Turístico”. Las propuestas que se han debatido, expuestas hace pocos días en un programa de la radio local, están limitadas por el hecho de que solo el Municipio de San José de Cúcuta se beneficia de la condición de Distrito Especial.

El nuevo Distrito podría traer beneficios importantes. Por ejemplo, la creación de un puerto seco en el que se facilite la concurrencia de los recursos logísticos que requiere el comercio internacional, o crear alcaldías menores dentro del actual municipio de Cúcuta y quizá conseguir un pequeño incremento de la participación del Municipio en los recursos de la nación.


Sin embargo, un distrito limitado a un solo municipio, por muchas facultades que tenga, no resolverá los problemas más graves que enfrenta el conglomerado urbano que se ha desarrollado en torno a Cúcuta en ambos lados de la frontera. Tal restricción podría superarse si los habitantes de esta región somos lo suficientemente ambiciosos como para que en la reglamentación del Acto Legislativo 02 de 2007 que crea el Distrito Fronterizo de Cúcuta, propongamos una reestructuración profunda de nuestro ordenamiento territorial metropolitano, como lo hico Bogotá hace más de cincuenta años.


Debería fusionarse dentro de un mismo distrito a los municipios que hoy integran el Área Metropolitana de Cúcuta, que se liquidaría para dar paso al Distrito Fronterizo de Cúcuta, integrado por los antiguos municipios del Área Metropolitana, ahora convertidos en Alcaldías Menores. El principal beneficio que derivaría de este proceso, a lo cual en buena medida debe su éxito el Distrito Especial de Bogotá, es el incremento del recaudo tributario y la mejor coordinación de su gasto. Todos los conglomerados urbanos en crecimiento tienden a desplazar población rica a suburbios que se encuentran en municipios vecinos de vocación rural, en donde pagan un impuesto predial muy bajo, como ocurre con muchos cucuteños que viven en predios que pertenecen a los municipios de Villa del Rosario o Los Patios. Si los antiguos municipios que hoy se encuentran integrados en Bogotá, como es el caso de Usaquén, actuaran como entidades territoriales independientes, el recaudo predial del sector de Usaquén, que es el más alto del Distrito Capital, sería susceptible de recibir un destino independiente al de los restantes municipios que comprenden el área metropolitana a la cual está integrado. Lo mismo ocurriría con otras decisiones administrativas, cuya difícil coordinación generaría situaciones de caos como las que vive Ciudad de México o Caracas, cuyo territorio urbano se encuentra fraccionado entre municipios independientes apenas vinculados por una junta de alcaldes metropolitanos similares a la que tenemos en Cúcuta.


Lo mejor que podría hacer la comisión que tiene en sus manos la propuesta de reglamentación del Distrito Fronterizo es cautivar la atención de los municipios que integran actualmente el Área Metropolitana e invitarlos a integrarse en el nuevo distrito en la condición de alcaldías menores amparadas por los beneficios de un nuevo ordenamiento territorial que dispensaría grandes beneficios, entre los cuales debería contarse la posibilidad de establecer formas de integración metropolitana con los municipios de Ureña y San Antonio, que en la práctica, hacen parte de nuestro mismo conglomerado urbano y por consiguiente, hacen parte también de la solución de los dos problemas más graves del presente y el futuro de la ciudad, que son la movilidad urbana y el suministro de agua. Ojalá el Distrito Fronterizo pueda contribuir a solucionarlos.


24/9/08

OTRO PARQUE EN VENTA

No es fácil entender cómo de la noche a la mañana le aparece dueño a un parque que existe desde hace más de treinta años, como ha ocurrido con el que está ubicado sobre la Avenida Los Libertadores junto al Colegio Calasanz. A principios de los años ochenta, según consta en una placa, fue bautizado como Parque Francisco de Paula Andrade Troconis, en memoria del Ingeniero que trazó los planos de Cúcuta después del terremoto de 1875, gracias a cuyo diseño desde el inicio del siglo veinte la ciudad tuvo un aspecto moderno, con amplias avenidas como la Diagonal Santander, la Avenida Cero y el Canal de Bogotá, y grandes parques como el Santander, el Colón y el Mercedes Ábrego.

Irónicamente, el parque destinado a recordar la memoria del diseñador de la ciudad y de los excelentes espacios públicos de los que en algún momento disfrutó, está a punto de desaparecer víctima de la codicia privada y la indiferencia de sus vecinos, que por cierto, en muy escaso número se hicieron presentes el pasado domingo cuando se convocó una manifestación en contra de la concesión de la licencia para su cerramiento, como si a la gran mayoría de ellos no les importara que dentro de poco el parque de su barrio amanezca convertido en locales comerciales.

No es la primera vez que la ciudad presencia la arbitraria venta de un bien destinado al uso público. Ya ocurrió hace poco con el Bosque Popular, que no fue un caso aislado, sino el broche de oro que cerró una larga lista de bienes públicos enajenados ilegalmente por la pasada administración municipal por un valor muy inferior a su justo precio, ante el desinterés casi total de una ciudad que parecía resignada a sufrir los peores abusos. Lo que hace insólito el caso del Parque Francisco de Paula Andrade es que ahora no se trata de otra decisión ilegal de la administración municipal, sino de la aparición de un pretendido dueño que lo vendió hace pocos meses a alguien que quiere edificar en un predio que ya considera propio.

Además de estar atentos a la discusión jurídica sobre la dudosa legalidad de unos títulos que le atribuyen la propiedad a particulares, a los que se oponen otros documentos oficiales que demuestran la inveterada condición de zona de sesión y bien de uso público del Parque Francisco de Paula Andrade, los cucuteños debemos pronunciarnos colectivamente haciendo pública nuestra indignación ante la mezquindad y el irrespeto de personas que quieren despojar a la ciudad de un Parque que existe desde hace décadas.

Afortunadamente, en este caso la alcaldía ha decidido ponerse del lado del interés público, de lo cual da testimonio la presencia de la alcaldesa en la manifestación del domingo, en donde estuvo acompañada de los abogados que asesoran al municipio en este litigio. Ojalá que la Curaduría Urbana, los jueces y los urbanizadores entiendan también que muchos cucuteños anhelamos una ciudad que se precie de sus espacios peatonales, de sus árboles y de sus zonas verdes, que son ya muy escasos si se toma en consideración el número de habitantes de la ciudad.

Los invito a solidarizarse con la causa de quienes no queremos que los parques de Cúcuta sigan desapareciendo, víctimas de la alianza entre la avaricia de unos pocos y la indiferencia de la gran mayoría.

3/9/08